Siglo XXI, Brasil, Venezuela, defensa y población

Siglo XXI, Brasil, Venezuela, defensa y población

venezuela-defensa-loquesomosJulián Lautaro. LQSomos. Julio 2015

Participación de la población en nuevos esquemas defensivos de Brasil y Venezuela en el Siglo XXI*

Buscamos comparar las iniciativas de participación de la población en las nuevas estrategias de defensa en Brasil a partir del gobierno de Lula y en Venezuela desde la asunción de Chávez, en relación a las dinámicas políticas de cada país, orientadas por el proyecto socialista bolivariano y la modernización capitalista del PT.
Partimos desde las realidades sociopolíticas de ambos países, y la situación internacional marcada por la reorientación estratégica de EE.UU. y las tendencias multipolares; para llevar adelante la comparación, consideraremos: el devenir castrense, los marcos legales, el pensamiento, doctrina militar y las herramientas definidas para promover y organizar la participación de la población en las estrategias defensivas.
Dado que ambos países son exponentes claros y definidos de los dos bloques no neoliberales que presenta nuestro continente, con este abordaje esperamos encontrar similitudes y diferencias. También y fundamentalmente, propuestas para la relación entre esquemas de defensa y participación de la población, que nos permitirán seguir pensando el necesario desafío del replanteo del rol de las fuerzas armadas regionales en el siglo XXI.

A nivel internacional, ante una crisis civilizatoria que afecta con fuerza al centro capitalista, poderoso militarmente y necesitado de materias primas, la abundancia y variedad de recursos naturales de nuestro continente hacen de la defensa una instancia insoslayable ante potenciales nuevas amenazas extra-regionales, interesadas en controlar las diversas fuentes de energía, agua, minerales, biodiversidad. A contramano del mundo, en nuestra región, las irrupciones de gobiernos “populares” expresaron y en muchas ocasiones profundizaron el resquebrajamiento de la hegemonía neoliberal del Consenso de Washington. El entierro del ALCA potenció las condiciones favorables para la organización de importantes espacios de integración regional complementaria, no competitiva, que abonan las tendencias multipolares, también expresadas en la creciente presencia china y rusa en nuestro continente.
La pérdida de influencia política y económica de EE.UU. y la fuerte necesidad de acceso y control de recursos naturales estratégicos potenció el aumento de su creciente y amenazante militarización (Ceceña, 2013; Luzzani, 2013; Zibechi, 2013; Borón, 2012), concretada con el aumento de bases militares, la reactivación de la IV Flota, leyes antiterroristas y una activa injerencia desestabilizadora vinculada a agresiones no convencionales y golpes suaves (Golinger, 2014) en la que participan las clases dominantes locales.
La continuada agresividad del gobierno norteamericano contra Venezuela comenzó iniciado el gobierno de Chávez, con dos objetivos, recuperar el control de la mayor reserva petrolera del mundo y derrotar el proceso bolivariano, refractario a los intereses imperialistas. Se expresa en distintas formas, desde su participación en el golpe de estado de 2002 (Lander, 2002; p.5-8.; Golinger, 2014; p. 36); hasta declarar a Venezuela como “amenaza extraordinaria e inusual” a la seguridad norteamericana, y explicitar el apoyo a los ciudadanos de países donde la democracia está en riesgo“tales como Venezuela”, en su actualizada Estrategia de Seguridad Nacional (2015). Estas declaraciones formales son el respaldo para que EE.UU. pueda tomar acciones directas de mayor envergadura.
00Respecto a Brasil, Kissinger sostenía iniciado el siglo XXI, que América del Sur estaba buscando definir una identidad política propia, y ese proceso generaría una virtual contienda entre Brasil y EE.UU. sobre el futuro del Cono Sur (Bandeira, 28). Y si bien la estrategia brasilera no nombra a ningún país explicitamente, ya en este siglo y dos años antes de conocerse el espionaje norteamericano a Dilma, el 67% de los brasileños creían muy probable o razonablemente probable que el país sufriera una agresión militar de una potencia extranjera para apropiarse de los recursos de la Amazonia verde y el 63% del petróleo descubierto en la Amazonia azul. Y para el 35% de los brasileños (casi la mitad excluyendo los que no responden) la principal amenaza es EE.UU., mientras que los principales aliados están en la región (Zibechi, 2013; p. 261-262).
