Guadi Calvo*. LQS. Mayo 2018

Hasta el momento tanto la crisis humanitaria, dentro de los campos de refugiados en Bangladesh, como las constates violaciones a los derechos humanos que siguen sufriendo los rohingyas en el interior de Birmania, no han sido resueltos, con políticas activas por parte de Naciones Unidas, ni ninguna otra organizaciones supra estatal, que no solo financie a los refugiados, sino que obligue a detener la violencia practicado por el gobierno de Aung San Suu Kyi

En la antigua Birmania, el actual Myanmar, desde el estallido de la crisis desatada por la persecución sistemática por parte del gobierno contra la minoría musulmana rohingyas, que ha obligado a 900 mil, del millón trecientos, de sus miembros a abandonar el país rumbo a Bangladesh, por lo que la prensa ha debido seguir con cuidado las acciones del gobierno contra esta minoría, asentada en el estado de Rakhine.

Para John McKissick, jefe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) según lo denunció en noviembre de 2016, las autoridades de Naypyidaw, están llevando a cabo un plan sistemático de “limpieza étnica”. McKissick culpó entonces al Tatmadaw, el ejército birmano, de estar practicando una verdadera “cacería”, contra esa minoría, a la que no solo se le han incendiado sus poblados, sino que muchos de sus integrantes fueron torturados y asesinados, mientras a quienes huían rumbo a la frontera con Bangladesh, se los obligaba a transitar por terrenos previamente minados.

Aunque no solo la crisis rohingyas se puede achacar a una cuestión de guerra étnica o religiosa, el estado de Rakhine, donde los rohingyas han establecido sus aldeas desde hace siglos, se ha convertido en un objetivo económico por parte de las autoridades de Naypyidaw, ya que próximos a sus costas se han descubierto grandes yacimientos submarinos de petróleo y gas, al tiempo que territorio es extremadamente rico en importantes reservas de diamantes, rubíes, jade, oro, plata y uranio.
Desde iniciada las campaña de persecución y lanzadas innumerables denuncias contra el Tatmadaw y el poder político de Naypyidaw, encabezado de facto, por la premio de la paz 1991 Aung San Suu Kyi, nada ha cambiado, y los rohingyas, se siguen hacinados en los campos de refugiados levantados a las apuradas en Bangladesh, próximos a la frontera con Birmania como los de Cox’s Bazar, Teknaf, Kutupalong, Balihkali, o el de la isla de Thengar Char, en todos ellos las condiciones de salubridad son más que preocupantes.

En estos campos han estallado focos de enfermedades como sarampión y difteria, mientras que a consecuencia de las tormentas, lluvias y vientos huracanados que trae la temporada de Monzones, comenzada a principios de abril, se multiplican los casos de diarrea acuosa aguda, tifus, hepatitis y dengue. Al tiempo que las precarias construcciones en las que viven son barridas por las constantes rachas de agua y viento.

Aunque las enfermedades y la escasez de alimentos no son el único problema de los refugiados, las precarias chozas, suelen ser asaltadas tras la caída del sol, donde se producen de manera continua, violaciones tanto contra mujeres, como contra niñas. También los equipos de Médicos sin Frontera (MSF) desplegados en los campos de refugiados, están registrando un significativo aumento de casos de violencias intrafamiliar contra mujeres y niños: golpes, traumatismos, quemaduras y fracturas, son producidos por los hombres, en el marco de desesperación y desolación en que tanto adultos y menores están viviendo desde que se inició la persecución en Birmania.

Hasta el momento tanto la crisis humanitaria, dentro de los campos de refugiados en Bangladesh, como las constates violaciones a los derechos humanos que siguen sufriendo los rohingyas en el interior de Birmania, no han sido resueltos, con políticas activas por parte de Naciones Unidas, ni ninguna otra organizaciones supra estatal, que no solo financie a los refugiados, sino que obligue a detener la violencia practicado por el gobierno de Aung San Suu Kyi.
A pesar de que en noviembre pasado, frente a la presión internacional, Birmania se vio obligada a firmar un acuerdo con el gobierno bangledí para iniciar el proceso de repatriación de los refugiados a territorio birmano, las autoridades de Naypyidaw, siguen ignorado el acuerdo, mientras las esperanzas de los refugiados rohingyas, se diluyen día tras día.

