Bajo Aguán en un laberinto de violencia y criminalización de la lucha por la tierra

 

Otro campesino asesinado en el Bajo Aguán. Gobierno amenaza con declarar estado de sitio y suspender las garantias individuales como en los tiempos de Micheletti.

 

En la madrugada de este viernes (27/7) fue asesinado Israel García Pérez, de 37 años, miembro del Movimiento Campesino Recuperación del Aguán.

 

Un grupo de personas, supuestamente guardias privados del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, habría atacado con armas de grueso calibre a las familias campesinas que, el pasado 20 de julio, recuperaron las tierras de la finca Los Laureles, en las afueras de la ciudad de Tocoa, de propiedad del mismo Facussé.

 

Con este nuevo crimen se eleva a 52 el número de campesinos organizados asesinados en menos de tres años, en el marco del grave conflicto agrario que aqueja a la región del Bajo Aguán.

Ante esta situación, el gobierno hondureño ha amenazado con declarar el Aguán como "zona de seguridad nacional", lo cual implicaría una mayor militarización, la suspensión de las garantías individuales y un estado de sitio regional.

 

Estas medidas fueron tajantemente rechazadas por las organizaciones campesinas, en cuanto formarían parte de una campaña mediática para desprestigiar al movimiento campesino y legitimar la criminalización de la protesta social y de la lucha por la tierra.

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Bolivia cuenta con más de mil sitios de arte rupestre

En Bolivia se cuentan más de mil sitios de arte rupestre que están más o menos inventariados y varios cientos de ellos han sido estudiados con amplitud, dice el especialista y representante de la Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia (SIARB), Matthias Strecker.

Informes sobre estos sitios fueron publicados durante 25 años en el boletín de la SIARB, algunos con carácter descriptivo y otros enfocados a la conservación, pero todos con datos arqueológicos que fortalecen los hallazgos.

Los lugares en los que existe arte rupestre son sitios patrimoniales estudiados y protegidos prácticamente en todo el mundo. En Sudamérica se cuenta con sitios en Nazca (Perú), en la Patagonia (Argentina) y en Piauhi (Brasil).

El desarrollo sostenible con parques arqueológicos es una opción para la conservación de estos sitios, lo que en Bolivia no funciona bien, dice Strecker, como en el santuario de Copacabana donde está el monumento Tinqala Orkojahuira con permanentes problemas conservación y vigilancia. En Samaipata (Santa Cruz) funciona mejor la administración y en Quila Quila (Chuquisaca) los ayllus respondieron de manera positiva, aunque tuvo que discontinuar por conflictos locales.

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Honduras. Bajo Aguán: Centenares de campesinos organizados frustran desalojo

Juez no pudo ejecutar resolución amañada que revierte la histórica sentencia a favor del Marca.

Centenares de campesinos pertenecientes al Marca (Movimiento auténtico reivindicador campesino del Aguán) y a las demás organizaciones del Bajo Aguán se hicieron presentes este miercoles (18/7) en la entrada de la finca San Isidro, sector de Sinaloa, y lograron frustrar el desalojo ordenado en los días pasados por la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán y de La Ceiba.

El pasado 29 de junio, el Juzgado de Letras de Tegucigalpa ejecutó las sentencias dictadas a favor de cientos de familias que integran el Marca, restituyéndoles el derecho de propiedad sobre tres fincas (San Isidro, La Trinidad y El Despertar) que venían reclamando desde hace 18 años, y que aparentemente fueron adquiridas de forma ilegal por los terratenientes y productores palmeros Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo.

Pese a tratarse de sentencias firmes y ejecutoriadas, contra las cuales no cabe recurso alguno,  la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán y la de La Ceiba emitieron una resolución con la que admitieron un recurso de amparo presentado por los terratenientes y suspendieron los efectos de las sentencias, abriendo paso a nuevos desalojos contra las familias campesinas.

Según el Marca y su apoderado legal, el abogado Antonio Trejo, la decisión de los jueces de revertir las sentencias respondería a un tráfico de influencias y a las fuertes presiones ejercidas por los terratenientes, violentando también varios artículos de la Ley sobre justicia constitucional.

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México. Eruviel: basta de espectáculo

¿Cómo medir la indignación y el miedo de madres y padres de niñas y jovenes violadas en el  campamento del Edomex? No hay manera. De lo que sí hay manera es de entender por qué este hecho nos recuerda las razones de la vulnerabilidad atroz en la que se encuentran millones de mujeres y niñas. Toda la sociedad es responsable; los violadores en primer lugar, casi en la misma medida que los policías del Edomex que hace meses sabían de las denuncias, al grado que la Policía bautizó el campamento como “zona de violación”. El jefe policíaco ya había advertido que no tenían ni el equipo, ni el personal para proteger a las campistas. Sin embargo, la “Policía preventiva” no movió un dedo para prevenir el delito. Los medios han jugados un papel deleznable; la forma en que cubren estas noticias no ayuda a la sociedad a comprender el fenómeno, violan los derechos de las víctimas y reiteran el discurso de que la violación es un hecho escandaloso sin remedio.

El criminólogo Miguel Lorente Acosta asegura que la violencia sexual no responde a un aspecto de la naturaleza masculina, sino a un acto criminal voluntario. La educación machista ha decretado, falsamente, que los “verdaderos hombres” son violentos por naturaleza. Lo que no podemos olvidar es que como esa ideología la trasmite la cultura, podemos deconstruirla  revalorando las formas de masculinidad pacífica y no sexista que millones de hombres ejercen diariamente.Esa es la tarea urgente.

