México. Mi voto no es secreto

Ya escribí las razones por las cuales nunca he votado por el PRI ni lo haré. He pasado los  últimos meses reflexionando sobre la posibilidad de anular mi voto. He reconocido el trabajo que Josefina Vázquez Mota llevó a cabo en Sedesol en tiempo de Fox, su capacidad para rodearse de la gente adecuada permitió una modernización de esa secretaría que el país necesitaba (aunque luego al gente de Calderón pulverizó la mayoría de los avances). Atestigüé los primeros meses de su gestión en la SEP y las batallas campales a las que se enfrentó con la anquilosada líder sindical tras las puertas añosas de ese edificio desde el cuál Elba Esther ha destruido el sistema educativo del País. Y supe de la batalla que dio cuando Calderón sacrificó a la educación por un pacto político con la lideresa del partido-negocio familiar Nueva Alianza.

Pero también seguí de cerca cómo Josefina quedó atrapada en la sombría ambigüedad entre su visión progresista del desarrollo social y su esencia de sumisión ante una élite religiosa profundamente corrupta, que defiende a toda costa la intromisión religiosa en los asuntos políticos y que trae consigo los valores del patriarcado más recalcitrante que defiende pederastas, se codea con políticos deshonestos y llena sus arcas con dinero sucio del narcotráfico. Vi cómo su miedo a ser aplastada por un Felipe Calderón iracundo y sexista, le impidió pronunciarse contra la absurda estrategia guerrera que nunca debió darse sin asegurar un nuevo sistema de justicia penal. Su miedo la acercó demasiado a las alas conservadoras de la SEMAR y el Ejército que promueven la guerra y no aceptarán volver a sus cuarteles. Inteligente, pero presa de un partido que se autodestruye sin remedio, Josefina no tiene posibilidades de ganar, y votar por ella sería regalarle el voto al PRI.

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Argentina: apuntes para un hipotético “Manual de Gorilismo”

Dicho sea con perdón de los gorilas africanos, que son simpáticos, encantadores a veces, y no merecen que así se designe despectivamente a otras especies, es sabido que en la política argentina decirle “gorila” a alguien implica el señalamiento de cualidades que se suponen negativas. El así designado suele ser persona de clase media o alta, ultraconservadora, retardataria y temerosa de todo posible cambio, que aprueba los autoritarismos cuando le conviene y, sobre todo, visceralmente antiperonista.

No importa si su origen ideológico son las dizque derechas o izquierdas, o el siempre improbable centro. Lo que interesa, para esta modesta reflexión, es que el gorilismo describe una actitud argentina perfectamente identificable, que reaparece de manera circunstancial y que, en los últimos tiempos, aflora mediante alianzas inesperadas, asombrosas y que podrían ser divertidas si no fuera que son también peligrosas.

Identificar el gorilismo es fácil, ya que sus manifestaciones son el desprecio racista, el resentimiento de clase, un irreductible comportamiento necio, una decidida e indisimulable intolerancia y una ignorancia pertinaz (salvo en sus núcleos intelectuales, minoritarios, donde hay notables gorilas letrados).

El gorilismo hace que algunas personas tanto aplaudan a quien los manipula, utiliza y arruina, como insultan a los que tienen al menos la voluntad y el deseo de generalizar una vida mejor para la especie. Por ejemplo, el gorilismo dice compartir la idea de que la educación es el camino idóneo para el mejoramiento de los pueblos, pero consiente el cierre de escuelas y el maltrato a la docencia, y ni se diga de sus programas educativos, generalmente retrógrados. Desde luego les encanta la austeridad, pero de los otros. El gorilismo sabe y reconoce y admira que en los países del Primer Mundo se paguen impuestos, pero no quieren pagarlos aquí, y se autoconvencen con la fácil excusa de que “lo que pasa es que acá se roban la plata para hacer caja”.

