Brasil. Un mundo en pedazos, ¡pero caminando!

Elaine Tavares*. LQS. Diciembre 2018

Así que la propuesta de Bolsonaro, que pretende transformar al indio en «uno de nosotros» no tiene nada de humanista ni de generosidad. Lo que está en curso es justamente otra etapa de la acumulación primitiva del capital y significa el sacrificio de más víctimas al dios dinero

Darcy Ribeiro ha mostrado, a través de sus innumerables libros, que es la hacienda la que da inicio a la sociedad brasileña. Y la hacienda es una cosa que se ha hecho y se ha consolidado única y exclusivamente por la esclavitud. Primero con la esclavitud de los indígenas y luego de los negros. Los blancos, invasores, no querían saber de trabajo. Mataban a los indios, ocupaban las tierras, cultivaban con las técnicas más rudimentarias, agotaban el suelo y salían hacia otra hacienda. La inmensidad del «mundo nuevo» parecía no tener fin. La lógica de la hacienda creada en las américas era el nacimiento del sistema capitalista, pues tenía una organización empresarial que integraba la mano de obra en una única unidad operativa destinada a la producción para el gran mercado, bajo el mando de un patrón, que buscaba ganancias. «El nuevo mundo no era una nación, era una trata de esclavos».

Conocer este proceso de destrucción de las culturas que vivían en las tierras invadidas en 1500 debería ser fundamental para entender el presente. Pero, esa es una historia bien escondida, porque traerla a la luz significa encontrar millones de cadáveres bajo la alfombra y encontrarse en el espejo con una imagen muy fea. Mejor creer que fue un «encuentro de culturas» y que venció la «civilización». Domesticados, evangelizados, los pueblos paganos que aquí vivían podrían encontrar la salvación en el cielo. Así pensaba el padre José de Anchieta, que se «emocionaba» al saber que los niños indígenas que eran muertos en cantidad, irían al cielo, porque habían sido bautizados.

Pasaron 500 años y la empresa hacienda creada por los que invadieron esas tierras aún continúa. El tiempo pasó, las luchas fueron trabadas, pero la victoria sigue en manos de aquel 1% que históricamente se apoderó de todo. Hoy, como antes, no tenemos un país, sino una empresa. Y, en una empresa sólo vale lo que da ganancia. Lo que es «inútil» al capital necesita ser eliminado.

Por eso no es novedad el antojadizo manejo que el nuevo gobierno viene haciendo con la Funai, entidad que debería cuidar de los intereses de los pueblos indígenas que, a duras penas, vienen manteniendo su existencia en la gran hacienda Brasil. En un momento dice que va a acabar con la Funai, en otro que ella va a ese o aquel ministerio. Y los pueblos indígenas se quedan con los ojos abiertos viendo a los «granjeros» trazar planes.

En realidad, poco importa si la Funai se queda o se va en ese remolino de carpetas y espacios que sirven mucho más de alojamiento para los «amigos del rey». Lo que tiene que ser visto allí en esa confusión es la relación que el nuevo gobierno tendrá con los indígenas. El presidente electo ya dijo claramente, él que parece ser un conocedor profundo del alma autóctona: «los indios quieren ser como nosotros». Al pronunciar esa frase lapidaria apunta el camino de la ya conocida fórmula de la integración. El indio necesita volverse blanco, porque él necesita transformarse en un trabajador. Es decir, él tiene que vender su fuerza de trabajo, generar plusvalía para algún patrón y consumir todo lo que gane para enriquecer a otro patrón. Así de simple.

Con esa política de «inclusión» del indio en la vida «blanca» todo estará resuelto. Las tierras reivindicadas serán tomadas por el Estado y podrán ser donadas o vendidas a precios módicos a los viejos amigos. La hacienda Brasil será aún mayor. Francisco Fernández-Bullón, en un texto brillante sobre el papel de las corporaciones en América Latina, muestra cómo Brasil se está transformando cada día más en lo que él llama una «dictadura de la soja», en la que quien da la línea sobre la vida son las grandes empresas transnacionales que dominan la tríada: semillas transgénicas X pesticidas X medicinas. Estos granjeros modernos quieren extender las fronteras de la soja en Brasil y para ello necesitan avanzar sobre todas las tierras. Y ese 12% que hoy están en las manos indígenas son casi como las joyas de la corona: fértiles, ricas en minerales y con plantas fáciles de transformarse en productos farmacéuticos.

Así que la propuesta de Bolsonaro, que pretende transformar al indio en «uno de nosotros» no tiene nada de humanista ni de generosidad. Lo que está en curso es justamente otra etapa de la acumulación primitiva del capital y significa el sacrificio de más víctimas al dios dinero. El «uno de nosotros» que él quiere transformar es hacer del indígena un trabajador expoliado y explotado. Uno más en la molienda, para ser desangrado hasta la última gota.

Pero, como dice el líder indígena Ailton Krenak, los indígenas han resistido por más de 500 años y no va a ser ahora que van a sucumbir a una mentira tan infundada. Así, con Funai o sin Funai, las comunidades organizadas en entidades autónomas, libres del tutelaje de iglesias o de las Ongs, van a encontrar caminos de lucha.

En las páginas de los periódicos, los «paladines de la justicia» y los «buenos cristianos» siguen generando cortinas de humo hablando en acabar de una vez con la corrupción en Brasil. Lo que no dicen es que la corrupción es constituyente del capital y que en esa cruzada moralista -que pronto mostrará su ineficacia- las víctimas serán las mismas de siempre. Es decir, nosotros, trabajadores, quilombolas, indígenas, campesinos.

Tal como en 1492 los invasores llegaron con la cruz queriendo llevar a los paganos al cielo, los nuevos cristianos empuñan sus símbolos para matar, ofender, triturar y explorar en nombre de la fe en el capital. Y así como Anchieta se deleitaba en ver a los niños indígenas morir cristianos, esos nuevos granjeros (que en realidad son vasallos) quieren deleitarse en ver a los indios de hoy entrar en la «civilización» que los va a tragar.

