Arturo del Villar*. LQSomos. Diciembre 2017

Aunque la Carta colectiva del Episcopado español, firmada el 1 de julio de 1937 en apoyo de los militares rebeldes, sin duda es el documento más funesto de cuantos han expelido nuestros metropolitanos, hay otras cartas colectivas que demuestran su bar-barie fanática. Recordaremos la que cumple ahora un siglo, titulada Sobre algunos deberes de los católicos en las presentes circunstancias. Declaración colectiva del Episcopado español. Fue firmada el 15 de diciembre de 1917 a instancias de Victoriano Guisasola y Menéndez, cardenal arzobispo de Toledo, y rubricada por todos los prelados. Se editó en varios formatos con abundante tirada, y está recogida en las colecciones de documentos episcopales, por ejemplo en la Biblioteca de Autores Cristianos, para meditación y es-tupor.

El tal Guisasola (1852-1901) había ejercido como obispo de la diócesis de Madrid-Alcalá entre 1901 y 1905, lapso en el que amistó con el rey católico Alonso XIII. Por influencia real el papa Pío X le nombró arzobispo de Valencia, en sustitución del polé-mico dominico Bernardino Nozaleda, que no se atrevió a posesionarse del puesto, y en 1914 lo pasó a Toledo y le nombró cardenal, título que llevaba aparejados los de primado de las Españas, patriarca de las Indias Occidentales y canciller mayor de Castilla.

LA IGLESIA MANDA

Era un fanático defensor de los privilegios eclesiásticos. Pese a su amistad con Alfonso XIII, en 1906 organizó una violenta campaña contra la real orden de 27 de agosto reguladora del matrimonio civil. Puesto que la religión católica apostólica romana era la del Estado, según el artículo 11 de la entonces vigente Constitución de 1876, el ultramontano cardenal pretendía exigir que la legislación española estuviera sometida a la doctrina vaticana, cosa que de hecho sucedía.

Le escandalizó la huelga general revolucionaria que estalló el 13 de agosto de 1917 en España, cuando se paralizó al reino durante dos semanas, y fue cortada por la interven-ción contundente del Ejército borbónico, aunque el Ejército se hallaba levantisco tras las reivindicaciones presentadas en junio por las Juntas de Defensa, de defensa de sus in-tereses naturalmente.

Pero lo que acabó por ponerle histérico fue el triunfo de la Revolución Soviética el 7 de noviembre, que daba el poder al pueblo y confinaba a la familia zarista. Así que encargó la redacción de un documento que después de corregido envió a todos los me-tropolitanos españoles, con la orden de firmarlo para que expresara la opinión general de la Iglesia catolicorromana. Vamos a revisar algunos de sus postulados, porque siguen siendo conformes con el actual criterio de la Conferencia Episcopal Española.

DOS CLASES DE PUEBLO

Empieza por presentar al reino de España como una nación privilegiada, a consecuencia de la tradicional alianza entre el altar y el trono. Esta teoría absurda iba a derivar años después en la implantación del nazionalcatolicismo, con una aceptada sumisión a las instrucciones vaticanas dirigidas por los obispos, naturalmente, porque ellos no pueden errar, según dicen:

[…] hemos visto con entera claridad a los logreros de todas las desdichas, a los agitado-res profesionales, a los que se arrogan la representación popular, porque el verdadero pueblo calla, prepararse un fácil triunfo de sus ambiciones o de sus pasiones insanas, tal vez de intereses extraños, torciendo el rumbo de España, su significación histórica, su mi-sión providencial en la tierra.

Resultaría hilarante si no fuera por sus consecuencias trágicas. Los sabios obispos conocían al “verdadero pueblo”, sin duda el que acudía mansamente a las liturgias catolicorromanas y contribuía con sus limosnas al sostenimiento del culto y clero. Por el motivo que fuera, ese verdadero pueblo estaba callado, lo que aprovechaba el resto del pueblo, que era falso y se hallaba dirigido por “agitadores profesionales”, para hacerse con la confianza del proletariado, al servicio “tal vez de intereses extraños”. Seguro que aludían con esa frase a las llamadas “pestilencias” del socialismo y el comunismo, definidas en el punto IV del Syllabus, firmado por el estúpido papa Pío IX el 8 de diciembre de 1864 para eterna vergüenza de la Iglesia.

En cuanto a la “misión providencial en la tierra” de España, era el argumento nunca explicado que permitía a los clérigos arrogarse la potestad de dirigir el reino terrenal hacia su divino destino en el celestial. Había gente que lo creía, y otra que lo aprove-chaba en su beneficio.

