Tortura contra familiares de presos políticos es mensaje del terrorismo de Estado

Alida Arzuaga, de 9 años, fue víctima de desaparición forzada, tortura y homicidio. Según testimonios el atroz crimen fue cometido por parte de paramilitares y posiblemente de integrantes de la Fuerza Pública contra el padre de la menor, quien se encontraba preso(…) Estos hechos permiten evidenciar el tratamiento que reciben los presos políticos en Colombia, quienes además de soportar el encarcelamiento, sufren también el injusto ensañamiento de las estructuras paramilitares y oficiales contra sus familiares.” Equipo Jurídico Pueblos
“A nuestro padre el Ejército colombiano, en unión con los paramilitares lo colgó vivo, introduciendo ganchos en sus extremidades como si fuera carne de carnicería, luego le chuzaron el estómago y su cuerpo con una navaja, después arrollaron sus labios como se les taja a los pescados… según medicina legal lo torturaron vivo. ¿Cómo es posible que hagan eso con un anciano, tildándolo de guerrillero? Acaso por yo ser revolucionaria, ¿tenían que cobrarlo con su vida?” Marinelly Hernández, presa política y de guerra
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Colombia. Pronunciamiento del Foro Nacional de Comunicación Indígena

Antecedentes 

Más de 700 participantes entre autoridades tradicionales, organizaciones, procesos, redes, prensa independiente y tejidos de comunicaciones, nos encontramos aquí, en el territorio indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) donde desde hace más de 41 años se viene desarrollando un proceso de resistencia, reconocimiento y recomposición de la identidad, así como de la unidad de los pueblos originarios. Reconocemos que los procesos presentes en esta Minga de la Palabra denominado Foro Nacional de Comunicación Indígena, somos parte de las tantas dinámicas enmarcadas en el rechazo a la celebración triunfalista de los 500 años de invasión extrajera y de 200 años de frustradas búsquedas de independencia que los Estados de la llamada América están promocionando para poder legitimar la continuidad del intervencionismo imperial. 

En este mismo territorio se desarrolló la Primera Cumbre Continental de Comunicaciones del Abya Yala en el 2010, donde entre otros compromisos, nos propusimos preparar la II Cumbre Continental a realizarse en México en el 2013, desde la conformación de una comisión de seguimiento y una agenda que promueva reuniones, talleres, foros y seminarios para socializar los compromisos y tareas allí acordadas. A partir de esa perspectiva se concreta el Foro Nacional de Comunicación Indígena que hoy nos congrega. 

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Colombia: ¡A la carga!

La Marcha Patriótica por la segunda y definitiva independencia

 

Jorge Enrique Botero realiza esta vez un reportaje sobre el movimiento político de masas Marcha Patriótica; caminando como siempre con los descalzos de la tierra. En el reportaje se ve cómo los campesinos se prepararon para la Marcha Patriótica en diferentes comunidades de Colombia para participar en la gran reunión nacional de abril 2012 en Bogotá, y para continuar en la construcción de un movimiento de masas. La semilla nació para algo nuevo. Para los necesarios cambios estructurales que necesita Colombia, para conseguir la tan ansiada justicia social.

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Somos víctimas de la inversión española

Dos velas en cada extremo custodian el diminuto féretro blanco. Rodeándolo, la oscuridad, y sumergida en ella, el pueblo de los Nonam. La comunidad afrocolombiana de Buenaventura, que mucho sabe de paramilitarismo y desplazamiento forzado, se ha sumado al velatorio por solidaridad.

 

Míralos, me recuerdan a nosotros cuando tuvimos que salir corriendo de nuestro territorio, aunque para ellos es más duro, pues hablan poco español y fuera de su hábitat es difícil que puedan sobrevivir». Geraldine, hija y nieta de lideresas afrocolombianas, sostiene la cabeza de otro de los bebés indígenas que podría morir debido al hambre y la insalubridad causada por el desplazamiento, tal como hoy le ha sucedido a la pequeña Heidy Membache, de apenas un año. «Aquí los desplazados por el negocio del puerto y terminal español estamos siendo exterminados. Esta familia no tuvo ni para el fármaco. En Colombia, tristemente, es normal». El medicamento que pudo haber salvado la vida de una niña desnutrida y enferma, cuesta 7.000 pesos (unos tres euros) y en el hospital estatal al que acudieron no lo proporcionan ni en casos extremos. «Quizás porque el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha robado 33.000 mil millones de pesos (el 6% del PIB)», denuncia la joven afro. Y lo cierto es que no especula. El mismo presidente se vio forzado a reconocer estos datos en una audiencia reciente, aunque desde entonces, nada ha cambiado. Hoy los hospitales siguen sin hacerse cargo de la salud y las organizaciones no gubernamentales, tantas veces criminalizadas por Santos y Uribe, han de hacerse cargo de la población abandonada. «Mira ese, niño y también esa bebecita, ¿escuchas como tosen?. Pronto se les disparará la fiebre y morirán con diarrea o afección pulmonar. Están al límite». En las próximas horas, otros dos bebés han entrado en estado crítico. El agua infectada, la desnutrición, las elevadas temperaturas y la falta de higiene (toda la comunidad indígena duerme en el suelo bajo un techo de paja) terminarán el trabajo de exterminio al que las fuerzas oscuras que poseen Colombia les ha condenado.

