Marcelino Domingo en la huelga revolucionaria de 1917

Arturo del Villar*. LQS. Septiembre 2019

Las editoriales pequeñas no se benefician de la publicidad obtenida por las grandes, no obstante realizar una importante labor de difusión cultural o histórica. Es el caso de Cisma Editorial, creada por un grupo de jóvenes interesados en el devenir de la sociedad española. En su colección CismaRecuperados está facilitando el acceso a libros descatalogados, pero con una actualidad mantenida para entender cómo hemos llegado al tiempo presente. Acaba de lanzar el memorial escrito por Marcelino Domingo sobre la huelga general revolucionaria de 1917, en la que apenas participó porque fue detenido y encarcelado ilegalmente. Se titula En la calle y en la cárcel. Jornadas revolucionarias, al que he puesto un prólogo explicativo sobre los sucesos que condujeron a esos días de agosto relatados por un cronista insuperable. El volumen tiene 194 páginas y cuesta 14 euros.

Se acaban de cumplir 80 años de su muerte en el exilio de Toulouse, el 2 de marzo de 1939, en coincidencia con la agonía de la República Española a la que sirvió hasta su último aliento. Fue enterrado al día siguiente, con asistencia del prefecto del departamento, el alcalde, tres diputados y dos senadores franceses, el cónsul de la República Española y el de los Estados Unidos de México, más un gran gentío de exiliados españoles y franceses demócratas.
Este aniversario no ha sido conmemorado como exige la figura de Marcelino Domingo, en su doble faceta de político y escritor famoso en su tiempo, autor de éxito en sus estrenos teatrales. Como político tuvo protagonismo en los gobiernos presididos por Niceto Alcalá-Zamora y Manuel Azaña, al ocupar los ministerios de Instrucción Pública y Bellas Artes y de Agricultura, Industria y Comercio. Como escritor en la Biblioteca Nacional están catalogados con su nombre veinte libros de ensayos, nueve dramas, tres novelas y diez reproducciones de conferencias y discursos. Toda esa obra está publicada en castellano, con una sola excepción, On va Catalunya?, un ensayo impreso en 1927.

Catalanista y republicano

Nacido en Tarragona el 26 de abril de 1884, maestro en 1903, cuando ingresó en el Partido Federal, ofrece una trayectoria política errática, siempre dentro de la izquierda, hasta fundar el 3 de abril de 1934 Izquierda Republicana, con Manuel Azaña y Santiago Casares Quiroga. Al permitir Esquerra Republicana de Catalunya la doble militancia, formó parte de su Directorio.
Fue diputado por Tortosa entre 1914 y 1923, cuando el general Primo dio un golpe de Estado auspiciado por el rey Alfonso XIII, que implicó la suspensión de la Constitución y el cierre de las Cortes secuestradas. Con la proclamación de la República en 1931 volvió a ser elegido diputado, lo mismo que en 1936.
Colaboró asiduamente en diarios y revistas, además de dirigir algunos medios como El Pueblo, de Tortosa, en 1909; La Publicidad, de Barcelona, en 1915, y La Lucha también en Barcelona en 1916. Sufrió numerosos procesos judiciales por sus escritos: él mismo decía en su libro memorial En la calle y en la cárcel que al ser detenido en 1917 se instruían contra él cerca de trescientos procesos, por su campaña contra el rey y la guerra en Marruecos. Su artículo “Soldados”, publicado en la primera plana de La Lucha el miércoles 20 junio 1917, e impreso como hoja volante con una tirada incalculable, distribuido clandestinamente en los cuarteles, motivó su detención.
Ese año 1917 queda registrado con letras mayúsculas en la historia, por haber triunfado la Revolución Soviética, que marca el cambio de una era histórica, al poner fin a la Edad Contemporánea iniciada en 1789 con la Revolución Francesa. En España también se vivieron sucesos revolucionarios, aunque de menor trascendencia.