La educación machista justifica la violencia para imponer el poder, y a las mujeres les ha mandado el mensaje de que deben asumirla como provocadoras. Basta comprender cómo los gobiernos de diferentes países invierten dinero público para crear ghetos de prostitución denominados “zonas rojas” en las que las mujeres son maltratadas y denostadas y los clientes protegidos por el propio Estado. En ese contexto se argumenta que de no existir los prostíbulos protegidos por el Estado miles de mujeres serían violadas en las calles. Es decir, se asume que las mujeres en burdeles están allí para ser violadas y convertirse en escudos de violencia sexual para las otras mujeres. Todo el discurso púbico que avala la violencia sexual está permeado por la noción de que no hay forma de evitar este crimen, y por tanto las mujeres deben asumir las consecuencias de un entorno que favorece la violencia en todas sus formas.

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Peña Nieto no es nada

No me rasgo las vestiduras porque Peña Nieto llegue al poder. Ya el PRI nos tenía bajo su control. Somos 20 de 32 entidades gobernadas por el PRI; y quien vive fuera del Distrito Federal sabe de qué hablo. Quien haya votado por el PRI creyendo que mejorará algo, tendrá una gran decepción.

Hace 26 años salí del Distrito Federal para vivir en Quintana Roo y sé a ciencia cierta que más que vivir en las “provincias” sometidas al gobierno federal, vivimos en pequeñas naciones autónomas, en las que los gobernantes y sus diputados federales hace y deshacen a su antojo. En los congresos locales es prácticamente imposible encontrar congruencia entre los colores y nombres de partidos de quienes legislan y su visión del mundo. Lo mismo hallamos perredistas ultraconservadores, que panistas progres y priístas indefinidos. Se legisla con acuerdos bajo la mesa, sin visión de futuro y las diferencias con los gobernadores no las hacen los principios y valores sino los cochupos, prebendas y venganzas. Unos cuantos se salvan.

Para las y los intelectuales que viven en sus escritorios del Distrito Federal es fácil opinar sobre federalización; para quienes vivimos cada día bajo esta suerte de feudos debilitantes de la democracia ciudadana las cosas son diferentes…

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Nicaragua. “Los movimientos sociales somos motor de transformación”

Concluye con éxito el Encuentro de movimientos sociales de América Latina y el Caribe.

En víspera de celebrar el 33 aniversario de la Revolución popular sandinista, concluyó en Managua, Nicaragua, el sexto Encuentro de movimientos sociales de América Latina y el Caribe, en el que participaron 236 delegados de varios países de América Latina, el Caribe y Europa.

“Lo que hemos vivido en estos tres días es parte de una discusión permanente entre los movimientos sociales sobre cómo ir llevando adelante los procesos de transformación. Uno de los elementos más importantes ha sido entender que los movimientos sociales y los gobiernos progresistas y de izquierda separados no pueden transformar nada. Debemos unirnos todos y fortalecernos recíprocamente”, dijo Gustavo Porras, secretario general del Fnt (Frente nacional de los trabajadores) de Nicaragua.

El dirigente sindical destacó la importancia de que los movimientos sociales se acerquen y participen en política, como es el caso del partido en formación Fad (Frente amplio por la democracia) en Panamá y el partido Libre (Libertad y refundación) en Honduras. “El proceso de lucha en América Latina va avanzando y estamos llegando a un consenso cada día más amplio entre los diferentes movimientos y organizaciones políticas y sociales”, aseveró Porras.

En la Declaración de Managua los participantes en el Encuentro de movimientos sociales destacaron “el profundo proceso de transformación cultural, político, social y económico” que se está llevando a cabo en Nicaragua. Un modelo que “facilita el fortalecimiento de la economía popular y el fomento de la asociatividad”, así como “de la participación protagónica” de amplios sectores de la población que “está haciendo realidad la construcción de una sociedad justa y solidaria”, se lee en el documento.

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Tenemos otra sentencia*

La historia es ésta. A principios de 2010 el Ministerio de Cultura emitió una orden ministerial que declaraba que el Plan de Barberá para el Cabanyal suponía expolio del patrimonio histórico y cultural español. Ese Plan, conocido como PEPRI, era ilegal y debía modificarse.

Esa orden no era fruto de un capricho de la ministra. Una sentencia del Tribunal Supremo obligaba al Ministerio a pedir informes a organismos de defensa del patrimonio independientes y a dictarla. Algo que Cultura realizó de forma impecable.

No le pareció así a Rita Barberá. Flanqueada por la entonces portavoz del gobierno valenciano, Sánchez de León, la alcaldesa salió en tromba amenazante, más o menos como nos tiene acostumbrados. Dijo que la orden ministerial era vergonzosa y arbitraria, que vulneraba doce sentencias firmes, que tenía intencionalidad política, que respondía a intereses económicos particulares (más tarde, con la ayuda del teniente Alfonso Grau, desarrolló la infamia acusando a algunos vecinos con nombres y apellidos). Amenazó con querellarse contra la ministra por arbitrariedad y abuso de poder (algo que hizo un año después sin éxito), y concluyó declarando que, por supuesto, ella iba a seguir adelante con los derribos. Todo esto, se puede imaginar fácilmente, lo dijo con apariencia indignada y con voz muy potente.

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La revolución en Nepal no quiere morir

Allí donde instalaron “gobiernos populares” su situación cambió de forma radical empoderándolos de un modo inédito en toda su historia. No en vano, en el caso de las mujeres, el 40% de la guerrilla estaba formado por ellas1. Frente a esto, el saldo de costos humanos mensurables por los enfrentamientos armados entre insurgentes y fuerzas promonárquicas fue de más de 13 000 muertos y 100 000 desplazados. Los cuales asolaron el país, una vez acabada la demoniaca sinfonía de disparos de fusiles y explosiones de minas.

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