Estos elementos, sumados al rol de Colombia “como un país pivot, como enclave, como Israel en Medio Oriente” (Bandeira, 2008), permiten analizar la alianza estratégica firmada entre ambos países en 2005. Considera Zibechi (2012) que proyecta fortalecer a Venezuela y “ocupar” la zona fronteriza como respuesta al Plan Colombia (o sea al Comando Sur norteamericano), cuya zona de expansión “natural” es la Amazonia y, de modo particular, la cuenca de los ríos Orinoco y Amazonas, además de la región andina. Incluye la integración de infraestructura y la complementación productiva más allá de las alianzas clásicas. Esta alianza bilateral busca darle mayor densidad económica, demográfica y política a una de las zonas de mayor importancia geoestratégica del continente, para defender las riqueza petrolera, acuífera, y de otros recursos.

A nivel político local, los gobiernos latinoamericanos en los cuales la izquierda político-social participa son coaliciones políticas y sociales que actúan en los marcos del capitalismo y que, en mayor o menor medida, adoptan políticas que también favorecen a sectores de la burguesía (Pomar, 2011). En ese marco, para abordar los cambios en defensa realizados en el siglo XXI en Brasil y Venezuela, debemos abandonar las simplificaciones amplias que engloban a ambos países bajo la categoría de “no neoliberales”, distinguiendo entre procesos políticos hijos de grandes crisis y movilizaciones sociales que resquebrajaron profundamente a los bloques históricos precedentes y plantean salidas contrahegemónicas, incluso trasladando parte de sus programas a procesos constituyentes cristalizados en cartas magnas que abren las puertas a la participación y empoderamiento popular; y otros que buscan reconstituir los capitalismos en crisis, desde enfoques más inclusivos. Los devenires de los proyectos políticos del chavismo y lulismo, también responden y están condicionados por las internas correlaciones de fuerzas políticas, sociales y económicas .
En Brasil, la política de Lula fue conducida con el objetivo de apoyar “el desarrollo empresarial brasilero, la ampliación de los programas de transferencia monetaria condicionada iniciados por Cardoso y el impulso a la producción agrícola” (Ortiz y Schorr, 2008, p.9). Por otra parte, provocó considerables cambios, aunque sin alterar la matriz capitalista socio-económica; operando como un agente modernizador. (Ansaldi y Giordano, 2012; p. 638). El PT, partido gobernante, tuvo un crecimiento consolidado como fuerza de cambio durante los `80, virando con la implosión soviética y la ofensiva capitalista, el neoliberalismo. El partido y gran parte de la izquierda brasileña modificaron sus objetivos programáticos y estratégicos y asumieron una línea hegemonizada por el progresismo. A pesar de más de diez años de gobierno, esta herencia neoliberal que algunos sectores de la burguesía ejercen sobre el PT aún posee extrema influencia (Pomar, 2011).
En cambio, en Venezuela hablamos de una crisis orgánica, en sentido gramsciano, del modelo de “conciliación de élites” entre Acción Democrática y Copei. La caída del último bloque histórico hegemónico capitalista venezolano, dirigido por una burguesía rentística parasitaria, y la de su entramado político institucional, se expresó en una profunda crisis de las organizaciones de mediación y representación entre el Estado y las clases subalternas (Ruiz Acosta, 2010; p. p.17-44.). A diferencia del PT brasilero, el chavismo no surge desde un partido político consolidado sino que crece aluvionalmente tras la crisis orgánica del sistema que fue considerado “modelo de democracia” en nuestro continente. El chavismo proponía inicialmente una refundación de la república, y a la par de la agudización de la lucha sociopolítica que generaban sus cambios, se declaró antiimperialista y avanzó profundizando el proyecto transformador hasta plantear el socialismo bolivariano y el estado comunal. En lo económico, el chavismo incidió en la recuperación internacional de los precios del petróleo relanzando la Opep en 2000, y tras recuperar PDVSA, orientó parte de la renta petrolera a las misiones sociales. Estas novedosas misiones y la politización ideológica que hacía Chávez de la gran polarización social precedente fueron afianzando una voluntad colectiva transformadora. El chavismo intento la diversificación productiva, pero “no prosperó por la respuesta desinversora de los capitalistas y por los límites del gobierno para confrontar con ese rechazo”, según Katz (2014).

