Colombia. La desventura de Buenaventura

Piedad Córdoba. LQS. Diciembre 2020

El trasfondo de la realidad dantesca de las llamadas “casas de pique” o las masacres cotidianas en pleno 2021 se puede resumir en que en el Puerto de Buenaventura se cruzan circuitos económicos legales que se entroncan con ilegales: narcotráfico y tráfico de armas, microtráfico, extorsiones, peajes y control de comercio local, cultivos para uso ilícitos…

La desventura de Buenaventura incluye la violencia que está cegando la vida de sus jóvenes, pero también las causas de ésta: la pobreza y la exclusión heredadas, y un establecimiento racista indolente con sus problemáticas, que solo ambiciona los territorios de sus comunidades.

El pasado 10 de febrero, la juventud de Buenaventura impulsó una nueva movilización contra la muerte. La violencia que azota al pueblo bonaverense como a todo el pueblo afrocolombiano es violencia estructural producto del racismo y la exclusión histórica, es acumulación por despojo de sus territorios y hace parte del genocidio étnico y el etnocidio en curso, como lo presenté el año pasado ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. La actual crisis que ha permitido poner a la ciudad en el centro de la preocupación nacional, es el desborde de un conflicto de proyectos territoriales que lleva varias décadas, y que supera de lejos el problema de seguridad o de orden público, lo que exige una política integral para su resolución.

Vale la pena tener en cuenta el informe de 2015 del Centro Nacional de Memoria Histórica “Buenaventura, un puerto sin comunidad” que muestra como el municipio ha vivido distintas reconfiguraciones espaciales en la división de la ciudad y el desarrollo del puerto, apropiaciones socio-territoriales a través de titulaciones colectivas impulsadas por las organizaciones afrodescendientes versus la imposición de ordenamiento territorial en función de megaproyectos logísticos o turísticos, que privilegian los planes para la ampliación del puerto de carga y también la reconstrucción de un nuevo puerto en Bahía Málaga para barcos que requieren mayor calado, lo mismo que el desalojo de los habitantes de los barrios de bajamar, la carretera doble calzada Buenaventura-Buga, lo mismo otros desplazamientos de pobladores para impulsar los intereses comerciales entre ellos el nuevo malecón. Es sobre estos conflictos -y su despojos- que entra a operar y entrecruzarse el accionar de las mafias ilegales de lo que algunos académicos han denominado acertadamente, la empresa capitalista criminal transnacional del narcotráfico, que existe gracias a sus evidentes nexos con la legalidad.

Una ciudad que mueve más de 400 billones de pesos al año a través de su puerto, no puede tener en la miseria a la mayoría de su población, ni como principal empleador al narcotráfico. No va a haber desactivación de los circuitos del narcotráfico que han convertido a Buenaventura en zona de disputa de carteles trasnacionales, si no se desactiva igualmente la problemática de los cultivos de uso ilícito en todo el Pacífico colombiano. Buscar acabar con el narcotráfico militarizando el puerto es tan inútil como hacerlo fumigando nuestras selvas y ríos. Sin un plan integral que incluya reforma rural y sustitución voluntaria para las y los cultivadores, se mantendrán las altas rentabilidades para el negocio ilegal, con sus beneficios a muchos negocios “legales”.

En el Acuerdo de Paz, se contempló un Plan Piloto para el desmantelamiento de organizaciones sucesoras del paramilitarismo que iniciaba en Buenaventura y Tumaco, que contemplaba cambios en la fuerza pública a cargo de las dos ciudades, con graves problemas de corrupción. También incluía a Buenaventura como municipio PDET lo que la priorizaba para la implementación de planes de desarrollo y reparación de víctimas, y le garantizaba su representación política propia junto con otros municipios del Pacífico en la Cámara de Representantes a través de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. Nada de esto se ha cumplido a casi 4 años de la firma. Tampoco se han cumplido los acuerdos surgidos del Paro Cívico de mayo del 2017 que contemplaban mejorar el acceso a salud, educación y agua potable para todos sus habitantes. A nuestros pueblos no nos cumplen ningún acuerdo y menos a los afros, desde 1619 cuando la Corona Española violó lo pactado con Benkos Biohó lo capturó para ahorcarlo y descuartizarlo 1621. Cuatrocientos años incumpliéndonos.

El trasfondo de la realidad dantesca de las llamadas “casas de pique” o las masacres cotidianas en pleno 2021 se puede resumir en que en el Puerto de Buenaventura se cruzan circuitos económicos legales que se entroncan con ilegales: narcotráfico y tráfico de armas, microtráfico, extorsiones, peajes y control de comercio local, cultivos para uso ilícitos, minería criminal, lavado de activos y establecimiento de negocios conexos al circuito portuario, presencia guerrillera y arribo paramilitar desde el año 2000, pugna territorial y disputa por las comunidades, logrando corromper incluso a algunos líderes. Toda esta conflictividad se ha expresado en los métodos atroces de violencia y terror, donde no sólo se cometen asesinatos, sino que pican los cadáveres, se ejecutan homcidios selectivos, desapariciones forzadas, masacres, atentados contra la población civil, combates, enfrentamientos y hostigamientos, que configuran un terror permanente, desterritorialización, construcción de lógicas del horror, desestructuración de las estructuras familiares y de las redes de parentesco. Todo ello redunda en el debilitamiento de la cultura comunitaria del pueblo afrodescendiente, la pérdida del significado del control y de la autonomía territorial por parte de las comunidades, la instauración de un nuevo orden social basado en la violencia y en la lógica armada, daños económicos generados por las dinámicas económicas y violentas, pauperización creciente de los pobres, incremento de la desigualdad, pérdida en la capacidad de producción y crecimiento de los negocios adelantados por las comunidades locales. No obstante, a pesar de este panorama, la organización y la movilización social persisten en medio del terror y el despojo, como nos lo recuerda la convocatoria a la que me uno de SOS Buenaventura.

El problema de orden público de Buenaventura y de todo el Pacífico, es solamente su expresión más evidente pero no su causa. Por ello, no se resuelve esencialmente dentro de las políticas de seguridad, y menos aún con la elevación constante del pie de fuerza militar que ocupa la ciudad. Buenaventura necesita un Plan de Choque Social, un proyecto piloto nacional que incluya entre otras la aplicación del modelo de renta básica, de promoción a la creación y a la formalización del empleo. Buenaventura y los pueblos afrocolombianos del Pacífico no necesitamos “más Estado” como se clama en los cafés bogotanos, necesitamos OTRO tipo de Estado, que supere el racismo estructural y la exclusión histórica planteando un modelo económico productivo e inclusivo; otro tipo de Estado que abandone la infértil política de militarización de la vida social que ha demostrado su ineficacia y opte por el reconocimiento de las comunidades y garantice la apropiación de éstas sobre sus territorios. Solo así podrá tener ventura mi Buenaventura.

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