¿Por qué no se aplica la Ley de Memoria Histórica?

Ramón Alonso. LQSomos. Julio 2017

Estas últimas semanas hemos asistido a un hecho preocupante. El gobierno que siempre declara acatar las sentencias judiciales, pone todos los impedimentos para ejecutar una que afecta a la Memoria Histórica: La exhumación y entrega a sus familiares de los restos de dos víctimas del franquismo que se encuentran en los columbarios del Valle de los Caídos. Hace ya diez años que se publicó la ley que regula estos casos. Sin embargo desde 2012 el gobierno no dota presupuestariamente su aplicación y quedan miles de casos pendientes de resolver. ¿Por qué sucede esto con una ley sobre hechos sucedidos hace ochenta años? ¿Qué hay detrás de la mezquindad de denegar los restos mortales de sus familiares a ancianos de más de 80 años?

Antes que nada es preciso identificar las causas que determinan esta situación, no debemos caer en el engaño de que la actuación del gobierno se debe a una estrategia de no remover viejas heridas. Hay motivos económicos, políticos, ideológicos y sentimentales de su abyecto comportamiento. De entre todos los factores, el más aglutinante es que la mayoría de los gravísimos crímenes cometidos por el régimen franquista, no solo fueron responsabilidad del dictador. Hubo muchos otros autores o cómplices de los mismos, algunos guiados por su afán de venganza, pero muchos otros también por ánimo de lucro.

Finalizadas las operaciones militares, y tras dejar un impresionante reguero de cadáveres en las cunetas, ya con Franco y sus cómplices en el poder, se procede al reparto del botín, es decir de las propiedades de los vencidos y, cómo no, al castigo de los enemigos. Cesan las acciones bélicas, pero dirigida desde el aparato del Estado se lanza una persecución implacable en la que participan miles de militares, policías, guardias civiles, jueces, y todo tipo de adictos al Régimen contra los vencidos. Los resultados de tan “humanitarias” actividades arrojan un balance superior a las cien mil ejecuciones y a centenares de miles de encarcelamientos. A muchos de los condenados a largas penas de cárcel se les obliga a trabajar en obras faraónicas. Miles de presos políticos participaron en estos trabajos en condiciones de esclavitud por míseros salarios. Es la versión española del sistema de trabajo forzado creado por los nazis: obtener beneficios económicos castigando a tus enemigos. Esto también fue una fuente astronómica de ingresos para gratificar a los allegados. En estas condiciones se produce otra ignominia. La ley de responsabilidades políticas, que permite requisar los bienes de las personas condenadas como responsables de hechos políticamente sancionables desde 1934. El embargo de los bienes de los perdedores y su reparto posterior, produjo enormes beneficios a muchos de sus perseguidores.

En conclusión, que las atrocidades en el transcurso de la guerra y años posteriores originaron miles de muertes violentas, de presos y de exilados, pero también fabulosos beneficios que proceden de los embargos, la explotación de los presos y otros orígenes tan nobles como el mercado negro. Entre los numerosos sicarios, todos con las manos manchadas de sangre, fueron muchos los que obtuvieron cuantiosas recompensas económicas por sus actos. Este numeroso grupo de personas, con intereses políticos comunes, (por ejemplo, la ocultación de sus delitos), que tan vergonzosamente generaron o aumentaron su fortuna, pronto formaron una nueva clase dominante.

La protección a ultranza de tan ilustres personajes como los que participaron o se beneficiaron de los crímenes de la dictadura, mediante obstrucción de las investigaciones o la ocultación por cualquier método de sus responsabilidades es la explicación más convincente de la cerril política del gobierno. Están ayudando a los de su clase social y no van a hacer voluntariamente ningún tipo de concesiones que debiliten su posición, por humanitarias que sean las peticiones. A las clases dominantes y a sus representes políticos les perjudica económica y políticamente que los sangrientos o turbios orígenes de sus fortunas sean conocidos, luego hacen todo lo posible para evitar la aplicación de la ley.

La Ley de Memoria Histórica trató tímidamente de reparar alguna de las atrocidades cometidas por los fascistas durante y tras la guerra civil. La finalización del conflicto armado no supuso el fin de la violencia. Un marco jurídico ad hoc fue elaborado para hacer más eficaz la salvaje represión, que finaliza tras de la muerte del dictador. Afortunadamente, los asesinatos y la rapiña siguen teniendo mala prensa y a nadie le gusta que le recuerden que ellos o algunos de sus antecesores los han cometido. Las manchas de sangre producen una pésima publicidad. Por tanto, denunciemos y hagamos públicos los crímenes y sobre todo apoyemos a las víctimas.

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