Por otra parte, ambos países vinculan estratégicamente la defensa con el desarrollo económico. Entre 2003 y 2006, el PT puso en marcha el Núcleo de Asuntos Estratégicos de la Presidencia (NAE), que rápidamente comenzó a esbozar una planificación estratégica de larga duración que incluye la Estrategia Nacional de Defensa (END) (Zibechi, 2013; p.68-75). En su segundo mandato, Lula atribuyó una importancia inusitada a Defensa, mediante el planeamiento de inversiones en equipamiento militar (Rizzo, 2008), que marcan una vuelta al “desarrollismo” en defensa, pero revalorando la exigencia de transferencia tecnológica en los acuerdos bilaterales de cooperación técnico-militar, a fin de acelerar la autonomía tecnológica del país (Bezerra, 2014; p. 14).
En Venezuela, la incorporación activa de la FANB al desarrollo económico se plasma tanto en el marco legal como en los sucesivos planes de acción del gobierno chavista. Desde 1999 con el Plan Bolívar 2000, orientado a la reconstrucción del país, continuando con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 y el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que se despliega en el primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social (2007-2013) y el segundo Plan Socialista o Plan de la Patria (2013-2019).

A nivel castrense, en Venezuela, durante el puntofijismo distintos factores condicionaron el surgimiento de un sector militar “conspirativo” dentro de las FF.AA., a saber: el Plan Andrés Bello, que implementó una formación universitaria humanista en la Academia Militar desde 1971, proponía una visión mucho más abarcativa de la realidad venezolana, planteando la necesidad y responsabilidad de modificarla, entre otras cosas, concibiendo el desarrollo nacional como instancia fundamental para garantizar la seguridad interna; influencia marxista bolivariana, que propugnaba alcanzar el poder mediante la unidad cívico-militar, para la liberación nacional y el socialismo, ante las limitaciones electoralistas e insurreccionales; una crisis interna producida por: los cambios en el rol de la FAN desde la “pacificación”, los efectos económicos de la crisis nacional en el ámbito castrense, el descontento de la oficialidad media por la corrupción del Alto Mando con la elite política puntofijista; la cruenta represión militar contra las protestas y saqueos durante el Caracazo (Fernández, 2015).
Tras la crisis orgánica del puntofijismo y las insurrecciones militares de 1992, el crecimiento del chavismo fue aluvional y decisivo para alcanzar la presidencia electoralmente. La mayor manifestación del elemento militar en su gobierno, como intermediario social entre el Estado y la sociedad civil, se explica principalmente por: la carencia de una estructura política organizada de la “amalgama de sectores tan diversos como contradictorios” que llevó a Chávez al poder (Romero, 2002), una vieja aspiración desarrollista de sectores castrenses, una correlación de fuerzas negativa en el aparato público subnacional y los lastres del burocratismo estatal (Ochoa y Rodríguez, 2003; p. 130-131). En el medio de la agudización del conflicto sociopolítico, se fue afianzando un significativo giro ideológico bolivariano en el sector castrense, expresado en transformaciones de pensamiento, doctrina y estructura. La unión cívico militar es clave para entender este proceso de cambios, que colocaron a las cualidades políticas, militares y organizativas de la FANB en “profunda revisión” (Fernández Pereira, 2010; p. 119).
En Brasil, el estamento militar se relaciona intimamente con las clases dominantes durante la dictadura, en una excluyente modernización capitalista conservadora (Nercesian, 2013, p. 39). Su peso marcó una tutelada transición democrática. Recién en 1999, la creación del Ministerio de Defensa extinguió los cinco ministerios militares, exponentes del elevado grado de autonomía de las FF.AA. (Rizzo, 2008). Ya durante el lulismo, la formulación de la Estrategia Nacional de Defensa (END), fue un momento decisivo que muestra como existió una interpretación de influencias entre el PT y un sector nacionalista de los militares (Zibechi, 2013; p. 144). Respecto al represivo rol castrense durante el gobierno de facto, sus vinculaciones con el Plan Cóndor y el terrorismo de estado, la Ley de (auto)Amnistía decretada en 1979 fue ratificada por el Superior Tribunal Federal en 2010. La Comisión Nacional de la Verdad, no vinculante, creada ante el reclamo de las víctimas y resistida desde los grupos hegemónicos y militares, propuso a fines de 2014 juzgar a los uniformados implicados y anular la Ley de Amnistía, intentando terminar con este alto nivel de impunidad.