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Grecia, la parábola del naufrago y el socorrista

Una razón de Estado supranacional, auspiciada en tándem por los mercados financieros y la Comisión europea, ha convertido en diana cualquier política que pretenda rectificar la hoja de ruta trazada por los arquitectos de la Unión. Sin autorización expresa de los pueblos que la conforman, y sin que conste en ningún lugar esa prescripción, la región está sometida de facto a una especie de derecho de injerencia que impide toda disidencia radical. Se cumple así lo anunciado por teóricos de la globalización como Samuel Huntington respecto a los peligros de un “exceso de democracia” para la gobernanza de las sociedades complejas.

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Libres en el limbo saharaui

Bir Lehlu, Sahara Occidental. La carretera desaparece en la arena nada más cruzar el puesto fronterizo de Tinduf, al oeste de Argelia. Tras 20 kilómetros a través del desierto, un cartel da la bienvenida a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Desde una caseta acotada con carcasas de obús, un hombre en camuflaje examina el pasaporte sin estampar sello alguno. Nada extraño, porque la RASD es reconocida por 82 países, pero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sigue considerando a Sahara Occidental como un "territorio en proceso de descolonización inconclusa".

Sahara Occidental fue víctima de un proceso de descolonización interrumpido en 1976, cuando España, su antigua potencia colonial, abandonó en enero el territorio y lo dejó en manos de Marruecos y Mauritania.

Desde el alto al fuego de 1991, Rabat controla la práctica totalidad del territorio, incluida la orilla que baña el Atlántico en el noroccidente africano, mientras que una exigua franja oriental permanece bajo control del Frente Polisario. Esa es la autoridad que la ONU reconoce como representante legítima del pueblo saharaui.

Sin apenas agua, ni luz, ni teléfono, ni hospitales, las tierras controladas por el Frente Polisario, también llamadas "territorios liberados", son un lugar inhóspito únicamente habitado por nómadas y, por supuesto, por los soldados saharauis.

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México. Derecho a no creerles

Miro una serie de grandes espectaculares en la carretera desde mi casa hacia Cancún, en ellos aparece el ex gobernador Félix González, quien gracias a un buen trabajo de Photoshop, parece estar al lado de Peña Nieto, ambos vestidos de prístino blanco, como novias vírgenes. Hay una tercera persona, Laura Fernández, la priísta que operó junto al Obispo de Quintana Roo la ley para encarcelar a las mujeres y adolescentes que buscaran abortar luego de una violación. Prometen de todo: seguridad, igualdad, medicamentos gratuitos, becas para madres solteras.

Usted pida y ellos ofrecen, al igual que todos los candidatos y candidatas que, en toda la geografía, juegan a que a la sociedad le interesa lo que tienen que decir. En todo el país la gente está harta, una gran mayoría cuenta los diez días que faltan para las elecciones no con la pasión de demócratas ilustrados que creen que su voto es verdaderamente útil, sino con el hartazgo de saber que miles de millones de pesos han sido tirados a la basura con unas elecciones carísimas para un resultado que, como el del 2006, dividirá la país nuevamente.

Por eso me parece importante reivindicar nuestro derecho a no creer en este proceso democrático, a no confiar en las y los candidatos. Cuando una o un columnista me asegura que el IFE es confiable, le creo, pero eso no significa que la democracia lo sea. Elijo escribir la verdad como la vivo, como una ciudadana que sabe que cada minuto se cometen 43 delitos, uno cada segundo y medio. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE), casi 18 millones de personas fueron violentadas en el país, es decir tres millones más de el total de habitantes del Estado de México.

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Entrevista con el diputado griego de SYRIZA, Manolis Glezos, de 94 años, héroe de la resistencia al nazismo

Sin embargo, no se detiene en lamentos, muy por el contrario. Por eso eligió la batalla política y las ideas de Syriza para vencer a sus dos enemigos: Amanecer Dorado y los planes de austeridad promovidos por la Unión Europea, en especial por Alemania. Al igual que Syriza, Glezos denuncia a “los bancos internacionales, las agencias de calificación y los fondos de inversiones que asientan su poder en Europa y en el mundo y se preparan a destruir los Estados y la democracia utilizando el arma de la deuda”

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Honduras fue laboratorio para nuevo tipo de «golpe «institucional» en Paraguay

 

Para analistas hondureños, la derecha latinoamericana estudia métodos aparentemente “democráticos” para frenar gobiernos comprometidos con cambios sociales.

