Colombia. La pandemia y el país de las justas proporciones

Félix León Martínez*. LQS. Febrero 2021

Veremos si la gravedad de la situación (50.000 muertos y contando), no obliga al gobierno colombiano a tomar en serio el control de la transmisión del virus y se decide -nueve meses después- a invertir el billón de pesos que solicitan las asociaciones médicas, científicas y de investigación en salud…

Desde finales de los años setenta, hizo fama -al tiempo que se convirtió en objeto de burlas-, una frase de campaña del presidente Turbay, con la que anunciaba reduciría la corrupción “a sus justas proporciones”. Cuarenta años más tarde, llegamos a descubrir que uno de los más reconocidos pensadores del siglo XX, Foucault, señalaba que reducir la criminalidad a sus justas proporciones era, precisamente, entender la nueva forma de gubernamentalidad del Estado, que afirmó el liberalismo económico, a partir de principios utilitaristas.

Es decir, se trata de no desperdiciar esfuerzos, más allá de lo redituable, en cualquier propósito de Estado. Tiene que ver esta máxima, por una parte, con la curva matemática que describe el logro de metas de cobertura en diversos programas y fenómenos sociales, un comienzo de fuerte ascenso y posteriormente una tendencia hacia la horizontalización, que hace que para lograr la cobertura del último 10% de la población o el último 10% de la meta, se requiera tanto esfuerzo como para lograr el primer 90%. Por ello, desde el nacimiento del liberalismo, la racionalidad del Estado moderno no plantea, por ejemplo, eliminar el delito, sino que pregunta cuál es la forma más barata y efectiva para reducir el índice de un determinado delito, como el homicidio, a niveles aceptables.

Por otra parte, esta visión utilitarista incorpora los cálculos de factibilidad y eficacia en casi todas las decisiones del Estado, porque la legitimidad de las acciones del gobernante ya no se juzga desde la moralidad o la justicia -es decir, desde una visión ética-, sino en función de que logre o no el “éxito” con la aplicación de sus políticas, es decir por la capacidad de gestionar y dar respuesta efectiva a los deseos y demandas de la sociedad.

Sin embargo, las políticas para el gobierno de las poblaciones llevan implícitas siempre dos racionalidades, según Weber, la primera una racionalidad con respecto a valores en juego (justicia, equidad, libertad, poder, vida, naturaleza, humanidad, ciudadanía) y la segunda una racionalidad con respecto al resultado (eficiencia, eficacia, probabilidad de éxito, riesgos y costos). De este modo, no puede hablarse del éxito, la eficacia o el buen resultado de cierta política de gobierno, sin tener en cuenta los valores éticos referentes que la enmarcan, es decir, que necesariamente debe sopesar a quienes benefician los resultados y a quienes no.

Con un poco de audacia y menos del 2% del gasto en salud, hubiera sido posible contener con mayor efectividad la transmisión y de paso consolidar una verdadera reforma para retomar la senda de la prevención en Colombia…

El problema consiste en que el utilitarismo, al no considerar las diferencias en las posibilidades de los individuos, termina concentrándose únicamente en los resultados. Desconoce que la maximización de las utilidades puede darse en el marco de profundas y fundamentales desigualdades. Dicho de otra manera, la agudización de las carencias de un grupo importante de la población es perfectamente compatible “moralmente” con la maximización de la suma de utilidades del conjunto de la sociedad. Por ello es posible, por ejemplo, lograr el objetivo de crecimiento del producto nacional, al mismo tiempo que aumenta la inequidad social y la pobreza, como lo confirmaron las estadísticas del DANE, sobre los resultados económicos del 2019 en nuestro país, el año previo a la pandemia.

Finalmente, tanto los valores que enmarcan una política, como las estrategias utilizadas y el poco o mucho éxito final, van a ser evaluadas por los gobernados en toda la trayectoria, desde la formulación hasta el resultado. El problema aquí (el problema de las democracias liberales o democracias de mercado) es que la palabra que escucha el gobernante es principalmente la de aquellos que tienen más voz y también el privilegio de hablar al oído del gobierno, por su poder económico o político, o también -muy importante-, por controlar los medios de comunicación. De tal modo que, la utilidad de una política será entonces evaluada fundamentalmente desde los valores de este grupo privilegiado (establecimiento) y, según el beneficio obtenido por los mismos. De esta forma, resulta fácil comprender, por ejemplo, la última reforma tributaria o los incrementos salariales de congresistas, frente al incremento del salario mínimo que rige para una gran proporción de los trabajadores.

