España: el estado contra los ciudadanos

Hace unos días, afirmé que participar en el desahucio de un enfermo crónico, con una incapacidad laboral permanente, constituía un acto de terrorismo. Alabé a los vecinos del barrio de Lavapiés, que intentaron frenar el desahucio y consideré una hazaña épica la expulsión de la policía, hostigada con piedras, macetas, latas y otros objetos. Algunos vecinos patearon los furgones policiales. Su gesto está tipificado como delito, pero yo lo considero digno de elogio, pues surge de un legítimo deseo de resistencia contra la tiranía de los

bancos, verdaderos amos del mundo. La gesta de Gamonal y de los barrenderos de Madrid ha demostrado que el poder sólo retrocede, cuando los contenedores y las lunas de los bancos sufren la justa ira de un pueblo humillado y pisoteado por un capitalismo cada vez más desalmado. Hace unos días, recibí el mensaje de un policía que se justificaba alegando que se limitaban a cumplir órdenes. No me convence ese argumento, pues ser policía no es una obligación forzosa, sino una elección y, en teoría, el papel de las Fuerzas de Seguridad del Estado es proteger al ciudadano y garantizar el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, todos sabemos que eso no es cierto, pues la policía y el ejército siempre han actuado como presos de presa de las oligarquías, recurriendo a la tortura y a los asesinatos extrajudiciales cuando la subversión del orden establecido se perfilaba como algo real y posible.

Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador, Colombia, Honduras, Bolivia o España son ejemplos históricos que revelan el instinto homicida de unos cuerpos instruidos en la represión de las libertades y los derechos del pueblo trabajador. Si un policía se baja la visera para que nadie descubra sus lágrimas durante un desahucio, debería plantearse desobedecer, pues las órdenes inmorales no deben ejecutarse jamás. Los pobres, los parias, los enfermos, no pueden ser maltratados, con el pretexto de no infringir los principios de disciplina y obediencia. Los nazis ya explotaron esa pobre argumentación y la Historia, lejos de absolverlos, los envío a la horca. Pienso que todos los policías que desahucian a las familias y apalean a los activistas sociales obran como Adolf Eichmann, un burócrata escrupuloso que organizó la deportación de millones de personas a los campos de exterminio nazi. “No es posible reinar de modo inocente”, afirmó Saint-Just, jacobino ejemplar. Su frase puede modificarse ligeramente, sin traicionar su sentido: “No es posible colaborar con las iniquidades de un sistema injusto y ser inocente”. Hace pocos días, una mujer de 56 años fue hospitalizada en Valladolid con pronóstico grave, después de sufrir una brutal agresión policial. Se trata de una militante de Stop Desahucios que protestaba a las puertas de un restaurante donde unos dirigentes del PP comían tranquilamente, disfrutando de esas dietas que les permiten organizar banquetes pantagruélicos, mientras su política de austeridad condena a las familias a ponerse en la cola de los comedores sociales o a husmear en los cubos de basura, no sin exponerse a una aberrante multa. La víctima se llama Encarna y, según el parte hospitalario, sufre una lesión cerebral y una hemorragia interna. Al parecer, los golpes en la cabeza le han provocado un derrame y un ictus. ¿Un nuevo Iñigo Cabacas, si bien el joven vasco ni siquiera participaba en una manifestación y recibió el pelotazo de espaldas y en la nuca, mientras auxiliaba a una muchacha lesionada por la Ertzaintza? Las autoridades han reaccionado desalojando la planta donde se halla ingresada Encarna y acordonando el hospital con efectivos policiales. La Consejería de Sanidad ha presionado al Hospital, enviándole instrucciones para “gestionar” la información y no crear alarma social. Algunos dicen que los policías consumen cocaína para estimular su agresividad e inhibir el miedo. Puede que sólo sea un rumor, pero yo he escuchado a un guerrillero de Cristo Rey, relatando con orgullo que la Policía Armada les invitaba a una copa de coñac en los sótanos de la DGS de Madrid durante los años de la inmodélica transición. Además, les facilitaban cascos, escudos, porras, cadenas y coordinaban sus intervenciones para machacar a los melenudos que pedían amnistía y libertad. Era la época de Mari Luz Nájera, Arturo Ruiz, Yolanda González y los abogados de Atocha. Perdí la pista de ese energúmeno cuando aprobó unas oposiciones de inspector de trabajo. Han pasado casi 40 años, pero las cloacas del régimen siguen desprendiendo el mismo hedor homicida.