Lo que no saben es que aquellos niños muertos, pasados por la espada por los invasores fueron semilla, como todos los demás que cayeron, y siguen brotando. Los pueblos originarios seguirán en lucha porque ese es un campo que se conoce demasiado bien. La mentira de la integración es fuerte, sabemos, pero toda mentira tiene una pierna corta. Y la gente sabe dónde les aprieta el callo.

Adelante, parientes. Incluso sin piernas, como dice Residente, la gente va a caminar.

* América Latina en Movimiento
Brasil – LoQueSomos

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No quieren que se siente un precedente de justicia: Caso Berta Cáceres

Giorgio Trucchi. LQS. Agosto 2017

Los gobiernos suelen ser cómplices de los ataques. Uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es la cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria…

A medida que se acerca la fecha de inicio del juicio se multiplican los intentos de minar la credibilidad de testigos e investigaciones independientes. Defender la tierra y los bienes comunes sigue siendo una actividad sumamente peligrosa.

Del 10 al 28 de septiembre se llevará a cabo en Honduras el debate oral y público contra ocho personas acusadas de participar en la preparación y ejecución del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres. Entre ellas figuran ex militares y militares activos, así como directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), titular de la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Durante años, el Copinh [1] -organización de la cual Cáceres fue coordinadora- ha luchado con ahínco para frenar el intento de DESA y de la empresa estatal china de construcción Sinohydro de realizar el proyecto. Una obra que nunca fue socializada con las comunidades de la zona y que generaría graves impactos ambientales, en especial al río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca.

El largo conflicto generó enfrentamientos y divisiones. La zona de Río Blanco, Intibucá, fue repetidamente militarizada y miembros de las comunidades lencas locales fueron perseguidos y reprimidos, sufrieron atentados, su lucha fue criminalizada y judicializada. Los ataques contra el Copinh dejaron un saldo de varios activistas heridos y asesinados.

Fue en este contexto de defensa del territorio y los bienes comunes, de persecución y represión, que Berta Cáceres fue asesinada en la noche entre el 2 y 3 de marzo del 2016 por un comando armado.

Faltan los autores intelectuales

Tanto el Copinh como los familiares de la dirigente indígena asesinada aseguran que aún no se ha querido investigar a los autores intelectuales del crimen.

Durante una entrevista con Radio Mundo Real [2], Bertha Zúñiga, actual coordinadora del Copinh e hija de Berta Cáceres, habló de la importancia del juicio. “No es el juicio que nosotros queremos porque no juzga la autoría intelectual del crimen. Más bien es un gesto que el gobierno quiere hacer hacia la comunidad internacional que está exigiendo justicia. Pese a eso, va a ser algo histórico que va a dar una señal importante contra la injusticia. Queremos -continuó Zúñiga- que este juicio no sea solo ’justicia para Berta’, sino que contribuya a producir cambios estructurales en el país. Que sirva a denunciar y transformar situaciones de fondo que ocurren en Honduras, como asesinatos, persecución y represión que quedan en la impunidad”, manifestó durante la entrevista.

Lamentablemente, no parecen ser estos los planes de las autoridades hondureñas. Antes bien, en los últimos meses se ha desatado una ofensiva mediática tendiente a denigrar tanto la figura de Berta Cáceres, como el trabajo investigativo independiente. Tampoco puede ser considerado casual que dicha ofensiva se esté dando a un mes del inicio del juicio en contra de los acusados del asesinato de la lideresa indígena.

Como distorsionar la realidad

Amsterdam & Partners LLP, bufete de abogados defensores de la empresa DESA, contrató recientemente al reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un informe donde se desacredita el trabajo investigativo [3] -sobre el asesinato de Cáceres- realizado por el GAIPE [4]. El objetivo sería sembrar dudas sobre la posible vinculación de la empresa con el brutal asesinato.

La investigación del Grupo de expertos internacionales concluyó que existían pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, estaban involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato.

Pese las fuertes acusaciones y a la decisión de los bancos europeos FMO de Holanda y FinnFund de Finlandia, de retirarse del proyecto Agua Zarca, la empresa prefirió no cerrarlo definitivamente, optando por suspenderlo temporáneamente. Lamentablemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mantiene su financiamiento de 24 millones de dólares a DESA.

«DESA mantiene la ilegal concesión de 50 años sobre el río Gualcarque, lo que significa que el proyecto no se cierra, sino que está en suspensión esperando que pase el tiempo para reanudar sus operaciones. Ratificamos nuestra lucha permanente por la expulsión definitiva del proyecto Agua Zarca, y denunciamos a la empresa criminal DESA que carga en sus hombros la sangre de nuestras compañeras y compañeros asesinados», explicó el Copinh en un comunicado [5].

La decisión de no cerrar el proyecto hidroeléctrico y de contratar a un experto penalista internacional para deslegitimar el trabajo del GAIPE sería parte de una ofensiva mucho más amplia, “que incluye pseudo biografías de Berta Cáceres y textos que tienen el propósito de distorsionar hechos y crear nuevas y espurias líneas de investigación”.

Tampoco ha parado “el trabajo de manipulación y ataque contra las comunidades de Río Blanco”, así como “el fortalecimiento de estructuras comunitarias paralelas” para dividir a la población y mantener vivo el conflicto, señala el Copinh en la nota.

La organización indígena lenca alertó también sobre el reiterado incumplimiento de parte del Ministerio Público (MP) de entregar la información del caso a los representantes legales de la familia de Cáceres. En 35 ocasiones los funcionarios del MP se negaron a entregar dicha información. “La falta de acceso a la información se utiliza para ocultar verdades, para beneficiar a los culpables de la muerte de nuestra compañera Berta. Se utiliza para manipular la verdad y evitar que los máximos responsables de su muerte enfrenten a la justicia”, denunció el Copinh la semana pasada.

La información que el MP sigue ocultando es la que fue recabada en los allanamientos a la empresa DESA, donde se evidencia las actuaciones de la empresa contra Cáceres y el Copinh. También oculta la información de los allanamientos realizados a las personas involucradas en el asesinato, algo que podría revelar posibles vínculos con los mandantes intelectuales del crimen.

El mismo año en que asesinaron a Berta Cáceres, Honduras fue señalado por la organización británica Global Witness [6] como el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes.

