(Belo Monte) «Quién no debe, nada teme»

El gobierno brasileño se escapa de la audiencia sobre Belo Monte, en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

El Gobierno Federal anunció el viernes pasado que no participará en la Convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a celebrar en Washington sobre el incumplimiento de las medidas provisionales de protección de los pueblos indígenas del Xingú.

En abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA determinó que el gobierno brasileño suspendiera la construcción de Belo Monte y adoptara medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del río Xingu. Sorprendentemente el gobierno brasileño, además de incumplir las medidas internacionales y desobedecer el otorgamiento de la licencia de instalación concedida para el proyecto, adoptó una posición de amenaza sin precedentes, falta de respeto y deslegitimación del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, haciéndose eco de las decisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha adoptado la forma autoritaria en lo que se refiere a los procesos de otorgamiento de licencias internas de la obra. La retirada de la candidatura a la CIDH del ex Ministro de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, y la amenaza de suspender el pago de la contribución de la OEA fueron algunos de los chantajes utilizados por el Estado brasileño, después de la determinación internacional de suspender la construcción de la represa de Belo Monte.

El 26 de septiembre de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA convocó al gobierno brasileño y a las organizaciones que representan a las comunidades indígenas (“Movimiento Xingu vivo para siempre”, la “Sociedad de Pará para los Derechos Humanos”, “Justicia Global”, AIDA) para una reunión trabajo, el miércoles 26 de octubre en Washington, en la sede de la Comisión. Desde entonces, las comunidades y las organizaciones peticionarias buscan fondos para asegurar que Sheyla Juruna y Antonia Melo, de la coordinación del “Movimiento Xingu vivo para siempre”, pueda viajar desde Altamira, en el estado de Pará, a los Estados Unidos para asistir a la audiencia. La comunicación del gobierno y los peticionarios ante la CIDH, es que Brasil "no va a estar representado," cosa que tomó a todos por sorpresa.

La decisión de Brasil se produjo días después del juicio de la ACP 2006.39.03.000711-8, que exige el cumplimiento del artículo 231 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Congreso a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas de Belo Monte. En los últimos 17 días, La juez federal Adams Selene, del Tribunal Regional Federal de la Primera Región (TRF1), dio el voto favorable a ese requerimiento, extremo que luego fue objeto de una solicitud de vista por el juez Fagundes de Dios.

La posición de Brasil tiene pocos precedentes en la historia, y se puede comparar a la de Trinidad y Tobago (1998) y Perú (1999) que, gobernado por Fujimori e insatisfechos con las decisiones de la Comisión y del sistema interamericano, amenazaron con abandonarla. Varios especialistas de la región han estimado que Brasil tiene que jugar, a partir de este año, un papel clave en el debilitamiento de la Comisión Interamericana.

En toda la historia de la participación de Brasil en el sistema interamericano, es la primera vez que no asiste a una reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La decisión pone de manifiesto la cobardía de un gobierno que, a sabiendas de las ilegalidades y actos ilícitos en el proceso de concesión de licencias y de la construcción de Belo Monte, otra vez elude ser públicamente reprendido por la Comisión. Pero no sólo es eso, el gobierno brasileño le da al mundo un triste ejemplo de autoritarismo y brutalidad, dejando claro que Brasil estará cerrado al diálogo cuando sea requerido por los foros internacionales.

Belo Monte: símbolo de la memoria de las dictaduras

En 1989, después de sufrir 21 años de dictadura militar, Brasil se prepara para las primeras elecciones directas para presidente desde 1960. Cerca de tres mil personas se reunieron en la ciudad de Altamira, Pará, para asistir a la Primera Reunión de los Pueblos Indígenas del Xingu, en un marco democrático en defensa de la Amazonia. Cuando el entonces presidente de Eletronorte presentó las intenciones del Gobierno para construir la mega-planta hidroeléctrica Kararaô, en la “Volta Grande do río Xingu”, una indígena Tuíra se acercó a la mesa y, en un gesto simbólico, puso el machete en la cara del “hombre blanco”. "La imagen recorrió el mundo, pero su poder y dramatismo sirvió para difundir el grito de indignación de las poblaciones indígenas contra las intenciones del Gobierno y de los empresarios para construir un complejo hidroeléctrico en una de las regiones de mayor biodiversidad de la Amazonia.  

Hace unos años, sería difícil imaginar que aquel proyecto, desarrollado cuando vivíamos las páginas más infelices de nuestra historia y casi enterrado en el proceso de democratización del país, iba a resucitar con otro nombre: “Belo Monte”. Peor aún: precisamente en un momento de afirmación y consolidación de nuestras conquistas democráticas, este proyecto se impone de manera autoritaria, sin tener en cuenta la voluntad de los pueblos de la Amazonía, violando la legislación brasileña y haciendo caso omiso de los tratados internacionales que protegen los derechos humanos.

El Gobierno de Dilma refuerza una vez más su doble cara cuando se trata de los derechos humanos: hacia fuera, en las tribunas y púlpitos de las Naciones Unidas o de la prensa extranjera, discursos ejemplares; hacia el interior, en el patio trasero, una posición arbitraria y la relativización de los derechos de algunos brasileños cuando se interponen en el camino de sus planes y proyectos.

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos enérgicamente la no comparecencia del gobierno brasileño en la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y una vez más, afirmamos la necesidad de que la construcción de la represa de Belo Monte se suspenda de inmediato, para asegurar el cumplimiento de las derechos de los habitantes de Altamira y de todas las comunidades indígenas del río Xingu.

24 de octubre 2011.

Firman esta nota:

Xingu vivo para siempre Movimiento
Justicia Global
Pará la Sociedad para los Derechos Humanos
Prelatura del Xingú
Consejo Misionero Indígena
Dignitatis – La gente de Asesoría Técnica
Movimiento de Mujeres y la ciudad de Altamira de campo
Red de Justicia por el buen camino
Asociación de los Juruna Indígena de Xingu de los 17 km
Esfuerzo para la Ciudadanía
Mariana Criola – La gente Centro de Asesoría

*Fuente: ADITAL

Traducción para LQSomos: Beatriz Martínez Ramírez.

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