El golpe que en junio de 2009 derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya, no sólo quebrantó el orden constitucional del país sino que fue  “un laboratorio para testar nuevos tipos de golpes de estado en América Latina”, dijo Betty Matamoros, miembro destacado del FNRP (Frente Nacional de Resistencia Popular) de Honduras.

Según ella, lo que está aconteciendo en estos días en Paraguay, así como el intento de golpe contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa, en septiembre de 2010, refuerza aún más lo que la resistencia hondureña siempre ha sostenido en los últimos años.

“La derecha internacional ha estado estudiando nuevas modalidades para dar golpes de estado técnicos, con cara democrática e institucional, para poder frenar la lucha social de los pueblos y los avances de los gobiernos progresistas en América Latina”, manifestó Matamoros en una entrevista con Opera Mundi.

Este viernes pasado (22/6), después de un proceso de impeachment que duró menos de 30 horas, el Senado de Paraguay destituyó al presidente Fernando Lugo, cuyo mandato finalizaba en 2013.

La activista no es la única voz en el país que considera el uso de mecanismos contemplados por la ley para derrocar a presidentes legítimos como uno de los nuevos metodos adoptados después del golpe en Honduras.

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Por la reactivación de los ferrocarriles argentinos

 

Cuenta mi papá, ferroviario de alma, quien aun lleva la camiseta de los ferrocarriles argentinos (y que, cuando jugaba a aquél famoso juego "El estanciero" siempre se compraba todos los ferrocarriles…!!), que cuando Frondizi era presidente, desde los EEUU se intentaba imponer el plan Larkin. Mas rutas y menos ferrocarril, esa era la premisa. Y, despacito, lo lograron. Los ferroviarios iniciaron una huelga de 45 días durante los cuales mi papá debió buscarse otra ocupación para mantenernos.Aparentemente el plan no se impuso… de inmediato, pues a la larga… (con la paciencia de la araña) los intereses extranjeros se iban a imponer. La idea era el achicamiento de la red ferroviaria en beneficio de las empresas de transporte automotor. Este plan se iba a producir lenta pero con seguridad.La construcción de rutas, autopistas, etc siempre se esgrimió como fuente de trabajo (provisorio), pues sabido es que al cabo de 1 o 2 años el camino, ruta, etc queda terminado y también la fuente de trabajo. Pero más aún, las obras se realizan financiadas con préstamos del exterior… que aumentan la deuda y la dependencia.

 

Volviendo al tema del ferrocarril, es un medio ideal para transportar muchas veces más carga y pasajeros, con costos muchísimo mas bajos que los que ofrecen otros medios de transporte (excepción de los tiempos del gobierno de Miguel Juárez Celman en que con el "invento" de los ferrocarriles garantidos, las empresas de ferrocarril con inversión de capital inglés podían cobrar tarifas a su antojo y mantener sus ganancias gracias a la garantía que le Estado les daba en ese y en otros sentidos …).

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Somos víctimas de la inversión española

Dos velas en cada extremo custodian el diminuto féretro blanco. Rodeándolo, la oscuridad, y sumergida en ella, el pueblo de los Nonam. La comunidad afrocolombiana de Buenaventura, que mucho sabe de paramilitarismo y desplazamiento forzado, se ha sumado al velatorio por solidaridad.