Negocios que matan

Dos años después, el nuevo informe de la organización británica “¿A qué precio?”[7] señala que en 2017 fueron 207 las personas asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes. Se trata de la cantidad más alta jamás registrada. Cifras escalofriantes que, incluso, ocultan un considerable subregistro de casos debido a la dificultad de detectar, identificar y denunciar asesinatos.

La agroindustria resulta ser el sector de negocios más vinculado a los ataques, seguido por la minería y la industria extractiva. También hubo un aumento considerable de los asesinatos múltiples (masacres). Casi una cuarta parte de las personas asesinadas en 2017 se oponían a proyectos agrícolas. Esto representa un aumento del 50 por ciento respecto del año anterior.

América Latina es la región más peligrosa. El 60 por ciento de las muertes ocurrieron en esta región. Brasil (57), Filipinas (48), Colombia (24), México (15) y Congo (13) encabezan la trágica lista de asesinatos. México fue el país que registró el mayor aumento del número de víctimas mortales en comparación con el 2016.

Asimismo, cientos de personas en el mundo fueron atacadas, perseguidas, amenazadas, estigmatizadas, criminalizadas y judicializadas por tener la valentía de hablar abiertamente y denunciar los ataques contra sus comunidades, su forma de vida y su ambiente.

En el caso de Honduras, el informe de Global Witness evidencia una disminución de los asesinatos. “Cinco personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2017, en comparación con las 14 asesinadas en 2016. Sin embargo, en general, la represión de personas defensoras de derechos humanos ha empeorado, y las y los activistas enfrentan criminalización, amenazas de muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas. La corrupción sigue siendo un problema, en medio de indicios de que la evidencia en el emblemático caso de Berta Cáceres fue ignorada por los fiscales”, se lee en el informe.

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (Oea), está investigando vínculos sospechosos entre los miembros del oficialista Partido Nacional y empresas que ganaron licitaciones para desarrollar proyectos hidroeléctricos, incluido Agua Zarca. El informe señaló también que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras documentó 1.232 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en ese país en 2016 y 2017, un aumento significativo en comparación con años anteriores [8], advirtió Global Witness.

Negocios irresponsables

Para la organización británica, los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado. «Cuando bosques tropicales son arrasados para sembrar monocultivos, cuando se explota la tierra para la minería, cuando se acapara la tierra, se pone en riesgo el futuro de las comunidades cercanas. Se trata de negocios e inversores irresponsables, empeñados en satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios que, junto con los gobiernos corruptos o negligentes, hacen que todo esto sea posible”, increpó.

Gobiernos cómplices

La colusión o la inacción de los gobiernos ha permitido la impunidad sistémica en los delitos cometidos contra defensores y defensoras. Impunidad que alienta más violaciones de derechos humanos. “Los gobiernos suelen ser cómplices de los ataques. Uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es la cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria”, señala el informe.

Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los asesinatos, y a fuerzas no estatales con al menos 90 casos más. “A medida que la cantidad de asesinatos aumenta, algunos gobiernos, empresas y organizaciones intergubernamentales han empezado a reconocer la gravedad de la situación. Pero su discurso y sus promesas aún no se ha traducido en políticas convincentes y cambios concretos”.

Ante esta situación, Global Witness pidió a los diferentes actores abordar las causas fundamentales de la violencia contra personas defensoras, entre otras, la falta de consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades.

También exigió apoyo y protección para defensores y defensoras en riesgo, así como garantizar la investigación, captura y castigo para los responsables de los ataques. “Instamos a las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza de bien. Los gobiernos y las empresas tienen el poder (financiero, legislativo y ejecutivo, así como el deber legal) de marcar una gran diferencia”, concluye el informe “¿A qué precio?”.

Notas:
1.- Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
2.- Entrevista con Radio Mundo Real
3.- DESA y agentes del Estado detrás del asesinato de Berta Cáceres
4.- Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas
5.- La empresa asesina DESA mantiene la concesión y sigue operando el Proyecto Agua Zarca
6.- Global Witness
7.- Negocios irresponsables y el asesinato de personas
8.- Crecen ataques contra defensoras de derechos humanos

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Santiago Maldonado, a un año de su desaparición forzada

Mónica Oporto*. LQS. Julio 2018

Nuestra historia común entrelaza personas y caminos, hay llegadas y encuentros, utopías y solidaridad

Este primero de agosto se cumplirá un año de los hechos que culminaron con la desaparición de Santiago Maldonado en un operativo en que la gendarmería reprimió una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof (1) en Resistencia de Cushamen (2), provincia de Chubut.

La gendarmería entró sin orden judicial a territorio mapuche recuperado al magnate Luciano Benetton. Fue en este operativo represivo que desapareció Santiago Maldonado. Como en una nueva “campaña al desierto” las tropas desataron la cacería. No se trató del general Julio Roca, sino del gobierno de Mauricio Macri, de su ministra de “Seguridad” Patricia Bullrich, del segundo de la Ministra, Noceti y otras “figuras del mejor equipo de los últimos 50 años”. El hecho está calificado legalmente como «desaparición forzada de persona». Recordemos: el cuerpo del joven fue hallado 78 días más tarde en el río Chubut, en una zona que había sido controlada varias veces.

Durante 78 días preguntamos a las autoridades, y le contamos al mundo desde redes sociales, marchas, presentaciones judiciales, ¿Dónde está Santiago Maldonado?. El Estado miró para otro lado, intentó que la causa “mirara” para otro lado, y desde el ministerio de Seguridad (a cargo de las acciones que se relatan al comienzo) trataron con crueldad a la familia de Santiago Maldonado además de proferir falsedades con la finalidad de ensuciar a la familia de Santiago y a la causa judicial. Pero no pudieron. Porque Santiago tuvo el apoyo de otros protagonistas de los hechos de ese 1 de agosto: de periodistas que no dejaron “caer” el caso, lo investigaron y publicaron todo lo que iba ocurriendo, y del pueblo en la calle pidiendo por Santiago.

