Recortan la salud a los inmigrantes en Canadá

Violet trabajó como secretaria y crió sola a sus dos hijos adolescentes.  Su esposo fue asesinado.  Después de su muerte, Violet se fue a otro pueblo y guardó silencio, pero un año después su primo le dijo que corría peligro, así que se preparó para llevar a su familia desde México a Canadá y solicitar asilo. Cuando la familia llegó a Canadá, los mexicanos ya no tenían derecho a asistencia médica prolongada. La hija de Violet, Julia, tenía 35 semanas de embarazo para cuando Violet pudo ahorrar lo suficiente para el vuelo. Llegaron a Canadá y se quedaron con un amigo. Violet logró navegar el proceso de solicitar asilo y ahorró suficiente dinero para vivir mientras tanto. Trajo insulina para unos meses y esperaba encontrar trabajo, pero no presupuestó dinero para ropa de invierno ni para las necesidades de su hija.

La hija de Violet se enteró de que no tenía derecho a atención prenatal y que los costos de su parto no serían cubiertos.  Fue a una clínica gratuita para una visita de atención prenatal. La remitieron a una organización de doulas [asistentes de parto] voluntarias en donde le asignaron una para acompañarla al hospital. Julia inició la labor de parto a las 12 del día.  Su doula fue a su casa y le dijo que como el hospital cobraba por día, empezando a la medianoche, sería mejor esperar hasta entonces para ir. A las 12 de la noche fueron al hospital, en donde le ofrecieron a Julia anestesia epidural, la cual aceptó.  Julia tuvo una niña y regresó a casa al día siguiente. La estancia hospitalaria, más los costos del obstetra y anestesiólogo sumaron a casi 10 mil dólares. Violet aceptó pagar 300 dólares al mes y firmó un contrato.

Cuando la bebé cumplió dos meses, Violet se enteró de que ella sería deportada, junto con su hijo, su hija y su nieta.  Desafortunadamente, historias de este tipo se están volviendo más comunes en Canadá.

El 30 de junio del 2012 entraron en vigor cambios a la cobertura para servicios de salud para los refugiados en Canadá. Desde 1957, el Programa Interino Federal de Salud (PIFS) proporcionaba cobertura de servicios de salud para los refugiados. Este programa los cubría hasta que cumplían con los requisitos para cobertura de las provincias o bien, rechazaba a los solicitantes de asilo hasta que fueran deportados.  A principios del año 2012, el gobierno federal insinuó que el programa estaba en riesgo. “Demasiados dólares de los contribuyentes se gastan en solicitantes de asilo que no necesitan protección,” dijo el entonces responsable, el ministro Jason Kenney.

Kenney señaló en un comunicado de prensa que el gobierno federal no debía “pedirles a los canadienses que paguen beneficios para personas protegidas y solicitantes de asilo, que son más generosos de lo que tienen derecho ellos mismos”.

Ela argumento fue que hay miles de solicitudes fraudulentas para asilo (y servicios de salud) que robaban a los contribuyentes canadienses y sus servicios de salud. Recortar el Programa Interino Federal de Salud (PIFS) fue el siguiente paso del gobierno.

Desde el 30 de junio de 2012, el PIFS proporciona tres tipos de cobertura.  Según el sitio web de Ciudadanía e Inmigración Canadá (CIC), algunos refugiados aún tienen derecho a cobertura completa (Refugiados con Asistencia del Gobierno, que se reconocen como refugiados antes de su llegada a Canadá, o que son víctimas de la trata de personas). La segunda categoría provee cobertura limitada para servicios de salud para algunas condiciones, aunque no está claro cuáles servicios se cubren y en qué momento.

Una tercera categoría incluye a los solicitantes de asilo rechazados y refugiados de algún País de Origen Designado (POD) que son originarios de un país considerado seguro por el Ministro de Inmigración.  Estos solicitantes únicamente tienen derecho a servicios de salud para condiciones que “representen una amenaza para la salud y seguridad públicas,” como tuberculosis, por ejemplo, o alguna psicosis violenta.  La mayoría de países europeos se encuentran en la lista de POD, incluyendo a Hungría. Pero esta lista también incluye a México, en donde la violencia contra las mujeres es descontrolada y de la cual mujeres huyen.  Mujeres embarazadas que se encuentran en estas dos últimas categorías únicamente tienen derecho a servicios de salud de “naturaleza urgente o necesaria”. Como la atención prenatal es continua y no se enfoca en ninguna condición aguda, no se considera esencial.