Y también este marco hace inteligible el manejo de la pandemia en nuestro país, por su similitud con la respuesta de los gobiernos de las últimas décadas, cuando enfrentan graves problemas de la nación: reducir el problema “a sus justas proporciones” _o, para decirlo de otra manera, si las medidas requeridas por la situación no se dirigen a favorecer claramente a quienes detentan el poder económico y político, tratar de afectarlos lo menos posible.

Colombia no ha sido un país propicio a reformas estructurales dirigidas a lograr el bienestar de la población, pues siempre se gobierna con el temor de afectar los intereses de los poderosos. La audacia del gobernante está proscrita. Por esta razón se recogió la reforma agraria del presidente Carlos Lleras Restrepo, condenando a los campesinos a medio siglo más de miseria y violencia, y por la misma causa apenas logra subsistir el acuerdo de paz firmado en el Gobierno anterior, mientras que, por el contrario, las reformas dirigidas a acumular poder, que subordinan el bienestar de la población a la obtención de renta de los poderosos, como las reformas neoliberales del Gobierno del presidente Gaviria, subsisten y se sostienen, sin importar que el país se haya convertido en uno de los más inequitativos del mundo.

Sin duda, tanto los gobiernos previos, como el actual, ejercen el poder con temor de afectar los intereses del establecimiento. Como explicar, de otra forma que, desde el inicio de la pandemia, cuando aún se contaban pocos casos, se haya renunciado al control de la transmisión del virus y propuesto una política únicamente de mitigación – para atenuar los efectos del pico epidemiológico-, con el incremento de unidades de cuidado intensivo. Las asociaciones médicas del país solicitaron -y siguen solicitando nueve meses después- que se invierta un billón de pesos para organizar 5.000 equipos de salud pública en los territorios, para duplicar o triplicar la capacidad de los distritos y municipios en diagnóstico de casos, aislamiento y rastreo de contactos, esfuerzo fundamental que sí realizaron los países que mejor controlaron la pandemia.

Con un poco de audacia y menos del 2% del gasto en salud, hubiera sido posible contener con mayor efectividad la transmisión y de paso consolidar una verdadera reforma para retomar la senda de la prevención en Colombia, al reforzar la capacidad de salud pública en los territorios, no sólo para enfrentar el COVID sino también para controlar el Dengue, el ZIKA, la malaria y un sinnúmero de problemas sanitarios que no se enfrentan con la decisión necesaria. Pero no, los dineros de la hacienda pública y del sector salud están dirigidos a otras prioridades y a otros intereses.

Cómo explicar, igualmente, que el representante de las Entidades Promotoras de Salud -EPS- (aseguradoras privadas, que manejan los recursos públicos de salud en Colombia), cuando iniciaba el primer pico de la pandemia haya solicitado públicamente la disminución de las pruebas diagnósticas para el COVID y, al día siguiente, el Ministro de Salud haya dado la orden de reducirlas (La República, junio 26), dejando al país sin herramientas válidas y suficientes para el control de la transmisión, lo que creó las condiciones para que se mantuviera una meseta de casos positivos y muertes. ¿Quién ejerce la autoridad sanitaria en el país?, pregunta en el Espectador el columnista Fernando Galindo (diciembre 10).

Cómo se puede entender, de forma distinta al planteamiento señalado, que la deplorable situación laboral de los trabajadores de salud, evidenciada y proclamada como vergonzosa por los medios de comunicación, no haya sido enfrentada con decisión por el Gobierno (que les exige triplicar su esfuerzo e incluso exponer su vida), mientras que, en virtud de las decisiones del Ejecutivo, en plena pandemia, las aseguradoras privadas obtienen la mayor rentabilidad de los años recientes, “valor histórico que no se observaba en el sistema de salud desde hace muchos lustros”. (Periódico El Pulso, No. 265, octubre de 2020 y 268, enero de 2021).

¿Cómo explicar que el propio Ministro de Salud presuma, públicamente, de que Colombia fue uno de los pocos países de Latinoamérica que abrieron la economía, mientras el país atendía el primer pico de la pandemia (El Tiempo, diciembre 31), cuando la gran mayoría de los países desarrollados han cerrado y vuelto a cerrar completamente sus actividades comerciales y laborales durante los picos, al tiempo que reforzaron la búsqueda y aislamiento de casos y contactos para levantar las restricciones entre los mismos?