El libro

Precisamente por eso en unos días más sale el libro de Sebastián Premici: «Santiago Maldonado, un crimen de Estado» donde expone la planificación de la Cacería, las órdenes de Noceti, el racismo de los gendarmes que acorralaron a Santiago en el río Chubut. También se detallan los nombres y apellidos de quienes le apuntaron sobre el río, a pocos metros de distancia. Uno por uno, todos los encubridores»

El autor del libro, Sebastián Premici: licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Redactor en Página/12, sección Economía. Columnista del programa A Cara Lavada, en Radio Nacional, junto a Cynthia García. Co-Conductor del programa Decime qué se siente, en Radio Splendid, junto a Julián Brushtein. Desde 2014. Actualmente Cadena del Sur portal de noticias https://cadenadelsur.com/

El documental

También se estrena en agosto la película que lleva por título “El Camino de Santiago” basada en la investigación del periodista Juan Alonso, con la dirección: Tristán Bauer. La música compuesta por León Gieco, con voz en off del actor Darío Grandinetti. EL guión de Omar Quiroga y Florencia Kirchner. Esta producción nos pone a reflexionar sobre los hechos que enmarcan la desaparición de Santiago Maldonado y de nuestra historia reciente: «En el país de los 30.000 desaparecidos, su familia inicia una búsqueda que pronto moviliza al conjunto de la sociedad en un reclamo común: ¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó?”.

Nuestra historia común entrelaza personas y caminos, hay llegadas y encuentros, utopías y solidaridad. El título de la película nos recuerda aquél camino de tiempos medievales que debían transitar los peregrinos que querían llegar a la tumba del apóstol –y que, más acá en el tiempo bellamente fuera “pintado” en uno de sus libros por Alejo Carpentier-. El peregrinar de Santiago Maldonado por caminos del sur de Argentina y su entrega solidaria a reclamar, codo a codo, con la comunidad mapuche; su desaparición en el marco de dicho reclamo por la represión ilegal de gendarmería; la falsedad de la información que desde el poder se hizo circular, con la finalidad de tapar el reclamo de justicia con un simple “se ahogó” (máxime a la luz de las últimas informaciones y pericia de Enrique Prueger ), y el hecho de que a un año no se haya esclarecido su muerte, nos remite a la pregunta ¿Dónde termina #ElCaminoDeSantiago?

Notas:
1.- Organización social del pueblo mapuche, clan familiar que reconoce la autoridad de un lonco (cacique)
2.- Cushamen es un departamento de la provincia de Chubut, Argentina
Carta a Santiago Maldonado, porque la justicia y los sueños no desaparecen
El cuerpo hallado en el Río Chubut pertenece a Santiago Maldonado
CASO MALDONADO: apareció un cuerpo en el Río Chubut
Aparición con vida de Santiago Maldonado ¡YA!
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Chubut: La desaparición de Santiago Maldonado
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* Miembro de la Asamblea de Redacción de LoQueSomos, desde Buenos Aires, Argentina. Autora de “Historia popular de Buzarco III”
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DESA y agentes del Estado detrás del asesinato de Berta Cáceres

Giorgio Trucchi*. LQSomos. Noviembre 2017

Una estructura criminal integrada por funcionarios públicos, aparatos de seguridad del Estado, altos directivos, mandos intermedios y miembros de la seguridad privada de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), titular de la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, planeó por meses y ejecutó el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, en el marco de una estrategia más amplia que tenía el objetivo de controlar, neutralizar y eliminar cualquier obstáculo al desarrollo del proyecto energético.

Es esta una de las principales conclusiones contenidas en el informe “Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres”, presentado este 31 de octubre por el Grupo asesor internacional de personas expertas, Gaipe, un equipo conformado por especialistas [1] en derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional y derecho penal comparado, que durante más de un año realizaron un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos en los que fueron víctimas Berta Cáceres y el sociólogo mexicano Gustavo Castro.

Video de la conferencia de prensa
Boletín especial del Copinh sobre el evento

Inmediatamente después de los hechos trágicos del 2 de marzo del año pasado, tanto la familia de la dirigente indígena como el Copinh[2] instaron al gobierno de Honduras a permitir que la Comisión interamericana de derechos humanos (Cidh) enviara al país un grupo de investigación independiente e imparcial, ya que consideraban que las personas detenidas en su momento eran piezas de un engranaje más complejo, donde los mandantes intelectuales que planearon y financiaron el crimen aún no habían sido apresados.

Ante el silencio de las autoridades, la familia, acompañada por organizaciones nacionales e internacionales, se vio en la obligación de solicitar apoyo para que se constituyera un grupo asesor internacional de personas expertas.

Red criminal planeó asesinato

De acuerdo con la investigación del Gaipe basada en la misma información que tiene en su poder el Ministerio Público (MP), el asesinato de Cáceres se venía planeando desde noviembre de 2015 y un primer operativo fue abortado en febrero de 2016.

“A partir del 2015 se estructuró un minucioso trabajo de reconocimiento y seguimiento a Berta. También se preparó un primer operativo para asesinarla en febrero de 2016, pero finalmente se abortó. De ese operativo se informó a un alto directivo de la empresa Desa. El 2 de marzo -fecha del asesinato- este mismo directivo se comunicó con uno de los procesados y el 3 de marzo volvió a comunicarse con él. Por lo tanto, el de Berta Cáceres no fue un asesinato casual, sino que respondió a una planificación en la cual estuvieron involucrados altos directivos de Desa”, dijo Miguel Ángel Urbina, del Gaipe, durante la conferencia de prensa.

Hasta el momento, la Agencia técnica de investigación criminal, Atic, ha llevado al arresto de 8 personas. Los detenidos son Douglas Bustillo, lugarteniente retirado del ejército y exjefe de seguridad de Desa; Mariano Díaz Chávez, mayor del ejército y veterano de las fuerzas especiales; Sergio Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y comunicaciones de Desa; Henry Hernández Rodríguez, sargento y francotirador de las fuerzas especiales; los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte Meza; Óscar Torres Velásquez y Elvin Rápalo Orellana.

