Ceuta y Melilla: NO a la instalación de fronteras inteligentes

Agencia Mp3. LQSomos.

Más de medio centenar de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como SOS Racismo (Madrid y Cataluña), Red Acoge, Oxfam Intermón, Caminando Fronteras, Stop Mare Mortum, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Associació de Software Lliure Decidim, Conciencia Afro, Rights International Spain, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe… han denunciado, este pasado jueves 14 de enero, el uso cada vez más extendido de herramientas inteligencia artificial para el control de las fronteras por parte de la UE.

Así se recoge en el manifiesto ‘La implantación de la Inteligencia Artificial en la frontera y la vulneración de derechos’, donde exigen que la regulación europea en este ámbito incluya también su uso en el control fronterizo, algo que no sucede en la actualidad.

Hasta ahora, a los ciudadanos extracomunitarios que quieren entrar en España se les recoge su información personal y un documento que acredite su identidad. El plan acordado en 2017 por la Comisión Europea complementa ese modelo con el uso de cámaras de reconocimiento facial que detecten los rostros de los viajantes, recaben cuatro huellas dactilares, registren las fechas y lugares de entradas y salidas y también los casos de denegación.

A finales de 2019, el Ministerio del Interior avanzó que el despliegue de esa nueva herramienta informática fronteriza tendría un coste de 4,1 millones de euros, resaltándose que las obras debían finalizarse en un periodo de 24 meses, aunque este no se ha cumplido.

Ese sistema es visto con preocupación por más de 40 organizaciones civiles especializadas en la defensa de los derechos digitales y en la protección de colectivos vulnerables como los migrantes. “La ‘frontera inteligente’ supone un peligro de discriminación y criminalización y la convierte en un nuevo dispositivo racista dentro del Estado español”, denuncian.

Y es que, lejos de ser perfectos, los sistemas de IA incurren en más errores de identificación con personas racializadas y con menores de edad, pues entrenan la precisión de sus algoritmos con datos mayoritariamente de personas caucásicas y adultas.

Es por eso que las más de 40 organizaciones que denuncian esa medida piden que se permitan auditorías externas para detectar fallos del algoritmo e incorporar de forma sistemática a observadores de derechos humanos en los puestos fronterizos donde se apliquen esas cámaras.

El principal argumento esgrimido para implantar la “frontera inteligente” es su supuesta eficiencia agilizando los controles fronterizos. Todos los datos almacenados se cruzarían con los registrados en los controles de identidad que hay en los puertos y aeropuertos españoles para comprobar así la coincidencia entre entradas y salidas. Dicho de otra forma, ese sistema de IA busca detectar de forma automática quién entra y sale del país y lanzar alertas si algún extranjero está en el espacio Schengen de libre circulación europea con su visado caducado. Esos datos se guardarían entre tres y cinco años y después deberían ser borrados. A pesar de esa promesa, fuentes gubernamentales señalaron al diario ‘El País’ que la frontera será más segura “pero de flujo menos ágil”.

La Unión Europea (UE) trabaja en una regulación que prohíbe los sistemas de reconocimiento facial al entender que tienen un “alto riesgo” pero los permite en casos excepcionales por seguridad, delitos o prevención del terrorismo, lo que abre la puerta a su uso en las fronteras. “Desde los atentados del 11-S se usa el pretexto del terrorismo para evitar la fiscalización de este tipo de medidas”, denuncia Valdivia. Las organizaciones firmantes piden eliminar esa excepcionalidad.

El comunicado también señala que la recopilación de los datos biométricos de personas vulnerables viola su privacidad y puede tener “consecuencias no deseadas”, como agilizar el traslado de solicitantes de asilo de un estado miembro de la UE a otro en contra de su voluntad. El Convenio de Dublín establece que los migrantes deben pedir asilo en el primer país europeo en el que entran, aunque sus familias residan en otro.

Marruecos cerró su frontera el 14 de marzo de 2020 forzada por la irrupción de la crisis del coronavirus. Tras casi dos años de cierre, se prevé que vuelva a abrirla durante la primera mitad de este año, aunque aún no hay una fecha concreta. La compleja situación de Ceuta y Melilla —sobre las cuales Rabat reclama su soberanía— llevó al ejecutivo de Pedro Sánchez a crear el pasado diciembre una comisión para estudiar el plan de reapertura de las fronteras, según avanzó ‘El País’. En esta comisión participan departamentos de Presidencia, Política Territorial, Interior, Asuntos Exteriores, Hacienda, Sanidad y el servicio secreto (CNI).

Además de la llamada “frontera inteligente”, la reapertura de las fronteras de Marruecos supone otros retos mayúsculos para el Gobierno español como son la situación comercial y económica de Ceuta y Melilla, la posibilidad de incluirlas en el espacio Schengen, la compatibilidad de las vacunas contra el covid-19 entre territorios o las peticiones de asilo y refugio.

Leer manifiesto: La implantación de la Inteligencia Artificial en frontera y la vulneración de derechos, clic aquí
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