Encarna apenas puede hablar y sufre una hemiplejía. No puede mover el brazo ni el hombro derechos. José Antonio Bermejo, subdelegado del gobierno en Valladolid, ha comparecido en una rueda de prensa, acusando a los testigos presenciales y a los movimientos sociales de mentir. Sus declaraciones me han recordado a las de Juan José Rosón, Ministro del Interior del gobierno de UCD, mintiendo sobre el caso Almería, cuando la Guardia Civil torturó hasta la muerte a tres jóvenes trabajadores a los que confundió con un comando de ETA. Sucedió en 1981. Estamos en 2014, pero cada vez menos personas se creen el cuento de la Transición, enfatizada con unas ridículas mayúsculas. Tres testigos presenciales han declarado que los agentes de la siniestra UIP golpearon en la cabeza a Encarna, cuando ya se encontraba en el suelo y las cámaras no grababan su cobarde agresión. Al parecer, está prohibido golpear en la cabeza, pero los policías ignoran esta orden. ¿Se puede hablar entonces de obediencia debida? ¿No será más cierto afirmar que las Fuerzas de Seguridad del Estado son un nido de ultras, con tendencias psicopatológicas? No sería justo responsabilizarles por completo, pues la ley les protege y les encubre, utilizando “la presunción de veracidad” como criterio clarificador. Se trata de una estrategia perversa, pues convierte al ciudadano de pie en un testigo de segunda categoría y atribuye al agente una improbable y poco creíble honestidad. La infamia no acaba ahí. Otra mujer ha sufrido fracturas de huesos por culpa de tres policías que han utilizado su peso con la intención de causar lesiones. El subdelegado del gobierno ha mentido de nuevo al asegurar que hay agentes lesionados, lo cual parece altamente improbable, pues sus cascos, escudos y protecciones les convierten en prácticamente invulnerables. Es una mentira habitual, avalada por la prensa conservadora, que elogia a los manifestantes ucranianos (muchos de ideología neonazi) y demoniza a los vecinos de Gamonal. Este tipo de hechos ya son habituales. Hace poco, la UIP cargó en Zaragoza contra una manifestación de apoyo a los vecinos de Gamonal. La escaramuza se saldó con cuatro detenidos y varios lesionados. Santiago Lanzuela, portavoz del PP, afirmó que la actuación de la policía fue justa, proporcional e impecable. Los que hemos vivido el final del franquismo, experimentamos la sensación de escuchar de nuevo al inmundo Fraga Iribarne, responsable de la masacre de Vitoria-Gasteiz y otros crímenes repugnantes.