Fuego en el norte

La cuestión rohingya, ha quitado de foco otras aberraciones practicadas contra otras minorías étnicas y religiosas, por el gobierno de Suu Kyi, asociado al poderoso Tatmadaw.
En las últimas semanas la población cristiana en los estados de Kachin y Shan, además de otros sectores cercanos a la frontera China, al norte del país, ha vuelto a sufrir los embates de las políticas racistas de Naypyidaw.

Se desconoce el número de civiles asesinados tras operaciones del ejército, que han incluido, como en el caso de los rohingyas, el incendio de sus aldeas, desplazamientos obligatorios, violaciones, tortura y asesinatos e incluso bombardeos.

Se ha informado que en algunos campamentos de desplazados, tras los bombardeos, el ejército ha bloqueado el acceso de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Según la denuncia se ha impedido el ingreso de víveres al pueblo de Man Wai, el mes pasado, dejando a más de un centenar de personas sin posibilidad de acceder alimentos y medicinas durante tres semanas. Mientras que unos 100 mil desplazados que están instalados provisoriamente en campamentos en el norte de Shan y Kachin, desde el reinició de los combates en 2011, tras un alto el fuego de 17 años, entre el gobierno y los insurgentes, también han visto menguada la posibilidad de asistencia humanitaria.

Yanghee Lee, portavoz especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Birmania, denunció que el Tatmadaw utilizó artillería y armamento pesado contra aldeas civiles.

En las últimas semanas, cerca de 7 mil cristianos fueron obligados a abandonar las áreas donde está operando el Tatmadaw, mientras que otros 2 mil se encuentran perdidos en las regiones selváticas próximas, huyendo de la represión militar.

En la provincia de Kachin, opera un grupo insurgente conocido como Ejército Independiente de Kachin (KIA), que desde 1962 opera contra el gobierno central, cuando tras el golpe de estado del general Ne Win, se desarmaron los regimientos étnicos, dando solo relevancia a los efectivos de origen bamar, que además de la etnia mayoritaria del país, casi en su totalidad es confesión budista.

Según denuncias, ya antiguas del gobierno birmano, el KIA recibiría asistencia táctica y militar por parte de China. En las últimas semanas los combates entre el KIA y el Tatmadaw se han intensificado y las acciones contra la población civil por parte de las tropas de Naypyidaw se ha vuelto a intensificar, por lo que se cree podrían intentar practicarse una nueva limpieza étnica, similar a la de los rohingyas.

Las acciones militares se han concentrado en cuatro áreas alrededor de las ciudades de Tanai, Phakant, Injangyan y Myitkyina, la capital del estado de Kachin, sin que se conozca cabalmente lo que sucede, ya que como se ha establecido en Rakhine la prensa tiene el acceso vedado.
Birmania, tiene una población de 54 millones de personas donde se reconoce oficialmente a 135 grupos étnicos, donde no se reconoce a los rohingya, con un total del 4%, mientras que los bamar son el 70 %. En lo religioso los budistas son mayoría con caso un 90 % mientras que cristianos alcanzan a un 5% y los musulmanas algo menos del 4%.

La supremacía racial y religiosa ha permitido al ejército tras sus cerca de 50 años de dictadura a conformarse como un estado dentro del propio estado. Tras haber permitido elecciones en 2015, el Tatmadaw prácticamente no ha resignado nada de sus prebendas. El ejército dispone la posibilidad de establecer su propio presupuesto, sin ningún control político. En 2017, ese presupuesto alcanzó un tres por ciento del PIB nacional, lo que representa el doble de lo que corresponde a salud y educación. Su real influencia en la economía del país se estima que alcanza un 80 %.

El poder civil carece de autoridad sobre las fuerzas armadas, la constitución dictada por los militares en 2008, le permite a ejército prácticamente autogobernarse ya que mantienen para ellos el 25 % de las bancas en el parlamento, lo que impide cualquier tipo de enmienda en la constitución, además de reservarse para ellos tres ministerios claves: defensa, asuntos fronterizos e interior.

Con el ministerio del interior a su cargo supervisan los gobiernos regionales, distritales y municipios. Además el comandante en jefe del Tatmadaw, el general Min Aung Hlaing, tiene el poder de designar a 6 de los 11 miembros del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.
Para la endeble y sumisa democracia birmana desarmar el poder del Tatmadaw, resulta tan difícil como evitar que los monzones llegué puntualmente a sacudir todo el sudeste asiático.

* Escritor y periodista argentino. Publicado en Línea Internacional
Asia global – LoQueSomos

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