Javier Sáenz Munilla*. LQS. Agosto 2018

El pasado 7 de Agosto se produjo el cambio en la Presidencia de la República de Colombia. El saliente Juan Manuel Santos y el entrante Iván Duque. De la derecha a la derecha, y un poco más allá. De godos a más que godos

Iván Duque es el hijo putativo de Álvaro Uribe Vélez, ex-presidente y máxima representación en el Palacio de Nariño del narco-paramilitarismo, otrora servidor y beneficiario del Cartel de Medellín. Duque llega a la Presidencia aupado por los votos y el apoyo de su propio partido, y el de Uribe, el Centro Democrático, y el del Partido Conservador, al que pertenece su Vicepresidenta Martha Ramírez.

En sus manos está apoyar o entorpecer el Acuerdo de Paz firmado por Santos en La Habana con las FARC-EP. Y parece, y no sólo porque está explicitado en su programa y reiterado en su discurso de posesión, que su intención es ponerle, cuando menos, palos en las ruedas, ralentizarlo.

Cuando Uribe estaba en la Presidencia, no sólo se decía que los narco-paramilitares de las AUC mandaban en el país, es que su propio dirigente Salvatore Mancuso, en una de las mayores felonías de la historia colombiana, fue recibido en el Congreso y se le permitió pronunciar un discurso en el que, para colmo, presumió del alto porcentaje (superior al 30%) de miembros cooptados por las AUC, que le estaban escuchando y aplaudiendo en la sala. Hoy, el tándem Duque-Ramírez sigue siendo mayoría aplastante en el parlamento colombiano.

Y siguen las matanzas

Si no fuera porque los paramilitares, legal y oficialmente disueltos, siguen matando y matando, quizá lo anterior no sería tan grave. Lo grave, además, es que el proceso de paz se halla en un brete, ralentizado y ensangrentado.

En el momento de escribir esto, son ya 339 los líderes sociales asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, hace 20 meses. Son cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo. Los dos últimos (insisto, en el momento de redactar este artículo) en zonas rurales de los departamentos de Antioquia y del Quindío. Desde la desmovilización y entrega de armas de las FARC los asesinatos políticos se han incrementado principalmente en las regiones donde antes accionaban los guerrilleros farianos. Los asesinos han matado exguerrilleros y familiares, pero sobre todo a líderes sociales indígenas y afrodescendientes y a defensores de los Derechos Humanos. La presencia de las FARC impedía en ciertos sectores estos crímenes. La guerrilla se ha retirado, pero el Estado no ejerce, en su lugar, “la defensa de la vida y honra” de los colombianos, según dicta su constitución.

Uno de los lugares donde se ceban los criminales es el Alto Cauca. Recuerdo que viajé a esta zona a finales del 90 o principios del 91. Iba a reportear la entrega de armas de una guerrilla indígena, de la etnia nasa o páez, el Quintín Lame, al albur de la fiebre de desarme (M-19, EPL, PRT, Quintín Lame) que se dio en esos años de la presidencia de Gaviria Trujillo. El Quintín Lame, que tomó el nombre de un cura indígena nasa que se levantó contra los españoles, se creó y mal armó para defender a los campesinos de la zona de las incursiones de los paramilitares, financiados y armados por ejército y hacendados con el fin de quitarles las tierras productivas a los nasa y empujarlos hacia las cabeceras de los ríos. Un dirigente nasa, no muy convencido del desarme, me confesó su temor: “Y ahora quién nos va a defender”. De entonces acá, nadie los ha defendido y todos les han atacado; lamentablemente, también las FARC. Su territorio era y es muy codiciado por ser una ruta importante de los llamados “productos ilícitos”.

Estado efectivo de la implantación del Acuerdo de Paz

Este es textualmente el título del Segundo Informe emitido por el Kroc Institute for International Peace Studies, de la holandesa University of Notre Dame, sobre el cumplimiento de lo firmado en La Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. (Versión completa en https://kroc.nd.edu/research/peace-processes-accords/pam-colombia/#Spanish) y dado a conocer el pasado 2 de Julio.