España en 1917

La guerra mundial favoreció a las industrias químicas y al sector textil, con favorable repercusión para la industria algodonera y lanera en Cataluña. También se beneficiaron la siderurgia, las navieras y la agricultura, al incrementarse la producción debido a las dificultades de las importaciones; en cambio, cayó la construcción. Pero los más agraciados fueron los empresarios, no los trabajadores: la especulación aumentó los precios de los productos, que no se correspondían con los salarios inmovilizados. El hambre fue tremenda en el campo andaluz en el invierno de 1917-18. La población española, mayoritariamente rural hasta entonces, empezó a emigrar a las grandes ciudades. El mayor beneficio lo obtuvieron los siete grandes bancos y las grandes empresas.
La caótica situación social animó a la Unión General de Trabajadores, socialista y a la Confederación Nacional del Trabajo, anarquista, a convocar una huelga general el 18 de diciembre de 1916, para protestar por la subida de los precios sin correspondencia en los salarios. El Gobierno del conde de Romanones suspendió las supuestas garantías constitucionales y ordenó la detención de los dirigentes de ambos sindicatos.
En España a lo largo del siglo XIX tuvo un papel protagonista el Ejército, hacedor de revueltas y revoluciones. En el XX el Ejército se hallaba desprestigiado desde su fracaso colonial en 1898. El servicio militar era obligatorio, pero se permitía la llamada redención en metálico, las llamadas cuotas para ricos, de modo que se nutría de hijos de obreros y campesinos desinteresados de un conflicto que no les concernía. La corrupción entre los mandos era enorme, robaban no sólo el dinero destinado a la alimentación de la tropa, sino también al vestido y al armamento: así se sucedieron los desastres en la guerra colonial mantenida en Marruecos, para defender los intereses de las compañías en las que participaba Afonso XIII.
En 1916 se crearon en Barcelona las Juntas de Defensa Militar, extendidas por España hasta 1922. Pedían que los ascensos se hicieran por antigüedad y no por méritos de guerra, acaparados por los llamados africanistas que estaban haciendo la guerra, así como mejoras salariales y un reconocimiento público de su función, muy devaluado en la sociedad civil. En mayo de 1917 fueron arrestados en el castillo de Montjuic ocho integrantes de la Junta de Defensa del Arma de Infantería de Barcelona. El 1 de junio los artilleros y los ingenieros publicaron el Manifiesto de las Juntas Militares de Defensa, en clara oposición al Gobierno de Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, quien dimitió el día 9 y le sustituyó Eduardo Dato el 11. Al día siguiente quedó aprobado reglamento de las Juntas.

Los militares estaban enfrentados al Gobierno, pero la feroz represión contra los huelguistas en agosto demostró que lo estaban más al pueblo.

Parlamentarios sin Parlamento

Y el pueblo se sentía justamente indignado con la situación social del reino. Al empezar julio de 1917 las Cortes se hallaban cerradas, suspendidas las teóricas garantías constitucionales, y vigente una férrea censura de prensa. El jueves día 5, se reunió en el Ayuntamiento de Barcelona una Asamblea de parlamentarios catalanes, diputados y senadores, que aprobó exigir al Gobierno de Madrid la inmediata convocatoria de Cortes Constituyentes. De no aceptarlo se celebraría una asamblea extraordinaria el jueves 19.
El Gobierno del presidente Dato rechazó a propuesta, y advirtió que de celebrarse la reunión el día 19 sería un acto sedicioso castigado en el Código Penal. Sin miedo a la amenaza, ese día trataron de entrar en el Ayuntamiento 46 parlamentarios presentes, pero la Guardia Civil se lo impidió y les obligó a marcharse. Al día siguiente el Pleno el Ayuntamiento y la Diputación elevaron sendas protestas por la suspensión del acto, pero al comenzar el día 19 una huelga de ferroviarios y tranvías eléctricos en Valencia, el tema de la Asamblea quedó pospuesto.
Otro problema tenía intranquilo al Gobierno. El lunes 26 de febrero de 1917 Álvaro de Figueroa, conde de Romanones y jefe del Gobierno, comunicó al Congreso el real decreto por el que se suspendían las Cortes, sin que sirvieran de nada las protestas de los diputados. El clima social se fue enrareciendo por la pésima situación económica de los trabajadores, y la ineficacia demostrada por el Gobierno para resolver los problemas planteados.
Durante el mes de junio se sucedieron huelgas laborales en varias localidades, que animaron al nuevo jefe del Gobierno, el conservador Eduardo Dato, a solicitar al rey un real decreto por el que se suspendían cinco artículos de la Constitución, relativos a la detención, prisión, registro domiciliario, traslado forzoso de domicilio y libertades de opinión, reunión y asociación. El reino se convertía así en un trágico campo de concentración. No se restablecieron hasta el 19 de octubre. Fueron detenidos los líderes sindicales y clausurada la Casa del Pueblo en Madrid.