LA MALA POLÍTICA

Sin hacer una crítica a la actitud de Alfonso XIII como acaparador de dinero con sus múltiples negocios sucios, estuprador de muchachas, aficionado a los automóviles de gran lujo y gran precio, y entregado a la práctica de los deportes, porque eso resultaba imposible, los obispos ponían en duda la política de los gobiernos borbónicos:

Estos elementos, incapaces de vencer en toda la nación sabia y fuertemente organizada -lo diremos con entereza apostólica- reciben entre nosotros fuerza y alimentos de múlti-ples e inconsistentes cooperaciones, que proceden del pueblo mismo. La primera es la del menosprecio en que se tiene la autoridad pública, a veces por sus debilidades y condes-cendencias, o porque no se ha ejercido por el bien común, pero, con demasiada frecuen-cia, por el sentimiento innato de rebeldía que abriga el corazón de todo hombre.

Conocían la causa por la que el pueblo español se inclinaba al socialismo y el comunismo. La autoridad pública era menospreciada por el motivo que ellos mismos apuntan sin atreverse a afirmarlo. El rey era despreciado por el pueblo, ya que se conocían y criticaban sus apetencias, divididas entre incrementar su fortuna y su harén, únicas inquietudes capaces de interesarle. Debido a su propia negligencia y a la incompetencia de los ministros servilones, que se dejaban borbonear sumisamente, la política no se ejercía “por el bien común”, sino por el de la monarquía. Los vasallos aborrecían al rey y esperaban el momento oportuno para librarse de su tiranía.

LA SITUACIÓN DEL PROLETARIADO

Seguían afirmando los prelados que los “agitadores profesionales” se aprovechaban de la pésima situación en que se hallaba el proletariado español, despreciado por el rey e ignorado por sus ministros: carecía de instrucción, en su inmensa mayoría era analfabeto integral, residía en covachas, estaba mal alimentado, no podía pagar una consulta médica, y sabía que transmitía a sus hijos una situación igual sin esperanza de mejora. Los metropolitanos conocían el problema, pero no querían solucionarlo:

Mientras tanto, algunos agitadores se aprovechan del malestar general del obrero con fines políticos; lejos de buscar la mejora y acrecentamiento de sus intereses profesiona-les, los dificultan, y aun los impiden, y exasperan el mal con huelgas sistemáticas, im-puestas por una minoría a toda la clase obrera, llevando habitualmente el hambre y la tristeza a miles de hogares generalmente cristianos, constituidos a la sombra de la Iglesia con la bendición de Dios.

Los hogares proletarios eran cristianos a la fuerza, porque los patronos rechazaban contratar a trabajadores de ideas libertarias. Los obispos reconocían el “malestar general del obrero”, sin intentar siquiera hacer alguna gestión para mejorar su estado. Ya que el primado era amigo del rey, podía llamar su atención sobre la pésima situación en que se encontraba un buen número de sus vasallos, para pedirle que la mejorase de real orden.

Decían que los “agitadores” torpedeaban el deseo del proletariado de mejorar su estado. Es el colmo del cinismo. Cuando los sindicatos no estaban reconocidos y apenas poseían influencia, los trabajadores carecían de apoyo para conseguir mejoras laborales y salariales. Para los obispos, los “agitadores” empujaban a los obreros a unas huelgas perjudiciales sin duda, puesto que los días de paro no cobraban el jornal de por sí minúsculo, lo que lleva el hambre al hogar, y lo hacían por practicar unos oscuros fines personales no definidos.

No querían entender los metropolitanos bien cebados, pagados y sin riesgo de quedar en paro, que la huelga es la única arma de que dispone el proletariado para reivindicar sus derechos. A nadie le gusta declararse en huelga, es verdad que menoscaba la triste economía doméstica, pero no se conoce otro medio para convencer a los patronos de que deben repartir los beneficios generados por el trabajo de sus asalariados.

La Declaración colectiva apuntaba la receta para evitar conflictos laborales, consistente en que los trabajadores se sujetasen a “las leyes morales que regulan el ejercicio de los derechos políticos”, leyes escritas por el papa y sus obispos. De modo que la Iglesia catolicorromana sigue estancada todavía en los mismos propósitos doctrinales para do-minar las conciencias y las voluntades de sus fieles. Con la diferencia de que en el siglo transcurrido desde la redacción de esa carta, aceptó colaborar con los militares fascistas para imponer el nazionalcatolicismo, con la misma fuerza empleada en la Edad Media para convencer a judíos y mahometanos de la conveniencia de acatar sus rituales y dogmas si no querían ir al exilio. Por eso ahora los templos están vacíos, los seminarios cerrados y la sociedad ajena a su predicación. Pero los seguimos mante-niendo… ¿Por qué?

Llibertat presos polítics!

* Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio

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