 

Con hombres armados sacando los rifles por las ventanas, un interminable convoy de vehículos blindados, militares y policiales pasa a gran velocidad por delante de la chabola que, a orillas de la carretera, cobija a los desterrados. Se trata de la delegación presidencial que ha venido a Buenaventura acompañada de los empresarios españoles. En las próximas horas inaugurarán en el super puerto, la enorme terminal de contenedores que según sacerdotes, indígenas y defensores de los derechos humanos, «ha causado un gran desplazamiento, que muchas vidas ha costado». La empresa responsable del polémico proyecto es la española Grup TCB propiedad del Deutsche Bank y la familia Pérez Maura, quien tiene a uno de sus hermanos, Ramón, trabajando como director adjunto del diario «ABC» (Grupo Vocento) y analista de Internacional.

 

Antonio, padre de otro bebé indígena que agoniza, explica una dinámica de consolidación paramilitar que al resto de Colombia, tampoco le es ajena. «Nos sacaron de nuestro territorio. Como a nosotros a muchos afros y campesinos. Primero vienen las Aguilas Negras o los Rastrojos (grupos paramilitares de ultraderecha amnistiados por el Estado que continúan activos) y luego entra la Fuerza Pública a militarizar nuestro entorno. Nosotros aguantamos lo que pudimos, pero sabemos lo que son las matanzas y la impunidad con la que actúa esta gente, así que huímos». Las salidas al mar del Valle del Cauca son aguas sumamente rentables para el narcotráfico, la oligarquía y las empresas transnacionales. Básicamente se puede decir que el control de los municipios entre Calima y San Juan (donde habitan los afros y los Nonam) tiene que ver, según informan los afectados, con el tráfico de drogas y el aseguramiento territorial para las obras de infraestructura relacionadas con el negocio que se viene dando en el puerto y la terminal de contenedores.

 

Para Danilo Rueda, abogado e investigador de la ONG, Justicia y Paz, «estamos en un momento de mucho desarrollo del modelo agroindustrial y de operaciones sustractivas como la minería a cielo abierto o el petróleo. Toda esta explotación de los recursos naturales a manos de transnacionales, necesita vías, auténticos megaproyectos, para sacar la riqueza al mercado internacional, y de ahí surge la necesidad de crear un terminal de contenedores portuario como el de los españoles en Buenaventura».

 

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Colombia. Los monstruos

La república de Colombia ha sido sacudida en los últimos días por un crimen atroz de características particularmente abominables contra una joven madre que luchaba honradamente por superarse y ganarse la vida.

Además de la feria y la felicidad de los noticieros de radio y televisión que ante todo y por sobre todo encontraron una buena telenovela, porno novela, morbo novela que les da sintonía y aumenta la ya cautiva con su impúdica explotación del crimen, la miseria y todo lo malo que pareciera subyacer en el alma colombiana. Además de todo eso repito, los medios aprovecharon –fieles guardianes del establecimiento que son-, para enfilar la indignada conciencia nacional hacia un solo y único objetivo: el criminal.

Y claro, abundaron las palabras y los epítetos, todos justos, es justo decirlo. El más común, Monstruo. Sí. Quien profanó y torturó las carnes de la noble y buena Rosa Elvira Cely, no podía ser menos. Sólo que….

Sólo que la exagerada difusión mediática y el unánime y unidimensional señalamiento del asesino como El Monstruo, esconden una intencionalidad menos piadosa que la solidaridad con la víctima y la de interpretar el dolor y el repudio nacional por el crimen. Hay en ello la manipulación de la sociedad para que como en una especie de catarsis, desfogue sus iras y frustraciones frente a un estado de cosas infames, en el desgraciado ser que loco o no, cometió el crimen.

Entonces, una sociedad enferma mil veces enferma de todos los males morales sociales y políticos. Una sociedad -un Estado hay que decirlo desde ya-, que permite, posibilita o es indolente frente al asesinato por centenares de sus niños. A que sus niñas se prostituyan desde la infancia. A que sus adolescentes por cientos y con impunidad garantizada ejerzan como asesinos a sueldo y cuyas autoridades depositarias exclusivas del uso legítimo de la fuerza cometan en todos los ámbitos, en todas las épocas y en todas las circunstancias los más abominables delitos de lesa humanidad. Una sociedad así, un Estado tal hay que decirlo desde ya, requieren que uno de sus aparatos ideológicos de dominación, los medios de comunicación, dirijan las fuerzas del repudio, de la indignación y la ira colectiva por las injurias de la maldad, hacia una persona, cualquiera.

