Entrevista a Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona (II)

Moody's, si no ando errado, se ha apuntado rápidamente elogiando la propuesta de reforma. ¿Por qué? ¿Este es también el ámbito de una agencia de rating?

Moody’s, en efecto, ha sido una de las primeras en aplaudir la reforma no sin ocultar sus preferencias. La ha calificado como una “señal positiva”, pero ha dejado claro que hubiera sido mejor que el límite del 0,4% y los mecanismos concretos de sanción en caso de desviación se recogieran en la propia constitución y no en una ley orgánica. Estas declaraciones reflejan bien cuál es el papel real de las agencias en esta coyuntura: defender los intereses especulativos a corto plazo de los grandes acreedores e inversores. En todo caso, no deja de sorprender que estas entidades, que operan en régimen de oligopolio y que están autorizadas para emitir dictámenes técnicos lo más razonados y objetivos posibles, se permitan con tanta soltura este tipo de afirmaciones banderizas, que hasta un periodista financiero dudaría en pronunciar.

Por cierto, Jaume Asens y tú mismo estabais en el tema de la querella contra las agencias de rating. ¿Cuál es en estos momentos la situación de todo este proceso que no debe ser nada fácil?.

La persecución penal de las agencias, en efecto, como la de los delitos económicos de cuello blanco en general, es una cuestión complicada. Precisamente porque se trata de empresas poderosas, sus maniobras delictivas son opacas, no dejan pruebas fácilmente detectables y cuentan con la complicidad de otros agentes privados y, a menudo, de los propios órganos públicos.

La querella presentada ante la Audiencia Nacional intenta mostrar que Moody’s, Standard & Poors y Ficht exageran sus dictámenes negativos con el propósito de beneficiar los intereses especulativos de unos inversores que, en muchos casos, pertenecen al mismo grupo accionarial que las agencias. Desde el punto de vista probatorio, claro está, esto no es sencillo. De hecho, uno de los principales obstáculos con los que se ha encontrado la querella ha sido la indolencia de Fiscalía, que ha considerado que no existen indicios delictivos aun antes de investigar, algo indispensable tratándose de delitos económicos especialmente complejos.

En todo caso, y más allá de su resultado concreto, creo que la propia querella ya ha cumplido una función pedagógica importante. Su interposición ha servido para deslegitimar política y jurídicamente la actuación de las agencias y para mostrar a la opinión pública sus estrechos vínculos con bancos y grupos empresariales concretos. También ha servido para denunciar la defección de los supuestos órganos de control de sus actuaciones, como la Comisión Nacional de Valores o el Banco de España. Y ha permitido, sobre todo, alentar iniciativas jurídicas similares, todavía abiertas, en Portugal, Italia y Estados Unidos. A pesar, en suma, del enorme poder que aún conservan estas empresas, su acusación penal no debería verse como un gesto baldío. Es un modesto pero a mi juicio importante paso en la lucha contra la impunidad de lo que Lourdes Benería y Carmen Saraúsa, en un estupendo artículo, calificaban como crímenes económicos contra la humanidad.

Volviendo a la propuesta de reforma constitucional; desde el punto de vista conservador ¿no hay un peligro en la jugada iniciada? Si reforman ahora la Constitución, ¿por qué no pensar en otras reformas? Y, si éstas no fueran posibles por la posición mayoritaria del Partido del Estado borbónico PPSOE, ¿por qué no traer al programa de la hora el cambio de Constitución?

Es evidente. Durante treinta y tres años, hemos sentido al PSOE y al PP referirse a la Constitución como un texto sagrado, casi intocable, como el garante de los supuestos grandes logros de la transición. Ahora, al reformarla con alevosía, en los estertores de un gobierno que admite haber tomado la iniciativa para “calmar a los mercados”, la han despojado brutalmente, y de manera irreversible, de su aura de intangibilidad. Sobre todo de cara a una generación precarizada que no votó la constitución y que está siendo víctima privilegiada de sus límites e incumplimientos.

¿Esto abre un escenario propicio para proponer otras reformas social, ecológica y democráticamente avanzadas? Ciertamente, sí. En Portugal, la derecha intentó a comienzos de año impulsar una nueva reforma de la garantista constitución de 1976 para facilitar los despidos y la mercantilización de la sanidad y la educación. Esta propuesta, por ahora fallida, brindó la oportunidad a comunistas, verdes, al Bloco de Esquerda y a numerosos movimientos sociales, no sólo de deslegitimar estas propuestas, sino de impulsar otras alternativas: el perfeccionamiento de los mecanismos de participación directa, la ampliación del voto a los migrantes y a los jóvenes a partir de los 16 años, el fortalecimiento del carácter público del sistema financiero, la consagración del derecho al agua y de los derechos reproductivos de las mujeres, la introducción de deberes en materia de rehabilitación urbana y de generación de vivienda social, el reconocimiento del principio de precaución ambiental. Estas alternativas, y otras como la tutela de los bienes comunes en Internet, la prohibición del sobreendeudamiento privado, el reconocimiento de la renta básica, de la educación gratuita de 0 a 3 años o la erradicación de la energía nuclear en beneficio de energías sostenibles, como la solar, también han estado presentes en las ricas discusiones del 15-M. No digo que exista un acuerdo absoluto en torno a estas propuestas. Pero muchas de ellas, sin duda, entroncan con la mejor tradición de los movimientos sociales, ecologistas, feministas y sindicales de la península.

El problema, en todo caso, viene dado, como bien apuntas en tu pregunta, por el actual blindaje de la constitución, que otorga al PP y al PSOE un poder de veto frente a cualquier propuesta que desborde sus intereses partidistas o que ponga en entredicho su versión del “consenso de la transición”. Esto es innegable. Pero también lo es que dicho poder de veto está perdiendo legitimidad a ritmos acelerados. En ese contexto, lo más probable es que la obcecación en llevar adelante la actual reforma constitucional-legal y la negativa a discutirla, al menos, en referéndum, se traduzca en una agudización de la impugnación que movimientos como el del 15-M han lanzado al actual régimen político y económico. Dudo que de esta impugnación salgan, si las cosas siguen por este camino, simples propuestas de reforma de la constitución. Más bien, quienes se cargarán de razones serán aquellas y aquéllos que, como en Islandia, exigen procesos constituyentes que supongan una auténtica regeneración política y económica. De producirse, dichos procesos adoptarán formas originales que no podemos entrever del todo. Lo que es casi seguro es que su obsesión no será “calmar a los mercados”, sino someterlos a lógicas realmente democráticas que prioricen los derechos de todas las personas sobre los beneficios de unos pocos.

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