Es imposible recoger todos los abusos policiales (y gubernamentales) que acontecen a diario en el Estado español, pero quiero mencionar el caso de una chica que ha sido detenida en Sevilla por realizar una pintada a favor del aborto. Ya le habían requisado hace unos días una pancarta que pretendía colgar en el Puente de Triana, utilizando cuerdas y arneses. Cuando acudió a comisaría para recoger sus pertenencias, fue detenida y acusada de daños materiales y vandalismo. No es menos ultrajante la orden de desalojo de la Corrala Utopía, ordenada por un juez para el próximo 16 de febrero. Se trata de un bloque de viviendas de nueva construcción, propiedad de Ibercaja y vacío hasta mayo de 2012. En esa fecha, 40 familias ocuparon el inmueble para tener un techo sobre su cabeza. La urgencia del juez responde al deseo de “restaurar el orden jurídico perturbado”. Por supuesto, no menciona en ningún caso que en la Corrala Utopía hay niños y ancianos. Está claro que la justicia y el orden jurídico son cosas diferentes. Proteger la propiedad de los bancos que han causado una crisis mediante obscenas maniobras especulativas constituye una prioridad jurídica. Garantizar el derecho constitucional a la vivienda no es una prioridad jurídica, pues no se trata de un derecho preceptivo, sino puramente orientativo. El cinismo del lenguaje judicial es un verdadero alarde de cobardía e inhumanidad. Algunos vecinos ya han iniciado una huelga de hambre y han manifestado su voluntad de oponer resistencia. Amado Franco, presidente de Ibercaja, se ha negado a recibirlos. A estas alturas, pocos dudan que los “caballeros de la banca” son auténticos rufianes. No es un secreto, pero sus intereses prevalecen sobre los derechos humanos y la voluntad popular.

Se entiende que una guerra empieza cuando un Estado firma un documento, declarando su hostilidad a otro. En esos casos, se respetan (al menos, teóricamente) los Convenios de Ginebra aprobados en 1949 y sus protocolos adicionales. Si no existe una declaración de guerra, se entiende que cualquier acción armada es un acto de terrorismo, si bien el Preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 reconoce el derecho de rebelión contra la tiranía. ¿No se puede afirmar que ya estamos en guerra? Vivimos en un mundo donde la democracia sólo es el barniz de un capitalismo globalizado y desregulado que ha concentrado el poder real en las grandes corporaciones transnacionales, cuyos principales accionistas son los gigantes de la banca. El gobierno de Rodríguez Zapatero reformó la Constitución, con el apoyo del PP, CiU y PNV, para convertir el pago de la deuda en una prioridad que se anteponía a cualquier otra partida presupuestaria. Yo interpreto esta decisión como una declaración de guerra contra la ciudadanía. Sin embargo, hay alternativas. El gobierno ecuatoriano de Rafael Correa realizó una auditoría de la deuda externa y declaró que era ilegítima, odiosa e inconstitucional. El 50% de los recursos de Ecuador se consumían en el pago de la deuda. Correa afirmó: “Lo primero es la vida, después la deuda”. El FMI y el Banco Mundial montaron en cólera y advirtieron consecuencias apocalípticas. Sin embargo, han mejorado los indicadores sobre salud, educación, vivienda y empleo. El bono ecuatoriano se depreció un 80%, pero el gobierno empleó 800 millones de dólares para adquirir 3.000 millones de su propia deuda,  lo cual significó una notable reducción de su deuda real y sus intereses, ahorrando al país 7.000 millones. Al igual que el tristemente desaparecido Hugo Chávez, Rafael Correa se ha convertido en la bestia negra de los medios conservadores. Su negativa a firmar el Tratado de Libre Comercio, que sólo favorece a las grandes corporaciones norteamericanas y arruina al campesino y al pequeño comerciante, se interpretó como un desafío al nuevo orden mundial que sólo podía esconder un propósito dictatorial. Desaparecido Chávez, Rafael Correa es vituperado con saña por las plumas del neoliberalismo: Vargas Llosa, Fernando Savater, Rosa Montero, Jorge Volpi.

