Soberanos o intervenidos
Rafael Cid*. LQSomos. Septiembre 2016
“Todos somos hijos del Diluvio Universal”
Mircea Catarescu
¡Eureka! Al fin un intelectual del Régimen reconociendo públicamente el fracaso de la Transición y sus metástasis. Eso es lo que acaba de hacer Santos Juliá en un artículo de opinión que lleva el teatral título de “Huelga general de electores” (El País, 5/9/16). Porque, sin de verdad pensar en las consecuencias de sus actos, el historiador de cabecera del diario que preside Juan Luis Cebrián acaba de proclamar la inanidad de origen de nuestra soberanía popular, de la que “emanan todos los poderes del Estado” (Art.1 de la C.E.). Aunque para alcanzar ese estado de lucidez mental haya necesitado echar mano del guirigay sobre la investidura a la presidencia del gobierno. Gracias por venir.
Afirma Juliá que tenemos “un Parlamento carente de voz propia, siempre bajo la férula del poder ejecutivo, y éste del poder presidencial”. O sea, una democracia intervenida por la clase política y la clase gubernamental. Mientras los electores, auténticos titulares de la cosa pública, desaparecen del mapa político desde el momento en que introducen la papeleta en la urna. Todo para el partido, nada sin el partido. Lástima que Juliá se quede en la espuma de la actualidad sin remontarse a aquel tramposo consenso del cambio para que lo principal siguiera igual, como el “gobierno del cambio” que de nuevo sacan a la pista. El protocolario atado y bien atado al que ahora PP y PSOE prometen alta fidelidad, a costa de negar cualquier posible salida desde la izquierda y el derecho a decidir. ¡Vivan la caenas!
La Transición no fue el paso de una dictadura a una democracia, como tantos forofos, incluido el acreditado columnista de referencia, han sostenido hasta la saciedad. Son dos conceptos incompatibles metafísicamente, para los que no hay alquimista ni varita mágica que valga sin desnaturalizar sus principios. Una aberración elevada al ridículo con la justificación procedimental de que se hizo de “ley a ley”. Lastre cainita que aún impide, entre otras muchas cosas, aplicar una decente ley de memoria histórica que restablezca la verdad de los hechos. No hay puentes que crucen el abismo que separa a un sistema criminal de otro que no utiliza a las gentes como escudos humanos. Por eso el resultado fue un continuismo-turnismo vergonzante. El gobierno del pueblo sin el pueblo.
Todo lo ocurrido desde las elecciones del pasado año demuestra que tenemos una democracia supeditada a los aparatos de poder, patentes y latentes. Gobierno en funciones por aquí y gobierno en funciones por allá, pero el Parlamento, sede nominal de la soberanía, no está en funciones. Entonces, ¿por qué no cumple el papel para el que fue constituido? ¿Acaso la ciudadanía no merece que aquellos que fueron elegidos para representarla cumplan su mandato? ¿A qué viene fiarlo todo a la investidura del presidente cuando él y el gobierno son una simple emanación del Parlamento, que es quien posee la potestad legislativa, mientras aquellos solo existen por delegación? Tanta ofuscación solo puede explicarse por el empacho de poder de las cúpulas de los partidos y por la escasa sensibilidad democrática de sus integrantes. Con razón decía Lord Acton, en cita no abreviada: “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, por eso la mayoría de los políticos son malas personas”.
Aunque igual que Santos Juliá se acaba de caer del guindo, otros de su gremio persisten en hacernos comulgar con ruedas de molino. Como el catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban, que desde la tribuna de El Mundo no para de desbarrar, melonada tras melonada. Para el que fuera embajador ante el Vaticano por designación del gobierno socialista, el Parlamento también está en funciones por “analogía con el gobierno” (sic). Semejante bobada no solo alcanza publicidad en un rotativo de ámbito nacional sino que además es utilizado por políticos, periodistas y gentes de peor vivir como munición para sus chascarrillos en tertulias y teledebates. Un insulto en toda regla para los millones de ciudadanos, votantes o no votantes, que pagan (¿religiosamente?) la factura de las elecciones. Partida presupuestaria que, de producirse unos terceros comicios, rondaría los 150 millones de euros, unos 25.000 millones de las antiguas pesetas para financiar “la fiesta de la democracia”. Aunque mejor sería decir “la siesta de la democracia”.
Con ese panorama parece una provocación que el Parlamento ya constituido siga los pasos del Gobierno de guardia, y se mantenga en la práctica “fuera de juego”. Sobre todo por parte del bloque de la oposición al PP, que podría trabajar en común para proponer leyes aperturistas que pongan en evidencia la nula voluntad regeneradora de los conservadores (más allá de acordar cambiar la fecha del 25-D) y su política del candado. No importa que luego se estrellen con el veto en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Serviría para relanzar la iniciativa política al Parlamento y demostrar la falsedad del enroque sobre el exclusivo troquel de la investidura. Pero esa es la ruptura de mínimos entre los de abajo y los de arriba que el formato de la Transición evitó tomando como modelo aquella “democracia orgánica” de las Cortes franquistas.
Claro que puestos a liarla, lo mejor es cuando a nuestros pensadores se les ocurren ideas. Como la de “échese a un lado señor Rajoy”, ahora ampliada a su contrincante Sánchez por expreso deseo de un Grupo Prisa cada día más irrelevante. ¡Qué magistral lección de democracia! Mal que nos pese, ambos fueron elegidos por la militancia de sus partidos (el secretario general del PSOE en un proceso de primarias) y luego ratificados en sendas elecciones (Rajoy en dos ocasiones y en línea ascendente de votos), y que ahora, desde los púlpitos del sistema, se inste a descabalgarlos porque a unos señores que nadie ha elegido no les petan, es de aurora boreal. Entonces lo llamaron consenso, hoy lo dicen “patriotismo constitucional”. La última vez que los poderes fácticos colocaron la diana sobre la cabeza de un presidente, primero se cobró su dimisión (Adolfo Suárez a punta de pistola) y luego llegó Tejero y sus tricornios. Lógicamente, el pueblo español del 23-F, mucho más súbdito que soberano, no movió un dedo para defender a un Congreso de los Diputados que sentía como un cenáculo de notables ajeno a sus preocupaciones. La herencia recibida.
