Juan Gabalaui*. LQSomos. Enero 2018

La tortura en el Estado Español es esa cosa que cuando se menciona se niega. Esa cosa que se investiga muy de vez en cuando, que se minimiza o, llegado el caso, se justifica. Sobre esa cosa el Instituto Vasco de Criminología elaboró un informe, por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del gobierno vasco, titulado Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014…

M. Rajoy escribió en noviembre de 2017 un artículo en Estudios de Política Exterior en el que decía que España ha participado activamente en el proyecto de libertad y democracia, humanismo y tolerancia, cohesión y cooperación, apertura y prosperidad, Estado de Derecho y respeto a la integridad territorial de sus miembros que es la Unión Europea. Además se enorgullecía de que España haya sido elegida, este 16 de octubre, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-20. Un gran éxito diplomático. Sin duda. El Consejo es un foro político en el que los estados participan porque supuestamente promueven el respeto de los Derechos Humanos. Uno de los participantes es Arabia Saudí. Y ahora el Estado Español.

Frente al relato oficial que habla de respeto a las libertades y los derechos, tenemos los hechos que lo ponen en cuestión. Los hechos son un bofetón ante la fantástica locuacidad política que explica la realidad a la sociedad dormida. Podríamos hablar de la ley de protección de la seguridad ciudadana, los crímenes del fascismo español que no se han juzgado o la ausencia de reparación a las víctimas, los Centros de Internamiento de Extranjeros, las concertinas de la frontera española con Marruecos o de las muertes en el mediterráneo, de la playa de Tarajal o de la persecución de activistas como Helena Maleno Garzón, o del uso excesivo de la fuerza de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el marco de protestas ciudadanas o de la acogida a los refugiados. Pero vamos a hablar de la tortura.

La tortura en el Estado Español es esa cosa que cuando se menciona se niega. Esa cosa que se investiga muy de vez en cuando, que se minimiza o, llegado el caso, se justifica. Sobre esa cosa el Instituto Vasco de Criminología elaboró un informe, por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del gobierno vasco, titulado Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014. En este informe se estableció un censo de 4.113 casos de personas (17% mujeres y 83% hombres) que han denunciado de forma pública y/o judicial haber sido objeto de malos tratos y/o torturas por parte de funcionarios públicos policiales y realizó un análisis estructurado de 202 casos de alegaciones de tortura mediante el Protocolo de Estambul. Este primer acercamiento científico a la realidad de la tortura sorprende ante una cosa que según M. Rajoy no existe. Su lectura es necesaria.

Organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité de Derechos Humanos han condenado al Estado español por incumplimiento de las obligaciones contraídas para la investigación de la tortura y su prevención. Se le ha condenado por no investigar las denuncias, por un uso deficiente de los informes y las pruebas forenses, por no haber practicado pruebas necesarias o por no evaluar las secuelas psicológicas de la tortura. La Fundación Abogacía Española también elaboró un informe sobre las recurrentes condenas del TEDH al Estado español por la deficiente investigación de las denuncias de torturas y malos tratos en régimen de detención incomunicada y los malos tratos y acoso policial sin detención. Este otro informe se titula España ante la tortura y los malos tratos.

Francisco Etxeberria, Carlos Martín Beristain y Laura Prego nos revelan que entre 1979 y 1992 se produjeron 20 sentencias firmes del Tribunal Supremo, con 9 sentencias condenatorias que corresponden a la Policía Nacional y 11 a la Guardia Civil, condenando a 49 funcionarios (1 mujer y 48 hombres) por hechos cometidos contra 31 personas (4 mujeres y 27 hombres) bajo régimen de incomunicación. Ninguna condena se ha dado contra la Ertzaintza por estos tribunales. Nos hablan de la evolución en los métodos de tortura. De la bañera, la aplicación de electricidad, o las palizas con fuerte evidencia de hematomas, hasta los 90, a las maniobras de asfixia como la bolsa, las posturas forzadas o ejercicios extenuantes, las amenazas y humillaciones, el desnudo forzado y vejaciones sexuales.

También nos informa de cómo el gobierno del Estado recurre la Ley 12/2016 de la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre “Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999” o de cómo se han otorgado indultos a reconocidos perpetradores, que habían sido condenados incluso reiteradamente por la práctica de la tortura. Además se señala la falta de colaboración con la justicia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dificultando la identificación de los responsables de los malos tratos e impidiendo, de esta forma, el derecho de las víctimas a obtener justicia y una reparación completa.

Afirman que el contexto de impunidad, que ha permitido que se cometieran torturas y malos tratos en el Estado español, se ha construido en base a la escasa efectividad en la investigación judicial, las discrepancias sobre la realización de informes médicos forenses, la detención en incomunicación y su falta de garantías, la dificultad de lograr una colaboración efectiva de las fuerzas de seguridad en la identificación de posibles perpetradores, la disponibilidad de indultos o las políticas de promoción de algunos funcionarios sospechosos o condenados judicialmente. Añadiría también el silencio de la sociedad, que ha comprado acríticamente las explicaciones de las autoridades del gobierno y policiales ante las acusaciones de malos tratos. Nos es familiar el argumento de que los activistas de ETA siguen por sistema la consigna de denunciar torturas. Los medios de comunicación se encargaron de difundir uno de los argumentos que han permitido negar y ocultar la existencia de torturas. Y la sociedad lo repetía ante cada denuncia.

Estas dificultades para mirar de frente nuestros crímenes solo se pueden paliar desde el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, un compromiso inquebrantable con el respeto a los derechos humanos y la investigación judicial de cualquier posible maltrato y condena de los responsables. No parece que el actual gobierno, ni aquellos que lo apoyan, esté en disposición de criticar y condenar la tortura ejercida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La impunidad sigue estando auspiciada por la inacción del gobierno y la complicidad de los medios de comunicación y de la sociedad. La defensa de los derechos humanos no resiste un asalto ante otras cuestiones como la unidad de España. No esperéis banderas en los balcones en su defensa y contra la tortura.

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@gabalaui

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