El negacionismo de Macri al terrorismo de Estado

Personas que participan en la "Marcha de la Resistencia" organizada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires la semana pasada. Fotografía: David Fernández/EPA
Personas que participan en la «Marcha de la Resistencia» organizada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires la semana pasada. Fotografía: David Fernández/EPA

Mónica Oporto*. LQSomos. Agosto 2016

Culpar a las víctimas: la negación a la dictadura va en aumento en la Argentina.
Los recientes comentarios del presidente que pone en duda el número de muertes producidas durante la dictadura llevó a la protesta por parte de familiares y sobrevivientes y militantes de los derechos humanos. Es la forma en que el gobierno de Macri introduce el negacionismo en su discurso.

La nota es del diario The Guardian, traducida para LoQueSomos, por Mónica Oporto:

Blaming the victims: dictatorship denialism is on the rise in Argentina
Casi única entre las naciones que han sufrido asesinatos en masa bajo dictaduras brutales, Argentina fue capaz no sólo de poner un gran número de sus antiguos torturadores tras las rejas, sino de establecer un consenso entre todos los sectores políticos de que su régimen militar 1976-1983 ejecuta una intensidad menor genocidio al estilo nazi, que carece de cualquier justificación moral. Cómo un argentino aprendió que su «padre» puede haber matado a sus verdaderos padres?

El dictador Jorge Videla fue juzgado apenas dos años después del retorno de la democracia, y desde entonces han sido condenados otros más de 1.000 ex oficiales, convirtiendo al país en un destacado entre las antiguas dictaduras de América del Sur. Chile ha alcanzado un número similar de convictos, pero su dictador Augusto Pinochet murió sin haberse enfrentado a la Corte. En Brasil y Uruguay, donde se dieron amplias amnistías, los militares permanecen en su lugar. Se les dio un pase libre a los torturadores para asegurar una transición democrática sin problemas. Pero el consenso logrado en Argentina sobre la gravedad de los crímenes durante la dictadura ha sido repentinamente destrozado bajo la presidencia de centro-derecha de Mauricio Macri. A principios de este mes de agosto, Macri hizo una provocación a las organizaciones de derechos humanos cuando puso en duda la comprensión histórica aceptada de que fueron 30.000 personas las que murieron bajo la dictadura militar. En una entrevista realizada con Buzzfeed le fue preguntado cuántas personas habían sido asesinadas y él, demostrando irritación, respondió: «No tengo ni idea. Ese es un debate en el que no voy a entrar si eran 9.000 o 30.000». Los simpatizantes con el régimen militar plantearon dudas sobre el número de desaparecidos, pero las palabras de Macri ponen de manifiesto la admisión por parte del actual gobierno el negacionismo con relación a la cantidad de víctimas de la dictadura militar. Es parte de la nueva agenda principal del discurso político del gobierno de Macri. Mario Ranaletti , profesor de historia en la Universidad de Tres de Febrero , se ha especializado en la mentalidad de los grupos negacionistas argentinos. «Consideran que la represión militar fue un acto bueno y moralmente incuestionable», dice, «Para ellos la guerra fría fue una guerra religiosa «.

Incluso hoy en día Ranaletti escucha a argentinos que argumentan que «los militares deberían haberlos matado a todos». FOTO El ex dictador Jorge Videla es escoltado por la policía en el edificio de los tribunales de San Isidro, año 1998. Videla murió en la cárcel el año 2013. Fotografía: AFP / Getty Images Los 9.000, número al que se refirió Macri, surgen de una lista de nombres compilados en los primeros años de la democracia por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Esa cifra ha sido la mencionada por los negacionistas como la única válida si bien la lista compilada por la CONADEP nunca fue considerada como definitiva. Los propios militares habían reportado 22.000 muertes a la inteligencia chilena a mediados de 1978. Un año antes, la dictadura ya había informado al nuncio papal en Buenos Aires que había matado a 15.000 personas. Esto se comprobó en los documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos. El trabajo de identificación de restos humanos continúa en la actualidad en tumbas sin nombres, entierros clandestinos. Y la lista de la CONADEP no incluía víctimas desaparecidas -cuyos cuerpos fueron devueltos a sus familias- ni un gran número de víctimas no declaradas. Tomados en conjunto , estos factores hacen que la estimación que realizaron los organismos de Derechos Humanos de 30.000 víctimas sea una cifra razonable. El número puede ser perfectible por la investigación académica tal vez, pero nunca antes fue cuestionado por un presidente en funciones. Por otra parte, el uso de Macri del término «guerra sucia», va en consonancia con el pensamiento negacionista que sostiene que no hubo tal genocidio, solamente una batalla (guerra) interna entre la dictadura y los terroristas. En el año 2009 la Corte Suprema dio un fallo por el cual las ejecuciones de la dictadura -entre 1976 y 1983- constituyen «crímenes contra la humanidad en el marco del genocidio».