La huelga revolucionaria

Pese a la feroz represión gubernativa, el 19 de julio, como queda dicho, comenzó una huelga de ferroviarios y conductores de tranvías en Valencia, contra la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, abreviadamente conocida como la Compañía del Norte, muy poderosa. La Guardia Civil disolvió a tiros una manifestación pacífica de trabajadores, lo que incrementó el odio popular a ese instituto nada civil. Cundieron las protestas por España, con enfrentamientos entre obreros y patronos especialmente duros en Vitoria.
El viernes 10 de agosto a las 20 horas empezó una huelga nacional de ferroviarios y tranviarios. La Federación Nacional de Ferroviarios de España llamó a la huelga general. Una real orden del Ministerio de la Guerra dispuso que en los trenes viajaran fuerzas del Regimiento de Ferrocarriles para hacerse cargo de ellos si los empleados abandonaban el servicio, y advirtió que cualquier ataque sería juzgado por el Código de justicia militar y castigado con pena de muerte. Pese a ello, muchos trenes fueron apedreados. El 12 de agosto se sumaron a la huelga los mineros de Linares.
El Comité de Huelga, constituido en la Casa del Pueblo de Madrid por Julián Besteiro, Andrés Saborit, Francisco Largo Caballero y Daniel Anguiano, proclamó la huelga general el lunes 13 de agosto, seguida masivamente en todo el reino. El Gobierno respondió declarando el estado de guerra en la península, con orden a los capitanes generales de tomar el mando. Dictaron inmediatamente bandos para advertir al pueblo que las alteraciones del orden público serían juzgadas conforme al Código de justicia militar, y las sentencias ejecutadas inmediatamente. Los periódicos debían llevar la advertencia de que el número fue sometido a la autoridad militar. El estado de guerra quedo levantado el 5 de octubre.
Hasta entonces las calles estuvieron patrulladas por las fuerzas armadas, con los integrantes de las Juntas de Defensa, fieles servidores del rey pese a sus antiguas reivindicaciones incumplidas. Los jueces instructores militares se hallaban en servicio permanente. Se prohibieron los grupos callejeros de más de tres personas. Los conductores de todo tipo de vehículo debían llevar una autorización especial para circular. El Gobierno creó una fuerza auxiliar paramilitar en la que se integraron ultraderechistas muy violentos, decididos a enfrentarse a los huelguistas en cualquier lugar.
En los días siguientes hubo muertos en los enfrentamientos entre huelguistas y fuerza pública, no se puede saber cuántos. Se llamó a filas a los tres últimos reemplazos, incluidos los soldados de cuota. Las detenciones eran indiscriminadas, se registraban lo mismo domicilios particulares que talleres. Los miembros del Comité de Huelga fueron detenidos el día 14, y condenados a prisión incomunicada.
El miércoles 15 de agosto era festivo, pero el Ejército no descansó, sino que en Barcelona y Sabadell disparó contra los huelguistas, causó muertos y heridos no contados, y destruyó numerosos edificios. Los mineros de Riotinto en Huelva se unieron a la huelga, y el Gobierno envió un batallón de 500 soldados para que la terminasen contundentemente.

La detención de Marcelino Domingo

Las prisiones estaban abarrotadas a consecuencia de las detenciones masivas, lo que provocó motines. En la Modelo de Madrid el día 16 entró una compañía del Ejército, que disparó contra los amotinados: siete reclusos murieron y no se facilitó el número de heridos. Por la tarde en una casa de Barcelona en la que se alojaba, fue detenido ilegalmente Marcelino Domingo, sin atender a su condición de diputado a Cortes por Tortosa, que le concedía inmunidad, y confinado en el crucero protegido Reina Regente, anclado en el puerto. De nada sirvieron las protestas urgentes de los vicepresidentes del Congreso ante el presidente Dato.
El 2 de setiembre fue trasladado al crucero acorazado Princesa de Asturias, mientras arreciaban las protestas contra su arbitraria detención inútilmente. El 27 de octubre el rey obligó a Dato a dimitir, y el 30 la Asamblea de Parlamentarios, reunida en el Ateneo de Madrid por no tener acogida en otro sitio, declaró recaer sobre el Gobierno toda la responsabilidad por la detención ilegal del diputado Marcelino Domingo.
El 3 de noviembre formó Gobierno Manuel García Prieto, y dos días después el Tribunal Supremo ordenaba la puesta en libertad de Marcelino Domingo. Estuvo preso 81 días en aquel inmenso campo de concentración en el que reinaba Alfonso XIII. Las penalidades de su inicuo cautiverio las relató en 1921 en su ensayo histórico En la calle y en la cárcel. Jornadas revolucionarias, un testimonio de cargo contra el rey tirano que privó de todas las libertades a sus vasallos, lo que le valió el desprecio popular y acabó empujándolo al exilio.
Se dirigió a Cartagena, para visitar a los responsables del Comité de Huelga encarcelados allí, y allí participó en un mitin el día 19 de noviembre, reclamando su liberación y el final de a monarquía, por no ser capaz de resolver los problemas capitales del reino. De vuelta a Madrid, el 23, se le ofreció un homenaje, en el que pronunció un importante discurso Manuel Azaña, para resaltar que “Le cupo el honor peligrosísimo de que la barbarie española le escogiese como víctima”, y tuvo la suerte de “que cogido en ese torbellino, envuelto por la justicia de uniforme, no ha sufrido más que una detención arbitraria”, y le felicitó por no haber sido fusilado.

