Ministro Escrivá: complicando la vida de los más vulnerables

Por Fátima Martín*. LQSomos.

El ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, que posee 255.522 euros en seguros de vida y planes de pensiones, quiere trasladar el fiasco de su cuestionada gestión del Ingreso Mínimo Vital a autónomos y pensionistas.

Paradójicamente, el ministro de la Seguridad Social, el responsable gubernamental de garantizar las pensiones públicas, confía su propio futuro a planes de pensiones privados. Así lo ha dejado reflejado el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 26 de marzo de 2021, donde los altos cargos de la Administración General del Estado se hubieron de retratar presentando su declaración patrimonial [1]. Según dicha declaración, Escrivá, con un patrimonio neto de más de 1,5 millones de euros, es uno de los miembros más ricos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Escrivá quiere controlar vía declaración de la renta a los autónomos más precarios, como ya hizo con los perceptores del Ingreso Mínimo Vital

Una de las últimas ocurrencias del ministro para complicar aún más la vida de los más vulnerables es obligar a los autónomos que menos ganan, que incluso tienen pérdidas (pero siempre pagan la desproporcionada cuota de autónomos), a hacer la declaración de la renta. La causa detrás de esta imposición a todos los autónomos y eliminación del mínimo de ingresos exento está en el pretendido control de los ingresos reales, según ha publicado Invertia [2]. Control que brilla por su ausencia cuando se trata de las rentas del capital.

Precisamente, la obligación de hacer la declaración de la renta ya la impuso el ministro de ¿Inclusión? para controlar a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) [3], aunque no superen el mínimo de ingresos, con un régimen de sanciones y castigos incluido. Cabe señalar que, según la propia Seguridad Social, “el Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas” [4]. Y cabe recordar que el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que se autodenomina “el más progresista de la historia”, presume de “no dejar a nadie atrás”.

Los propios técnicos de Hacienda han reconocido las dificultades que los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tienen para presentar la declaración: “Estamos hablando de personas en pobreza severa, buena parte de ellas no tiene internet ni ordenador. La mayoría [de las prestaciones] las han gestionado las ONG”, declaró el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, a El Independiente [5].

Las ONG coinciden en el diagnóstico: “El único acceso a internet de muchas de estas personas es el móvil y existe un riesgo de que la gente no la haga o la haga mal. Y sabemos que las consecuencias de hacer mal una declaración o no hacerla son extremadamente graves, pero especialmente para estas personas”, afirma el director de Acción Social en Acción Contra el Hambre, Luis González, en el mismo medio. Además, lo considera un “un sinsentido” y una “presión fiscalizadora” sobre las personas más vulnerables, “en lugar de prestar atención a otros tramos” de mayores ingresos, algo que “genera indignación”.

Cruz Roja, por su parte, insiste en el perfil de los perceptores del IMV: “Son en gran parte personas con hijos, en situación de desahucio, que en multitud de ocasiones deben elegir entre pagar la luz o pagar la comida y en situación de exclusión social. En resumen, familias vulnerables”.

“Escrivá dilapida 4,2 millones de los fondos europeos en una campaña de autobombo”, publicó ‘Libremercado

Desde el Ministerio respondieron a El Independiente los esfuerzos realizados, como una campaña de comunicación dirigida al colectivo, con cartas, mensajes y carteles en las oficinas de la Seguridad Social. Al respecto, el online Libremercado publicó el pasado mes de diciembre el siguiente titular: “Escrivá dilapida 4,2 millones de los fondos europeos en una campaña de autobombo”. En el subtítulo destacaba que las acciones desarrolladas promoverán, entre otras, “la necesidad del Ingreso Mínimo Vital”, “el Pacto de Toledo”… [6]

No es el único dinero público cuestionado por estar mal gestionado por parte de este licenciado en Ciencias Económicas, expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), expresidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea, exasesor del Instituto Monetario Europeo, exjefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo y exdirector para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea [7].

Sucede que las ONG, las organizaciones que sobre el terreno trabajan con los pocos que han superado todas las trabas para poder percibir el escuálido Ingreso Mínimo Vital, han coincidido en señalar su estrepitoso fracaso. Ya OXFAM Intermón, el pasado mes de enero de 2021, afeó la gestión de Escrivá del IMV en su informe ‘Superar la pandemia y reducir la desigualdad. Cómo hacer frente a la crisis sin repetir errores’ [8]. En él, OXFAM citaba el dato de FUNCAS de que el objetivo previsto por el Gobierno era alcanzar los 850.000 hogares en 2020, pero a finales de septiembre, de casi un millón de solicitudes, la prestación solo le llegó a 90.000 hogares. La organización constató “diferentes problemas burocráticos y administrativos tanto en la comunicación como en la implementación de la prestación” [9].