La fractura sobre los crímenes durante la dictadura, estalló en insultos el pasado jueves en el centro de la ciudad de Córdoba, después de que los jueces dictasen 28 sentencias de cadena perpetua para ex funcionarios declarados culpables de 365 homicidios en el campo de exterminio La Perla de la ciudad de Córdoba. Fuera del recinto judicial, la activista que defiende a militares genocidas, Cecilia Pando, insultó a Estela Carlotto, la Presidenta de Abuelas de Plaza Mayo, de 85 años de edad. Las Abuelas son heroicas mujeres que, a lo largo de casi cuatro décadas han recuperado 120 nietos apropiados o de las familias a las que se les dio en cuidado una vez que sus madres fueron asesinadas después de dar a luz. «No eran jóvenes idealistas, eran terroristas» gritó Pando a Estela de Carlotto en referencia a los jóvenes desaparecidos, padres de los bebes y niños apropiados que buscan Carlotto y miles de otras Madres. Pando, posiblemente alentada por las recientes reuniones que mantuvo con el ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, dio rienda suelta a la creencia extendida entre los simpatizantes del régimen militar de que ninguno o pocos de los asesinados por los militares fueron víctimas inocentes.

personas levantan retratos de sus familiares desaparecidos (2010). Fotografía de Juan Mabromata/AFP/Getty Images
Personas levantan retratos de sus familiares desaparecidos (2010). Fotografía de Juan Mabromata/AFP/Getty Images

Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires en aquellos momentos sabía lo contrario: el régimen militar de la Argentina rápidamente había eliminado a los pocos cientos de guerrilleros que habían participado en la acción letal, antes de que empezaran a asesinar a miles de otros jóvenes ajenos a cualquier actividad violenta. «Pocos de los que han desaparecido desde mediados del año 1977 podría considerarse terrorista o amenaza a la seguridad» dice un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos, recientemente desclasificado por el gobierno de Barack Obama después de su visita a la Argentina en marzo. El número de muertos también refuta cualquier noción de una «guerra». En un informe de 1980 titulado «Terrorismo en la Argentina», la dictadura estima que la guerrilla asesinó a 687 personas durante todo el año 1970, en comparación con las 22.000 personas que la dictadura chilena confirmó a la inteligencia que había matado sólo en el año 1978. En el campo de la muerte ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) ubicado en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, al menos 3.000 civiles fueron asesinados por la dictadura. Sin embargo, sólo un oficial de la ESMA, el teniente Jorge Mayol, pereció en un enfrentamiento con la guerrilla en 1976. Los militares tenían un objetivo mucho más amplio que los grupos guerrilleros que, para 1976 ya estaban en retirada. El régimen se comprometió abiertamente a defender la «civilización occidental y cristiana» posicionando a la Argentina como «la reserva moral del mundo occidental» en el marco de la guerra fría.

Para hacer eso, miles de jóvenes con ideas tomadas de la cultura hippie de los Estados Unidos, el París de mayo de 1968 y la revolución cubana tuvieron que morir. El ex comisario Miguel Etchecolatz declaró durante el juicio a los genocidas: «Nuestra identidad cristiana estaba en peligro», al tiempo que besó un rosario blanco frente los jueces.

Para los activistas que defienden a represores genocidas, Etchecolatz es un «preso político» que debe ser amnistiado aprovechando que ahora son escuchados por el gobierno de Macri. Victoria Villarruel cree que fue la guerrilla, no los militares, la que cometió los crímenes contra la humanidad.

Villarruel representa al CELTYV (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas), un grupo que presiona para reabrir los juicios contra ex guerrilleros, a pesar de que el Tribunal Supremo ha dictaminado de manera concluyente que las acciones guerrilleras constituyen delitos comunes que han caído hace tiempo bajo la ley de prescripción.

Esas opiniones parecen haber encontrado eco en la administración de Macri. «Lo que buscan es muy válido -asegura el actual Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj- buscan el reconocimiento de los civiles asesinados por grupos terroristas», esto lo declaró luego haberse reunido con Villarruel. Alejandro Rozitchner, actual redactor de los discursos de Macri y amigo personal de toda la vida del presidente, es un filósofo que habla abiertamente sobre su uso de la marihuana, y que declara que siente que Argentina ha vivido el tiempo suficiente en la década de 1970. «Tiene que ver con mantener abierto un pasado que se aleja cada vez más en el pasado», dijo. Tales palabras dibujan, provocan suspiros dolorosos de la abuela Carlotto. «No es el pasado para mí o para las demás Abuelas y madres, se trata de personas desaparecidas», dijo. Estela de Carlotto se reunió con su nieto hace tan sólo dos años, 36 años después de que los militares asesinaran a su hija, luego de que ella diera a luz a su hijo en uno de los campos de exterminio . Ella estima que faltan 280 nietos, los cuales siguen siendo objeto de búsqueda desde Abuelas. «¿Qué pretenden con este nuevo lenguaje que ellos han inventado acerca de los derechos humanos? » se pregunta Carlotto; «¿Por qué se reúnen con representantes de los grupos que afirman que los asesinos condenados son presos políticos? Son prisioneros no políticos, son asesinos genocidas, asesinos abominables que se niegan a confesar que ellos robaron y entregaron a nuestros nietos”.

* Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos, desde Buenos Aires, Argentina. Autora de la reciente edición de “Historia popular de Buzarco III”
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Nota original:
Blaming the victims: dictatorship denialism is on the rise in Argentina

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