El abogado de migración Mitchell Goldberg señala que estos cambios tiene un efecto devastador en la gente. Es difícil obtener estadísticas para estimar cuántas personas solicitaron asilo y tendrían servicios médicos si no se hubieran hecho los cambios, pero según Richard Goldman, abogado con el Comité para Apoyar a Refugiados, el número de solicitudes de asilo disminuyó un 60 por ciento desde que se implementaron los cambios.  Información del Consejo Canadiense para los Refugiados muestra que hubo 20 mil solicitudes para asilo en el 2012, que se redujeron a menos de 5 mil en los primeros meses de 2013.  Esto significa que en el 2013 hubo 10 mil o más solicitantes potenciales que intentaban irse a otro país, que estaban en Canadá sin documentación, o que eligieron quedarse en su país, en donde sus vidas podían estar en peligro.
Estos cambios en las políticas sobre solicitantes de asilo también han dificultado la situación para cualquier mujer migrante que busca atención prenatal o servicios durante el parto. La situación resultante se puede describir con una palabra: caótica. Según Jos Porter, Coordinadora de Servicios de Salud en la Clínica Comunitaria Head and Hands [Cabeza y Manos], a las mujeres ahora les da miedo ir a las clínicas; nadie sabe qué cobrarles y nadie está seguro a cuál categoría pertenece cada caso. Debido a la confusión en torno a los servicios para refugiados, a todas las mujeres sin estatus de residente ahora se les trata con sospecha y agresión en los hospitales en donde dan a luz.  Un voluntario que trabaja con esta población informa que mujeres con visas de estudiante, de trabajo, mujeres sin estatus, y las mujeres en Canadá bajo el Programa de Cuidadores Cama Adentro regularmente son hostigadas por parte de cuidadores médicos para que den depósitos en efectivo.

John Docherty, coordinador de RIVO (Red de intervención para las personas que han vivido la violencia organizada), una organización que proporciona apoyo y terapia para sobrevivientes de tortura y otras formas de violencia organizada, dice “hay tanta confusión que nadie sabe quién está cubierto ni cómo, y los doctores dicen que no pueden trabajar con esta población porque no saben si se les va a pagar ni cómo ni cuándo. Todos estamos bastante desalentados”.  Amelie Waddell, una trabajadora social que trabaja con refugiadas embarazadas y solicitantes de asilo, señala que todos están deprimidos porque “se nos acaban las estrategias”.

La situación de refugiadas embarazadas varía según la provincia. En Quebec, la provincia intenta llenar las brechas con cobertura para los que la necesiten. En Ontario, todas las mujeres tienen derecho a servicios gratuitos de parteras, pero las mujeres refugiadas muchas veces no se enteran de esto. Manitoba adoptó medidas para proporcionar cobertura para los que han sido afectados por los recortes.  En el resto de Canadá, a los refugiados y solicitantes de asilo se les niegan la entrada a hospitales y clínicas si no pueden pagar los servicios.

Esta es “la punta del iceberg. Como mujeres que podrían tener derecho a servicios ahora tienen miedo de interrumpir el proceso de solicitud [de asilo],” dice Porter.  Afirma que hay mucha incertidumbre y miedo entre mujeres embarazadas y que hay muchísima confusión entre proveedores de servicios médicos. No vemos a las mujeres que eligen no acudir a las clínicas o dar a luz en casa sin cuidados adecuados.

El financiamiento de RIVO disminuyó dramáticamente debido a los cambios en el PIFS, porque hay menos personas elegibles para esta clase de apoyo. John Docherty explica que esta población (que incluye a las mujeres embarazadas) ya tiene casi nulo acceso a los recursos adecuados.  Agrega que su organización recibió una carta del CIC en abril del 2012 y los cambios se efectuaron en junio. A los proveedores de servicios médicos y sociales no se les pidieron aportes antes de anunciar los cambios ni cuando se implementaron. En mayo del 2012, el Instituto Wellesley, con base en Toronto, diseñó una Evaluación de Impacto de Equidad de Salud que intentó pronosticar el impacto que tendrían estos cambios en la población de refugiados. Pronosticaron que “la salud de refugiados será negativamente afectada por los cambios al PIFS y que algunas poblaciones, como mujeres y niños, sufrirán un impacto desproporcionado”. En octubre del 2013, concluyeron que “…desafortunadamente, aumentan las pruebas de que estos resultados están ocurriendo”.

El reporte describe varios estudios de caso: a una solicitante de asilo, con 36 meses de embarazo, le dijo su obstetra que el PIFS ya no le daría seguro para su embarazo ni parto y que tendría que llevar 3 mil dólares para su próxima cita.  Una joven solicitante tenía 18 semanas de embarazada como resultado de un abuso sexual mientras fue usada como esclava sexual. No tenía cobertura PIFS para apoyarla durante la gestación. Grupos de base de todo el país que ofrecen servicios voluntarios para mujeres embarazadas y sus familias han intentado ofrecerse, y han tenido algo de éxito, pero como dice Docherty, “las grietas son tan grandes que no sabemos quién cae por ellas”.

* Traducción de Lindsey Hoemann, para Desinformémonos. Rivka Cymbalist es escritora y partera y la directora de Montreal Birth Companions [Acompañantes de Parto de Montreal].

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