En Venezuela, el marco legal de la política de defensa es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la Ley Orgánica de Seguridad Nacional (LOSN) y la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB):
– Como novedades, la CRBV le dio carácter constitucional a la seguridad nacional, planteando el concepto de defensa integral de la nación. Le asignó una participación activa a la FANB en el desarrollo nacional. Estableció la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil sobre los ámbitos económicos, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar. Reconoció al militar como un sujeto político a través del derecho al voto, y reemplazando el carácter “apolítico” y “no deliberante” de la institución militar por el menos excluyente de “sin militancia política”. También, reforzó las atribuciones presidenciales para el control institucional de la FAN, atribuyéndole la promoción oficiales. El cambio de denominación a Fuerza Armada Nacional (FAN), expresó la armonización de los cuatro componentes militares (Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional) bajo una unidad de mando.
– La nueva LOSN, sancionada comenzado el durísimo lock-out petrolero de 2002, define multidimensionalmente los principales conceptos estratégicos: seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral. Considerándolos como una unidad, los amplia y ubica como elementos esenciales para garantizar los derechos individuales y colectivos de la población, no sólo del Estado. La Defensa integral trasciende lo bélico, es el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualquiera sean su naturaleza e intensidad, que motoriza el Estado corresponsablemente con la sociedad, para salvaguardar la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la nación. La reforma de la LOSN en 2014 incorporó el Sistema de Protección Popular de la Paz e Integridad de la Patria, a complementar por otras normas. Implicaría la integración de todos los poderes públicos “con el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal”, “contra amenazas externas e internas a la seguridad de la Nación”. Esta instancia incorporará a la MB.
– La ley orgánica de la FANB fue sancionada en 2005 y recibió cuatro modificaciones parciales (2008, 2010, 2011, 2014). La orientación de las reformas implica una disputada adecuación a las líneas estratégicas y a la conflictiva realidad, implementando formalmente los cambios del pensamiento, doctrina y estructura militar. Estableció tres líneas estratégicas orientadoras de la nueva doctrina militar: fortalecimiento del poder militar de la nación, consolidación y profundización de la unión cívico-militar y participación popular en las tareas de defensa nacional. La ley modificó la estructura castrense, unificando operacionalmente a los cuatro componentes militares (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional), separando el mando operacional (Comando Estratégico Operacional) del administrativo (Ministerio de Defensa), aunque desde 2014, ambos mandos están unificados en el Gral. Padrino López. Y comenzando a esbozar la herramienta cívico-militar estratégica para la nueva doctrina de defensa integral, que es la Milicia Bolivariana (MB). Este cuerpo especial surgirá con la reforma de 2008 e irá mostrando una paulatina institucionalización y creciente importancia con las modificaciones subsiguientes.
Brasil también asume un concepto de seguridad multidimensional, similar al de la Declaración de Seguridad de las Américas (México 2003). Los documentos que estructuran la defensa son:
– La Política de Defensa Nacional (PND), decretada en 2005, es el principal documento de planificación. Define los conceptos de seguridad y defensa en los siquientes términos: Seguridad es la condición que permite al país preservar la soberanía e integridad territorial, la realización de sus intereses nacionales, libre de presiones y amenazas de cualquier naturaleza, y la garantía a los ciudadanos del ejercicio de los derechos y deberes constitucionales.
Defensa nacional es un conjunto de medidas y acciones de Estado, con énfasis en una expresión militar, para la defensa del territorio, de la sobernía y de los intereses nacionales contra amenazas preponderantemente externas, potenciales o manifiestas.
– La END, decretada en 2008, define como ejecutar lo establecido en la PND y en la doctina militar establecida en 2007. Destaca tres prioridades estratégicas: reorganización de las FF.AA. (unificando las operaciones de las tres Fuerzas); reestructuración de la industria militar (protagónica en tres sectores estratégicos: espacial, cibernético y energía nuclear), a fin de garantizar el autoabastecimiento; y una política sobre la composición social de los efectivos de las FF.AA., destacándose el servicio militar obligatorio (SMO), herramienta estratégica para aumentar la participación de la población.
Concibiendo a la END como inseparable de la estrategia nacional de desarrollo, establece la creación de un complejo militar-industrial-universitario-empresarial, apuntando a un desarrollo tecnológico independiente, con el objetivo de que la industria de defensa realice investigación de vanguardia. Y define al SMO como condición para que se pueda movilizar el pueblo brasileño en defensa de la soberanía nacional. Es, también, instrumento para afirmar la unidad de la Nación por encima de las divisiones de las clases sociales.
– El Libro Blanco de Defensa Nacional (LBDN), publicado en 2012, contempla el cambio hacia a un orden mundial multipolar, la necesidad de adquirir capacidades de disuasión para proteger sus recursos naturales y un enfoque de los enfrentamientos bélicos asimétricos y no convencionales. Asimismo, busca involucrar crecientemente a la sociedad civil en los asuntos de defensa.

