José Bergamín, un poeta contra la transición española

El 3 de marzo de 1976 apareció en Cuadernos de Ruedo Ibérico un extenso artículo titulado: “El franquismo sin Franco”. El Tribunal de Orden Público estimó que su contenido era subversivo y citó a su autor: José Bergamín, poeta, ensayista, presidente de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y una de las figuras más singulares de la Edad de Plata de la literatura española

En los años setenta, Bergamín había caído en el olvido y malvivía con sus artículos. Nadie se molestaba en reeditar su obra y muchos críticos le excluían de la Generación del 27, asegurando que era más adecuado situarlo entre los novecentistas. “No tiene ni para comer y, además, está muy bajo de moral”, comentaban sus amigos. Su penuria material y su invisibilidad como autor fue el precio que pagó por su honestidad e independencia. Durante la guerra civil, siempre mantuvo que no serviría de nada derrotar a los rebeldes, sin implantar una verdadera revolución social. Después, se exilió y no regresó hasta 1958, pero en 1963 tuvo que marcharse al extranjero de nuevo por firmar un manifiesto, denunciando las torturas contra los mineros asturianos en huelga. El propio Manuel Fraga ordenó su salida de España. Bergamín no regresó definitivamente hasta 1970 y nunca se tragó el cuento de la Transición pacífica y ejemplar. Enseguida entendió que la Reforma establecía un consenso de mínimos para garantizar los intereses de la dictadura y la impunidad de sus crímenes. Este punto de vista le costaría la exclusión de los medios y una campaña de difamaciones que ni siquiera hoy se ha disipado.

Bergamín ante el Tribunal de Orden Público

Bergamín acusaba a la oposición política antifranquista de no haber sido capaz de construir “una alternativa de gobierno democrático” y de promover la desmovilización de la clase trabajadora al pactar con la dictadura, colaborando activamente en la ficción de un cambio político y social, que no alteraba nada esencial, salvo concesiones formales de carácter simbólico. Esta manera de actuar sólo beneficiaba a los grandes terratenientes y a la oligarquía financiera, malogrando la posibilidad de un cambio revolucionario, que incluiría la reforma agraria, la nacionalización de la banca y el enjuiciamiento de los militares, policías y políticos implicados en crímenes contra la humanidad. En nombre del realismo y la eficacia, se sacrificaban los grandes objetivos políticos, desechados como reivindicaciones irrealizables y utópicas. La complicidad de los partidos y los sindicatos obedecía fundamentalmente al deseo de no ser excluidos de la nueva legalidad que se gestaba y que en ningún caso podía llamarse “ruptura democrática”, pues más bien encarnaba una continuidad hábilmente disfrazada de Estado de derecho. Hasta entonces, la oposición había atribuido a Franco un poder ilimitado, pero su muerte puso de manifiesto que el anciano general sólo era el mascarón de proa de la élite financiera y empresarial.

No se puede hablar, por tanto, de “vacío de poder”. Escribe Bergamín: «Los representantes de la clase dominante y sus agentes (aparato represivo en el más amplio sentido) han seguido instalados en el terreno que les era propio, el Estado franquista, que se mantiene intacto, «atado y bien atado», muerto el dictador, el hombre “carismático, insustituible” que lo cimentó. Intacto e irreformable por su propia naturaleza». Bergamín estima que la Reforma sólo es una “apertura continuista” y apunta que el primer gobierno de Juan Carlos de Borbón, con Carlos Arias Navarro como presidente, apenas se diferencia del último gobierno de Carrero o de la alianza entre Manuel Fraga y el Opus Dei en los años 60 para adoptar una apariencia de modernización. En realidad, la dictadura ha puesto en marcha la Transición para superar sus aspectos más vulnerables y librarse de tragos tan amargos como posibles juicios por genocidio. Al legalizar ciertos partidos y sindicatos, el franquismo logra diluir a la oposición en un magma desideologizado que puede ser manipulado y sometido a los intereses de la oligarquía. Bergamín acusa los líderes más conspicuos de la oposición (Tierno Galván, Felipe González, Ruiz Giménez, Marcelino Camacho, Santiago Carrillo) de participar en una operación concebida para integrar a España en la Europa occidental, siempre subordinada a los intereses del imperialismo norteamericano. La restauración borbónica pretende enterrar el genocidio cometido durante los primeros diez años de franquismo y minimizar la feroz represión de las décadas posteriores. Una amnistía limitada representará la consumación de ese olvido pactado y la incorporación definitiva a la economía capitalista.

La Transición permitirá la integración en la OTAN, lo cual significará implicarse en guerras neocoloniales y golpes de estado. Lo sucedido en Vietnam y Chile es un ejemplo de la política internacional que definirá el futuro. Aunque se reconozca el habeas corpus, el sufragio universal y la libertad de expresión y asociación, ya se encontrarán fórmulas para limitar o desvirtuar esos derechos. La democratización no afectará a cuestiones fundamentales como la Jefatura del Estado o el modelo económico. Para evitar riesgos, se filtrarán las nuevas libertades mediante “un aparato administrativo y represivo heredado del franquismo y mantenido cuidadosamente intacto” y se prohibirán «los grupos y partidos “extremistas”, con la represión sangrienta, con la tortura, más o menos civilizada, más o menos a cargo directo de policías o parapolicías, para quienes de verdad se opongan a esa “democracia”, a esa “liberalización”, a esa “apertura”. “Apertura” en la que a la seudo-adhesión carismática suceda la seudo-participación, y al mito del caudillo nacional el mito del monarca árbitro».

Bergamín cuestiona la argucia de condenar la violencia “venga de donde venga”, pues entiende que la violencia de los oprimidos no puede compararse con la violencia policial o con la de los grupos ultraderechistas. La violencia de los oprimidos «es el único medio de acción contra una “legalidad” hostil y violenta. Pero es también un error táctico, error si se cree en la sinceridad oposicional y democrática de quienes formulan tal condena, al brindar a Fraga la oportunidad de lavar la cara del Estado franquista, condenando moralmente, y no suprimiendo, la violencia de las parapolicías. Condenar la violencia “venga de donde venga” es más que error táctico, porque en la práctica es abandonar al Estado el establecimiento impune de los límites de lo que es violencia, incluso de la suya propia. Porque si difícil es determinar dónde acaba la lucha pacífica y dónde empieza la acción violenta cuando de los dominados se trata (¿es violencia o no responder en una manifestación a las cargas de las fuerzas del orden? ¿Es violencia o no resistir a la policía invasora en una huelga con ocupación de locales de trabajo?), más difícil es desde aquel presupuesto determinar qué es violencia o no es violencia en la práctica cotidiana del Estado, de sus fuerzas represivas.

Y con harta frecuencia para revelar el carácter violento de la acción de las fuerzas del orden el único método es oponerse violentamente a tal acción. Una clase social oprimida no puede renunciar a ninguna de las armas de lucha que le ofrece una situación. ¿Quién puede honradamente pretender en la coyuntura política española que la violencia revolucionaria está reñida con las acciones de masas?».

Bergamín afirma que “una oposición, no ya revolucionaria sino sinceramente democrática en el sentido jacobino de la palabra”, no hubiera perdido el tiempo negociando con las fuerzas políticas del franquismo, sino que habría participado en los movimientos de masas, luchando por una verdadera transformación social. Al pactar con hombres de escasa credibilidad democrática, como Fraga o Areilza, “ha desmovilizado a amplios sectores del pueblo español, propensos a esperar la limosna democrática del Estado franquista y no a conquistar la democracia con su victoria de cada día”. Bergamín acusa a socialcristianos, socialdemócratas y comunistas de “sabotear el impulso, de torcer el rumbo del incipiente torrente popular”.

No es un reproche infundado, sino un hecho que se reflejó en la negativa del PCE, el PNV y el PSOE a apoyar a “los presos vascos en su huelga de hambre de 1975” o en la huelga general pidiendo la libertad de todos los presos políticos. Bergamín afirma que sólo en Euskal Herria existe una oposición realmente anticapitalista y antifranquista, comprometida hasta las últimas consecuencias con la clase trabajadora. Sólo allí se han producido verdaderas huelgas generales y el movimiento obrero ha demostrado esa agresividad necesaria para doblegar a la oligarquía. Bergamín anticipa que el Estado español nunca aceptará los anhelos independentistas e intentará aplacar los ánimos con timoratas e insuficientes autonomías. Asimismo, pronostica que socialdemócratas y comunistas serán asimilados por el sistema y sólo unas pocas fuerzas sociales y políticas mantendrán su compromiso revolucionario.

Bergamín acusa de cinismo a los sindicatos y partidos políticos que nadan en las turbias aguas de la Transición, afirmando que los cambios deben ser escalonados y no radicales. Detrás de esa argumentación, sólo hay voluntad de poder y claudicación: «Las alianzas deben ser hechas para hacer y no para renunciar a hacer. La revolución no puede construirse sobre el engaño de propios ni extraños. Al enemigo político, al enemigo de clase hay que exigirle lo que no puede conceder sin dejar de ser, y no rogarle que ceda las defensas avanzadas que está dispuesto a abandonar en una retirada estratégica. Para los dominados exigir lo imposible es siempre el camino más corto para conseguir aquello que, según las normas de los dominantes, es posible en cada momento. Y en ese posible es donde chupan su savia los grupos oposicionistas “democráticos” penetrados de la “vocación de poder”, penetrados de la voluntad profunda de salvar el sistema que pretenden combatir, tendiendo la mano al explotador y encaramándose en los hombros de los explotados».

Franquismo sin Franco

Creo que el tiempo le ha dado la razón a José Bergamín, que se limitó a intercambiar impresiones con el juez del Tribunal de Orden Público, pues la justicia consideró insensato procesar a una de las grandes figuras de la Generación del 27. La Transición española consolidó las estructuras de poder creadas durante el franquismo, prescindiendo de los aspectos que afeaban su imagen internacional, pero sin renunciar a la represión y a las profundas desigualdades sociales. En el Estado español, se sigue practicando la tortura al amparo del régimen de incomunicación. A pesar de las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y los informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, la tortura es “algo más que esporádica e incidental”, según Theo Van Boven, relator de la ONU. Sólo entre 1978 y 1988, se aplicó el régimen de incomunicación a 7.370 personas y el 40% denunciaron haber sido torturadas. Otras muchas prefirieron guardar silencio por miedo a las represalias.

El gobierno español afirma que la mayoría de las denuncias son falsas y que obedecen a una estrategia para desacreditar a las instituciones, pero Theo Van Boven manifestó en su informe de 2004 que “no se pueden considerar una invención las denuncias de malos tratos realizadas por personas acusadas de terrorismo en España”. No es un problema de un pasado reciente. En 2012, se denunció a 4.869 agentes, de acuerdo con las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior y sólo se condenó a 42. Las denuncias no procedían tan sólo de militantes de la izquierda abertzale, sino de inmigrantes, activistas sociales y particulares que habían sufrido abusos y malos tratos. El porcentaje de condenas es irrisorio y sugiere que reina la más absoluta impunidad.

Además, las escasas condenas se resuelven en muchos casos con indultos, como sucedió con los cuatros guardias civiles condenados por torturar a Igor Portu y Martín Sarasola. La Audiencia de Gipuzkoa consideró probado que ambos militantes de ETA habían sufrido puñetazos, simulacros de asfixia y amenazas de muerte. De hecho, ambos sufrieron graves lesiones, que obligaron a hospitalizar a Igor Portu y a Sarasola. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló la sentencia, despertando el escepticismo incluso del diario El País: «¿Ha leído el Supremo los dos interminables folios de hematomas, equimomas, eritemas, erosiones, excoriaciones e incluso fracturas de los partes médicos? Sarasola presentaba 18 lesiones distintas, varias de 8 x 7 centímetros, en ojo, tórax, abdomen y brazos, y Portu, aparte de una docena de hematomas y erosiones, tenía varias fracturas costales con colapso pulmonar y derrame pleural, además de otras lesiones en un ojo, abdomen y piernas. ¿Semejante cantidad de lesiones al reducir a un fugitivo? […] Decía Chesterton: “Puedo creer lo imposible, pero no lo improbable”. Pero usted, como el Supremo, puede creer lo que quiera» (José Yoldi, 21-IX-2011). Las condenas por torturas sólo se resuelven con una sentencia condenatoria en un 0’86% de los casos. Es poco creíble que miles de personas se inventen todos los años falsas torturas, asumiendo el riesgo de perder el caso ante un tribunal, con las consecuencias legales que se derivan de su acción.

Al igual que en el franquismo, España sigue siendo un estado policial. Es el país europeo con mayor número de policías por habitantes: 505 por cada 100.000. Según los datos de Eurostat, sólo Chipre y Kosovo nos superan. En Alemania, con una población de 80 millones, la cifra desciende hasta 299. Pese a que el índice de delitos es de los más bajos de Europa (47 delitos por cada mil habitantes frente a una media europea de 70’4), las cárceles españolas están superpobladas. En 2011, había 153 reclusos por cada 100.000 habitantes, doblando la media europea y situándose por delante de Alemania. Las cárceles alojan a cerca de 70.000 presos, pero los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, ayuda a la dependencia) cada día cuentan con menos recursos humanos y materiales. Se habla de la hipertrofia de la Administración española, pero en nuestro país sólo 9 de cada 100 trabajadores son funcionarios públicos, mientras que en Suecia el porcentaje sube hasta 25, con algo menos de 10 millones de habitantes.

En la misma línea, España ejerce un liderazgo negativo en gasto social. Sólo dedica el 22% de su PIB, mientras la media europea se sitúa en un 29’4%. Según Eurostat, el gasto social por habitante en España está al mismo nivel que el de Grecia y 13 puntos por debajo del promedio comunitario. No es, por tanto, extraño que España sea uno de los países más desiguales de la UE de los Quince (UE-15). El prestigioso economista Vicenç Navarro escribió hace poco: “Resultado del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron en el proceso de transición de la dictadura a la democracia, España ha continuado siendo uno de los países con mayores desigualdades de renta y de propiedad. […] Esta desigualdad se ha caracterizado por una gran concentración de las rentas y de la propiedad en grupos de la población muy minoritarios que derivan sus ingresos de las rentas del capital, mientras que la mayoría de la población, que deriva sus rentas del trabajo, ha visto una disminución de sus rentas (en términos proporcionales) con descenso de su capacidad adquisitiva. Esta situación ha sido paliada debido a la relativa facilidad en conseguir crédito, lo cual ha enriquecido al capital financiero.

En realidad, la extensión de este último se basa en la escasa capacidad adquisitiva de la población trabajadora, sea asalariada (que trabaja para otros), sea autónoma (que trabaja para sí mismo). Esta situación ha sido muy acentuada en los últimos años debido a la burbuja inmobiliaria, que se basó en un enorme endeudamiento y en una gran expansión del capital financiero. Así, la ratio 20/20 (que mide la relación existente entre los ingresos del 20% de la población con mayores ingresos y el 20% de menos ingresos), pasó del año 2005 al año 2010, de un 5,5 a un 6,9, mientras que se ha mantenido en el 5 en el resto de la Unión Europea. Este endeudamiento ha permitido ocultar el grave problema de la enorme desigualdad en España entre aquellos que derivan sus rentas del capital (una minoría) y aquellos que la derivan de las rentas del trabajo (la gran mayoría), desigualdad que se ha ido acentuando. Así, mientras que en 1977 las rentas del trabajo (que incluyen mayoritariamente a la población asalariada) representaban el 67,3% de todas las rentas, en el año 2012 estas se redujeron al 53,4%. Y este año han pasado a ser el 48,6%, representando un porcentaje menor que el de las rentas derivadas del capital, una situación sin precedentes en el periodo democrático. A este descenso de las rentas del trabajo han contribuido las sucesivas reformas laborales, que han determinado un descenso de los salarios (un 6,2% este año), el debilitamiento de los convenios colectivos, y el aumento del paro y de los recortes salariales en el sector público”.

En España, hay 1’7 millones de hogares con todos sus miembros en paro y sólo el 67% de los desempleados registrados en las oficinas del INEM perciben alguna prestación o ayuda. Ya hay tres millones de familias que viven con menos de 300 euros al mes y 12 millones de ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza. La pobreza infantil afecta al 26’7% de los menores de 16 años. ¿Que se puede hacer contra esto? Algunos hablan de la necesidad de una “rebelión democrática”, pero la reforma del Código Penal impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, criminaliza las protestas, estableciendo penas escandalosas para los que inciten al desorden público o se resistan a la autoridad. Se entiende que encadenarse para evitar un desahucio, interrumpir el transporte público para protestar contra la subida de los billetes o invadir una sucursal bancaria para expresar indignación por la socialización de las pérdidas de la especulación financiera son delitos que pueden castigarse hasta con dos años de prisión. Oponer resistencia a un agente (no se definen claramente las diferencias entre actitudes violentas o simples actos de desobediencia civil pacífica) puede conllevar cuatro años de prisión y se considerará atentado. Los abogados penalistas señalan que los artículos son deliberadamente ambiguos para promover una represión preventiva, cuyo objetivo es limitar o liquidar derechos.

Mientras aplica estas medidas antidemocráticas, España conserva su posición como sexto exportador mundial de armas y ocupa el segundo lugar –solo detrás de Estados Unidos- como vendedor de munición a países africanos en guerra. Los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han gastado 52 millones de euros diarios en el mantenimiento del Ejército. En 2012, se recortó el presupuesto de todos los ministerios en un 4%, menos en Defensa, que se aumentó un 28%, pero se ocultó a la opinión pública, pues el incremento no se reflejó en los presupuestos generales, sino en el capítulo de créditos suplementarios aprobados al final de año.

La España que surgió de la Transición conservó los aspectos esenciales del franquismo (represión, militarismo, desigualdad) y no hizo justicia con las víctimas de la dictadura. 114.000 desaparecidos aún esperan una cada vez más improbable exhumación en más de 2000 fosas clandestinas. El nombre de sus asesinos (Yagüe, Varela, Franco, Millán Astray) todavía salpica las calles y plazas de España y el gobierno libera fondos para homenajear a la División Azul o rehabilitar el Valle de los Caídos. “Esta democracia tan a la española por achocolatada y babosa –escribía Bergamín a principios de los ochenta- más que de los muertos nos está pareciendo la democracia de los gusanos; de sus gusanos devoradores del cadáver en putrefacción del franquismo (…).

Los cuatro jinetes apocalípticos de este terrorismo estatal ultratúmbico y monarquizado que destruye España se llaman Fraga, Suárez, González y Carrillo, sociedad nominal de irresponsabilidad ilimitada y de inseguridad pública”. Hoy hablaríamos de Aznar, Rajoy, Rubalcaba o Rosa Díez. Cambian las caras, pero la sala de máquinas se mantiene inalterable, produciendo miseria, injusticia y represión. Los restos de Bergamín descansan en Hondarribia, pues no quería “dar sus huesos a tierra española”. Maldito y execrado, Bergamín hizo un diagnóstico preciso de su tiempo y adelantó lo que nos esperaba. Todas sus profecías se han cumplido. El franquismo continuó sin Franco y su podredumbre aún sigue contaminando el presente. Los poetas suelen tener el don de la clarividencia.

* Into The Wild Union