2022 el año del cambio en Colombia

Por Pedro Santana Rodríguez*. LQSomos.

Debe reformarse el poder judicial que es un fracaso tanto en la persecución y al castigo del delito como de las graves violaciones a los derechos humanos. No hay que cerrar la puerta a que se requiera de una constituyente con un temario acotado para emprender las reformas requerida

Hay momentos en la historia, como señalo acertadamente Gramsci, en que los de arriba no pueden seguir gobernando como lo han hecho y los de abajo no logran cuajar una alternativa política que los conduzca al poder. En Colombia hemos vivido durante los últimos años una situación en la que las alternativas políticas de cambio, de transformación social, por diversas circunstancias no han logrado conformar un nuevo bloque social y político, un nuevo bloque histórico que se abra paso al poder, que tome el gobierno para realizar las reformas estructurales que requiere el país.

Esta situación puede cambiar en este año, siempre y cuando las fuerzas alternativas logren mecanismos que les permitan lograr acuerdos básicos frente a una agenda de transformaciones democráticas, una agenda de transición de un régimen excluyente y oligárquico a un régimen democrático. Porque se trata justamente de eso, de una transición de un régimen autoritario y excluyente a un régimen inclusivo para lo cual se requieren un conjunto de reformas en el plano económico que debe tener como meta superar la enorme desigualdad y superar la pobreza en la que se encuentra hoy el 73% del total de la población. El 42.5% de la población se encuentra en una situación de pobreza monetaria con ingresos inferiores a la línea de pobreza calculados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en 331,800 pesos mensuales, unos 85 dólares y otro 30% de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad es decir que puede caer en una situación de pobreza. Esa situación golpea con mayor fuerza a las mujeres que son el 52% del total de la población y a los jóvenes de ambos sexos.

Frente a esta situación de pobreza que se traduce en que 17 millones de personas no cuentan con ingresos para acceder a tres comidas diarias, y de ellos 6 millones no comen sino una sola vez al día, se requiere una medida de choque, se requiere ya de la puesta en marcha de una renta básica permanente incondicional como derecho de ciudadanía. La propuesta la hemos presentado al Congreso de la República desde el pasado mes de marzo desde la Cumbre por una Renta Básica permanente, sin embargo, fue hundida por la mayoría gobiernista del Congreso. Es una propuesta viable se requieren 2.3 puntos adicionales del PIB lo cual es posible y beneficiaría con un ingreso mensual promedio de 417.000 mensuales a 7.470.000 familias.

Ese programa de transición democrática también debe realizar una política de transformación del campo que debe tomar como base una redistribución de la propiedad rural que tiene una de las mayores tasas de concentración de la propiedad en el mundo con un Gini del 0.90% en que 1 sería que hubiese un solo propietario de toda la tierra productiva del país. Esto deberá comenzar por cumplir a cabalidad con el Acuerdo de Paz suscrito por el Estado Colombiano con la guerrilla de las FARC-EP y que busca la conformación de un Fondo de Tierras para la paz que redistribuya tres millones de hectáreas que beneficien a unas 150.000 familias campesinas víctimas y/o campesinas sin tierra que recibirían parcelas sin costo y que además deben recibir asistencia técnica y apoyo para el mercadeo de sus productos. Al mismo tiempo debería enlazarse este programa con la sustitución de los cultivos de uso ilícito en el cual han ingresado cerca de 100.000 familias que deberán beneficiarse del programa puesto que para incorporar estas familias a la economía legal productiva se requiere en muchos casos reubicarlas y se necesita de tierras para que puedan incorporarse a la economía productiva. Al tiempo que se llevan adelante los 16 planes de desarrollo que benefician a cerca de 6 millones de personas que viven en los 170 municipios que fueron el escenario de la confrontación armada entre las guerrillas de las FARC-EP y el Estado. Esos planes que ya fueron formulados con participación ciudadana están desfinanciados, así como el Plan Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito. Este gobierno apenas invirtió 1,8 billones de pesos en este plan de erradicación voluntaria mientras que invirtió 4,8 billones de pesos en el plan de erradicación forzada. Es el reflejo del talante autoritario del uribismo-duquismo en el gobierno. Este gobierno puso todos los huevos de combate al narcotráfico en las fumigaciones de áreas con glifosato y que no podrá hacerlo porque la Corte Constitucional acaba de tumbarle el plan de manejo ambiental porque no se consultó en debida forma a las comunidades indígenas, afros y campesinas en donde se pretendía comenzar de nuevo las fracasadas aspersiones aéreas que se hicieron por más de 30 años sin resultados de largo plazo.