Desafortunada o afortunadamente, la magnitud de esta pandemia no le permitirá al Gobierno continuar la política de controlar el problema “en sus justas proporciones” para no afectar los intereses de los grupos de poder…

¿Cómo explicar la rabieta del Gobierno ante la decisión de un juez de aceptar, por vía de tutela, la exigencia de medidas de precaución para los viajeros procedentes de otros países, medidas que muchos países han considerado no solo útiles sino indispensables? ¿Cómo explicar una política que le haya hecho creer a los ciudadanos que es seguro viajar en avión sin precaución alguna, mientras otras naciones aíslan por dos semanas a todos los pasajeros si se presenta un caso positivo en un vuelo internacional?

¿Cómo entender que, dado que el dinero del Sistema de Salud lo manejen las EPS en un 90% y los municipios en menos del 5%, los alcaldes sean ahora los responsables de la crisis hospitalaria? Más injusta aún resulta esta atribución gratuita de responsabilidad, si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional financia la emergencia económica, social y ecológica con dineros de los territorios: el fondo de ahorro y estabilización de las regalías y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET).

En conclusión, en procura de no afectar los intereses del establecimiento, se ha reducido el manejo de la pandemia “a sus justas proporciones”, por lo que recordamos el talante del gobierno del expresidente Turbay, quien, además de promulgar oficialmente esta forma de manejar los problemas del país, también instauró, según algunos estudiosos, el modelo político de gobierno, basado en la lucha contra el “enemigo interno” que nos ha regido en los últimos 30 años: “El Estatuto de Seguridad es simplemente una respuesta represiva a la miseria”, sentenciaba el asesinado líder Luis Carlos Galán.

Desafortunada o afortunadamente, la magnitud de esta pandemia no le permitirá al Gobierno continuar la política de controlar el problema “en sus justas proporciones” para no afectar los intereses de los grupos de poder. Se perderán, o mejor, se dejarán de generar valor agregado por 12 billones de pesos, advierte Fedesarrollo, con los nuevos cierres ocasionados por el segundo pico, aún más grave que el primero.

Además, está en camino un tercer pico con la mutación británica del virus, evaluada como 50 a 70% más contagiosa, capaz de incrementar los casos vertiginosamente, y ´por ello la mortalidad en la misma proporción, si se mantiene la misma rata de mortalidad entre los contagiados. También se advierte el riesgo de la mutación brasileña, ya presente en el territorio amazónico y finalmente la sudafricana.

En fin, Angela Merkel le dice a los alemanes, que la situación por venir es de enorme gravedad -aun cuando se haya iniciado la vacunación- y toma medidas drásticas para tratar de bajar la tasa de contagiados por 100.000 habitantes, lo mismo que hacen otros líderes, incluso los que antes negaban la peligrosidad de la pandemia, como Boris Jonhson. ¿Acaso no sabe la líder alemana cuanto pierde su país en valor agregado cerrando la producción y el comercio un mes? Tan solo 100 billones de pesos colombianos. Y eso que ya perdió 150 billones con el 5% de la caída del PIB en 2020. Debía llevarse los expertos de Fedesarrollo, pues los suyos le asesoran mal: no conservan las “justas proporciones”. Pretende cerrar toda Alemania hasta bajar la tasa de contagiados a 50 x 100.000 habitantes. Bogotá está en 600.

Veremos si la gravedad de la situación (50.000 muertos y contando), no obliga al gobierno colombiano a tomar en serio el control de la transmisión del virus y se decide -nueve meses después- a invertir el billón de pesos que solicitan las asociaciones médicas, científicas y de investigación en salud, para el control efectivo de la pandemia en los municipios. Los costos económicos y sociales de no hacerlo pueden ser inconmensurables. Los cálculos de resultado, desde la óptica de las “justas proporciones” de seguro se verán desbordados.

Situaciones excepcionales no se pueden manejar con políticas temerosas. Favor colocar un aviso: “Se requiere audacia, se suprimen temporalmente las justas proporciones”.

* Investigador Grupo de Protección Social, Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia. Presidente de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (FEDESALUD)

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