Perú: un pacto social “a la boliviana” con los cocaleros

Por Mariana Álvarez Orellana*. LQSomos.

“Con la pandemia del coronavirus el narcotráfico ha penetrado de una manera antes no vista, ni en los años 80 con Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela”

Mientras en Lima el poder ejecutivo y el Congreso llegaban a una aparente tregua en el enfrentamiento político de las últimas semanas, a 750 kilómetros de la capital, en Kimbiri, distrito de la región Cusco, Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), sellaba un histórico acuerdo con los cocaleros del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Soberón, exasesor de organizaciones cocaleras, anunció la ejecución del “pacto social ciudadano”, mediante el cual el gobierno de Pedro Castillo permitirá que los agricultores reduzcan de forma voluntaria los espacios destinados al cultivo de hoja de coca, insumo usado en la elaboración de droga. La nueva estrategia tiene como fin la erradicación concertada de sus siembras.

El funcionario propuso, además, un frente regional para convocar una mesa de cooperantes que incremente significativamente la ayuda económica internacional, que no debe limitarse a los países productores de cocaína -Perú, Colombia y Bolivia- sino incluir también a los países convertidos en territorios de exportación de esta droga, como Argentina y Brasil.

Por décadas las autoridades peruanas han venido anunciando metas cumplidas en la erradicación de cultivos de hoja de coca, pero ese aparente éxito es la celebración de un fracaso, porque las siembras no han disminuido, incluso han aumentado en los últimos años con la resiembra y nuevas áreas de cocales. Y el narcotráfico ha avanzado.

«El pacto social es para acordar una erradicación voluntaria, pacífica y progresiva de los cultivos de coca y el compromiso de no resembrar», señaló Soberón. El 80 por ciento de la cocaína peruana tiene como destino Europa y el 20 por ciento Estados Unidos.

“La política de criminalización de los cocaleros ha fracasado, eso tiene que cambiar. Continuar una erradicación como hasta ahora sin verificar su sostenibilidad es una pérdida de plata y una generación de conflictos y de nuevos focos cocaleros. Hasta ahora no ha habido una sincronización entre la erradicación y un desarrollo alternativo para los agricultores, queremos tener esa sincronización”, dijo el titular de Devida.

Las cifras de sembradíos y de cocaína procesada difieren entre las oficiales peruanas y las que maneja el gobierno de Estados Unidos. La cifra oficial peruana es de poco más de 61 mil hectáreas sembradas con hojas de coca, mientras Washington insiste que son 88 mil hectáreas.

Unas 150 mil familias campesinas viven de este producto en precarias condiciones y criminalizadas por sus sembradíos, entre 500 y 600 toneladas de cocaína producidas cada año, la violencia y la penetración del narcotráfico en la política, el empresariado y el sistema de justicia, factores que configuran un complejo y conflictivo escenario.

“Con la pandemia del coronavirus el narcotráfico ha penetrado de una manera antes no vista, ni en los años 80 con Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela”, advierte Soberón. De la cocaína peruana que va para Europa, el 70 por ciento sale por puertos brasileños y el otro 30 por ciento, entre 100 y 130 toneladas anuales, por Buenos Aires y Montevideo.

“Argentina es ahora parte del proceso de exportación extensiva de cocaína. La cocaína peruana llega a Buenos Aires a través de un corredor que va por Bolivia y el norte argentino”, dijo el nuevo jefe de la política antidrogas del Perú.

Tres pasos

Según Soberón, el pacto consta de tres niveles: un acuerdo con los cocaleros y sus organizaciones, con las municipalidades locales y gobiernos regionales, y con la población de esos lugares.

A cambio de una erradicación voluntaria, pacífica y progresiva de los cultivos de coca y el compromiso de no resembrar, el gobierno ofrece a los agricultores un programa de desarrollo alternativo, asistencia directa a través de la entrega de bienes, insumos, equipos, asistencia técnica, asociatividad, gestión comunal, y también transferencias financieras a los municipios locales.

Serán las comunidades las que se comprometerán a que los agricultores cumplan con el pacto social. Sólo si alguien no cumple, entra la policía. “La idea es reforzar las estructuras sociales de la sociedad rural en las zonas cocaleras para que ellas puedan manifestarse y tomar decisiones legítimas en sus ámbitos territoriales. Es el modelo boliviano del control social”, dijo Soberón.

El plan comenzará en la convulsionada zona del Vraem, una agreste región montañosa entre los Andes y la Amazonia donde predominan el narcotráfico y la violencia, donde se espera erradicar este año mil de las 27 mil héctareas de sembradíos de coca, ir subiendo esa cifra en los años siguientes, y extender este pacto a las otras regiones cocaleras del país.

Según los datos oficiales, las 61 mil hectáreas de cocales en el país producen unas 120 mil toneladas de hoja de coca al año, de las cuales 15 mil se destinan al consumo legal. Hay 5,9 millones de peruanos que consumen coca legalmente, entre el tradicional mascado y productos industrializados de hoja de coca, como harina, infusiones y otros.

Con las otras 105 mil toneladas de esta hoja se producen entre 500 y 600 toneladas de cocaína cada año, de las cuales se decomisan solamente unas 60 toneladas. En Colombia, de acuerdo a datos de Devida, la producción de cocaína es de unas 800 toneladas anuales, y en Bolivia de unas 60 toneladas.

Una política soberana

Soberón denunció un importante incremento de los vuelos clandestinos para sacar la cocaína del país y propuso retomar la interdicción aérea con el derribo de avionetas cargadas con droga, la que se detuvo en 2001 cuando en la Amazonia se derribó una avioneta de misioneros estadounidenses confundidos con narcos y todos sus ocupantes murieron.

“Estados Unidos no quiere la interdicción aérea letal por lo sucedido en 2001, pero nosotros opinamos que debemos retomar esas acciones. El Perú debe tomar sus propias decisiones”.

Perú recibe 120 millones de dólares anuales para la lucha antidrogas. “Tenemos que pasar por lo menos a 1.200 millones. De lo que recibimos, el 70 por ciento viene de EEUU y el 30 por ciento de Europa. Iniciaremos un proceso fuerte para lograr un aumento de la cooperación internacional, y con un frente regional tendremos una voz mucho más potente”, dijo.

Soberón señala que un resultado exitoso de la nueva estrategia que plantea sería “quitarle al narcotráfico” en los próximos tres años 25 mil toneladas anuales de hoja de coca de las 105 mil que ahora abastecen la producción de cocaína. “Si logramos eso me daré por satisfecho”, finalizó

Un punto clave del “pacto social ciudadano” con los cocaleros propuesto por el gobierno de Castillo es la desactivación de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco). Soberón dijo en reunión con los cocaleros que “Hay un sistema contra la coca, el Estado que ha recibido el presidente [Castillo] es anticoca, pero él ha venido y ha señalado el compromiso que tiene”.

El congresista Guillermo Bermejo ya presentó un proyecto de ley que apunta a la industrialización de la coca, similar a la Ley General de la Coca, creada por Evo Morales durante su gestión como mandatario de Bolivia.

Desde la derecha quieren bombardear el proyecto. El exministro del Interior Rubén Vargas (en 2020 durante el Gobierno de Francisco Sagasti) consideró que la campaña del gobierno según la cual el cocalero erradicará sus sembríos de forma voluntaria es un modelo que fracasó en el pasado. Añadió que “por tercera vez pretenden vendernos ‘agua arracimada’, pero esta no es inocua, favorecerá al narcotráfico que financia al terrorismo y genera crimen organizado en las ciudades”. El mismo verso de siempre.

* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Perú – LoQueSomos

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