Metáfora de la ley

Nònimo Lustre. LQS. Abril 2019

En ausencia de una Ley de Eutanasia, esas autoridades, ¿podrían hacer algo más? Pues, creemos que sí…

Como todos sabemos, la metáfora es una figura retórica contradictoria pues se basa en unificar la realidad con lo imaginario. Es un mecanismo irracional porque lo imaginario es, aparentemente, inmiscible con la física de la realidad. Y, sin embargo, es el mayor motor en el crecimiento del lenguaje. Pero la metáfora muere cuando es tomada al pie de la letra. Por ejemplo, si decimos que la violencia de género es como un martillazo, los que sólo la perciban cuando hay una mandarria por medio estarán reduciendo ese concepto jurídico hasta eliminarlo por completo. Algo muy parecido a lo que la justicia española está perpetrando contra Ángel Hernández Pardo.

Pero, antes de argumentar porqué decimos que en el infame sumario que han abierto contra Ángel se está tomando la metáfora al pie de la letra, permítanme unas pocas consideraciones teóricas que muchos calificarán como abstrusas:

¿Cómo es la ley?: la ley es intrínsecamente totalitaria –holística o comprehensiva suena mejor- porque intenta predecir todos los comportamientos humanos, los meritorios y los antisociales. Pero este propósito es de imposible cumplimiento por varias razones: a) porque la realidad siempre supera a la ficción y la ley es una ficción, un artilugio, una convención social bien o mal intencionada. b) porque los legisladores carecen de la imaginación necesaria para sublimar la justicia pero, ojo, esta falta no es suya sino universal. c) porque la realidad cambia a diario y descubre nuevas situaciones legislables; por ejemplo, ¿cómo normativizar los derechos y deberes de los animales o de los robots?

Los legisladores son conscientes de estas dificultades y por ello crean un campo semántico alrededor de los delitos, las faltas, las beneficencias y las actividades generales del ciudadano. Además, ya que, dada la complejidad de la acción humana, no pueden afinar mucho, crean unos satélites alrededor del hecho legislado que, al menos, ofrezcan más posibilidades hermenéuticas. De ahí que hayan nacido los agravantes, los atenuantes… y los eximentes que son el último objetivo de estos párrafos.

Es precisamente en este campo satelital, complejo y complementario de la norma básica –sea ésta la divina Constitución, sea el derecho natural-, donde tiene más cabida la metáfora puesto que los sujetos de derecho se observan desde la perspectiva ideal de una antropolatría constituida en un dogma al que necesariamente deben supeditarse esas referencias cotidianas que siempre son real/imaginarias -es decir, metafóricas. Léase, como si la persona concreta, imputable o inimputable, tenga que ser legislada como si fuera La Santa Persona. Como si en lugar de la manoseada metáfora “dientes como perlas”, fuera considerada -ejemplo, los robots- “hojalata como carne social”.

Por todo ello, sostenemos que el sumario abierto contra Ángel es el paradigma actual de cómo la justicia española ha tomado la metáfora al pie de la letra. Porque, al encasillarle en la categoría ‘violencia de género’, la susodicha justicia ha entendido las manos que entregaban el pentobarbital sódico a Mª José como la mandarria antes citada. En consecuencia, las que no pasaban de ser herramientas subalternas al servicio de la esposa, han sido hipertrofiadas hasta ser convertidas en el martillazo inherente a los delitos contra las mujeres.

La violencia de género, bien o mal entendida, no debe limitarse a la metáfora del martillo –ésta, siempre mal entendida-. Así lo han visto algunas autoridades judiciales progresistas cuando se han opuesto a la calificación del enésimo juez que ha derivado la instrucción a esa categoría escudándose en una sentencia del prestigiosísimo (¿) Tribunal Supremo. En ausencia de una Ley de Eutanasia, esas autoridades, ¿podrían hacer algo más? Pues, creemos que sí. Mientras llega tan ansiada ley, hemos de conformarnos con exigirles que recurran a los eximentes. Y no aludimos a un eximente pasivo que consistiría en dilatar el sumario hasta que se legalice la eutanasia porque eso sería una decisión precaria y vergonzante –además de inaplicable a Ángel por el precepto de irretroactividad de la ley- sino a exprimir la abundancia de eximentes que proliferan en el corpus jurídico español.

Porque, veamos, en ese corpus existen desde pseudo-eximentes como el indulto –humillante porque el condenado debe declararse delincuente-, hasta la obediencia debida para los militares y para el clero, pasando por las objeciones de conciencia –que parecen ser innumerables pero que, en la práctica, sólo se aplican a los antiabortistas-. Ello sin contar a las personas inimputables –los menores de edad o los desprovistos de capacidad social- y, por supuesto, sin necesidad de acudir a los atenuantes, vergonzosamente miserables en el caso de Ángel.

Llevado a sus últimos extremos, calificar a Ángel como homicida –si por los meapilas fuera, sería encausado como asesino-, nos retrotrae a los tenebrosos tiempos en los que, si sobrevivía, el suicida era condenado a muerte. No es broma ni hablamos del Medioevo: cuenta el exiliado ruso Ogarev que, en el Londres del siglo XIX, fue testigo de cómo asesinaron a un suicida fallido; los médicos habían avisado de que, habiéndose abierto la garganta en su intento de morir, no podrían ahorcarle porque se le abriría la herida y respiraría por ella -después de muchos ensayos a cual más macabro, las autoridades consiguieron matarle-. Pues bien, si Ángel es un homicida, ¿se atreverían a encausar a Mª José como incursa en el delito de suicidio? La pregunta es estúpida pero no más absurda que la acusación de homicidio contra Ángel.

Que unos ciudadanos ejemplares como Ángel e incluso una hipotética Mª José, sean empapelados es intolerable para la sociedad post-franquista. Esto lo saben las autoridades actuales pero no obran en consecuencia. Se quejan en privado de que no pueden dar carpetazo legal y público al infamante sumario por razones procesales, como si fuera el primer sumario que se anula en España, como si no supiéramos los intríngulis de las relaciones entre el ministerio público y los jueces. No voy a pedirles ninguna audacia pero sí que pierdan el miedo a la Iglesia, única garantía de que habrá una ley de eutanasia. Y también les voy a pedir que apliquen un eximente total para Ángel. No soy jurista pero les sugiero que bien podría englobarse en la categoría de ‘objeción de conciencia’ sólo que, en este caso, para evitar el carácter negativo de esa figura jurídica, se formularía en positivo como “respeto de conciencia”, aunque luego su letra grande se redactara como mejor creyeran –y más no puedo ceder.

No estoy pidiendo peras al olmo. Sólo reivindico que se respete la conciencia -minoritaria o mayoritaria, no hace al caso- de dos votantes y que, de paso, se subsane el disparate de haber asesinado a una metáfora. No es mucho pero la lengua castellana y, sobre todo, el pueblo español se lo agradecerá.

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