Otra mentira más de Rodolfo Ares

Ahora que la Ertzaintza intenta volver a detener a Urtza Alkorta en Ondarroa, habrá que recordar a quienes tanto defienden a ese cuerpo policial lo que sucedió cuando la detuvieron hace tres años. Y de paso volver a dejar en evidencia cuán mentirosos son el entonces Consejero de Interior Rodolfo Ares y compañía, y cuán burdas suelen ser sus mentiras. Unas mentiras que, como en los casos de Iñigo Cabacas y Xuban Nafarrete, caen por su propio peso.
Por cierto, cinco de las personas detenidas entonces junto con Urtza estuvieron incomunicadas ocho días, lo cual deja al descubierto otra de las mentiras que le han contado las autoridades españolas al Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, CPT. En efecto, en su respuesta al último informe sobre el Estado español que acaba de hacer público el CPT, las autoridades españolas pretenden que desde el 2009 nadie ha estado incomunicado más de cinco días. Mentira. Otra más.
Todo comenzó cuando nueve personas detenidas a finales de enero del 2010 en Ondarroa y sus alrededores denunciaron que la Ertzaintza les había sometido a malos tratos y torturas; entre ellas, Urtza Alkorta. El abogado Alfonso Zenon reiteró la denuncia de sus defendidos en rueda de prensa y entonces Rodolfo Ares se querelló por injurias contra él, manifestando que era «evidente» que el abogado «mintió de una manera descarada». Pronto se vio, sin embargo, que quien mentía no era precisamente Alfonso Zenon sino Ares y su Departamento de Interior.
En efecto, dicho departamento adujo unas supuestas grabaciones como prueba de la falsedad de las denuncias, pensando sin duda que ninguna instancia judicial solicitaría los videos, porque nunca lo habían hecho hasta entonces. Se equivocó de plano. Los solicitaron inesperadamente tanto el Ararteko como una juez de instrucción de Durango y no pudo ofrecer sino vanas excusas para no mostrarlos.
El primero en actuar fue el Ararteko quien, a petición de los familiares de los detenidos, intentó llevar a cabo una investigación sobre lo sucedido. Ante la abierta actitud obstruccionista del Departamento de Interior, cuatro meses después tuvo que cejar en su empeño y dictó una dura resolución al respecto.
En ella, denunció que le habían negado el visionado de las grabaciones con una burda excusa, ya que Interior justificó la negativa con una denuncia judicial por malos tratos que en realidad no se presentó hasta bastante después de la solicitud del Ararteko. Iñigo Lamarca dejó, además, bien claras otras cuantas cuestiones. Por ejemplo, lo fuera de lugar que estaban los obstinados reproches que le dirigieron los responsables de Interior por haber admitido a trámite la queja de los familiares.
Mientras tanto, el abogado Alfonso Zenon también pidió reiteradamente a Rodolfo Ares que mostrara las grabaciones, afirmando que no creía que se hubiese grabado, «pero si existieran los videos se verían los malos tratos sufridos por mis defendidos». Y varios organismos populares hicieron otro tanto, insistiendo en que los videos demostrarían si las denuncias de torturas eran falsas o verdaderas. En esos casos, ni se dignaron en contestar.
A la que sí que tuvieron que responder, en cambio, fue a una juez de Durango que empezó a investigar precisamente la denuncia de torturas de Urtza Alkorta y que pidió sorpresivamente los videos correspondientes. Dicha petición se produjo poco después de que los responsables de Interior se negaran a facilitar las grabaciones al Ararteko y en esta nueva ocasión respondieron que no disponían de las grabaciones.
La juez tan solo pidió las grabaciones de los interrogatorios, petición que Interior podía haber resuelto fácilmente entregando la grabación del único interrogatorio que dijeron haber efectuado en ese caso, uno legal, con abogado de oficio. Los ilegales, donde se tortura, no los graban jamás en video, por supuesto, pero los legales se suponía que sí. Personalmente estaba convencido de que mostrarían el interrogatorio legal, porque afirmaron categóricamente haberlo grabado. Pero cuando la juez pidió esa grabación saltó la sorpresa.
La nueva excusa que adujeron volvió a ser tan endeble como la que habían dado al Ararteko para no facilitarle el visionado de todas las grabaciones: afirmaron que cuando se formularon las denuncias de malos tratos «se había sobrepasado ya el plazo mínimo de conservación y el material grabado había sido destruido». Así lo recogió en su Informe de 2010 el Ararteko, que recibió la misma respuesta cuando fue más tarde a visitar la comisaría de Arkaute y volvió a solicitar las grabaciones.
En dicho informe, Iñigo Lamarca denunció que la razón que aducían contrastaba con lo que les dijeron en ocasiones anteriores de que «las copias de las grabaciones se almacenan sin tiempo límite». Además, su equipo había visionado videos sin especial importancia guardados durante mucho más tiempo, y por ello denunció que le parecía «especialmente preocupante» que en esa ocasión los videos se hubiesen destruido sin tener en cuenta «nuestro interés explícito y reiterado en conocer el contenido de las grabaciones y la propia pervivencia de los procedimientos penales derivados de las detenciones –en cuya tramitación se sustentó precisamente la decisión del departamento citado de negarnos el acceso a ese material mientras estábamos tramitando la queja–»
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Finalmente, la juez de Durango decidió transferir el caso de Urtza Alkorta a otro juzgado y su denuncia de torturas acabó, como de costumbre, archivada. Mientras tanto, la querella presentada por Ares contra Alfonso Zenon sí que está camino de llegar a juicio. Dos pesos, dos medidas y una triste realidad: la (in)Justicia española es y ha sido cómplice necesaria de los torturadores.
* Xabier Makazaga. Investigador del Terrorismo de Estado. Autor de “Manual del torturador español”

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