La campaña para la elección del Congreso por primera vez en muchos años ha asumido una verdadera contienda donde sectores cada vez más amplios de la opinión pública entienden la importancia del Congreso en donde han dominado a sus anchas, parlamentarios afines al régimen neoliberal que con los proyectos aprobados han contribuido al empobrecimiento de la población, a su ruina

Como lo señaló el reciente Encuentro Nacional por la Soberanía Alimentaria, que sesionó los días 16 y 17 de diciembre de manera semipresencial en Bogotá y que contó con más de mil delegados de todo el país, se requieren estas medidas además de poner en marcha desde ya políticas públicas de fortalecimiento a las economías campesinas como los mercados campesinos, redes de distribución y mercadeo directas entre los productores agropecuarios y los consumidores urbanos, las redes de circuitos cortos y los cinturones verdes, así como políticas de protección del medio ambiente. Colombia no puede seguir dependiendo de la importación de alimentos. Importamos 14 millones de toneladas de granos trigo, maíz, frijol, que nos han llevado a perder la soberanía alimentaria. Supone, como señaló el Encuentro, revisar los tratados de libre comercio que nos han traído a esta situación.

No me detendré por ahora en otros componentes de esa Agenda de Transición Democrática que han sido construidas en el país. Solo añadiré, por ahora, sin desmedro que más adelante me ocupe de algunas de ellas, que se requieren reformas estructurales del sistema de salud, sistema educativo, medio ambiente, legislación laboral y políticas públicas de empleo e ingresos, así como una reforma de las fuerzas armadas y la seguridad y convivencia ciudadana y que se requiere para avanzar en estas reformas de una reforma tributaria estructural que tenga como meta en cuatro años incrementar los ingresos del Estado en 6% del PIB para llegar a una participación del Estado en el 21% pasando del 16% en que están actualmente las finanzas públicas nacionales. Se requieren esos recursos para financiar las reformas mencionadas, así como se requiere con urgencia de una reforma política democrática que rescate la política del clientelismo y de las mafias para lo que se requiere de la creación de un Tribunal Electoral perteneciente a la rama judicial y un Consejo Nacional Electoral independientes de los partidos políticos. Al tiempo que debe reformarse el poder judicial que es un fracaso tanto en la persecución y al castigo del delito como de las graves violaciones a los derechos humanos. No hay que cerrar la puerta a que se requiera de una constituyente con un temario acotado para emprender las reformas requeridas.

La crisis de hegemonía y el juego de las coaliciones

Cuando los mecanismos de respaldo de la población al régimen y a sus políticas se debilitan o entran en profunda crisis como es el caso de Colombia, el bloque en el poder acentúa los mecanismos represivos y autoritarios. Es lo que vivimos en Colombia desde hace muchos años, pero que se incrementó, por dos razones principalmente. La primera por la desmovilización de la guerrilla de las FARC-EP que legitimaba la represión y el uso de la fuerza contra las movilizaciones y los movimientos sociales, así como en contra de las organizaciones populares. Desaparecidas las FARC-EP desapareció un actor desprestigiado por sus arbitrariedades y por la degradación de sus acciones ilegales y su creciente violación de los derechos humanos, al desaparecer su opuesto en la guerra que impulsó desde el Estado para derrotar esas mismas prácticas violatorias de los derechos humanos también se debilitó. Es la raíz del debilitamiento del uribismo que era el correlato político de las FARC-EP.

El segundo factor fue la pandemia y el tratamiento que el régimen le dio a la protesta y al levantamiento social. La pandemia desnudó dramáticamente la pobreza y la exclusión social. El confinamiento fracasó porque la gente no tenia los ingresos mínimos para sobrevivir y tuvo que salir a rebuscarse el sustento. A ello hay que agregar la impudicia con que el gobierno de Duque manejó la pandemia. Subsidios pírricos y con baja cobertura para los pobres. Grandes y masivos subsidios a los grandes empresarios y al sector financiero, en medio del hambre y la extensión de la pobreza. La pobreza y el fracaso del modelo económico neoliberal ya habían hecho crisis antes de la pandemia solo que con ella se profundizaron los niveles de pobreza y de exclusión social. Las protestas masivas desencadenadas el 21 de noviembre de 2019 alrededor del Paro Nacional que se extendió por cuatro semanas con movilizaciones masivas fue respondido por una parte con represión desmedida y por otra parte ignorando sus demandas. El régimen se negó a negociar, ni siquiera concedió el retiro de una reforma que tuvo que ser aplazada en su vigencia por dos años y que en medio del aumento de la pobreza beneficiaba a los grandes empresarios concediéndoles 10,5 billones en rebaja de impuestos. Una política obscena cuando las cifras de pobreza para ese año ya cubrían al 35.7% de la población. Todo ello lo que mostraba era que el elemento de consenso se había debilitado para el régimen, que los de abajo no estaban dispuestos a seguir soportando su miserable situación.