El pensamiento militar puede definirse como la conjunción de un conocimiento acumulado históricamente -la teoría de la guerra y las actividades conexas- con la conducta concreta en lo tempo-espacial para realizar las tareas que el entorno, nacional e internacional, demanda (Müller Rojas, 2006). En Venezuela, el “nuevo mapa estratégico” estableció la contraofensiva contrahegemónica del chavismo tras vencer los golpes politico (2002), económico (2003) y el revocatorio presidencial (2004). Definió los grandes objetivos de la iniciada fase antiimperialista, entre ellos avanzar “profundizar y acelerar la conformación de una nueva estrategia militar nacional”, planteando la necesidad de un nuevo pensamiento militar venezolano (NPMV).
El NPMV reposa en las raíces históricas bolivarianas del país y se caracteriza por un enfoque ideológico antiimperialista. Asume una “crisis histórica” del orden mundial, expresada en un desestabilizado sistema social y la incertidumbre ante la carencia de una nueva estructura que ordene la vida humana. Vincula la “Revolución Venezolana” con el escenario mundial post implosión soviética y su influencia en el “fin de una ilusión de armonía” en el país, y el conflicto entre los sectores dominantes del puntofijismo y los que impulsan la emergencia de un nuevo estado. Y reconoce a Venezuela como frente secundario del imperialismo norteamericano; sus principales conflictos mundiales están donde se han desarrollado centros de poder rivales. En el plano estratégico, descarta casi todas las nociones de la guerra moderna, asumiendo “una relación dialéctica entre el poder concentrado en los actores políticos dominantes y el poder difuso distribuido en las organizaciones sociales populares”. Considerando decisivas las fuerzas morales de los contendientes, concluye que la guerra es un examen sobre la capacidad de los pueblos para gozar del derecho a la soberanía.En Brasil, es muy distinta la situación. Zibechi (2013) ve la continuación del pensamiento militar brasilero tradicional (Couto e Silva), señalando que con la llegada de Lula a la presidencia, las FF.AA. “volvieron a ocupar un lugar destacado en el proyecto de convertir a Brasil en una potencia global”. Otros análisis del pensamiento geopolítico brasilero (Teles Lima y otros, 2015; p. 8-10) consideran que, buscando esa influencia global, Brasil centra sus esfuerzos en el continente suramericando como plataforma de proyección. Y, siguiendo al Coronel Cavagnari, ven posible lograr el objetivo hegemónico regional a través de la cooperación e integración regional. Por otra parte, matizan la concepción de Couto e Silva sobre la proyección global del poder brasilero desde la teoría meridionalista de André Martin. Ésta retoma la concepción de Brasil como guardián del hemisferio sur, aunque en términos de autonomía del bloque regional respecto a los países centrales, no como defensor de los intereses occidentales en el hemisferio sur, como planteaba el militar brasilero durante la Guerra Fría.
La doctrina militar constituye los principios fundamentales de las FF.AA., condiciona la táctica, la organización, los materiales, el adiestramiento y la enseñanza a implementar en la herramienta militar, previendo las formas de resistir/disuadir/vencer las futuras amenazas. Fraga (2011) ve en nuestro continente tres doctrinas militares: la norteamericana, que circunscribe a lo operativo, combatir “nuevas amenazas” como narcotráfico y terrorismo; la de los países del ALBA, que derivan la amenaza para su seguridad de los EEUU, sus acciones y objetivos desestabilizadores contra gobiernos que no responden a sus lineamientos; y la que impulsa Brasil y se va gestando en el Consejo de Defensa Suramericano (CDS). Brasil considera como mayor amenaza a su seguridad el interés de países con mayor poderío militar-tecnológico en sus cuantiosos recursos naturales. Y centra la doctrina en impedir o neutralizar agresiones de potencias extra-continentales. Asimismo, concibe a nuestro continente como zona de paz tal como lo define Unasur. Venezuela lidera la refractaria a los intereses imperialistas de EE.UU. Y, simultáneamente, comparte la doctrina de UNASUR. Este enfoque regional, expresado en el CSD, marca un cambio histórico rompiendo la la larga tradición “panamericana” de seguridad hemisférica de EE.UU..
