Tras el genocidio, todo estaba por reconstruir. Si bien Ruanda ha realizado progresos rápidos e importantes en términos de desarrollo económico, educativo e incluso sanitario, la situación respecto de los derechos humanos sigue siendo alarmante.

Paul Kagame sueña con hacer de Ruanda el Singapur del continente africano. Para lograrlo, elaboró en el año 2000 un ambicioso proyecto, bautizado "Visión 2020", con el objetivo de transformar Ruanda en un país emergente en dos décadas. Este impulso otorga al país de las mil colinas el status de buen alumno ante las instituciones financieras internacionales. El último informe Doing Business del Banco Mundial vuelva a subrayar los logros ("performances") económicos y considera a Ruanda como el segundo país africano destinatario de posibles inversiones.

El visitante extranjero de Kigali se sorprende, incluso queda seducido, por el orden que reina en la capital., por el boom inmobiliario y la limpieza de las calles. En las colinas, sin embargo, las recetas neoliberales no suscitan el mismo entusiasmo entre los pequeños campesinos que representa más del 80% de la población. Un estudio independiente pone de relieve el desafío más importante: "un crecimiento económico concentrado en manos de una restringida elite significa un desarrollo muy desigual con pocas posibilidades de tener efectos generales. Ello explica por qué la desigualdad aumenta a ritmo rápido y también por qué la reducción de la pobreza queda limitada a pesar del crecimiento económico sostenido".

En el terreno de los derechos humanos, a semejanza de su modelo asiático, las autoridades ejercen un control estricto sobre la vida social y política. Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Federeación internacional de derechos humanos, han publicado numerosos informes señalando detalladamente loas derivas autoritarias del régimen, concretamente con ocasión de las últimas elecciones presidenciales de 2010. Numerosos militantes opositores, así como periodistas habían sido detenidos por criticar al régimen. Un dirigente opositor fue decapitado sin que nadie fuera entregado a la justicia. Victoire Ingabire, candidata a la presidencia, ha sido condenada a 15 años. Periodistas que se han hacho eco de asuntos sensibles han visto que sus periódicos eran suprimidos. El redactor-jefe de Umuvugizi fue asesinado. Actualmente los periodistas y representantes de la sociedad civil se autocensuran por miedo a ser hostigados o incluso detenidos y muchos se han exiliado. Si bien oficialmente existe una decena de partidos, en realidad lo verdaderos opositores están en el extranjero o en la cárcel.

Han ido apareciendo crecientes disecciones en el seno del FPR, partido en el poder. Uno de los episodios más relevantes fue la huida den 2010 del general Faustin Kayumba Nyamwasa, antiguo jefe de estado-mayor del ejército. Militares sospechosos de serle fiel fueron detenidos. Kayumba ha sobrevivido a dos tentativas de asesinato y recientemente otro disidente, Patrick Karegeya, ha sido asesinado el 1 de enero de 2014 en un hotel de Johannesburgo. Días después el presidente Kagame aprobó públicamente este asesinato. El portavoz del Departamento de Estado americano ha condenado este asesinato y ha señalado que Washington está "confuso a causa de una sucesión de asesinatos de exiliados ruandeses que parecen responder a una motivación política". Las autoridades americanas llevan la voz cantante respecto de la continuidad de las sanciones tomadas por varios Estados contra Ruanda a causa del apoyo a la rebelión del M23 en el este de la RDCongo.

Una sociedad reducida al silencio

Tras una semana de estancia en Ruanda el pasado enero, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho de reunión y asociación ha realizado un balance sin concesiones, subrayando la "ausencia de una verdadera sociedad pluralista" en Ruanda. Menciona, en concreto, la ingerencia de las autoridades en los asuntos internos de la Liga ruandesa por la promoción y la defensa de los derechos humanos (LIPRODHOR). El pasado verano, individuos próximos al gobierno han derrocado a la dirección y han tomado el control de una organización que en su día Amnistía Internacional calificaba como "una de las pocas organizaciones independientes que conserva todavía su credibilidad".

 Las organizaciones internacionales encuentran también grandes obstáculos cuando tratan de abordar los crímenes cometidos por el FPR en el país y en la RDCongo. Susan Tomos, politóloga americana, distingue entre "la gente sencilla", mayoritariamente campesina, tres formas de resistencia: la marginación voluntaria/elegida, la obediencia irreverente y el mutismo enmascarado, y anota: "El acto de resistencia en el día a día se define como cualquier acción sutil, indirecta y no-conflictiva que hace que la vida cotidiana sea menos insostenible frente a un poder del Estado fuerte y centralizado". André Guichaoua, sociólogo y experto en los Grandes Lagos, analiza una violencia estructural: "En el plano formal, sea al establecer normas del aparato judicial, de la reforma de la ley sobre la ideología del genocidio o sobre la prensa, se han introducido cierto número de salvaguardas para responder a las presiones internacionales. En la práctica, hay que seguir siendo muy prudentes. Los modos de actuar políticos de las autoridades tienen muy poco que ver con los de un Estado de derecho.

El modo como gobierna la elite en el poder revela la existencia de una violencia estructural, ya que no tolera ninguna oposición política y funciona con la lógica del arreglo de cuentas, incluso con la lógica del puro odio; todo ello corre el peligro de comprometer el equilibrio general del sistema".

* Amnesty Internacional. Fr .
Traducción y resumen de Ramón Arozarena, UMOYA

– Ruanda-LQSomos

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