Una firma china quiere instalar en Argentina un nuevo modelo de explotación colonial

VALLES DE RÍO NEGRO. Los ambientes nativos son fábricas de suelo y de agua, y ningún cultivo puede sustituir estas dos funciones primordiales.

El reconocido biólogo y activista ambiental Raúl Montenegro cuestiona los impactos ambientales y sociales del acuerdo firmado entre el gobierno de la provincia de Río Negro y el grupo económico chino Beidahuang, bajo el cual se encubre una nueva modalidad de extranjerización de la tierra. El acuerdo habilita a la provincia a arrendar por 20 años, más de 300.000 hectáreas para la producción de soja, colza y otros cultivos industriales, en los valles inferior y medio del Río Negro y un sector de la costa del Río Colorado.

¿Qué alcances tiene el acuerdo entre la firma china y la provincia de Río Negro?

Ante todo es un acuerdo entre el gobierno de Río Negro y la corporación china Heilongjiang State Farms para plantar soja y otros cultivos en terrenos que arrendaría la provincia. La empresa estatal china -en español “Granjas Estatales Heilongjiang”- pertenece al grupo económico Beidahuang que integra, entre otras empresas, a Heilonjiang Agriculture Co., Beidahuang Rice Industry, Wondesun Pharmaceutical Co y Beidahuang Meat Industry. Las Granjas Estatales Heilongjiang manejan 113 establecimientos rurales en el noreste de China, donde ocupan una superficie total de 56.200 kilómetros cuadrados.

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Alimentos y cambio climático: el eslabón olvidado

Si se toman medidas para reestructurar la agricultura y el sistema alimentario mundial en torno a la soberanía alimentaria, a la agricultura en pequeña escala, a la agroecología y los mercados locales, podríamos cortar a la mitad las emisiones globales de gases con efecto de invernadero en unas cuantas décadas. No necesitamos mercados de carbono ni remiendos tecnológicos. Requerimos políticas acertadas y programas que erradiquen el actual sistema alimentario industrial creando en cambio uno que sea sustentable, equitativo y verdaderamente productivo.

Los alimentos son un promotor clave del cambio climático. El proceso industrial entre que se producen los alimentos hasta que terminan servidos en nuestra mesa provoca cerca de la mitad de las emisiones de gas con efecto de invernadero generados por los humanos. Los fertilizantes químicos, la maquinaria pesada y otras tecnologías agrícolas dependientes del petróleo contribuyen significativamente. El impacto de la industria alimentaria como un todo es incluso mayor: se destruyen bosques y sabanas para producir forrajes animales y se generan deshechos que dañan el clima por el exceso de empaques, procesado, refrigeración y transporte de los alimentos a grandes distancias, a pesar de que millones de personas continúan con hambre.

Un nuevo sistema alimentario podría ser un promotor clave de soluciones al cambio climático. La gente por todo el mundo toma parte en luchas por defender o crear nuevas formas de cultivar o compartir alimentos que sean mucho más sanos para sus comunidades y para el planeta. Si se toman medidas para reestructurar la agricultura y el sistema alimentario mundial en torno a la soberanía alimentaria, a la agricultura en pequeña escala, a la agroecología y los mercados locales, podríamos cortar a la mitad las emisiones globales de gases con efecto de invernadero en unas cuantas décadas. No necesitamos mercados de carbono ni remiendos tecnológicos. Requerimos políticas acertadas y programas que erradiquen el actual sistema alimentario industrial creando en cambio uno que sea sustentable, equitativo y verdaderamente productivo.

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Declaración de Guna Yala. Foro indígena de Abya Yala sobre el cambio climático

Foro Indígena de Abya Yala sobre Cambio Climático.