Analizando las doctrinas desde cuatro elementos estructurantes, también encontramos similitudes: 1- la amenaza principal: para Venezuela, es la probabilidad de una acción militar directa o indirecta (mediante actores internacionales o internos) del imperialismo norteamericano. Para Brasil son las potencias extra-regionales interesadas en sus recursos naturales, especialmente EE.UU. según Luzzani (2012) y Borón (2012). 2- la perspectiva tecnológica y su aplicabilidad en la guerra: ambos países rechazan la tentación de ver en la alta tecnología una alternativa al combate. Venezuela asume una marcada inferioridad; Brasil apuesta por desarrollar tecnologías, considerándolas un refuerzo de la capacidad operacional. 3- como experiencia histórica: Venezuela considera sus Guerras de Independencia y Federal, las triunfantes “guerras de todo el pueblo” en China, Vietnam y Cuba (Fernández Pereira, 2010); Brasil carece de un legado de lucha independentista, y no ha roto con la hegemónica influencia de las doctrinas de las potencias capitalistas, aunque pragmáticamente ha buscado referencias en el uso guerra de guerrillas en Vietnam (Luzzani, 2012; p. 367). 4- el ambiente operacional: en el peor de los escenarios, Venezuela busca aprovechar defensivamente su población y rica geografía para una guerra popular prolongada ante un invasor muy superior, necesitando una nueva conformación demográfica. Brasil desarrolla capacidades disuasivas orientadas a proteger las dos Amazonias (verde y azul), necesitando relocalizar sus FF.AA.
Brasil enfatiza el carácter militar de su defensa, centrada en la conformación de un “poder de disuasión”, orientado a prevenir concentraciones de fuerzas hostiles en las fronteras terrestres, en los límites de sus aguas jurisdiccionales, y denegar el uso de su espacio aéreo (END, p. 11). Establece la importancia estratégica de “la manutención de fuerzas militares suficientemente poderosas y listas para el empleo inmediato, capaces de desmotivar cualquier agresión militar” (Bezerra, 2014; p.3), siendo claves desarrollar capacidades de monitoreo/control (tecnología), alta movilidad (flexibilidad y elacticidad) y presencia (reserva importante de combatientes). Venezuela plantea una estrategia de defensa integral de la nación. Militarmente, implica el despliegue de una activa resistencia de la población, en el marco de una guerra popular prolongada ante un invasor numérica y tecnológicamente muy superior. Planifica una lucha no frontal, sino de desgaste moral y material; las acciones de vanguardia las encabezaría la FANB, y la MB operaría en la retaguardia.
Así como vemos semejanzas y diferencias de acuerdo a sus capacidades materiales, económicas, poblacionales, también expresan la orientación de los proyectos políticos de ambos países y se cristalizan, por ejemplo, en la ocupación militar de Haití. Brasil, interesado en ser reconocido como un par por las potencias hegemónicas e ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU, es la principal fuerza y dirige la Minustah; Venezuela, propulsora de un proyecto contra-hegemónico, rechaza esa intervención.
En ambos países, la participación de la población ocupa un lugar central en las nuevas estrategias de defensa, que destacan lo subjetivo. Para una guerra popular prolongada, el NPMV define como fundamental la voluntad de vencer del pueblo; la END exige una transformación de conciencias para que exista la estrategia disuasiva planeada.
La END establece que la defensa de Brasil depende exclusivamente de su capacidad de movilizar recursos humanos y materiales en gran escala, más allá del efectivo de sus Fuerzas Armadas en tiempo de paz. La herramienta fundamental para seleccionar y capacitar esos recursos humanos busca ser el SMO. Su implementación persigue la conformación de una significativa fuerza de reserva a movilizar nacionalmente en caso de necesidad. La capacidad de movilización es el concepto clave, y para conducirla fue creado el Sistema Nacional de Movilización (Sinamob) en 2007, concebido como el conjunto de actividades planeadas y desarrolladas por el estado de manera compulsiva para realizar acciones estratégicas de defensa nacional. La efectividad de la movilización depende de dos características: la elasticidad, que implica aumentar rápidamente los medios humanos y materiales disponibles para la defensa, y la flexibilidad, que consiste en el máximo de adaptabilidad a la circunstancia del uso de la fuerza. En la paz, implica la capacidad de hacerse presente (movilidad) a la luz de la información (monitoreo/control), en la guerra, la capacidad de dejar al enemigo en desequilibrio permanente, sorprendiéndolo por medio de la dialéctica de la desconcentración y de la concentración de fuerzas y de la audacia con que se desenlace el golpe inesperado.