En el Pacto Histórico se agrupa la mayor parte de la izquierda y cuenta en esa consulta con quien encabeza todas las encuestas, Gustavo Petro. Logró y esto es importante presentar una sola lista cerrada en que se intercambian hombres y mujeres, un hecho muy importante y nuevo pues ello asegura que la mitad de las curules elegidas estén ocupadas por mujeres

Ello se profundizó con la pandemia y su desastroso manejo que dicho sea de paso fue cohonestado sobre todo por la Corte Constitucional que avaló las medidas de emergencia contenidas en los 119 decretos expedidos bajo el régimen de estado de emergencia ambiental, social y económica. La Corte en su control constitucional apenas enmendó unas cosas menores permitiendo un manejo económico en la emergencia a favor de los grandes conglomerados económicos y financieros que se enriquecieron aún más en la pandemia mientras crece el hambre y la miseria para las mayorías nacionales. Claro el descontento popular se profundizó y se manifestó con mayor fuerza en el paro del año 2021 desencadenado desde el 28 de abril y que se extendió por más de dos meses con movilizaciones masivas y donde se acentuó la represión con 78 asesinatos, decenas de desaparecidos, miles de detenidos y cientos de judicializados, más de 80 jóvenes con lesiones oculares, mujeres violadas y cientos de heridos en las jornadas de protesta. El elemento represivo se profundizó y extendió. Ello culmina con la aprobación de una ley de seguridad que pretende criminalizar la protesta ciudadana.

Esta crisis de hegemonía es la que se pone a prueba ahora en la coyuntura electoral. Lo que está en juego, en el primer round de esta batalla, es la composición del Congreso de la República. La campaña para la elección del Congreso por primera vez en muchos años ha asumido una verdadera contienda donde sectores cada vez más amplios de la opinión pública entienden la importancia del Congreso en donde han dominado a sus anchas, parlamentarios afines al régimen neoliberal que con los proyectos aprobados han contribuido al empobrecimiento de la población, a su ruina. En esto ha jugado un papel muy importante el Pacto Histórico y Gustavo Petro que han realizado una amplia pedagogía política sobre la importancia de cambiar el Congreso y a sus corruptos integrantes. En menor medida es el mensaje un tanto menguado el discurso de la Coalición del Centro Esperanza.

A ello también ha contribuido que la política nacional se congrega en la decisión de los candidatos que se presentarán en la primera vuelta presidencial lo que ha facilitado que la batalla por el Congreso adquiera una dimensión nacional y haga parte hoy de la disputa por el poder. Para amplios sectores el cambio que necesita el país requiere de una renovación completa del Congreso para desalojar de allí a los aliados de las mafias, de los clanes regionales y del régimen.

La disputa por la hegemonía se desarrolla entre tres bloques y un outsider. La extrema derecha se agrupa alrededor del Equipo por Colombia donde confluyen los precandidatos Enrique Peñalosa, David Barguil, Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Aydee Lizarazo. Hay una disputa por el ingreso del uribismo representado por Oscar Iván Zuluaga que a mi juicio deberá llegar allí porque no tiene otra alternativa y no tiene ninguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta de llegar a presentarse solo a la primera vuelta presidencial. Lo propio deberá decidir el precandidato de los cristianos John Miltón Rodríguez. La extrema derecha que ha gobernado este país durante muchos años tiene una crisis de liderazgo muy visible. Lo que tiene para mostrar es un modelo económico y social fracasado. No representa ninguna opción para las mayorías nacionales.