Declaración de Guna Yala

Los Pueblos indígenas de Abya Yala reunidos en el marco de la XVI sesión del grupo de trabajo Ad-hoc sobre protocolo de Kyoto y la XIV sesión del grupo de trabajo de cooperación de largo término que se está realizando en Ciudad de Panamá del 1 al 7 de octubre de 2011 y con pleno respeto a nuestra Madre Tierra y siguiendo los caminos blancos de lucha y sabiduría que dejaron nuestros abuelos y abuelas, expresamos lo siguiente:

Los pueblos indígenas habitamos los ecosistemas más frágiles del planeta, como son: bosques, desiertos, páramos, montañas, glaciares, círculo polar e islas, entre otros, constituyendo los Pueblos más vulnerables frente a los efectos del calentamiento global. Los impactos que genera la agresión climática causada, principalmente, por la contaminación y el consumismo industrializado, ponen en peligro nuestra Madre Tierra, cultura, medio ambiente y sustento.

Los efectos de la crisis y agresión climática ya son catastróficos. Se perciben fácilmente cuando enfrentamos en nuestros territorios variaciones climáticas como lluvias prolongadas, inundaciones y sequías, desglaciaciones, aumento del nivel del mar, expansión de enfermedades endémicas, incendios en los bosques, alteración en los ciclos agrícolas, nuevas epidemias y hambre.

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El BNDES es corresponsable de los conflictos en Bolivia

"Rechazamos la actitud del BNDES y el Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo caso omiso de las verdaderas aspiraciones de la población boliviana, poniendo los intereses económicos de empresas brasileñas y las ganancias por encima del respeto a la vida, la biodiversidad, el derecho de los pueblos indígenas en ese país y la soberanía del pueblo boliviano”.

El 25 de agosto, las organizaciones de la Plataforma BNDES y sus socios, tanto en Brasil como los países de América Latina, presentó en el Banco Nacional de Desarrollo Económico e Social (BNDES) una carta, dirigida al presidente de la institución, Luciano Coutinho, que exige la suspensión inmediata del financiamiento para el proyecto de construcción de carreteras que tiene como objetivo conectar las ciudades de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, atravesando y separando territorio indígena y el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia. Con 306 kilómetros, esta carretera estima su coste en 415 millones de dólares, de los cuales 332 millones (80%) son financiados por el BNDES.

En la carta, las organizaciones afirman que "… estos fondos, otorgados en virtud del contrato de Cooperación Financiera entre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y el Gobierno de Bolivia, país que viola los derechos de muchos y socava la convivencia armónica entre los pueblos de Brasil y Bolivia."

También añade que las obras en el TIPNIS violan la Constitución del Estado boliviano, la Ley boliviana de Medio Ambiente y el Reglamento de Áreas Protegidas, así como las convenciones internacionales como la OIT 169.

Por otra parte, parece que el gobierno boliviano ha promovido una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas afectadas por esta obra.

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Las poblaciones denuncian que los agrotóxicos y los transgénicos enferman a las personas y los cultivos tradicionales

Los informes señalan la connivencia del gobierno en la contaminación del medio ambiente y los seres humanos por el uso de venenos en la agricultura. Investigaciones en Mato Grosso (Brasil) muestran las anomalías en animales encontradas en localidades con altos índices de utilización de plaguicidas.

En Lucas do Rio Verde, un trabajador rural fue al Instituto de Defensa Agropecuaria del Estado de Mato Grosso (Indea-MT) para denunciar que un avión pasaba siempre sobre su propiedad y los pesticidas que lanzaba sobre las extensas plantaciones de monocultivos en la región afectaban a sus cultivos. El “Indea”, que es el órgano que debe tener control sobre el uso de plaguicidas en la región, ni siquiera tenía un registro de los aviones que llevan a cabo la fumigación aérea. "Fotografíé el número del avión cuando pase", le dijo uno de los funcionarios de la Oficina al trabajador rural."Pero mi herramienta es una azada, y no una cámara", contestó el granjero.