El SMO se rpopone como obligatorio para todos los ciudadanos de sexo masculino a partir de los 18 de edad, durante un año. Políticamente, el SMO funcionará como un espacio republicano, donde la Nación, encarnada en las FF.AA., se sitúa por encima de las clases sociales. Su objetivo básico es proveer cuadros para las FF.AA., capacitados para la guerra. El reclutamiento es común a las tres fuerzas y depende del Ministerio de Defensa. Se efectúa en cuatros fases (convocatoria, selección, designación e incorporación con matrícula), y se orienta por dos criterios: las capacidades psico-físicas individuales y la representación de todas las clases sociales y regiones del país. La END expresa que la representación de todos los sectores de la sociedad es importante para la defensa nacional, y un imperativo de seguridad nacional. Y establece dos condiciones para alcanzar esa representatividad social, la remuneración de la carrera militar y la identificación de la causa de la defensa como requisito para el engrandecimiento del pueblo brasilero.
Asimismo, para ampliar la participación e involucramiento con la población, será instituído paulatinamente el Servicio Civil, de amplias proporciones y orientado a aprovechar a quienes no entraron al SMO. Se orienta al trabajo social en zonas carenciadas e incluye entrenamiento militar básico que les permita componer la fuerza de reserva. En esta línea, consideran estratégico formar expertos civiles en asuntos de defensa, para lo cual el Gobierno Federal debe apoyar una amplia gama de programas y cursos universitarios. En Venezuela, la MB es la herramienta cívico-militar destinada a organizar a la población para la defensa integral de la nación, institucionalizando la corresponsabilidad constitucional entre el Estado y la sociedad civil respecto a lo defensivo. Es un cuerpo especial creado en 2008, destinado a complementar a la FANB. Depende en lo operacional del Presidente de la República y Comandante en Jefe de la FANB, a través del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), y en lo administrativo, del Ministerio de Defensa. Desde 2014, es parte del nuevo “Estado Mayor Superior” de la FANB, el principal órgano consultivo del Ministerio de Defensa.
Los mandos y cuerpo de oficiales milicianos están integrados por militares regulares de los cuatro componentes de la FANB. No obstante, la MB incorporó tres categorías de rangos propios: oficiales, sargentos y milicianos; y comenzó a formar oficiales en 2011. La MB emplea armamento sólo en instalaciones castrenses y bajo supervisión militar. Los milicianos reciben formación premilitar, y desde 2011 se incorporaron cursos teórico-políticos que relacionan el proyecto bolivariano, el NPMV y la doctrina de defensa integral. Actualmente, la MB custodia empresas básicas del Estado, instalaciones del subterráneo, terrenos expropiados, universidades, puertos y mercales, entre otros objetivos, contando con el apoyo operacional y de transporte de los cuatro componentes de la FANB. La población venezolana mayor de edad puede incorporarse volntariamente a la Milicia Territorial (MT) y los Cuerpos Combatientes (CC). Las MT son unidades dinámicas, flexibles y adaptables a la condición geográfica y social del medio donde se desenvuelven. Los CC son conformados por ciudadanos que laboran en instituciones públicas o privadas, para garantizar su integridad y operatividad. La necesidad de proteger las principales áreas productivas fue una lección del lock-out petrolero de 2002/03. Para fortalecer la participación en esta segunda instancia, que generaba algunas inquietudes en los sindicatos, Maduro lanzó las Milicias Obreras en 2013, y en 2014 las subordinó al “mando natural” de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), oficialista. La MB tiene como misión entrenar, preparar y organizar al pueblo para la defensa integral. Sus funciones incorporan relaciones orgánicas con los Consejos Comunales. Estas instancias, en construcción, apuntan a conformar un Estado comunal, el nivel más alto de maduración de la democracia participativa y protagónica practicada desde los inicios del chavismo.
A diferencia del SMO brasilero, que prioriza una visión instrumental de la población circunscripta a las concepciones tradicionales, la participación popular que concibe la estrategia defensiva chavista expresa la corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil para la defensa. Y a nivel político, está relacionada con elementos que le dan un significativo contenido ideológico vinculado a la herencia independentista bolivariana, el antiimperialismo, el pueblo en armas. Estas características hacen que sea apoyada por las mayorías chavistas, aunque que sea debatida desde las propias organizaciones que integran el movimiento bolivariano. Los enfoques que priorizan la conformación del nuevo estado comunal, en confrontación con el heredado estado burgués, plantean que la herramienta miliciana debe expresar militarmente las instancias de poder comunal que se vienen desarrollando; desde la mirada estatal tradicional, buscan darle un carácter más reducido a lo operativo.