Cualquiera que no sea esa sociedad ni ese Estado. Entonces, no es el oficial que viola una humilde niña campesina y luego la degüella bien degollada para que no cuente y de paso también a sus hermanitos por ser testigos. Este militar no es el malo, sino que el malo es Pablo Escobar veinte años después de muerto, porque aquí no hay otro mal que él, porque las grandes carnicerías donde se picaba a machete o se cortaban cuerpos con moto-sierra, no eran poderes paraestatales mil veces estatales, sino que era el Patrón del Mal, no importa que lleve veinte años muerto y que los crímenes se sigan sucediendo por miles, sin pausa y con prisa. A pesar de que nos dijeron, muerto Escobar, alcanzada la paz.

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Colombia: Continúan violaciones laborales y sindicales

Sindicato solicita intermediación del Alcalde de Cartagena, ante las violaciones laborales y sindicales en Seatech International Inc.

La Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia (USTRIAL), cuyos afiliados laboran, a través de empresas tercerizadoras, por Seatech International Inc., enviaron una carta al recién electo alcalde de Cartagena de Indias, Colombia, para que sea intermediario entre el Sindicato y la empresa, "a fin de evitar que siga la violación de los derechos humanos y los despidos arbitrarios por el sólo hecho de estar afiliados a la USTRIAL”.

En los últimos años, Seatech International Inc., una de las empresas líderes en el mundo del procesamiento y venta de atún enlatado, ha sido objeto de reiteradas denuncias y hasta demandas judiciales de parte de sus trabajadores y trabajadoras (1).

Las denuncias contra la transnacional, cuya marca líder, Van Camp’s, es exportada a Estados Unidos y a varios países de América Latina y de Europa, van desde la violación de la jornada laboral o los despidos injustificados, hasta la negativa a iniciar una negociación colectiva y la falta de atención en salud para los trabajadores con LER (Lesión por Esfuerzo Repetitivo), una enfermedad que es común en las plantas donde hay repetición intensiva de movimientos.

Según los directivos de la USTRIAL, de los 1.500 trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la planta en Cartagena, solamente 13 tienen un contrato permanente y directo con la empresa. El resto está vinculado por medio de empresas contratistas o tercerizadoras (A Tiempo Servicios Ltda. y Recursos Especiales Ltda.), y hay cientos de obreros que trabajan desde hace muchos años en estas condiciones, lo cual violentaría la legislación laboral colombiana.

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Fiasco de la marcha del ‘Santismo’ para avalar el exterminio

Fiasco de la marcha con que el gobierno quería avalar su política del exterminio, ni los conversos Petro y Garzón pudieron engañar al pueblo colombiano. ¡No salieron ni 10 mil personas en Bogotá y querían sacar 10 millones!

La marcha por la guerra del 6 de diciembre de 2011, convocada por el estado colombiano y para la cual se dispuso todo el arsenal, dinero, logística y presiones que puede ejercer el estado y la gran empresa, fue un fiasco total en Colombia: no salieron ni 10 mil personas en Bogotá, aunque pretendían convocar a diez millones; fueron muy ilusos al imaginar que, pese a toda la ofensiva mediática, el pueblo colombiano iba a caminar a favor del terrorismo de Estado, a favor de los bombardeos, a favor de los encarcelamientos masivos, a favor de la continuidad de la herramienta paramilitar que sigue asesinando con la sistemática complicidad del Estado, como lo denuncian reiteradamente las comunidades. Como por ejemplo en el caso de la niña indígena de Sibundoy violada y asesinada por la herramienta paramilitar para inyectar terror y desplazar a la comunidad. Y los casos de decenas y decenas de jóvenes que son asesinados a manos de la herramienta paramilitar y la fuerza pública, por todo Colombia  (denuncias en Guapi, Cauca (1), en Antioquia, en Arauca, en el Caquetá, en el Putumayo (2), en el Magdalena, etc.). Claro, estos crímenes, para la oligarquía y su aparato de propaganda, no ameritan siquiera un titular en la prensa, siquiera una reseña, menos una marcha.

