La Puya en el zapato de Guatemala
Presionado por el grupo empresarial, el gobierno del exgeneral Otto Pérez Molina dio luz verde a la intervención policial en la comunidad guatemalteca de La Puya, donde sus pobladores se oponen desde 2012 a un proyecto minero.
Más de 300 policías lanzaron gases lacrimógenos y dieron golpes con sillas de plástico y leños a mujeres, jóvenes y ancianos de esa localidad, ubicada a 30 kilómetros al noreste de la capital guatemalteca, con lo cual lograron que la maquinaria entrara a la mina El Tambor.
Con el objetivo de extraer oro y plata, el proyecto minero corre a cargo de la empresa estadounidense Kappes Kassiday & Associates y de su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala S.A., esta última dirigida por militares y exfuncionarios públicos.
Tal programa extractivo no fue consultado con la población afectada, y traerá ínfimos beneficios económicos y sociales al país, aparte de amenazar los escasos recursos hídricos de la región, han denunciado dirigentes sociales.
La Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala condenó la intervención de fuerzas policiales contra la población civil, que ejerce su derecho a defender la vida y el territorio en La Puya.
"Lo que se vivió este viernes (23 de mayo) en la Resistencia La Puya, recordó la forma violenta de los ataques que se dieron durante el conflicto armado interno (1960-1996) que se vivió en Guatemala", denunció por su parte la Coordinadora y Convergencia Nacional Maya, integrada por organizaciones campesinas e indígenas.
El suceso tuvo lugar un día después de que la alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, manifestara preocupación por la lucha humanitaria en Guatemala.
Tras cuatro días de visita oficial al país centroamericano, Pansieri sostuvo en rueda de prensa que escuchó testimonios de defensores de los derechos humanos que trabajan a favor de la justicia, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y el medio ambiente.
"Me preocupa sobremanera constatar que el otorgamiento de licencias para proyectos extractivos y energéticos sigue generando tensión social", afirmó la alta funcionaria.
En ese sentido, abundó que en el contexto de explotación de recursos naturales se utilizan tipos penales desproporcionados a los hechos denunciados, tales como la asociación ilícita, terrorismo o secuestro, los cuales -dijo- corresponden a la lógica del combate al crimen organizado, y no al abordaje de la demanda de los movimientos sociales.
Paralelo al desalojo en La Puya, más de 300 personas protestaron frente a la sede del Ministerio de Gobernación (Interior), en Ciudad Guatemala, para exigir el cese de la represión y la libertad de los presos políticos.
Desde marzo de 2012, habitantes de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc permanecen en la entrada de la mina El Tambor, en la llamada resistencia de La Puya, donde hacen turnos noches y días para impedir el paso de la maquinaria.
Recientemente el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, en Consejo de Ministros, no permitió el ingreso de cámaras del Centro de Medios Independientes (CMI) a Casa Presidencial para documentar una reunión sobre el tema.
En consecuencia, los representantes de La Puya no entraron al encuentro con el gabinete de gobierno por considerar el hecho "una falta de respeto, transparencia y honestidad, ya que este era uno de los acuerdos tomados previo a dicha reunión", reportó el CMI.
* Prensa Latina/ro/rsm
