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Alegría y prudencia
Después de 8 meses de espera, el juez Garzón, en contra del deseo de la Fiscalía de archivar las denuncias, ha dictado una serie de medidas previas al pronunciamiento sobre su competencia o no ante la denuncia, interpuesta por familiares y entidades de desaparecidos durante dictadura fascista de Franco.
 En 24 horas, ríos ¿mares? de tinta, de uno u otro color, se han manifestado a favor, con escepticismo o belicosamente en contra de estas medidas previas. Es natural que después de 69 años de finalizada la guerra civil, promovida por el golpe militar de julio del 36, y 33 años de la desaparición del dictador, de la preconstitucional ley de amnistía y de la institucionalización del modelo de impunidad de los crímenes de lesa humanidad del franquismo, haya opiniones para todos los gustos, en contra.
Desde los Protocolos de Núremberg hasta la constitución del CPI, la ley penal internacional ha dejado clara una cosa: no hay impunidad ni imprescriptibilidad para los crímenes de genocidio ni de violación sistemática de los derechos humanos. Y ese precepto es, aquí y ahora, en el Estado español, tan aplicable al régimen fascista español, como lo es en Ruanda, Colombia, Sudáfrica, Camboya, Argentina, Chile, etc. Los modelos de impunidad se van derrumbando debido a la necesidad histórica- generacional de enfrentarse y solventar sus traumas históricos cerrados en falso, como apuntan los principios de la Justicia Transicional.
Después de 9 meses de inacción, el Gobierno activa algunos aspectos de la llamada ley de la memoria histórica y acata la decisión del Juez Garzón y de los familiares de las víctimas. Más allá de que esa ley de rocambolesco título (aprobada en medio del escepticismo de propios y extraños) pueda ser considerada como un “blanqueo” del modelo de impunidad de 1976, lo cierto es que las medidas de Garzón suponen un impacto en la línea de flotación del modelo, sus disposiciones y legislación ad hoc.
Que la magistratura “acoja con frialdad” la decisión de Garzón, que la derecha franquista blanda el sable admonitorio, que algunos, de buena fe desde luego, duden ya de que la medida llegue a buen puerto y propongan alternativas, es natural. Es normal después de 33 años de impunidad, de escasa publicidad y escaso reconocimiento por parte del estado de los esfuerzos de las entidades memorialistas, de familiares y víctimas de la terrible represión franquista, por recuperar la Verdad, la Justicia y obtener la Reparación debida. Principios, estos, que conforman el Deber de Memoria, y, más allá de elucubraciones y semánticas variables, son una de las claves de bóveda de un sistema democrático avanzado, en el que el estado debe ser el principal constructor Como así los han entendido, con sus matices, los países anteriormente citados.
En cualquier caso, Garzón ha entreabierto “la Caja de Pandora”, con la “transición” como epicentro. Eso es, efectivamente lo que preocupa a la derecha, a “respetables instituciones”, “compañeros de viaje” y a la estructura misma de esta impresentable y antidemocrática operación, que llamaron “transición”.
Alegría y prudencia, en estos momentos. En pocos días tendremos, para bien o para mal, las cosas más claras.
LQSomos. Álvaro Fernández Alonso. Septiembre de 2008
Vicepresidente de La Coordinadora per a la Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya
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