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Santos, luz verde para la guerra sucia en Colombia

La guerra sucia continúa en Colombia con su inercia de seis décadas. Bombardeos indiscriminados en Chaparral; envenenamiento con glisofato de las poblaciones en el Chocó y en el Bajo Cauca Antioqueño; descuartizamientos, masacres y violaciones en Guapi, en el Sur de Bolívar, en Nariño, realizados por paramilitares en perfecta connivencia con el Ejército y la Policía; cercos paramilitares en Curvaradó y Jiguamiandó; secuestro y asesinato de civiles para presentarlos como “falsos positivos”; estrategias como la red de cooperantes…

Como parte de una controvertida reforma a la justicia (que produjo un amago de choque entre el ejecutivo colombiano con la Corte Suprema y el Consejo del Estado) (1), el gobierno de Juan Manuel Santos incluyó, a última hora entre gallos y media noche, un artículo que “establece la presunción de que los delitos cometidos por policías y militares corresponden a actos de servicio y serán conocidos sólo por la justicia penal militar, salvo puntuales excepciones” (2). El artículo decía textualmente “En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones militares y procedimientos de la Policía Nacional. En estas situaciones, cuando haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar y Policial”. Según el ministro de Defensa, Pinzón, es necesario para proporcionar “mayor seguridad jurídica” (¿impunidad?) a la tropa en su guerra contrainsurgente. Aún cuando la impunidad sea altísima en Colombia, sobre todo en lo relativo a crímenes de Estado (los cuales bordean el 98%), este artículo no oculta su pretensión de volverla absoluta, haciendo aún más vulnerable a la población de lo que ya es.

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De asilos y extradiciones: internacionalización de la guerra sucia colombiana

El conflicto colombiano está cada vez más internacionalizado. Varios hechos recientes lo demuestran: por una parte, los pedidos de extradición de militantes de izquierda de varios países por supuestos vínculos con las FARC-EP; por otra parte, la negación por parte del Tribunal de Estrasburgo de la extradición del connotado mercenario israelí Yair Klein; por último, tenemos el asilo conseguido en Panamá por la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, que denuncia una imaginaria cacería de brujas de la Corte Suprema en su contra. En todos los casos, lo más notable del actual contexto, es que tanto el imperialismo como el Estado colombiano buscan avanzar a un escenario de mayor persecución de los sectores de oposición o de simpatías revolucionarias en todo el mundo, a la vez que se refuerza la tendencia a la impunidad por los crímenes del bloque en el poder en Colombia.

Las extradiciones de los internacionalistas: disuasión y desgaste

El tema de las extradiciones es un asunto espinoso que está en el centro de la estrategia de internacionalización de la “guerra sucia” por parte de Colombia. Mediante los constantes pedidos de extradición a elementos catalogados “sospechosos” de simpatizar políticamente con la oposición colombiana (armada o sin armas), mediante la fabricación de pruebas espurias, se busca acabar con cualquier escenario internacional que cuestione las políticas guerreristas y abiertamente pro-imperialistas del Estado colombiano. Tal es el caso del pedido de extradición a Colombia que se ha hecho del militante comunista chileno y miembro del Movimiento Continental Bolivariano, Manuel Olate, gracias a “pruebas” sin base jurídica, como son los supuestos archivos del ultra-manipulado súper computador del fallecido comandante de las FARC-EP Raúl Reyes y su simpatía con la causa insurgente en Colombia, como si existiera la figura legal del delito de opinión [1].

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Marulanda – Uribe. Comparación imposible (II)

Contaba la semana pasada en la primera parte de este artículo, que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, estaba así como… felizmente tocado por la varita mágica de la suerte que, en estos primeros meses del año, le regalaba sonrisas bobaliconas.

La muerte, o mejor dicho, el alevoso asesinato a sangre fría y sin opción de defensa de los comandantes guerrilleros Raúl Reyes e Iván Ríos; la entrega “voluntaria” de la comandante “Karina” hace unas semanas (apuntaba, a este respecto, que algún medio colombiano opositor, como el periódico “Insurrección”, defendió la teoría de un  chantaje del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) sobre la hija de “Karina”, a la que tenían vigilada) y la muerte natural (para desgracia de Uribe) de Manuel Marulanda Vélez el pasado 26 de marzo, han constituido los macabros ingredientes que hicieron posible la alegría del “Doctor Varito”, como familiarmente  llamaba el narcotraficante Pablo Escobar a Álvaro Uribe. Ya se sabe, entre amigos, los diminutivos son una tierna demostración de cariño.

Y después de hablar brevemente sobre el “enemigo público número uno” de la oligarquía colombiana, Marulanda, (del otro principal enemigo de esa oligarquía, Jorge Eliécer Gaitán, ya dieron cuenta asesinándolo en Bogotá un día 9 de abril de 1948) yo me comprometí a hablar esta semana del presidente Uribe “El bueno”, Comandante en Jefe del Ejército, de los paramilitares y de los narcotraficantes, haciendo un paralelismo o una comparación imposible entre ambos. Veamos:

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