Para cuatros de ellos -Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Sergio Rodríguez y Elvin Rápalo- la acusación por los delitos de asesinato y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa ya fue elevada a juicio oral y público, pero aún no se ha determinado la fecha de inicio del juicio. Para los otros cuatro acusados, la audiencia preliminar ha sido suspendida en cuatro ocasiones a petición de la parte acusadora, que ha reiteradamente denunciado el secretismo que rodea las investigaciones, así como la falta de entrega de la documentación probatoria al equipo legal de la familia.

Para los integrantes del Gaipe, el haber limitado el acceso a documentos, diligencias y pruebas habría, hasta el momento, imposibilitado la identificación, procesamiento y juzgamiento de otros autores materiales e intelectuales, los cuales no han sido identificado por el MP. Además, aseguran que Emerson Duarte Meza, uno de los acusados, nada tendría que ver con el asesinato de la dirigente indígena lenca.

“Durante la investigación nos hemos enfrentado a varios obstáculos, entre otros, la dificultad para revisar material probatorio que MP ha incorporado al proceso. Esta actitud ha venido limitando el ejercicio serio del derecho de las víctimas y de los procesados”, aseguró Urbina.

Monopolio de la impunidad

Con base en el análisis de la prueba recopilada, el Gaipe logró documentar numerosas conductas delictivas, irregularidades en la investigación, así como identificar a posibles autores intelectuales de un asesinato que no fue un hecho aislado, sino parte de diversas estrategias emprendidas por agentes del Estado, estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad, altos directivos, mandos intermedios y miembros de la seguridad privada de la empresa Desa, para eliminar cualquier oposición al proyecto.

Estas acciones, revela el informe, incluyeron la instrumentalización de las comunidades para generar ruptura del tejido social, campañas de desprestigio, infiltración, seguimiento, amenazas, sicariato y hasta el sabotaje del equipo de comunicaciones del Copinh, así como la cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado.

Una actitud que, aseguran los expertos, ha violentado el Convenio 169 de la OIT y el derecho legítimo de los pueblos indígenas a ser consultados de forma previa, libre e informada.

Del análisis de la información telefónica se deduce, además, que los socios y directivos de Desa no sólo mantuvieron contacto con los asesinos materiales e intelectuales, sino también con autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Preventiva “para conocer los detalles de las primeras diligencias judiciales relacionadas con el asesinato, inclusive, antes de ser informada la familia de Berta Isabel Cáceres Flores o sus representantes legales. A la vez, se demuestra que estos actores influyeron para que las diligencias iniciales se dirigieran hacia personas integrantes del Copinh o cercanas a Berta”, aclara el informe del Gaipe.

El grupo de expertos responsabilizó a la Secretaría de Seguridad tanto por la militarización de las instalaciones del proyecto Agua Zarca y del territorio lenca, como por la falta de protección a Berta Cáceres “pese a que conocía el grave e inminente riesgo sobre su vida e integridad”.

También responsabilizó a las instituciones financieras internacionales que financiaron el proyecto hidroeléctrico por no adoptar “medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Cáceres”.

“Todos han tratado de cubrir a los poderosos involucrados en el asesinato de mi hija. Exijo justicia, que se persigan a todos los autores materiales e intelectuales y que les caiga todo el peso de la ley. Además que se destituyan a todos aquellos agentes del Estado que tuvieron que ver con el crimen. Ya basta de proteger a los asesinos”, aseveró Austra Bertha Flores, mamá de la defensora de derechos humanos asesinada

“La impunidad nos avergüenza como país. El Ministerio Público goza del monopolio de la acción penal, pero este privilegio se ha convertido en el monopolio de la impunidad, cuidando y ocultando los nombres de los autores intelectuales. Lamentablemente, esta es la normalidad con la que actúan estas estructuras de poder”, advirtió el abogado Víctor Fernández, apoderado legal de la familia de Berta Cáceres.

“Estas personas se comunicaban por teléfono sin ningún temor, y esto evidencia la certeza de que la justicia nunca los va a alcanzar. Estamos hablando de agentes del Estado, estructuras paralelas de seguridad y de altos ejecutivos de la empresa Desa. Personas que controlan el destino de nuestro país”, agregó Fernández.

Modelo extractivista genera violencia

Para el abogado, el contexto en que se dio el asesinato de Cáceres está relacionado profundamente con la promoción de un modelo económico que violenta derechos y asesina, de manera selectiva, al liderazgo social del país.

“El delito de estas personas es confrontar al modelo extractivista que impulsan empresas como Desa. Hay que romper esta normalidad con que se ejecuta un crimen y se goza de impunidad. Hay que romper la secretividad que rodea el caso de Berta y que oculta la estructura económica vinculada al modelo extractivista y a su asesinato. Vamos a convertir este informe del Gaipe en herramienta para el proceso”, concluyó Fernández.

También Miguel Ángel Urbina recalcó la importancia de que se inicie el desmontaje de estructuras paralelas de seguridad, que en Honduras están siendo fortalecidas por las mismas empresas que invierten en proyectos extractivistas. Proyectos que son fuente continua de conflictividad social, invasión de territorios y niveles elevados de violencia.

Recomendaciones del Gaipe

Con base en los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, la recopilación y el análisis de información efectuado, el Gaipe recomendó al gobierno y al Congreso de Honduras revisar la legalidad y revocar la concesión, contratos, licencias y otros beneficios otorgados al proyecto Agua Zarca “por la violación al deber de consulta, previa, libre e informada, y las prácticas sistemáticas de persecución y exterminio”.

También pidió “no autorizar la construcción de represas en las comunidades Lencas sin la realización de las consultas libres, previas e informadas, así como adoptar medidas para que las empresas, a quienes se les ha otorgado concesiones, no usen su influencia para controlar, neutralizar y eliminar las demandas sociales promovidas, individual o colectivamente, garantizando plenamente la labor de defensa de los derechos humanos.

Asimismo, el grupo de expertos pidió al sistema de justicia garantizar de manera efectiva “la investigación seria, integral y exhaustiva del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto”, permitiendo el juzgamiento y sanción de todas las personas que resulten por autoría material e intelectual, por acción u omisión, de los hechos delictivos, así como de las conductas conexas.

