Pedro Santana Rodríguez*. LQS. Marzo 2019

Nunca durante la vigencia de la Constitución Política de 1991 un presidente había desconocido un fallo de la Corte Constitucional. Esta es la primera vez. Lo más probable es que los desencuentros entre la rama judicial del poder público y el ejecutivo se profundicen

Como en las mejores series de ficción el presidente Iván Duque Márquez mantuvo en vilo al país acerca de si firmaba o no la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que había sido aprobada en el mes de diciembre de 2017 en el Congreso de la República. La Corte Constitucional se tomó un año para su revisión de constitucionalidad, en efecto, hasta diciembre de 2018 dio a conocer un voluminoso fallo de más de 900 páginas que remitió al Congreso para que lo firmaran los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes y de esta manera remitirlo al presidente para su sanción y publicación. El presidente uribista del Senado, Ernesto Macías envolató el texto hasta dónde pudo y lo remitió incompleto a la Cámara de Representantes que advirtió la mutilación y corrigió los faltantes que tenían que ver ni más ni menos con los objetivos misionales de la JEP. Finalmente a finales del mes de febrero del presente año con la firma de los presidentes de Cámara y Senado el texto fue remitido a Duque para su sanción.

Duque había afirmado previamente ante la comunidad internacional y en medios nacionales que promulgaría le ley una vez fuera examinada por la Corte, pero, al momento de recibir el texto señaló que se tomaría todo el tiempo que le ley le permite para examinar la sentencia y el texto final. La trama estuvo acompañada obviamente de filtraciones sobre posibles objeciones al texto de la Ley ya examinada por la Corte y comenzó a mencionar la posibilidad de objetarlo por motivos de “conveniencia nacional” que ciertamente puede hacer por mandato de la Constitución.

Al tiempo que Duque se tomaba todo el tiempo para su decisión, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, envuelto en el escándalo de corrupción de la firma brasilera Odebrecht orquestaba una serie de acciones tendientes a deslegitimar a la Jurisdicción Especial para la Paz. En octubre de 2018 abrió investigación en contra de Martha Lucía Zamora, secretara jurídica de la JEP por supuestamente entregar información y favorecer a los excombatientes de las FARC sometidos a esta jurisdicción y a otros dos funcionarios contratistas de la misma, lo que provocó la renuncia reciente de Zamora. Posteriormente y por todos los medios el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se ha empeñado en obstaculizar el trabajo de la JEP para resolver el caso de Jesús Santrich, pedido en extradición por una corte fiscal de New York. Martínez afirmó que las pruebas contra Santrich eran concluyentes e irrefutables cuando quien tiene que calificarlas es la propia JEP que debe resolver en primera instancia esta solicitud. Y sobre estas pruebas filtradas por los medios de comunicación no hay tal conclusión al punto que la JEP pidió al fiscal de New York que remitirá el material probatorio contra Santrich a lo cual la justicia norteamericana se negó pretextando que no está obligada a hacerlo. Así que la JEP deberá resolver en las próximas semanas esta solicitud con unas pruebas que en opinión de notables penalistas no son ni concluyentes ni mucho menos irrefutables.

Entretanto Martínez en alianza con la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, DEA, montó un show mediático con la captura de un fiscal de la Unidad de Investigaciones adscrita a la JEP, Carlos Bermeo, por supuestamente complotarse para demorar la decisión de la JEP sobre el caso de Santrich. El caso se ha ido desdibujando al punto que no se ha terminado con la imputación de cargos a los seis detenidos y sin que sea claro quién financió o estaba detrás del pago para que Bermeo influyera en un proceso en el cual no tiene injerencia alguna. La cosa se complicó aún más cuando la fiscalía tuvo que reconocer que el dinero salió de la propia entidad y que fue un agente encubierto de la DEA quien habría montado junto con la fiscalía colombiana todo el operativo. Como todos los proceso de Martínez Neira este también se está derrumbando por su ordinariez, por su levedad y por su falta de rigor. Pero el daño está hecho. Con este caso destapado el 1 de marzo del presente año se brindaba material mediático para poner en entredicho la honestidad y legitimidad de la JEP en su conjunto y ayudar de esta manera a crear el clima necesario para que Duque anunciara las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP. Todo bien escenificado solo que burdamente.

Entretanto la cruzada de Martínez Neira contra la JEP prosiguió con lo que ya había hecho en el trámite de la Ley en el Congreso de la República en donde su actuación fue definitiva para que se excluyera a los terceros responsables, esto es, a los determinadores o autores intelectuales de la violencia que nos ha asolado durante los últimos sesenta años. Ahora Martínez Neira una vez conocida la Sentencia de la Corte Constitucional remitió carta abierta al presidente pidiéndole que objetara la Ley y esgrimió las supuestas razones jurídicas para que Duque lo hiciera. Y en efecto entre Martínez Neira y Álvaro Uribe, dieron a Duque el libreto y los contenidos para que este finalmente anunciara al país este domingo 10 de marzo en la fecha límite, que objetaba la ley, por seis motivos aparentemente legales en contra de seis artículos de la Ley de 159 artículos.

