Seguimos pagando la hipoteca de la transición ¿falta mucho?
En un restaurante madrileño, en marzo de 2005, se encontraba almorzando el actual presidente de Alemania, Joachim Gauck. Frente a él se sentaban algunos sindicalistas, cuadros políticos y dos representantes de movimientos sociales. Al llegar al postre, Gauck les pregunta a todos por su valoración de la transición española. Uno tras otro hablan de su ejemplaridad, de que no hubo sangre, de las renuncias que todos hicieron… Así se van sucediendo parecidas opiniones hasta que uno de los comensales afirma que si la transición hubiera hecho sus deberes él no estaría en esa mesa por buscar la solución a uno de los problemas que dejó pendientes. Inmediatamente, los que defienden el mito de la transición reaccionan con cierta violencia dialéctica. Gauck observaba en silencio y cuando pasa el revuelo toma la palabra. Y lo hice para decir que transiciones como la española parecen a corto plazo muy eficientes, pero a medio y largo plazo el coste que tiene la impunidad en la cultura política de un país se termina convirtiendo en un enorme, pesado y molesto lastre.
Vivimos una profunda crisis democrática, que no es más que la agudización de los eslabones perdidos de la dictadura. Si hubiéramos tenido un poder judicial depurado y completamente democratizado no estaríamos en esta situación. Entre otras cosas porque el Partido Popular habría quedado en condiciones muy precarias, casi desmantelado, tras la gestión que hizo del atentado del 11 de marzo de 2004.
Las impunidades de la dictadura franquista, construidas en la transición, nos dejaron una oligarquía contaminada. Militares y policías que fueron golpistas, asesinos y torturadores, jueces que alcanzaban la plaza en muchos casos por consanguinidad, bien educados para mirar para otro lado; empresarios y banqueros que aprovecharon la represión para enriquecerse con un régimen lleno de sobres, esclavos políticos y amantes vendedores de la patria.
Al tiempo, una sociedad amedrentada, con el aprendizaje de dejar a un lado la corrupción política con tal de que no te agredan y te dejen vivir. De ahí nace un rechazo al Estado que todavía palpita en nuestra cultura política. De ahí y de que la transición no fue un reencuentro entre el Estado y la ciudadanía. Y hoy vemos, en la falta de reacción contra el saqueo, esa incapacidad para la participación política, esa atrofia heredada, esa tranquila convivencia con el despotismo.
Para corregir esas deficiencias democráticas hay dos herramientas fundamentales. Por un lado el poder judicial, como mecanismo de control de esta cultura política devastadora, comrrompida, amante con el poder y distante con la ciudadanía. Los jueces tienen que establecer los límites hasta que haya trabajado la siguiente herramienta que es más lenta pero de mayor alcance; la educación.
El ministro Wert es el encargado de devastar nuestro sistema educativo, vaciarlo de contenido crítico, para diseñar una ciudadanía que pueda convivir servilmente con esta forma de gestionar el poder político. Se trata de conseguir el mismo efecto que durante décadas se consiguió con miedo, pero ahora con ignorancia y acriticismo. Eliminar la filosofía de las aulas o dificultar la formación progresiva a quien no tiene recursos es parte de su misión ministerial.
Los gobiernos progresistas de la Segunda República lo tuvieron claro e hicieron enormes esfuerzos presupuestarios para potenciar un sistema educativo abierto, laico y formador de un espítiru crítico. Así se orquestó después la tremenda represión contra los maestros, esos docentes de la libertad que luego fueron sustituidos por falangistas semialfabetos y curas apocalípticos.
Para cambiar la forma de vivir debemos cambiar la forma de pensar, la capacidad de imaginar, de desear, de comprender siempre que el mundo, que la sociedad, que nuestra propia vida, puede ser diferente. La transición puso como horizonte del sistema educativo el mercado; habría que torcer ese horizonte para que las aulas miren hacia el bienestar y la justicia social.
Emilio Silva es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