De igual manera, recomendó “investigar las actuaciones de los agentes a cargo del esclarecimiento de los hechos del 2 de marzo de 2016, para determinar la responsabilidad en que hayan incurrido, por acción u omisión”, así como “investigar, juzgar y sancionar a las personas vinculadas a Desa y los organismos de seguridad del Estado que formaron y fortalecieron las estructuras criminales que han actuado en contra de las comunidades lencas de Río Blanco e integrantes del Copinh”.

Finalmente, el Gaipe solicitó permitir la participación de las víctimas en el proceso interno, brindándoles el acceso en forma oportuna a todas las actuaciones de la investigación.

A las empresas, instituciones financieras y países donantes, los expertos recomendaron asegurar que los proyectos de desarrollo o inversión “respeten y garanticen la obligación de llevar a cabo la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y afrodescendientes”, así como exigir del Estado hondureño “el pleno respeto a la labor de defensa de los derechos humanos”.

Notas:
1.- Liliana Uribe (Colombia), Miguel Ángel Urbina (Guatemala), Roxanna Altholz (Estados Unidos), Daniel R. Saxon (Holanda/Estados Unidos) y Jorge Molano (Colombia)
2.- Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras
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Maldonado: gendarmes volvieron al lugar del crimen y tiraron su cuerpo con un claro mensaje “caso Carrasco NO”

Javier Llorens*. LQSomos. Octubre 2017

La desaparición forzada de Santiago Maldonado se encaminaba a una solución tipo soldado Omar Carrasco, con la aparición de su cuerpo en algún lugar aguas abajo del río Chubut para que la culpa cayera sobre algunos gendarmes de menor rango, “que lo habrían herido y a su cuerpo se lo habría llevado el río”. Pero sorpresivamente su cadáver apareció aguas arribas del lugar de los hechos, siendo esto ya cierto, al coincidir sus documentos, vestimenta, cabellos, y talla, conforme las crudas imágenes insertas en esta nota. Imágenes que hieren la sensibilidad de su familia, pero que acreditan su muerte y que deben conocerse, ya que junto con su difusión y el lugar donde fue arrojado, son portadoras de un claro mensaje que lindando con lo mafioso podría resumirse así: no fue un gendarme fue la Gendarmería, y en todo caso el mismo Gobierno. Nos salvamos todos o no se salva nadie, por lo que se trata de una cuestión de alta política, que incluso viene involucrada con la tragedia de la muerte de Nisman.

En la nota Maldonado: la desaparición por la Gendarmería, Gobierno, Justicia, y grandes medios, de su desaparición forzada señalábamos que el caso se encaminaba a una solución tipo Carrasco, con la decisión por parte del Gobierno que se sentía acorralado con la cuestión, de arrojar a algún gendarme… no por la ventana, como a la que se negaba en un comienzo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sino a la parrilla de la ardiente opinión pública.

Intención que se manifestó crudamente en un video del comunicador oficialista Luis Majul, en su programa La Cornisa del domingo 10 de septiembre. En el cual a guisa de cubrir el operativo en el Pu Lof de Cusahmen, presentó en sociedad al subalférez Emmanuel Echazús en un primer plano volviendo del río, portando una escopeta recortada y una herida en el rostro. Simultáneamente Clarín lo anunció con todas las letras, al publicar una nota con título y copete:

“El nuevo libreto oficial: los gendarmes sí, pero no la Gendarmería. En el oficialismo buscan ser cautelosos. Pero dicen que “si en el peor de los casos” hubo excesos no abarca a la institución. Y que eso derriba la idea de que hubo desaparición forzada” (12/9/17).

El caso tomaba así un notable parecido al de la desaparición del soldado Omar Carrasco, asesinado, o golpeado y atendido con mala praxis en 1994. El cuerpo, que había estado escondido en el cuartel de Zapala en Neuquén, fue encontrado en un campo aledaño. Fueron condenados por ese hecho personal inferior del Ejército, que tras haber cumplido sus condenas, siguen hasta hoy insistiendo en su inocencia.

Finalmente el cuerpo del joven quijote defensor de causas perdidas Santiago Maldonado, apareció setenta y siete días después, el 17 de octubre, flotando en el Río Chubut, tal como la anticipáramos en la nota Caso Maldonado. El juez Otranto ordenó buscar donde la Gendarmería lo va a tirar y ahora huye.

Incluso, como decíamos en ella, lo hizo cerca de un camino que permitiera un fácil acceso al río, como lo es la ruta nacional 40 en su máximo acercamiento al Río Chubut, y por eso se llama Curva del Río. La que coincide con el Pu Lof, y donde antes del ingreso al mismo, como se puede ver en la portada, hay una huella que conduce al lugar donde el cadáver de Santiago Maldonado fue arrojado.

Pero sorpresivamente, este lugar no es aguas abajo del lugar de los hechos, como presumiblemente debería ser para que operara la solución Carrasco. Basada en el supuesto de que algunos gendarmes hirieron a Santiago, o éste se ahogó, y se lo llevó la corriente del río aguas abajo.
Sino, por el contrario, ha sido aguas arriba, a solo 300 metros del lugar de su presunto crimen, como consecuencia de un exceso represivo del personal de la Gendarmería. Fuerza que institucionalmente encubrió el hecho retirando sigilosamente su cuerpo, tal como se expuso en VIDEO EXCLUSIVO: Desaparición de Maldonado, no fue un gendarme fue la Gendarmería.

Lamentablemente es Santiago Maldonado

Que lamentablemente se trata de Santiago no quedan muchas dudas, tal como lo evidencian las siguientes crudas imágenes, que tras su llegada a la morgue fueron inmediatamente puestas en circulación. En ellas coinciden la vestimenta, la talla, y los cabellos trenzados en rasta de Maldonado, a lo que se suma su DNI encontrado en un bolsillo de su pantalón. En un cuerpo que no tiene apariencia de haber estado setenta y siete días bajo el agua, y aún con la enorme injuria de la muerte y la corrupción, trasunta la nobleza que lo inspiraba. Maldonado, Otranto, Patricia Bullrich, Héctor Magnetto, Vidal, Gendarmería, Desaparición, Macri.

