Pablo Hasél y Leopoldo María Panero

Siempre he pensado que el Valle de los Caídos es la forma más obscena de apología del terrorismo, pues justifica y exalta un genocidio, humillando a sus incontables víctimas. Sin embargo, la putrefacta Audiencia Nacional nunca se ha pronunciado al respecto. Indudablemente porque es la prolongación del Tribunal de Orden Público y porque mantiene una estrecha complicidad con las torturas infligidas por la Guardia Civil durante el régimen de incomunicación, una pirueta legal concebida para amparar el secuestro y formas de violencia tan abyectas como la bolsa, las vejaciones sexuales, los simulacros de ejecución, los golpes o la privación de sueño. Afortunadamente, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado varias veces al Estado español por no investigar suficientemente las denuncias de torturas y malos tratos. El caso más conocido es el de Martxelo Otamendi, director de Egunkaria. Los agentes que le interrogaron se lo dejaron muy claro desde el principio: “Esto es la Guardia Civil. Olvídate de tus derechos”. Era el año 2003. Casi una década después no habían cambiado mucho las cosas. Naciones Unidas consideró “creíble y consistente” el testimonio de Beatriz Extebarria, violada anal y vaginalmente en la Dirección General de la Guardia Civil en 2011. También dictaminó que en 1996 María Atxabal y su hija habían sido torturadas en calabozos contiguos para que ambas escucharan los gritos. Las torturas no son incidentales, sino sistemáticas. La Audiencia Nacional no mira hacia otro lado, sino que tolera y promueve estos hechos. El prestigioso forense Francisco Etxeberria no ha dudado en calificar a los jueces de “cómplices y encubridores”.

El pasado 5 de marzo murió Leopoldo María Panero, poeta maldito e intempestivo. Recuerdo algunas de sus declaraciones: “ETA es la única y verdadera oposición que hay contra el gobierno” […]  “Yo soy un gran defensor de la lucha de ETA. Los de ETA son los hombres más valientes y honorables de toda España. Los de ETA no son asesinos. […] Los asesinos son los otros. Los de ETA son ateos y por eso están más cerca de la verdad”. ¿Por qué no se procesó a Leopoldo María Panero? ¿Tal vez porque se le consideró inimputable a causa de sus brotes psicóticos? ¿O porque se sobreentiende que los poetas no son dignos de ser tomados en serio? A pesar de sus delirios, Leopoldo María Panero era una mente preclara, incisiva, honesta y demoledora. ¿Por qué se juzga ahora a Pablo Hasél por manifestar opiniones parecidas? Yo no soy uno de sus admiradores. No siento ningún aprecio por Stalin ni pienso que haya que taladrar el cráneo de los trotskistas con un piolet. Sin embargo, no creo que sus canciones constituyan enaltecimiento del terrorismo, sino una legítima expresión de rabia -tal vez algo infantil- en una época donde la pobreza, el desempleo, la malnutrición, los desahucios, la violencia policial y la corrupción política y empresarial se han convertido en algo rutinario y sistemático. Desde 2008, los más débiles y vulnerables sufren los estragos de las políticas de austeridad impuestas por la Troika. Los bancos han provocado una pavorosa crisis con sus maniobras especulativas y han socializado sus pérdidas, disparando la deuda pública y comprometiendo el porvenir de una sociedad que ya no puede protestar, sin ser apaleada, multada o encausada. Las Fuerzas de Seguridad del Estado aprovechan la presunción de veracidad para acusar falsamente a los activistas sociales de atentado y resistencia contra la autoridad. Las imágenes que muestran su brutalidad inundan las redes sociales y los sitios web, cuestionando el carácter democrático del Estado español y la versión de los agentes.

