La Iglesia catolicorromana celebra los acuerdos de 1979

Arturo del Villar*. LQS. Mayo 2019

La Constitución fue firmada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre de 1978, una inocentada anticipada que nos gastó su majestad, y entró en vigor el 29. Solamente cinco después, el 3 de enero de 1979, quedaron firmados los acuerdos en el Vaticano. Concedían a la Iglesia catolicorromana los mismos privilegios de que gozaba durante la dictadura, un poco más disimulados

La Asociación Católica Nacional de Propagandistas fue creada en 1909 por el jesuita Ángel Ayala, para defender la ideología más ultraconservadora del hipercatolicismo romano. Tuvo su mayor esplendor durante la República, cuando la reorganizó el ultraconservador Ángel Herrera Oria, presidente de la Junta Central de Acción Católica desde 1933, y verdadero director del diario ultraderechista El Debate. Es uno de los personajes más siniestros y sectarios de la historia de España, por lo que llegó a cardenal de la Iglesia catolicorromana.
En Madrid se perpetúa todavía su espíritu retrógrado, en la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, muy poderosa económicamente, con sede en la calle de Isaac Peral, número 58. A la Asociación Católica Nacional de Propagandistas le han quitado el título de Nacional, en un intento por apartarse del nazionalcatolicismo, aunque su ideología sigue siendo tan extremada como en tiempos de la República, cuando todo su afán estuvo consagrado a derribarla, con sus concentraciones de sectarios y los ejemplares tendenciosos de El Debate.

Preside ahora la Fundación el ultrasectario Alfonso Bullón, quien organizó el 10 de mayo una jornada conmemorativa de la firma de los acuerdos entre el reino de España y el supuesto Estado Vaticano. El discurso inaugural estuvo a cargo de Renzo Fratini, nuncio de ese presunto Estado de opereta consistente en dos edificios en la ciudad de Roma, aunque tiene guardadas sus reservas de oro en Fort Knox, junto con las de Estados Unidos de América. Un esperpéntico Estado con una de las mayores fortunas acumuladas en contra de la predicación de Jesucristo. Por eso algunos creen que el papa es el Anticristo, y muchos que el llamado Estado Vaticano es la embajada del infierno en la Tierra: los continuos escándalos que la acusan de cometer toda clase de pecados y delitos así lo demuestran.

Habla (mal) el nuncio

El nuncio hizo una alabanza desaforada de los acuerdos, cosa lógica porque son muy beneficiosos para la Iglesia catolicorromana. Aseguró que es un “ordenamiento plenamente positivo y beneficioso en el servicio a la persona humana en el sentido integral”. Puesto que en italiano y en castellano tienen el mismo valor las palabras persona y humana, alguno de los oyentes hubiera debido preguntar a este ignorante con alzacuellos cuántas personas conoce él que no sean humanas. Quizá en el Vaticano. Pero nadie lo hizo, sino que todos aplaudieron entusiasmados. Teniendo en cuenta que estaban confesados y comulgados, no puede extrañar su actitud.
También declaró el nuncio exactamente que “la Iglesia nunca buscó privilegios con esos acuerdos”: una de dos, o no los ha leído o es un canalla mentiroso. Porque los cuatro acuerdos conceden privilegios a los clérigos en todas las materias que abordan. Esta cuestión está comentada hasta la saciedad, pero la zafiedad del nuncio nos obliga a repasarla.
Las relaciones entre la dictadura fascista y el Vaticano se rigieron por el concordato de 1953, que reconocía al nazionalcatolicismo como única religión verdadera y por tanto oficial, y en consecuencia le concedía todos los privilegios posibles. Con la sustitución de la dictadura fascista por su sucesora la monarquía instaurada por el dictadorísimo, los redactores de la Constitución acordaron en el artículo 16:3 que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, pero añadieron que “Los poderes públicos tendrá en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”: debido a la propaganda habitual durante la dictadura, se daba por hecho que obedecían ciegamente al nazionalcatolicismo.

Un concordato vergonzante

En ese tiempo, delegados ultracatólicos del reino de España y funcionarios del supuesto Estado Vaticano estudiaron en secreto los términos de un nuevo concordato, pero al final se desechó ese nombre, ya en desuso en la diplomacia internacional. Se optó por pactar unos acuerdos bilaterales de obligado cumplimiento que fueran de hecho un concordato sin ese nombre.
La Constitución fue firmada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre de 1978, una inocentada anticipada que nos gastó su majestad, y entró en vigor el 29. Solamente cinco después, el 3 de enero de 1979, quedaron firmados los acuerdos en el Vaticano. Concedían a la Iglesia catolicorromana los mismos privilegios de que gozaba durante la dictadura, un poco más disimulados.
Las restantes confesiones protestaron desde el primer día por esa discriminación que el reino hacía en favor de la Iglesia catolicorromana, pero inútilmente, puesto que el rey de España ostenta el sobrenombre de rey católico desde 1496 por concesión del abominable papa Alejandro VI a Isabel y Fernando y todos sus sucesores. También protestamos muchos vasallos forzosos de su majestad que no aceptamos las mentiras propaladas por la secta catolicorromana y no queremos que siga imponiéndonoslas.

Todo lo quieren suyo

Los acuerdos se dividen en cuatro materias: jurídica, de enseñanza, asistencia religiosa y asuntos económicos. Los obispos han inmatriculado a nombre de la Iglesia todos los edificios que han querido, incluida la mezquita de Córdoba, basándose en la tradición, con lo cual están exentos de pagar ningún tributo. Además, son inviolables, así como todo su contenido. El matrimonio eclesiástico tiene efectos civiles.
En materia de enseñanza se aprobó la asignatura de religión, impartida por profesores aprobados por los obispos y con textos igualmente reconocidos por ellos. Pero su salario lo abona el Estado, no la Iglesia, porque se trata de enseñanza oficial. La desvergüenza habitual de los clérigos.
Un arzobispo vicario general castrense organiza la asistencia a las Fuerzas Armadas, en las que se incluye a todos los militares y sus cónyuges. Está auxiliado por los capellanes castrenses, nombrados por él, pero pagados por el Estado. Y eso que el reino no tiene religión oficial.
El Estado se comprometió mediante el acuerdo económico a colaborar con la secta catolicorromana en la consecución de su adecuado mantenimiento. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se reserva una casilla para asignar un pago a la Iglesia catolicorromana, pero además los acuerdos señalan una larga lista de exenciones por las que está libre de pagar. De ese modo consigue un alto beneficio que entrega a las arcas del Vaticano para cumplir el llamado óbolo de san Pedro: los españoles pagamos y el Papa recibe los euros, un tráfico de divisas autorizado.
Estos acuerdos, según Renzo Fratini, no constituyen ningún privilegio. Habrá que inventar un término para designarlos, en consecuencia. Aunque no solamente le gustan al nuncio, sino a todos los partidos políticos que concurrieron a las recientes elecciones del 28 de abril. Todos están tan conformes con ellos que ninguno propuso denunciarlos. Será porque les gustan o será porque temen el poder de la secta catolicorromana, que ya terminó en su momento con la República mediante la repulsiva Carta colectiva del Episcopado español, fechada el 1 de julio de 1937, en la que se convocaba a todos los catolicorromanos del mundo a formar una cruzada contra la República. Y lo hicieron y triunfaron. Solamente por eso hay que extirpar a esta secta de España, porque no podemos fiarnos de ella.

* Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio.
Más artículos del autor

Síguenos en Facebook: LoQueSomos Twitter@LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos

Deja un comentario