Es muy entendible el dolor de la familia Maldonado ante esta horrible tragedia que se cruzó en su vida, agravada por el hecho de haber velado surrealísticamente sus restos para que no fuesen alterados, durante largas hora a la vera de un sinuoso y frío río patagónico. Y por eso es reacia a reconocer que se trata efectivamente de Santiago, diciendo que solo lo hará cuando tenga un 100 % de certeza, como aseguró en conferencia de prensa su hermano Sergio. Pero incluso un análisis de ADN, solo brinda un 99,99 % de ella, y ésta es la enorme angustia y desasosiego que desencadena en sus familiares, la existencia de un desaparecido, alejando para siempre la esperanza de que aparezca vivo.

Tanto la familia y su abogada Verónica Herrera, como los integrantes de la comunidad mapuche y de organismos de Derechos Humanos, sostienen que su cuerpo fue colocado en las últimas horas, asegurando que era la cuarta vez que se rastrillaba ese sector después de haber estado el cuerpo flotando ostensiblemente sobre unas ramas, y siendo visible a distancia, por lo que resultó innecesario el empleo de los perros adiestrados para detectar restos cadavéricos llevados expresamente para ello.

Eso no ha resultado nada difícil de perpetrar nocturnamente, en esas enormes soledades de fríos intensos, en donde al anochecer cesa la vida. Como se puede ver en el mapa de la portada, siguiendo la huella que parte de la ruta 40, donde solo es necesario caminar 400 metros hasta el lugar en que apareció su cuerpo, por lo que pudo ser llevado allí tranquilamente en camilla por dos hombres fornidos.

Por su parte Clarín, que tras la aparición del cuerpo de Maldonado parece haber puesto a full el funcionamiento de la máquina del fango que obscenamente opera el diario, haciéndose cómplice de esta desaparición forzada igual que lo hacía durante la dictadura, con una nota de su corresponsal Claudio Andrade salió a cuestionar eso, en base a un supuesto informe de la Prefectura Naval, que según Andrade afirma que solo se rastrilló río abajo del lugar de los hechos.

Pero Andrade cometió un grave error en su información, al decir que el rastrillaje arrancó “hacia la izquierda en el sentido de la corriente”, cuando en el mapa se puede ver que a la izquierda desde el acceso al río, es a contracorriente. Además el juez Guido Otranto se encargó de dejar bien claro que el intenso rastrillaje que se hizo en toda la zona, en el comunicado del Juzgado Federal de Esquel del 19 de septiembre de 2017, donde expresaba:

“El sector que mantiene ocupado el Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen tiene una extensión aproximada de 1.300 hectáreas. Ayer fue rastrillada en su totalidad, con personal policial que la cubrió a pie y con perros adiestrados en búsqueda de rastros humanos. Para la tarea se requirió de la intervención de 367 efectivos de la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. También intervinieron unidades especializadas de la Policía de Santiago del Estero, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Policía de San Luis y Policía de Río Negro. El personal fue trasladado en 33 vehículos y 2 helicópteros”.

Fue Gendarmería

Las siguientes imágenes detallan a su vez, la forma en que el cuerpo de Santiago Maldonado fue transferido desde la camioneta Ford Ranger OLW237, con la que fue extraído del Pu Lof, cubierto con una bolsa de óbito mortuoria, a una ambulancia de Gendarmería que lo habría llevado con destino desconocido.
En una primera imagen se ve a la Ranger OLW237 con sus dos conos de carretera y su bulto negro, y una camioneta Amarok perteneciente al escuadrón de El Bolsón, como estando a la espera de otros vehículos, en la bifurcación existente entre la vieja y nueva ruta nacional 40, que conducen a El Mayten y El Bolsón respectivamente, la cual se encuentra a solo 800 metros al norte del Pu Lof, como está indicado en el mapa de la portada, y a solo 550 metros donde apareció el cadáver.
En una segunda imagen se puede ver que se han reunido en el mismo lugar, junto a la Camioneta OLW237 con sus dos conos y bulto negro y la Amarok, un Unimog y una ambulancia blanca.
Y en la tercera imagen se puede ver que la Ranger OLW237, según distintas informaciones conducida por el subalférez Echazú, y la ambulancia de la que se puede ver su cola por debajo de la Amarok, fueron escondidas detrás de esta misma camioneta, el Unimog, y una hilera de gendarmes haciendo de pantalla, ocultando el traspaso del contenido del bulto negro de la Ranger OLW237 a la ambulancia.

Eso supone que más allá de que haya existido un exceso represivo por parte de algún o algunos gendarmes, prueba que orgánicamente fue la Gendarmería la que organizó la desaparición forzada o sustracción del cuerpo de Santiago Maldonado del Pu Lof.

Las muy graves dudas que plantea su aparición

La aparición de Santiago en el Río Chubut hace caer la información de “desaparición forzada”, que pasará a ser “averiguación de causas de su muerte”, y/o lesiones gravísimas seguida de muerte, descomprimiendo así legalmente la situación, al pasar de un delito mucho más grave a otro posiblemente mucho menor.

Pero además su aparición aguas arriba del lugar de los hechos o del crimen, aporta prima facie un sobreseimiento a favor del subalférez Echazú y los restantes gendarmes que había llegado al margen del río. Quienes supuestamente habrían herido a Santiago, y seguidamente a éste se lo llevó el río aguas abajo, ya que aguas arriba es imposible que sea por efecto de la corriente de agua y la ley de gravedad. Quienes finalmente fueron tirados a la parrilla de la ardiente pública por parte del Gobierno, para descomprimir la situación.

En consecuencia, el mensaje que contiene ese lúgubre escenario, con la corta distancia existente río arriba, entre la escena del crimen y el lugar de la aparición del cuerpo de Santiago, es contundente por parte de la tropa de gendarmería y los jefes subalternos que intervinieron en los hechos, y tenían el dominio sobre el cuerpo de Santiago.

Como en la obra teatral Fuenteovejuna de Lope de Vega, donde se investigaba el asesinato de un Comendador por parte de sus pobladores, y estos decían “Fuenteovejuna lo hizo”, el mensaje le está diciendo concretamente a las autoridades de Gendarmería y el Gobierno, que no fueron unos gendarmes, que fue la Gendarmería. Y que no son forros de nadie, y ningún perejil va a cargar con la culpa, como en el caso Carrasco.