La monarquía era imposible

Marcelino Domingo participó el 17 de agosto de 1930 en el pacto de San Sebastián, del que derivó el Gobierno provisional de la República, en el que se le asignó el Ministerio de Instrucción Pública, y el 28 de setiembre intervino destacadamente en el gran mitin republicano celebrado en la plaza de toros de Madrid. El 14 de diciembre, al fracasar la intentona revolucionaria de Jaca, se exilió en París, junto con Indalecio Prieto. Por eso no pudieron votar el 12 de abril de 1931, pero al conocer la histórica victoria de la conjunción republicano-socialista regresaron el día 15 a Madrid, siendo aclamados jubilosamente en todas las estaciones en las que se detuvo el tren.
La Gaceta de Madrid insertó el día 16 su nombramiento como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en el Gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora. Como maestro que era le preocupaba el alto grado de analfabetismo que la monarquía no quiso conocer, y ordenó la creación de 23.435 escuelas.
Pero cuando Azaña formó su primer Gobierno constitucional, el 16 de diciembre de 1931, le encomendó la cartera de Agricultura, Industria y Comercio. Era un Ministerio en conflicto permanente con los braceros andaluces, que reclamaban una reforma agraria para hacerse con la propiedad de las tierras que labraban para los amos. El 12 de junio de 1933 Azaña le confirmó en el cargo al asumir un nuevo Gobierno, de corta duración al perder la confianza del presidente y dimitir el 8 de setiembre.
A los pocos dias, el 24, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz y Ángel Galarza fundaron el Partido Republicano Radical Socialista Independiente, de muy corta vida, ya que el 3 de abril de 1934 se fusionó con la Acción Republicana de Azaña y el Partido Republicano Gallego (antigua ORGA) de Santiago Casares Quiroga, para crear Izquierda Republicana. Fue un partido pequeño, pero de gran importancia política debido al prestigio de sus dirigentes y afiliados.
En el nuevo Gobierno formado por Azaña el 19 de febrero de 1936, tras la victoria del Frente Popular, desempeñó de nuevo la cartera de Instrucción Pública y Bellas Artes, por muy corto tiempo: el 10 de mayo fue elegido Manuel Azaña presidente de la República, lo que implicaba la dimisión del Gobierno.
Tras la sublevación de los militares monárquicos, en la madrugada del 19 de julio Diego Martínez Barrio formó un Gobierno que no llegó a tomar posesión, en el que Domingo seguía ostentando la cartera de Instrucción Pública. Sí se consolidó esa misma mañana el Gobierno presidido por José Giral. Al creer posible encontrar ayuda en el Frente Popular de Francia, Giral encomendó a Domingo viajar a París para entrevistarse con Léon Blum, y convencerle de que la neutralidad era injusta con la República invadida. No lo consiguió por la cobardía del político francés. Lo que pudo hacer fue pronunciar un discurso en la Mutualité, en el que explicó la realidad de la guerra no contada por los comprados medios de comunicación.
Continuó esa labor propagandista por Canadá, los Estados Unidos, México y Cuba, además de publicar tres ensayos para dar a conocer al mundo lo que realmente se estaba jugando en España, debido a la agresión nazifascista contra el pueblo. Esa actividad atacó a su salud, y además el dolor de ver perdida la guerra, que era tanto como decir la República por la que combatió con sus armas, la palabra y la pluma, causaron su muerte el 2 de marzo de 1939 en el exilio de Toulouse, sin llegar a cumplir los 55 años.

Es, por todo lo dicho, una figura muy destacada de la política española en el primer tercio del siglo XX. Desde su ideología republicana se enfrentó al rey corrupto, que llegó a cometer perjurio al suspender la Constitución que había jurado cumplir y hacer cumplir a sus vasallos. A ello se añade el valor de su obra literaria, de escritura tradicional, con especial interés en los juicios expuestos en sus ensayos de carácter político. Lamentablemente no es fácil encontrar sus obras en las librerías de viejo, por lo que es preciso saludar el acierto de esta reedición de En la calle y en la cárcel. Jornadas revolucionarias, muy útil para conocer cómo se administraba justicia en la monarquía de Alfonso XIII.

* Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio.
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