También el informe ‘Sociedad expulsada y derecho a ingresos’ de Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), publicado en octubre de 2021, analizó muy negativamente la configuración y normativa de este ingreso, que “ofrece una cobertura insuficiente y presenta lagunas importantes. (…) En definitiva, solo el 18,6% de los solicitantes en pobreza severa está cobrando el IMV o, al menos, lo tiene concedido. Y a casi la mitad del total de solicitantes en pobreza severa (el 49%), le ha sido denegado”, concluyó [10].

Clamor contra la gestión del Ingreso Mínimo Vital

Tal ha sido el clamor contra la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que el ministro ha creído encontrar la manera de intentar ahorrarse las críticas de las ONG (sin éxito): Ante su incapacidad de hacer llegar los recursos a quienes lo necesitan, ha lanzado un Registro de Mediadores del Ingreso Mínimo Vital [11], para que sean las entidades colaboradoras las que acrediten la idoneidad de los potenciales beneficiarios de la prestación. Un Registro que, como todo lo que sale del Ministerio de Escrivá, está jalonado de complicaciones burocráticas. Para un Ministerio tan obsesionado en registrarlo todo, llama la atención que la Administración pública, en aras a la transparencia, no haya publicado ni una sola línea sobre cuántos recursos económicos se van a destinar a este Registro y cómo se van a gestionar.

A pesar del intento, las críticas de las ONG no se han apagado. El más reciente informe de Cáritas y FOESSA, ‘Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España’ [12], fechado en enero de 2022, sigue reclamando mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital. He aquí algunas de las conclusiones del documento: “La lenta incorporación de perceptores en el contexto de pandemia y el alto porcentaje de rechazos a pesar de la gran demanda inicial ha sido objeto de fuertes críticas por parte de los actores sociales, entidades no lucrativas o de los medios de comunicación. (…) En octubre de 2021, de 1.322.904 expedientes de solicitud válidos, desde junio de 2020 se han aprobado 336.933. (…) En el momento de realización de la encuesta (primer trimestre de 2021), alrededor de un 24,1% de los hogares habían recibido información sobre la prestación del IMV, un 7,5% lo habrían solicitado y alrededor del 1% lo estaría percibiendo”. Especialmente desprotegidas se han quedado las trabajadoras domésticas, cuyo subsidio apenas alcanza a un 0,1% de los hogares, fundamentalmente hogares en situación de “exclusión severa”.

Autónomos en pie de guerra contra la propuesta del ministro

El informe de Cáritas y FOESSA, concebido como “la primera radiografía social completa de la crisis de la Covid-19 en toda España”, también analiza las prestaciones de las personas trabajadoras autónomas, así como los muchos requisitos exigidos para percibirlas.

Mucha indignación a derecha y a izquierda es lo que ha cosechado la propuesta de reforma del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) presentada por el Ministerio de Seguridad Social, actualmente en negociación. “Es inasumible, tiene afán recaudatorio, es más injusta que el sistema actual, genera desigualdades y es, en definitiva, una reforma que llevaría a los autónomos a la ruina y supondría el hachazo definitivo para muchos”, ha valorado ATA [13], la organización de autónomos integrada en la patronal CEOE. En una nota de prensa, ATA recuerda que “a partir de abril o mayo un millón de autónomos tendrán que devolver los créditos ICO”; afirma que, según la propuesta de Escrivá, “la subida de cotizaciones va a afectar a 1,8 millones y la bajada a 1,4 millones, una rebaja ridícula”; se pregunta si “es cotizar por ingresos reales que el que tenga pérdidas además tenga que cotizar”; y concluye afirmando que “es inasumible y puede provocar un aumento de la economía sumergida y una bajada de los rendimientos netos declarados, el abandono de muchísimos autónomos y su pase a la economía B”.

Por su parte, la unión de autónomos UATAE [14], ha presentado a Escrivá su alternativa para “una cotización realmente justa y solidaria” para los trabajadores autónomos y le emplaza a “escuchar” al colectivo. Entre sus exigencias figura “cotizar según beneficios netos reales (descontados todos los gastos, incluidas amortizaciones y la propia cuota), reducir la cuota a tramos inferiores e intermedios, agilizar implantación y ampliar derechos: equiparar prestaciones, subsidios y pensiones a asalariados”.