A modo de conclusiones: Si bien Unasur se autoproclama como “zona de paz”, la defensa de los abundantes y codiciados recursos naturales ante amenazas extra-regionales presenta un desafío crucial para la región, más ante un creciente militarismo de la todavía única superpotencia militar. Tanto los proyectos de país de los gobiernos bolivariano y petista marcan una ruptura con el “panamericanismo” y los esquemas de seguridad nacional orientados al enemigo interno y contra países vecinos. Buscan aumentar la participación de la población civil como un factor estratégico en sus estrategias de defensa, además de definir explícita o implícitamente a EE.UU. como amenaza.
Respecto a Brasil, vemos una clara orientación a fortalecer sus objetivos de proyectarse como potencia regional dentro de un sistema capitalista que atraviesa una reconfiguración hacia lo multipolar. Su modelo busca acrecentar la participación de la población aumentando el reclutamiento de la reserva a través del SMO. Aplica un enfoque instrumental, concibiendo a la población como proveedora de recursos humanos a seleccionar y capacitar. La idea de nación, vinculada a las FF.AA. y desvinculada de lo social, busca neutralizar las diferencias subjetivas derivadas de la clase social de procedencia de los miembros de la reserva. El uso de la misma será de acuerdo a la necesidad, desde la lógica de la movilización nacional elástica y flexible, hacia puntos de concentración de fuerzas. Por otra parte, a pesar de que las FF.AA. brasileras no soportan una revisión crítica de su rol represivo, la población tiene una fuerte empatía con los objetivos trazados por la END, y la sociedad política y la civil comparten a grandes rasgos una visión del mundo y del papel de Brasil (Zibechi, 2013; p.262).
En Venezuela, tras la crisis hegemónica del puntofijismo, la lucha sociopolítica entre los sectores dominantes desplazados del poder y el emergente proyecto chavista se expresó en la profundización de cambios en las distintas esferas. En lo militar, trajo transformaciones de su pensamiento, doctrina y estructura. Chávez le quitó a la burguesía su liderazgo sobre el aparato militar, con un significativo giro ideológico hacia el bolivarianismo y el antiimperialismo, expresado también en la unión cívico-militar conformada orgánicamente en la Milicia. Desde el proyecto de un nuevo estado comunal, centrado en el protagonismo de la sociedad civil organizada, el movimiento bolivariano plantea a la MB como su expresión militar, arraigada en las propias comunidades organizadas en consejos comunales.
Estos cambios generaron un profundo debate castrense entre la nueva concepción de unión cívico-militar y las continuidades de la influencia de las doctrinas de las potencias occidentales, refractarias a compartir el uso de la violencia legítima. Cabe resaltar que, en su implementación, la FANB viene desarrollando vínculos con las clases subalternas y trabajadoras, brindando entrenamiento premilitar desde una estratégica ideologia antiimperialista y emancipatoria bolivariana. De esta forma, aumentan las capacidades defensivas, la mayor participación de la población en la defensa integral de la nación se vincula con una conciencia de las condiciones materiales e históricas de pertenencia.

Nos enfrentamos a un nuevo escenario internacional, que impone de manera vital delinear nuevas estructuras, pensamientos y doctrinas militares que asuman la defensa en un sentido amplio, definiendo amenazas reales en el marco de una creciente multipolaridad y reestructuraciones, crisis y cuestionamientos del capitalismo y/o sus actuales jerarquías a escala global. Este proceso torna más agresivas a las potencias imperialistas, acrecentando los peligros dado el gigantismo militar de EE.UU y Europa. Así, resulta clave abordar los procesos de transformaciones castrenses en Brasil y Venezuela, como exponentes de los dos bloques no neoliberales que presenta nuestro continente, y ante el necesario replanteo del rol de las fuerzas armadas regionales en el siglo XXI. Esta nueva realidad nos expone a: asumir a la población como factor decisivo en las estrategias de defensa, y a considerar la forma en que ésta participa; recuperar el debate de lo militar, desde lo geopolítico, el legado independentista/antiimperialista y los derechos humanos; considerar las relaciones cívico-militares como el peso y autonomía que puedan adquirir las corporativas estructuras castrenses; evaluar las rupturas y continuidades de pensamiento y doctrina militar, respecto a los manuales de las potencias capitalistas occidentales como al carácter de los propios estados.

* Ponencia presentada en las XI Jornadas Sociológicas de la UBA, el 13 de julio de 2015. En la mesa “¿Nuevas izquierdas? ¿nuevas derechas?América Latina y las disputas hegemónicas en el siglo XXI”.

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