Por el contrario, en España prospera el Estado autoritario y se agudiza la lucha de clases. El diario londinense The Guardian ya lo advirtió hace unos meses al comentar la reforma del Código Penal y la Ley Mordaza. Saber que la Audiencia Nacional ha condenado a un año de prisión a Alba González Camacho, una joven de 21 años por escribir en su cuenta de Twitter frases incendiarias (“Prometo tatuarme la cara de quien le pegue un tiro en la nuca a Rajoy y otro a De Guindos”, “Lo alto que voló Carrero no es nada en comparación a cómo va a acabar Rajoy en cuanto estalle la Revolución”), corrobora que el poder ejecutivo, legislativo y judicial actúan como un frente común contra los ciudadanos. Se protege a un torturador como Billy el Niño, se boicotea la exhumación de las fosas clandestinas del franquismo o se paralizan las causas abiertas por crímenes contra la humanidad, pero se procesa a una joven que se desahoga en Twitter con fantasías revolucionarias. En la calle Génova hay una placa que celebra el nacimiento de José Antonio Primo de Rivera, pionero de la “dialéctica de los puños y las pistolas”. Es una placa grande, muy visible y está al lado de la Audiencia Nacional. Los jueces que trabajan en la versión actualizada del infame Tribunal de Orden Público la ven a diario y nunca han considerado que honrar al creador del fascismo español represente un delito de “enaltecimiento del terrorismo”. Alba González Camacho ha aceptado una condena de un año de cárcel. Imagino que por miedo e impotencia. Los jueces que la han condenado saben perfectamente que sus exabruptos sólo reflejan el malestar de una generación sin otra opción que el paro, la emigración o los contratos basura. Sin embargo, se han puesto sus togas para condenarla y dejar muy claro a quién defiende la justicia. Los policías que han golpeado a una mujer de 56 años en Valladolid tal vez sean amonestados, pero no comparecerán ante la Audiencia Nacional por una gravísima violación de los derechos humanos. Nadie les acusará de “enaltecimiento del terrorismo”, pese a que su conducta es criminal, inmoral y desproporcionada. A fin de cuentas, han cumplido con su misión. Al igual que los jueces que han condenado a Alba González Camacho, su función es propagar el miedo, silenciar a los disidentes, desmovilizar a los descontentos, mostrar a los ciudadanos la verdadera faz del poder. No creo que Alba sea un terrorista, pero sí opino que los políticos, los jueces y los policías de este desdichado país promueven el terrorismo de estado. Desgraciadamente, no disfrutamos de un escritor con el coraje moral y el mérito artístico de Valle-Inclán, capaz de escribir: “La Leyenda Negra, en estos días menguados, es la Historia de España”. Aún me extraña que Luces de bohemia (1924), no haya sido secuestrada y prohibida por apología del terrorismo. Conviene recordar que pide una guillotina eléctrica en la Puerta del Sol para acabar con patronos, políticos y banqueros, sin escatimar elogios a la campaña de atentados de los anarquistas. Tal vez será porque los jueces de la Audiencia Nacional sólo leen manuales de derecho y algún best-seller que alivie la monotonía de la prosa jurídica, pero sin obligarlos a incurrir en la funesta manía de pensar.

* Rafael Narbona

Un comentario en “España: el estado contra los ciudadanos

  • el 8 octubre, 2021 a las 14:58
    Permalink

    Todo el pais está al tanto de los corruptos y fascistas jueces que prostituyen la justicia en España… El problema es que, a pesar de las copiosas denuncias y los varapalos que, una y otra vez, estos degenerados magistrados se llevan en Europa, no encontramos forma de acabar con su vorágine. El supuesto «gobierno de izquierdas» que tenemos no es capaz de actúar con la firmeza necesaria que requiere el problema, inhabilitando jueces y encarcelando magistrados por la prevaricación, el cohecho y la continua violacion de derechos humanos que cometen. Aquellos que se atreven a denunciar públicamente a esta jauría de sátrapas togados que se autoproclaman jueces, sólo tienen dos opciones: someterse, ser condenados e ir a la cárcel o declararse en rebeldía y exiliarse… Quousque tandem corrupta Iustitia abutere patientia nostra? (more info; «Justicia española, la ramera mayor del reino» (video, pag. web: http://www.loquesomos.org/wp-content/uploads/2019/07/Video-JUSTICIA-ESPAN%CC%83OLA-LA-RAMERA-MAYOR-DEL-REINO-Toma%CC%81s-F.-Ruiz.mp4)

    Respuesta

Deja un comentario

Nos obligan a molestarte con las "galletitas informáticas". Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar