Arturo del Villar*. LQSomos. Diciembre 2017

A las 20 horas del 9 de diciembre de 1931 quedó proclamada la Constitución de la República Española, la única democrática que ha habido en nuestra historia constitucional. La I República no pudo hacer más que empezar a discutir el 11 de agosto de 1873 el proyecto redactado por Emilio Castelar; se hizo en tres sesiones consecutivas y se abandonó después, debido a las circunstancias especialmente conflictivas que obstruyeron la actividad del Congreso. Primero fue la dimisión de Nicolás Salmerón el 6 de setiembre como presidente del Poder Ejecutivo, y después la propuesta hecha el día 20 por su sucesor, Castelar, de suspender las sesiones hasta el 2 de enero de 1874, una fecha fatídica para nuestra historia.

A las seis de la madrugada siguiente las tropas del general Pavía asaltaron el Congreso, y todo lo demás es traición, vergüenza, restauración monárquica, corrupción continuada, y decisión del pueblo de recobrar sus libertades en las elecciones del 12 de abril de 1931, cuando España recuperó la legalidad perdida en 1874 por unos militares monárquicos golpistas. Todo el siglo XIX está infectado por las intervenciones arbitrarias de los militares, ascendidos y además ennoblecidos por acciones de guerra contra las colonias deseosas de emanciparse, o contra el pueblo español.
Aquel gozoso 12 de abril los electores dieron el triunfo a la conjunción republicano—socialista, el odiado rey Alfonso XIII, conocido burlonamente por Gutiérrez, se apresuró a huir a Francia por temor a una venganza popular, y el día 14 quedó resuelto el vacío legal con la proclamación de la II República Española, entre el júbilo incontenible del pueblo demostrado en las concentraciones organizadas espontáneamente en ciudades y pueblos.

Una República burguesa

La primera tarea del Gobierno provisional consistió en asegurar el orden público, de tal modo que no se produjo ningún incidente. Después se impuso la necesidad de modificar la Administración del Estado, para adaptarla a la nueva realidad, y por fin organizar unas elecciones democráticas de las que salieran los diputados de las Cortes Constituyentes, encargados de redactar el texto por el que debía regirse el nuevo Estado.
Aunque había triunfado en las elecciones la conjunción republicano-socialista, el Gobierno provisional designado fue burgués: no hubiera debido asustar a ningún conservador. El presidente era Niceto Alcalá—Zamora, un terrateniente andaluz que había servido a la monarquía, y el ministro de la Gobernación era Miguel Maura, hijo de Antonio, el jefe del Gobierno que ordenó las atrocidades militares en 1909 durante la llamada Semana Sangrienta de Barcelona y la represión siguiente. La personalidad más destacada del Gabinete, Manuel Azaña, que acabaría presidiendo la República en 1936, se declaró siempre un buen burgués, porque efectivamente lo era.

En cuanto al Partido Socialista, socio de los republicanos en el Gobierno, olvidaba el espíritu revolucionario de sus orígenes, y se aplicaba a la consolidación del nuevo régimen con tranquilidad, aunque alguno de sus dirigentes, como Francisco Largo Caballero, no estuviese de acuerdo, pero acataba la disciplina del partido. En España se había implantado una República burguesa, como la francesa, por ejemplo, bien consolidada y considerada internacionalmente. Así se integraba entre las naciones democráticas.
Pese a ello, las derechas se organizaron para impedir por todos los medios esa misma consolidación y consideración. El exrey huyó de Madrid con una simple maleta por equipaje, porque tenía bien colocada su fortuna en bancos extranjeros, y la utilizó para financiar las protestas callejeras y al fin la sublevación de los militares monárquicos en 1936.

Le ayudaron eficazmente en esa fechoría los nobles que habían dejado oficialmente de serlo, los terratenientes temerosos de una anunciada reforma agraria, los banqueros asustados ante el riesgo de no poder continuar sus especulaciones financieras, y los primeros afiliados a los movimientos nazifascistas fundados por entonces. Las dos ramas borbónicas enfrentadas desde los tiempos de Isabel II se unieron ante el considerado por ellas enemigo común. Contaron con el apoyo de los periodistas de derechas y de la ex-trema derecha, y desde luego de los militares monárquicos.

La Iglesia declara la guerra

Sin embargo, el enemigo mayor, el más belicoso y poderoso por contar con delegados en todo el mundo, y manejar grandes fortunas, era la Iglesia catolicorromana. Aquel entusiasmo popular del 14 de abril alarmó a los clérigos, por sospechar que sus seculares privilegios podrían ser eliminados o disminuidos, habida cuenta del odio que el pueblo siente por esa institución, demostrado en los ataques a conventos e iglesias a lo largo del siglo XIX y hasta en 1909. Ya ante las elecciones del 12 de abril los púlpitos se encendieron, porque sus ocupantes los utilizaron para amenazar con el fuego eterno del infierno a quienes votasen a la conjunción republicano—socialista. Pero triunfó, y los eclesiásticos se encresparon más todavía.

Dirigía entonces la Iglesia catolicorromana el cardenal arzobispo de Toledo y primado de España, un archifanático llamado Pedro Segura, amigo personal de Alfonso de Bor-bón, al que le debía el capelo. El 13 de mayo anunció que se exiliaba en el Vaticano, abandonando su archidiócesis porque se sentía perseguido por el Gobierno provisional, pero el 11 de junio regresó en secreto, para soliviantar a los catolicorromanos con sus soflamas. El día 14 fue detenido por la Guardia Civil en Guadalajara, y puesto en la frontera de Irún al siguiente. La orden la dio el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, fiel catolicorromano, harto del salvajismo opositor demostrado por el primado, con la aprobación del jefe del Gobierno provisional, Alcalá—Zamora, asimismo católico muy practicante.

El entonces dictador del supuesto Estado Vaticano, Pío XI, muy amigo del otro dictador en Italia, el Duce del fascismo, Mussolini, consideró esa decisión un ataque contra sus intereses muy terrenales. Por ello, animó a sus súbditos españoles a emplear todos los medios a su alcance, que eran muchos, con las predicaciones y los dineros para terminar con la República Española, hasta conseguirlo con la complicidad de los militares monárquicos en 1939, aunque él no llegó a ver su victoria por unos días.

La Iglesia dividió al Gobierno

Otra prueba de la oposición catolicorromana la dieron Alcalá-Zamora y Maura, de la Derecha Liberal Republicana, fanáticos practicantes de la secta, al dimitir el 14 de octubre, en desacuerdo con el artículo 26, en el que se regula la situación de las confesiones religiosas, se suprime el presupuesto del clero, se disuelve la orden jesuítica, y se prohí-be a los clérigos ejercer la industria, el comercio y la enseñanza. Consecuencia de todo ello fue la elección como presidente del Gobierno provisional de Manuel Azaña, el diputado que el día 13 había asegurado ante las Cortes que “España ha dejado de ser católica”. Debido a ello ambos políticos se dedicaron desde entonces a dificultar su tarea legislativa y ejecutiva, y los eclesiásticos lo convirtieron en su bestia negra a batir, colmándole de insultos y ridiculizando su persona con caricaturas infames.

El 8 de diciembre, en el que celebra la Iglesia catolicorromana la fiesta de la inmaculada concepción de la virgen María, un dogma no compartido por las demás confesiones cristianas, al no figurar definido en la Biblia, fue declarado laborable por el Gobierno provisional, ya que hasta entonces era festivo, como lo sigue siendo desde la victoria de los militares monárquicos sublevados. Los fanáticos ignoraron el decreto, engalanaron sus balcones, celebraron misas y recogieron colectas para el sostenimiento del culto y clero. Puede representar el sentir de esa gente la información publicada en el diario bar-celonés La Vanguardia el día 9, en la sexta página:

Para celebrar la fiesta de la Inmaculada, la Comunión Tradicionalista había organizado una solemne misa en la iglesia de san Agustín, en sustitución de la que todos los años se efectuaba en honor de la Patrona de la Infantería, y a la que asistían las autoridades y representaciones de todos los Cuerpos de la guarnición.
La función religiosa dio comienzo después de las 12.
El aspecto del templo parroquial de San Agustín era de brillantez extraordinaria y la concurrencia, compuesta por destacadas personas de la nobleza y la alta sociedad barcelonesa, resultaba tan numerosa que desbordaba la espaciosa nave de la iglesia.

Aquella tarde el Congreso aprobó prorrogar la Ley de Defensa de la República de 21 de octubre, después de amenazar Azaña con dimitir si era rechazada.

Las Cortes Constituyentes

Las elecciones para designar a los diputados de las Cortes Constituyentes y Ordinarias tuvieron lugar el 28 de junio. Se les dio ese doble nombre para evitar tener que disolverlas después de aprobada la Constitución. Fueron las primeras elecciones democráticas celebradas en España, porque previamente el Gobierno provisional autorizó que las mujeres pudieran ser elegibles, aunque todavía no electoras, por decreto publicado en la Gaceta de Madrid el 10 de mayo. Votó el 71 por ciento del censo, cifra escasa, pero debe tenerse en cuenta que los anarquistas de la FAI y de la CNT acordaron no participar en la elección, por no ser aquélla la Republica deseada por ellos.

La mayoría de los votantes se decantó por los partidos de izquierda republicana, con un total de 148 diputados; los socialistas obtuvieron 117, de modo que la conjunción sumó 265 escaños, y los variados grupos de la derecha totalizaron 219 diputados. Estas cifras son aproximadas, porque los historiadores no están de acuerdo a la hora de contabilizarlas. Demuestran en cualquier caso que las fuerzas derechistas eran importantes, aunque no alcanzasen a las de la izquierda. El Partido Comunista no consiguió representación parlamentaria

Significativamente se quiso rendir un homenaje a la República Francesa, eligiendo la fecha del 14 de julio, aniversario de su Revolución de 1789, para celebrar la inauguración solemne de las Cortes Constituyentes y Ordinarias. La sesión parlamentaria estuvo acompañada por un desfile militar, recorrido entre los continuos vivas a la República lanzados por una muchedumbre entusiasmada, al sentirse libre por haber echado al tirano. El Gobierno provisional encargó de inmediato a una comisión jurídica de gran prestigio la elaboración del anteproyecto constitucional. El 18 de agosto fue presentado el proyecto, que se empezó a discutir el 27.

La Constitución

Por fin el día 9 de diciembre se procedió a votar la Constitución de la República. La tribuna de invitados estaba abarrotada, pero en los bancos faltaban los diputados agrarios y los vasconavarros. Los periodistas destacaron la presencia de Alcalá—Zamora, previsible jefe del primer Gobierno constitucional, y de Francesc Macià, presidente de la Esquerra Republicana de Catalunya, así como notaron la ausencia del monárquico conde de Romanones, uno de los políticos más recurrentes durante la extinta monarquía. Presidió la sesión el socialista Julián Besteiro, por ser el presidente del Congreso. La República prescindió del inútil Senado.

Comenzó el acto con la lectura del proyecto de Constitución por el secretario de la Cámara, Ramón María Aldasoro, que la empezó a las 18.10 y tardó una hora exacta en completarla. A las 19.35 se inició la votación, momento elegido por un grupo de dipu-tados para ausentarse del hemiciclo ostentosamente: Ramón Franco, Barriobero, Balbontín, Samblancat, Jiménez, Niembro y Joaquín Pi y Arsuaga, quienes facilitaron una nota a los periodistas para justificar lo injustificable de su actitud. A las 19.55 votó Besteiro, y a continuación comunicó el resultado: habían votado 368 diputados, todos a favor del texto. Puestos en pie todos los concurrentes, Besteiro pronunció la frase ritual de proclamación:

En virtud de la aprobación definitiva que acaba de verificarse, y como presidente de las Cortes Constituyentes, declaro solemnemente promulgada la Constitución de la Re-pública Española, que la Cámara, en uso de su soberanía, ha decretado y sancionado.

A continuación se dispuso a pronunciar el discurso de rigor, por lo que pidió a los diputados que se sentaran, pero todos prefirieron escucharlo en pie como señal de respeto. Manifestó los lugares comunes propios de la circunstancia, y fue muy aplaudido, como asimismo obligaba la cortesía.

La Constitución del pueblo

La Gaceta de Madrid publicó el texto el día 10, en sus páginas 1578 a 1588. La Constitución de la República Española consta de 125 artículos y dos disposiciones transitorias, que contienen un título preliminar y otros nueve más, referentes a disposiciones generales, la organización nacional, la nacionalidad, los derechos y deberes de los españoles (divido en dos capítulos, sobre garantías individuales y políticas y sobre familia, economía y cultura), las Cortes, la Presidencia de la República, el Gobierno, la Justicia, la Hacienda Pública, y las garantías y reformas de la Constitución. El artículo 125, en efecto, admite que el texto legal puede ser reformado a propuesta del Gobierno o a propuesta de la cuarta parte de los miembros del Parlamento.
Siempre se ha reconocido que el texto de la Constitución española tuvo como modelo el de la alemana de Weimar de 1919. Supuso un gran adelanto sobre las seis anteriormente aprobadas, sin contar el Estatuto Real de 1834, y por primera vez ponía a la nación española en hora con las más avanzadas de Europa. Previamente se había aprobado el 21 de octubre la Ley de Defensa de la República, con seis artículos solamente, en los que se definen los actos de agresión contra ella, y las medidas gubernativas aplicables contra quienes los cometiesen.

Declara su preámbulo que “España, en uso de su soberanía, y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución”. Por primera vez en la historia constitucional española, el pueblo es protagonista de su destino. Por primera vez no es el monarca de turno el que promulga el texto constitucional, como había ocurrido desde la primera, la Constitución de Bayona de 1808, por José Napoleón, y como se sigue haciendo en la de 1978 por Juan Carlos I. La República es un régimen popular, en el que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, único responsable de su destino. La República es el sistema de gobierno más perfecto posible.

La soberanía popular

Según el artículo primero, “España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia”. Fue una concesión al grupo socialista, deseoso de subrayar esa cualidad de ser una colectividad de trabajadores. La condición democrática está explicitada en el párrafo siguiente, al decir que “Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo”.
En sus artículos se hace referencia al pueblo como única soberanía reconocida, la popular. Así, el 51 asegura que “La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados”, y el 66 dice en su primer párrafo que “El pueblo podrá atraer a su decisión mediante referéndum las leyes votadas por las Cortes”, y en el tercero que “El pueblo podrá asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las Cortes una proposición de ley siempre que lo pida, por lo menos, el quince por ciento de los electores”. En las restantes constituciones, incluida la vigente de 1978, se entrega al monarca de turno la representatividad de la nación, y al pueblo sólo le da la facultad de aplaudirle.

Así se practica la democracia, cuando el pueblo es el que toma las decisiones. La democracia es definida de esta manera en el Diccionario de la lengua española editado por la Real Academia Española: “Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos”, y la monarquía de esta otra: “Organización del Estado en la que la jefatura y la representación supremas son ejercidas por una persona que, a titulo de rey, ha recibido el poder por vía hereditaria y puede transmitirlo del mismo modo”.
No puede ser democrática una Constitución que proclama a una familia por encima de todas las demás, y convierte la persona del rey en inviolable e irresponsable, como han hecho todas, incluida la de 1978, con la única excepción de la republicana. El Estado que tiene a su frente un jefe con carácter vitalicio y hereditario, es imposible que pueda ser considerado democrático. Solamente es democrático el sistema en que el poder corresponde al pueblo, es decir, la República.

El jefe del Estado

Según el artículo 68 de la Constitución de 1931, “El presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de compromisarios igual al de Diputados”, por un mandato de seis años, especifica el artículo 71. Además, el presidente puede ser destituido, conforme se regula en los artículos 81 y 82, y efectivamente, Alcalá-Zamora fue destituido por las Cortes el 7 de abril de 1936, por 238 votos a favor y únicamente cinco en contra, basándose en que había disuelto innecesariamente las Cortes anteriores. El 10 de mayo fue elegido presidente Manuel Azaña.

Solamente la República hace posible la democracia, jamás la monarquía, por muy campechana que quiera presentarse para engañar al pueblo, o aunque el rey se case con una mujer de pasado muy conocido. España únicamente ha vivido un período democrático constitucional, desde el 9 de diciembre de 1931 hasta el 1 de abril de 1939, cuando se inició la trágica etapa dictatorial, derivada de la victoria de los militares monárquicos sublevados, con la colaboración de sus patrocinadores nazifascistas, Alemania, Italia, Portugal y el Vaticano, ante el silencio cobarde de las demás naciones, excepto la Unión Soviética y los Estados Unidos Mexicanos.

El dictadorísimo que dirigió la represión del pueblo hasta su muerte por causas natura-les el 20 de noviembre de 1975, tomó medidas para continuar su régimen genocida, al designar un sucesor a título de rey que juró lealtad a su persona y fidelidad a sus leyes ilegales. El pueblo español no puede elegir al jefe del Estado, es el sucesor del sucesor quien ocupa el cargo, no por la gracia de Dios, según la fórmula antigua, sino de un militar traidor.

* Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio

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