Este episodio nos lo relata la bióloga Lindonésia Andrade, miembro de la Organización para el Medio Ambiente Rioverdense (Olum), que, junto con investigadores de la región, constantemente denuncian los problemas graves de salud provocados por el uso de los agrotóxicos. Este informe de Lindonésia se expuso en el Diálogo temático “Ingeniería Genética, Salud Ambiental, la Justicia Ambiental y Agroecología” en el tercer día de actividades del Diálogo Nacional y Convergencia. La bióloga tenía fotos de animales con diversas anomalías, tales como un cerdo con ocho patas que nació en una de las propiedades vecinas a los cultivos que utilizan pesticidas, y varias deformidades en anfibios de los estanques y ríos del municipio.

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El arroz en la vida y el territorio

Luego del desplazamiento de 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003 y ahora en 2011, por la violencia paramilitar los afrodescendientes de Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica en Colombia, han desarrollado múltiples formas de promoción de la vida campesina y la salvaguarda de sus usos y costumbres.

Amparados bajo el principio de distinción de la población civil en medio del conflicto armado se han fortalecido las Zonas Humanitarias, pero basados también en el derecho a la alimentación, a la reconstrucción de ecosistemas y la protección ambiental constituyeron las Zonas de Biodiversidad , mecanismos para hacerle frente a la presión constante de los invasores de los territorios. Estos, llamados en el derecho, ocupantes de mala fe, bajo el desarrollo de estrategia paramilitares apoyadas por empresarios con medios fraudulentos han fomentando la ganadería extensiva, la promoción de cultivos de uso ilícito, la explotación de recursos naturales, la tala indiscriminada de árboles y el control económico asociado a los cultivos agroempresariales de plátano, yuca o palma aceitera Así, las formas de afirmación de sus derechos, su habitación en el teerritorio al que regresaron atraviesan por la salvaguarda de las relaciones culturales rurales en las cotidianidad del preparar la tierra, de sembrarla, de cosecharla y de compartir la mesa.

El arroz es sustancia, es complemento, es parte de la vitalidad, anima el presente y arraiga.

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Política agraria común, menos común de lo que parece

En el año 2010, cerca de 900.000 personas y entidades del estado español, se beneficiaron de los más de 5.000 millones de euros en ayudas económicas enmarcadas dentro de la Política Agraria Común (PAC). Sin embargo, estas espectaculares cifras no deben confundir, pues una cosa es repartir y otra muy distinta es hacerlo con justicia y equidad.

Según el informe “Una injusticia llamada PAC”, editado recientemente por la organización Veterinarios Sin Fronteras, el 16% de los favorecidos por las subvenciones en el estado español lograron hacerse con el 75% del monto total. Los 58.000 mayores beneficiarios (7% del conjunto) se embolsaron cerca de 2.600 millones de euros, es decir la mitad.

Entre los agraciados se encuentran terratenientes, hacendados y aristócratas, como la familia “Osborne”, que recibió más de un millón de euros. Pero también hay grandes empresas del agronegocio, que suelen adquirir productos de agricultores y ganaderos para manufacturarlos y venderlos después. Por ejemplo, “Azucarera Ebro” -que percibió 61 millones de euros de las ayudas de la PAC- controla la mitad del mercado del azúcar en el estado español y tiene intereses en los agrocombustibles. Según este informe, pertenece a la British Sugar Company, una de las mayores corporaciones a nivel mundial en el sector y que además posee inversiones en África. Esta transnacional ha recibido más capital de la PAC, que la Xunta de Galicia o la Junta de Castilla León para sus programas de desarrollo rural. Dicha cantidad es mucho más elevada que la destinada en 2010 por el Ministerio de de Medio Ambiente, Rural y Marino, a su Plan Integral de actuación para el fomento de la Agricultura ecológica.

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Por el derecho de los agricultores y agricultoras a vender sus propias semillas

Manifiesto por el derecho de los agricultores y agricultoras a vender sus propias semillas de variedades tradicionales

Para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

A pesar de que vivimos en uno de los entornos con mayor diversidad agrícola de Europa, desde las administraciones siguen sin ponerse en marcha iniciativas para que las variedades locales vuelvan a llenar de olores y sabores las mesas de nuestros hogares, devolviéndonos una alimentación de calidad que nunca deberíamos de haber perdido.