 

Míralos, me recuerdan a nosotros cuando tuvimos que salir corriendo de nuestro territorio, aunque para ellos es más duro, pues hablan poco español y fuera de su hábitat es difícil que puedan sobrevivir». Geraldine, hija y nieta de lideresas afrocolombianas, sostiene la cabeza de otro de los bebés indígenas que podría morir debido al hambre y la insalubridad causada por el desplazamiento, tal como hoy le ha sucedido a la pequeña Heidy Membache, de apenas un año. «Aquí los desplazados por el negocio del puerto y terminal español estamos siendo exterminados. Esta familia no tuvo ni para el fármaco. En Colombia, tristemente, es normal». El medicamento que pudo haber salvado la vida de una niña desnutrida y enferma, cuesta 7.000 pesos (unos tres euros) y en el hospital estatal al que acudieron no lo proporcionan ni en casos extremos. «Quizás porque el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha robado 33.000 mil millones de pesos (el 6% del PIB)», denuncia la joven afro. Y lo cierto es que no especula. El mismo presidente se vio forzado a reconocer estos datos en una audiencia reciente, aunque desde entonces, nada ha cambiado. Hoy los hospitales siguen sin hacerse cargo de la salud y las organizaciones no gubernamentales, tantas veces criminalizadas por Santos y Uribe, han de hacerse cargo de la población abandonada. «Mira ese, niño y también esa bebecita, ¿escuchas como tosen?. Pronto se les disparará la fiebre y morirán con diarrea o afección pulmonar. Están al límite». En las próximas horas, otros dos bebés han entrado en estado crítico. El agua infectada, la desnutrición, las elevadas temperaturas y la falta de higiene (toda la comunidad indígena duerme en el suelo bajo un techo de paja) terminarán el trabajo de exterminio al que las fuerzas oscuras que poseen Colombia les ha condenado.

 

Con hombres armados sacando los rifles por las ventanas, un interminable convoy de vehículos blindados, militares y policiales pasa a gran velocidad por delante de la chabola que, a orillas de la carretera, cobija a los desterrados. Se trata de la delegación presidencial que ha venido a Buenaventura acompañada de los empresarios españoles. En las próximas horas inaugurarán en el super puerto, la enorme terminal de contenedores que según sacerdotes, indígenas y defensores de los derechos humanos, «ha causado un gran desplazamiento, que muchas vidas ha costado». La empresa responsable del polémico proyecto es la española Grup TCB propiedad del Deutsche Bank y la familia Pérez Maura, quien tiene a uno de sus hermanos, Ramón, trabajando como director adjunto del diario «ABC» (Grupo Vocento) y analista de Internacional.

 

Antonio, padre de otro bebé indígena que agoniza, explica una dinámica de consolidación paramilitar que al resto de Colombia, tampoco le es ajena. «Nos sacaron de nuestro territorio. Como a nosotros a muchos afros y campesinos. Primero vienen las Aguilas Negras o los Rastrojos (grupos paramilitares de ultraderecha amnistiados por el Estado que continúan activos) y luego entra la Fuerza Pública a militarizar nuestro entorno. Nosotros aguantamos lo que pudimos, pero sabemos lo que son las matanzas y la impunidad con la que actúa esta gente, así que huímos». Las salidas al mar del Valle del Cauca son aguas sumamente rentables para el narcotráfico, la oligarquía y las empresas transnacionales. Básicamente se puede decir que el control de los municipios entre Calima y San Juan (donde habitan los afros y los Nonam) tiene que ver, según informan los afectados, con el tráfico de drogas y el aseguramiento territorial para las obras de infraestructura relacionadas con el negocio que se viene dando en el puerto y la terminal de contenedores.

 

Para Danilo Rueda, abogado e investigador de la ONG, Justicia y Paz, «estamos en un momento de mucho desarrollo del modelo agroindustrial y de operaciones sustractivas como la minería a cielo abierto o el petróleo. Toda esta explotación de los recursos naturales a manos de transnacionales, necesita vías, auténticos megaproyectos, para sacar la riqueza al mercado internacional, y de ahí surge la necesidad de crear un terminal de contenedores portuario como el de los españoles en Buenaventura».

 

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