Como quiera que el nuevo año ha llegado con subidas en las cuotas de unos autónomos que ya hacían malabarismos para llegar a fin de mes [15], el colectivo que no estaba organizado, está empezando a hacerlo. Es el caso de Lucha Autónoma, que acaba de nacer en las redes sociales “para conseguir una cuota de autónomos justa y que responda a los ingresos de lxs trabajadorxs”. Con solo tres publicaciones, en apenas días ya cuenta con 73.500 seguidores en Instagram. ‘El Salto’ ha publicado su valoración de la reforma Escrivá, a la que se oponen de manera “firme” al considerarla “abusiva”. Desde Lucha Autónoma señalan dos problemas fundamentales: Consideran que las cuotas suponen un porcentaje excesivo de los ingresos, y que los tiempos de implementación son innecesariamente dilatados. Y no descartan movilizaciones “para visibilizar el descontento que Escrivá dice no ver” [16].

Pensionistas: “No a la reforma Escrivá”

Tampoco tiene nada contentos el ministro a los pensionistas. “No a la reforma Escrivá” publicaba el pasado mes de noviembre Ramón Franquesa, portavoz nacional de COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones) [17]. “¿Es necesaria una Auditoría de las Cuentas de la Seguridad Social para saber el destino de los más de 103.000 millones que el Tribunal de Cuentas afirmó que se habían detraído de las pensiones para los gastos indebidos durante décadas?”, pregunta.

Su artículo termina así: “Escrivá se siente fuerte para imponer más y más medidas lesivas contra los trabajadores y pensionistas porque las grandes centrales sindicales le brindan su apoyo. Así estos interlocutores sociales legitiman socialmente los recortes que nos esperan a la vuelta de la esquina. Nos sentimos profundamente decepcionados”.

¿Quién diseñó un ministerio así?

El pasado mes de octubre, el ministro José Luis Escrivá protagonizó una curiosa escena: Durante una comparecencia pública, confundió el hueco del atril que contenía la botella de agua con el vaso. “Ah, esto no es… Me parecía complejo. Ahora tengo un problema…”, comentó entre risas. A los pocos días, con tiempo para haber reflexionado, recuerda la escena con un vídeo en Twitter y añade: “no encuentro algo que llevo rumiando desde entonces; ¿Quién diseñó un atril así?”.

Es decir, que Escrivá, pasados los días, en vez de reconocer su propia torpeza, echa balones fuera. Las torpezas como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones son mucho más graves. Su gestión del Ingreso Mínimo Vital, aparte de complicar la vida de los más vulnerables con un laberinto de papeleos digitales, no ha conseguido ni siquiera llegar a los niveles de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. No ha cumplido el objetivo del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se estableció el ingreso mínimo vital [18], que no era otro que reducir los niveles de desigualdad de España que tanto señalan las recomendaciones de las instituciones europeas. Su gestión es un auténtico fiasco que se extiende a las políticas que afectan autónomos y pensionistas. Escrivá se ha convertido en el ministro de la miseria. ¿Quién diseñó un ministerio así?

Notas:
1.- Boletín Oficial del Estado: viernes 26 de marzo de 2021, Núm. 73
2.- Escrivá planea que todos los autónomos tengan que hacer la declaración de la renta sin importar sus ingresos
3.- El Gobierno obligará a las 850.000 familias que reciban el IMV a hacer la Renta para aflorar la economía sumergida
4.- Ingreso Mínimo Vital. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
5.- Técnicos de Hacienda y ONG ven un riesgo que los beneficiarios del ingreso mínimo no presenten la renta
6.- Escrivá dilapida 4,2 millones de los fondos europeos en una campaña de autobombo
7.- Biografía ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. José Luis Escrivá Belmonte
8.- Superar la pandemia y reducir la desigualdad
9.- “Necesidad de mejora urgente”: Hasta OXFAM Intermón afea la gestión de Escrivá del Ingreso Mínimo Vital
10.- FOESSA constata un gran deterioro de las condiciones de vida del conjunto de los hogares a causa de la Covid-19
11.- Inclusión pone en marcha el registro de mediadores que permitirá al tercer sector acreditar situaciones de vulnerabilidad para el acceso al Ingreso Mínimo Vital
12.- FOESSA presenta la primera radiografía social completa de la crisis de la Covid-19 en toda España
13.- La reforma del Gobierno es una ruina para los autónomos
14.- UATAE presenta a Éscrivá su alternativa para “una cotización realmente justa y solidaria” para los trabajadores autónomos y le emplaza a “escuchar” al colectivo
15.- Nuevo varapalo: las cuotas subirán entre 96 y 225 euros al año en 2022
16.- Trabajadoras autónomas organizan su respuesta a las nuevas cuotas propuestas por el Ministerio de Escrivá
17.- No a la reforma Escrivá
18.- Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital

* Fátima Martín es periodista, miembro del CADTM y de la PACD del Estado español. Es coautora, junto con Jérôme Duval, del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016. Actualmente está desarrollando el periódico ’online’ FemeninoRural.com.
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