Como se ha demostrado en el debate posterior de los seis motivos esgrimidos por Duque para objetar la Ley por lo menos cuatro de ellos ya fueron resueltos en la Sentencia de la Corte y por tal razón pasan a ser cosa juzgada constitucional. Los otros motivos no están en el texto ni en la sentencia de la Corte. La objeción tiene motivaciones eminentemente políticas: poner trabas y más trabas al proceso de paz, hacer añicos o trizas el acuerdo del Estado Colombiano con las ya desmovilizadas guerrillas de las FARC. En esa misma alocución presidencial Duque anunció que presentaría un proyecto de reforma constitucional con tres temas: – 1 restarle competencias a la JEP en los casos de delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes cometidos en el marco del conflicto armado; – 2 para los delitos de tracto sucesivo o continuado que se siguen ejecutando posterior a la firma del acuerdo con las FARC, 1 de diciembre de 2016, estos deberán pasar a la justicia ordinaria y – 3 establecer “claramente” la pérdida de todos los beneficios que otorga el acuerdo a los guerrilleros en caso de reincidencia de quienes se acogieron a los mismos.

Con esta decisión Duque asume un riesgo enorme pero al mismo tiempo se muestra como el uribista radical que negó ser durante la campaña electoral. En medio de un lenguaje sin aparente polarización Duque asume las banderas del uribismo más radical que busca por todos los medios boicotear a cualquier precio el avance de los acuerdos de paz pues el riesgo mayor es que la JEP y la Comisión de la Verdad, desvelen a los principales responsables del conflicto entre políticos, empresarios, terratenientes, que no solo financiaron el conflicto sino que lo instigaron. Es el miedo a la verdad histórica y a la verdad judicial. Pero no la tienen nada fácil pues el proceso está en marcha y dependerá de la sociedad civil que avance o que sea abruptamente boicoteado.

La suerte de las objeciones presidenciales en el Congreso, es incierto. Duque no cuenta con mayorías sólidas en el mismo. Hasta ahora se ha negado a dar participación burocrática a partidos distintos al suyo que es el Centro Democrático y al de su vicepresidenta, que es el partido Conservador. Con ellos no logra mayorías en el Congreso. Es probable que intente comprar las bancadas del Partido de la U y Cambio Radical con lo cual si lograría mayorías no holgadas pero mayorías para intentar que el Congreso tramite unas reformas constitucionales que son inconstitucionales por la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional y lograr que el Congreso acepte las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP.

Pero aún con dádivas y clientelismo el régimen institucional y los partidos políticos están fracturados internamente. La fractura de los partidos es evidente. Por lo menos así lo evidencia el Partido de la U que pidió por unanimidad a Duque que sancionara la ley de la JEP y también esta fracturado el partido Cambio Radical algunos de cuyos miembros más destacados han anunciado que no votarán favorablemente las objeciones presidenciales. Todo ello en medio del debate del Plan Nacional de Desarrollo que busca aprobar normas que le permitirían gobernar durante el resto del período sin acudir al Congreso. El Congreso lo sabe y por ello examina con lupa el proyecto de Plan de Desarrollo.

Pero la fractura es también institucional y ahora es profundizada por la decisión de Duque de objetar una Ley ya examinada en su constitucionalidad por la Corte Constitucional a la cual desconoció de hecho. Nunca durante la vigencia de la Constitución Política de 1991 un presidente había desconocido un fallo de la Corte Constitucional. Esta es la primera vez. Lo más probable es que los desencuentros entre la rama judicial del poder público y el ejecutivo se profundicen. Tres días después de las objeciones presidenciales la Corte Constitucional declaró inexequibles dos artículos de la ley de procedimientos de la JEP aprobados con el respaldo de Duque electo ya presidente de la República y propuestos por el Centro Democrático. El fallo aprobado este miércoles 13 de marzo declaró inconstitucionales el artículo que prohibía a la JEP practicar pruebas en los procesos de extradición de los excombatientes de las FARC y por vicios de forma el artículo que buscaba la conformación de salas especiales dentro de la JEP para juzgar a los militares sometidos a esta jurisdicción por posibles delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y demás delitos atroces.

Para completar el presidente de la Cámara de Representantes el representante liberal, Alejandro Carlos Chacón, envió a la Corte Constitucional este miércoles una carta en la que le pide al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre si se deben o no tramitar las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP. El argumento central es que hay un vacío en la normatividad legal pues no existe precedente de que un presidente haya objetado una ley después de la revisión constitucional. La solicitud tampoco tiene antecedentes pues la Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que no es un tribunal de consulta. Pero ello nos da un panorama del desajuste institucional a dónde el uribismo y el gobierno de Duque están conduciendo al país.

Entretanto la oposición de manera unificada ha respondido rechazando las objeciones de Duque en una alocución que ha tenido como vocera a la representante del Partido Alianza Verde, Juanita Goebertus, quien a mi juicio ha sido contundente en sus argumentos de rechazo y ha concluido con un llamado a la movilización social, a la plaza pública, para defender el maltrecho y debilitado proceso de Paz. De la contundencia de la movilización social a mi juicio dependerá el futuro del proceso. Esa es la tarea de los demócratas ahora. La unidad y la movilización para enfrentar a la derecha reaccionaria que nos quiere condenar a otros decenios de barbarie.

* Director de la Revista Sur

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La sección de Colombia está coordinada por Javier Sáenz Munilla (@pepitorias) periodista y analista internacional, fue corresponsal en Colombia
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