El estudio abarca los 18 meses transcurridos desde la firma de La Habana, es decir del 1 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2018 y evalúa cada punto del Acuerdo y su implementación, señalando los avances y brechas de las 578 disposiciones establecidas por las partes.

En resumen, dice que “implementación continúa de forma sostenida”, que se dan “avances lentos” en algunos puntos y que en el 39 por ciento de los puntos, ni siquiera se ha iniciado.

Esta entidad independiente, aceptada por las partes como la evaluadora del proceso, destaca como positiva la efectividad del acantonamiento y dejación de armas, que “evidencia el profundo compromiso de las FARC-EP ” y la capacidad de ambas partes para trabajar juntas. Pero señala que se ha entrado en “la fase más difícil”, que es la reforma rural, la política que garantice la participación ciudadana, la incorporación social de los excombatientes….O sea, el meollo del Acuerdo de Paz tiene que aplicarse bajo la égida del Presidente Duque.

El Segundo Informe del Instituto Kroc expresa su preocupación por la falta de garantías de seguridad y protección en las regiones, por el incremento de los homicidios y amenazas en las zonas de conflicto, tanto a excombatientes como a líderes sociales y defensores de los DD.HH. Y señala los factores de violencia: Bandas Criminales (las Bacrim en el lenguaje oficial colombiano, para señalar a ex-narcoparamilitares organizados), ELN y disidencias de las FARC, que se disputan territorios.

También señala el aumento de la violencia sexual y las agresiones de género en las zonas antes bajo control de las FARC. La guerrilla, en ausencia del Estado, imponía antes ciertas normas de comportamiento social. Tras su desmovilización, el Estado no cumple esa función, pese a su fuerte presencia policial y militar en esos territorios.

Y en eso, llegó Duque-Uribe

No pintan muy bien las cosas, con la llegada del nuevo gobierno, que ya promete “reformar” el Acuerdo de La Habana. Sus pretensiones son, modificar la llamada “Justicia Transicional”, para hacer que los exguerrilleros cumplan largas penas de prisión y hacer así justicia a las víctimas. Y, claro, se refieren sólo a las víctimas del accionar guerrillero, no a las demás.

En realidad se trata de un falso argumento, que ya utilizaron en el referéndum sobre el Acuerdo. El objetivo fundamental es, y lo están haciendo, entorpecer los aspectos fundamentales del Acuerdo, comenzando por la reforma rural, que establece la reposición a los campesinos a los que fueron arrebatadas sus tierras, millones de hectáreas, bajo la presión militar y paramilitar, durante el conflicto. Impedir también, que los ex-guerrilleros que presenten proyectos de desarrollo rural, que ya han sido presentados e incluso iniciados, reciban del Estado las tierras que les prometen en el Acuerdo de La Habana. Este aspecto, según señala el Segundo Informe Kroc, “puede socavar el proceso de paz y llevar a la reanudación de la violencia armada”. Sí, porque ya están produciéndose, entre los excombatientes, problemas de subsistencia, por no poder poner en marcha esos proyectos de desarrollo agrario, de los que podrían vivir.

Iván Duque y sus muchachos no van a poner mucho interés en poner en marcha los ajustes legales e institucionales que, según el Acuerdo de Paz, deben mejorar la representatividad de zonas históricamente marginadas, y donde precisamente se asentaba el poder guerrillero, pero también el de los paramilitares, ni tampoco los que debieran mejorar la calidad de la participación y de los procesos democráticos.

Para muestra, un ejemplo: El Ministro de Defensa nombrado por Duque, Guillermo Botero, habla ya de “regular la protesta” para que sea “ordenada” y “represente los intereses de la mayoría”. No han llegado, y ya empiezan a meter miedo.

* Periodista y analista internacional, fue corresponsal en Colombia.
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