En el centro del espectro político se encuentra la Coalición Centro Esperanza que ha ido de un desatino a otro. Es la coalición que tiene más precandidatos presidenciales actualmente siete y podría llegar a ocho dentro de poco si el exministro del medio ambiente Luis Gilberto Murillo decide ingresar a esta consulta. Por lo pronto son siete precandidatos la última en sumarse ha sido Ingrid Betancourt que competirá con Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Alejandro Gaviria, Carlos Andrés Amaya y Juan Manuel Galán. Es una coalición sin un perfil programático muy definido pues el programa acordado es un documento de buenas intenciones plagado de generalidades. Uno no sabe si lo que quieren es administrar el estado de cosas actuales, aunque proclaman la necesidad de cambios y tienen como programa común, lo cual es importante, el cumplimiento de los acuerdos de paz del gobierno con las FARC-EP, pero nada dicen sobre proyectos de transformación social y de reformas que requiere el país. La mayor parte del tiempo esta coalición se ha dedicado a resolver problemas de mecánica electoral y en eso siguen por cuanto para algunos ese enorme listado de precandidatos debería reducirse. Es una coalición que en vez de crecer ha ido perdiendo apoyos y expectativas. Su gran rival para pasar a la segunda vuelta será la coalición de la extrema derecha. Fajardo sigue encabezando las encuestas seguido de Galán en la intención de voto de la consulta. Para completar no lograron ponerse de acuerdo en una sola lista para el senado de la República y concurrirán con dos listas una la mayoritaria la encabeza Humberto de la Calle y la Lista del Nuevo Liberalismo la encabeza la periodista Mabel Lara.

En el Pacto Histórico se agrupa la mayor parte de la izquierda y cuenta en esa consulta con quien encabeza todas las encuestas, Gustavo Petro. Logró y esto es importante presentar una sola lista cerrada en que se intercambian hombres y mujeres, un hecho muy importante y nuevo pues ello asegura que la mitad de las curules elegidas estén ocupadas por mujeres. A mi juicio este bloque es el que mejor ha interpretado la coyuntura y ha sacado ventaja de esta realidad. En su lista hay líderes sociales y de las minorías étnicas. Tuvo fricciones internas pues no era fácil lograr una lista por acuerdos dado que no se aplicaron mecanismos democráticos para ordenar la lista como es lo deseable y es lo que hay que buscar mediante una reforma política. Su programa recoge asuntos esenciales de una agenda de transición democrática para el país y en este sentido tiene cercanía con las bases sociales y las mayorías que buscan un cambio. Lograron hacer de su campaña un reto nacional: cambiar el Congreso para que el Cambio sea viable y posible. A su alrededor, pero por fuera de la lista y con una propia, se encuentra Fuerza Ciudadana orientada por el gobernador del departamento del Magdalena que tiene el difícil reto de pasar el umbral calculado en 500.000 votos, es posible pero no es tarea fácil.

En esa consulta están Gustavo Petro que de lejos es quien encabeza las encuestas 84% para ganarla contra un 7.5% de intención de Voto por Francia Márquez la lideresa ambientalista y afro, luego aparece el recién llegado a esa consulta que proviene del Partido Alianza Verde, Camilo Romero con 4,5% de intención de voto y más atrás están Arelis Uriana una líder indígena Wayuu y el pastor cristiano Alfredo Saade, también respalda esa consulta el senador Luis Fernando Velasco quien ha solicitado el aval del Partido Liberal el cual no ha obtenido hasta ahora. Todas las encuestas indican que esa lista del Pacto Histórico será la más votada. El interrogante es cuanto del voto del candidato Petro se podrá trasladar a esa lista de ello dependerá el tamaño de su votación. Un problema de esta consulta es que no es competitiva internamente y eso puede llevar a que muchos electores que dan por supuesto que Petro ya ganó se trasladen a otras consultas sobre todo a la del centro para tratar de influir en sus resultados lo que debilitará a Petro para afrontar la primera vuelta.

En la batalla por el Congreso no participa el outsider Rodolfo Hernández exalcalde Bucaramanga un empresario chabacano, mal hablado, trumpiano, que agita las banderas populistas desde el centro derecha y anuncia la lucha contra la corrupción, aunque tiene varias investigaciones abiertas por aparentes malos manejos de los recursos públicos. Marcha de segundo en las encuestas por ahora y el uribismo no descartaría apoyarlo si no logra resolver los problemas de la coalición de la derecha. En la batalla por el Congreso Hernández no participa pues no tiene una estructura nacional. Su futuro a mi juicio depende de cómo le vaya a la coalición de derecha. Su única oportunidad es que esa coalición no cuaje, si es así tendría su oportunidad para erigirse en la competencia y enfrentar a Petro en una segunda vuelta. Su suerte también depende de si la coalición de centro finalmente despega y derrota a la coalición de la derecha y pasa a segunda vuelta a disputar con Petro a quien todas las encuestas lo dan seguro, pasando a la segunda vuelta.

Así están las cosas y el primer round será este 13 de marzo en que se prevé un remezón político que ojalá produzca un sustantivo cambio en la composición del Congreso para que realmente el cambio sea posible y se pueda avanzar en una agenda de transición democrática para el país.

* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur

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