Salvo escasas excepciones, no existen políticas públicas que nos ayuden a conocer y dar a conocer esta biodiversidad. Ni políticas agrarias que propicien que los agricultores que lo deseen vuelvan a sembrar las variedades tradicionales en nuestros campos. Uno de los principales obstáculos para que podamos sembrar y disfrutar estos alimentos son las limitaciones legales que tienen agricultores y agricultoras para vender sus semillas, lo que supone una catástrofe para la biodiversidad agrícola, ya que provoca que prácticamente sólo se estén cultivando en nuestros campos variedades comerciales, en su mayoría híbridas, multiplicadas por grandes empresas productoras de semillas. Para blindar y perpetuar esta situación, todo lo referente a la comercialización de semillas en nuestro país está fuertemente reglamentado. Además, la adaptación de la legislación nacional a las normativas europeas no mejora la situación ya que los actores continúan siendo las empresas, y agricultores y consumidores quedan relegados a un papel pasivo de meros compradores.

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Foro Europeo: «Soberanía Alimentaria, una respuesta a la crisis»

Durante los días 16 a 21 de agosto, la ciudad de Kreims (Austria) ha acogido al Foro Europeo por la Soberanía Alimentaria “Nyeleni Europa 2011”. Este Foro recoge el nombre y el mandato del Foro Mundial de Nyeleni (Malí-2007), de construir alianzas por la Soberanía Alimentaria.

El encuentro mundial de 2007 fue organizado por la Vía Campesina, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de Malí (CNOP), la Red de Organizaciones Campesinas y de Productores de África del Oeste (ROPPA), el Comité de Planificación Internacional para la Soberanía Alimentaria con sede en Roma (IPC), el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF), el Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP), la Marcha Mundial de Mujeres, Amigos de la Tierra y la Red para la Soberanía Alimentaria. (1) El Foro Europeo “Nyeleni 2011” ha sido impulsado inicialmente por la Coordinadora Europea de Vía Campesina, Amigos de la Tierra Europa, Attac Europa, la Marcha Mundial de Mujeres y el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, es decir, las organizaciones europeas o mundiales con sede en Europa que promovieron el encuentro en Malí a las que se añade Attac.

En Kreims se han congregado 400 personas procedentes de 34 países, representando a 120 organizaciones e individuos de la sociedad civil y los movimientos sociales. De España han participado 22 personas representantes de organizaciones agrarias, ecologistas, de consumidores y de cooperación agrupadas en la Plataforma Rural. Han debatido por grupos de trabajo repartidos en cinco grandes áreas temáticas:

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¡No a los transgénicos en Nicaragua!: protejamos la biodiversidad

Urge la creación de un marco jurídico para la protección de los recursos genéticos.

Nicaragua es unos de los países con el mayor nivel de biodiversidad del planeta. Cuenta con más de 13 mil especies y el 5 por ciento de la biodiversidad mundial. Estos recursos genéticos representan alrededor del 75 por ciento de sus exportaciones, asumiendo una importancia equivalente a la que el petróleo tiene para los países altamente industrializados. Sin embargo, en Nicaragua hay todavía una asignatura pendiente: crear un marco legal para la conservación y el uso sostenible de su biodiversidad

La Ley General del Medio Ambiente, aprobada en 1996, estableció que se tenía que elaborar una legislación específica en materia de biodiversidad. Han pasado 15 años y todavía no se ha logrado llegar a un consenso alrededor de ese tema.

Es algo primordial para Nicaragua, porque quiere decir que la biodiversidad ha tenido su política, sus planes y su estrategia, pero no una ley y un reglamento que definan un marco legal para su conservación y uso sostenible”, dijo a Sirel, Julio Sánchez, miembro del Centro Humboldt y de la Alianza de Protección a la Biodiversidad-Nicaragua (APB-N), que la Rel-UITA integra.

En 2006 se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que fue consensuado con todos los sectores involucrados. Luego de un largo proceso de consulta y negociación, en 2010 se logró terminar su revisión y ajuste a los nuevos avances tecnológicos y jurídicos.

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