El Partido Popular ha emprendido la reforma del Código Penal y ha elaborado una nueva Ley de Seguridad Ciudadana para criminalizar las protestas sociales y amordazar a los descontentos. No me parece una exageración hablar de un macartismo a la española, donde la “caza de brujas” se orienta fundamentalmente a los activistas sociales, pues la mayoría de los intelectuales y artistas han preferido alinearse con el poder, hambrientos de premios y honores oficiales. Sería una ingenuidad creer que un triunfo electoral del PSOE, pionero de las políticas neoliberales, cambiaría esa tendencia. Desgraciadamente, lzquierda Unida y los grandes sindicatos (CCOO y UGT) han chapoteado en la misma ciénaga, privatizando servicios o enredándose en tramas de corrupción, sin excluir una actitud de boicot contra los movimientos sociales. Ante un paisaje tan desolador, resulta comprensible que Pablo Hasél o Alba González Camacho, una adolescente de 21 años, con 5.000 seguidores en Twitter, formulen frases lapidarias exigiendo la guillotina para los Borbones o Mariano Rajoy. Contemplar a los ilustrísimos magistrados de la Audiencia Nacional juzgando a Pablo Hasél o Alba González produce una repugnancia infinita. Me pregunto si han leído Luces de bohemia, la genial obra de Ramón María del Valle-Inclán, que pide la instalación de una guillotina eléctrica en la Puerta del Sol. En esa cumbre del teatro español, que durante mucho tiempo fue lectura obligatoria en el antiguo COU, los modernistas con chalina y una palidez byroniana gritaban una y otra vez “¡Muera Maura!” y Max Estrella, indiscutible autorretrato de Valle-Inclán, celebraba el asesinato de los patronos en la Cataluña del inmundo Martínez Anido. De hecho, un preso anarquista que sueña con incendiar Barcelona adquiere el perfil de un héroe trágico, un moderno Prometeo que intenta liberarse de sus cadenas con ira y dinamita. La ley de fugas frustrará su anhelo de libertad, convirtiéndole en una víctima más del terrorismo de Estado. Pablo Hasél y Alba González son acusados de enaltecimiento del terrorismo, pero Rodolfo Martín Villa, José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, o el ex capitán de la Guardia Civil y golpista Jesús Muñecas son protegidos por la ley, pese a ser responsables de crímenes contra la humanidad y, en algunos casos, estar reclamados por la justicia argentina, de acuerdo con el principio de jurisdicción universal.

El Partido Popular ha reformado la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para frenar los procesos contra asesinos y genocidas, enterrando casos como el de José Couso, Carmelo Soria o Ignacio Ellacuría, tres ciudadanos españoles asesinados –directa o indirectamente- por Estados Unidos, una potencia que explota su fuerza militar y económica para organizar golpes de estado (Guatemala, Chile, Argentina, República de Congo), diezmar a la población civil (Corea, Vietnam, Irak, Afganistán) o desestabilizar naciones (Siria, Libia, Venezuela, Ucrania). Al mismo tiempo, Eduardo Torres Dulce, Fiscal General del Estado, ha ordenado retirar un recurso en el Tribunal Constitucional para impedir la investigación de los crímenes de la dictadura franquista. No son hechos aislados, sino piezas de una ambiciosa estrategia para controlar la justicia y boicotear cualquier causa a favor de los derechos humanos. En la misma línea, Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, ha concentrado en un solo juez un poder descomunal. Carlos Lemes se ha convertido simultáneamente en Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Sus propios compañeros le han acusado de “autoritario, alevoso e iluminado”. En cambio, los jueces que intentan preservar su independencia sufren mezquinas represalias. Es el caso del magistrado Elpidio José Silva, sancionado por instruir el caso Blesa e investigar su relación con la trama Gürtel. El brillante magistrado se atrevió a enviar a prisión a Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid. Blesa intercambió correos electrónicos con José María Aznar y Esperanza Aguirre, ejerciendo de intermediario del ex presidente para negociar con una empresa armamentística la venta de contratos en Libia, Argelia y Rusia. Baltasar Garzón, que no es santo de mi devoción, pretendió juzgar por crímenes contra la humanidad a los generales del franquismo, pero su iniciativa le costó el puesto en la Audiencia Nacional, donde se había mostrado tan implacable como Marlaska, prolongando los períodos de incomunicación para que la Guardia Civil pudiera torturar con impunidad a los acusados de terrorismo.

Pablo Hasél y Alba González han acabado en el banquillo, pero no creo que le suceda lo mismo a José Utrera Molina, ex ministro del franquismo, suegro de Alberto Ruiz-Gallardón y uno de los firmantes de la sentencia de muerte contra el joven anarquista Salvador Puig Antich. Utrera Molina nunca ha ocultado su pasión fascista. “El Alzamiento –escribió recientemente- no fue un intento de liquidar al oponente sino una necesidad de defender a la patria y a la fe. […] El propósito del Movimiento Nacional no fue otro que rescatar a España del riesgo cierto de caer en manos del comunismo libertario que amenazaba con aniquilar el alma milenaria y cristiana de España”. La defensa de la patria y de su alma cristiana y milenaria incluyó un genocidio que al menos causó 200.000 víctimas. Gabriel Jackson duplica la cifra, pero cierto revisionismo histórico intenta reducir el número de asesinados, si bien nadie puede negar que la existencia de 2.000 fosas clandestinas con los restos de 114.000 hombres y mujeres. Solo Camboya nos supera en número de desaparecidos.
Imagino que condenarán a Pablo Hasél, pues la Audiencia Nacional quiere dar un escarmiento e intimidar a los internautas. Ante tamaña injusticia acuden a mi mente las palabras de Leopoldo María Panero: “Me cago en Dios y en la Virgen”. Algunos dirán que no vienen al caso, pero yo creo que sí, pues en la Audiencia Nacional aún se respira el hedor del nacionalcatolicismo y la cruz del Valle de los Caídos sigue proyectando su sombra espectral sobre un país con unos jueces serviles y desalmados.

* Rafael Narbona

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