Al mismo tiempo le están extendiendo un certificado de inocencia a los mapuches, hacia los que algunos intrépidos comunicadores del Gobierno habían tratado de desviar la culpa, ya que si estos poseían el dominio del cuerpo, para enchastrar a los gendarmes y la Gendarmería, lo lógico es que arrojaran a Santiago aguas abajo del lugar del crimen. Y no aguas arriba del mismo, rompiendo la explicación intentada por el Gobierno, que derivaba la culpa hacia sus subalternos más inferiores.

Algún chusco oficialista, de los que usan teorías conspirativas cuando les conviene y las denostan cuando no les convine, podría aducir que usando una lógica superior, los rústicos mapuches que tratan de vivir como sus ancestros, le dieron una policiaca vuelta de tuerca a la cuestión, para culpar a inocentes gendarmes de haberlo arrojado allí, con el objeto de eludir la acusación de que Santiago Maldonado había sido herido por ellos, y su cuerpo se había ido río abajo. Explicación sofisticada que no se compadece con las abrumadoras evidencias que existen respecto la participación de los gendarmes y la Gendarmería en el hecho.

Objetivamente se ha generado así una triada de intereses contrapuestos, que podría enunciarse primitivamente como Maldonado-Gendarmes-Gendarmería. Pero teniendo en cuenta el espíritu de cuerpo y la audacia de la rebeldía planteada ante la intención declarada por el Gobierno, de echarle la culpa la culpa a algunos gendarmes, la misma parece haber derivado en Maldonado-Gendarmería-Gobierno.

La oportunidad de la aparición de Santiago Maldonado

En cuanto a la oportunidad para enviar este mensaje casi mafioso en vísperas de unas elecciones cruciales para el Gobierno, se abre el interrogante si fue una decisión micro regional, concretada por gendarmes y jefes subalternos, que no pudieron soportar más la presión al sentirse acorralados. Y por ello aprovecharon la oportunidad de un nuevo rastrillaje que comenzaba de nuevo rio arriba, tras abandonar el que se venía realizando río abajo.

En tal sentido, el juez federal Gustavo Lleral emitió un comunicado expresando que accedió a realizar un nuevo rastrillaje en esa zona, a petición del prefecto Leandro Antonio Ruata, jefe de la delegación San Carlos de Bariloche de la Prefectura Naval, que había estado a cargo de los rastrillajes anteriores. Éste manifestó: “creo que debería repasarse el río algunas veces más porque tiene muchas zonas irregulares y ramas. Yo haría un repaso completo de todas las zonas”.

Y casualmente el mismo tuvo un éxito fulminante, dado que al poco tiempo de haber comenzado se encontró el cadáver de Santiago, siendo innecesario destacar la fraternidad que existe entre la Gendarmería y la Prefectura Naval, fuerzas del mismo rango que no compiten entre sí, una centrada en las fronteras terrestres y la otra en las acuáticas.

Por eso la búsqueda bien podría haber estado destinada a encontrar lo que se iba a arrojar aguas arribas del río. Queda el interrogante de conocer si esas gestiones fueron impulsadas desde el mando superior de Gendarmería, con una visión más amplia de la situación, que abarcara incluso el próximo evento electoral.

Maldonado y la política

La existencia de la triada Maldonado-Gendarmería-Gobierno, abre el interrogante aún más grave, si existió una decisión política para ocultar la muerte de Santiago Maldonado, con motivo de la operación llevada a cabo por Gendarmería en el Pu Lof, una semana y pico antes de las elecciones de la PASO, procediendo al secuestro y ocultamiento de su cadáver.

En tal sentido es notable la presencia en la zona durante el operativo de Pablo Noceti, del segundo de la ministra de Seguridad Bullrich, y su incentivación para que la Gendarmería concretara un allanamiento al margen de todos los protocolos y de la ley. Y al respecto sería muy ilustrativo conocer las comunicaciones intercambiadas entre la ministra Bullrich y su segundo Noceti el día de las operaciones, quien tras esos sucesos se decidió a guardar, y no brindó una mínima explicación de su actuación allí. Todo ello contando con una prensa oficialista obsecuente, que canta loas respecto a la transparencia del Gobierno y su disposición a ser interpelado por el periodismo. Pero parece que solo en relación con cuestiones de marketing y propaganda oficial, y no por lo que conmueve a la sociedad o algunos de sus integrantes, como la familia Maldonado.

También sería muy ilustrativo conocer las comunicaciones intercambiadas entre la ministra Bullrich y el presidente de la Nación Macri, para averiguar si es que existió -y la actitud corporativa de la Gendarmería parece evidenciarlo- una orden política superior, que ordenó concretamente el ocultamiento y secuestro del cuerpo de Maldonado, para que ese evento no mellara las oportunidades electorales de Cambiemos. Lo cual además explicaría el pésimo tratamiento dado del tema por parte de la ministra Bullrich, y la absoluta indiferencia frente al problema que manifestó el presidente Macri.

Si Argentina fuera un país serio, y no tuviera una oposición aquejada por las denuncias de corrupción o cooptada por el oficialismo, y una gran prensa obsecuente, hace semanas que funcionaría en el Congreso una comisión investigadora en torno la desaparición forzada de Maldonado, y las responsabilidades políticas que ello pudiera aparejar.

Maldonado y las elecciones

No es necesario recalcar que el ganar las actuales elecciones, supuso para el actual Gobierno -según sus propias confesiones-, en un objetivo estratégico supremo, según la frase de Winston Churchill, con vistas a lograr una hegemonía, o al menos una primera minoría, para llevar adelante profundos cambios macroeconómicos, exigidos por los acreedores e inversores externos, tras el fracaso de la macro devaluación acometida al inicio de su gestión.

Y sobre todo para poder aspirar a un nuevo mandato, con la meta insinuada de llegar a los veinte años en el poder, igual que pretendía el matrimonio Kirchner, e poner en funcionamiento un cambio cultural sobre el que se insiste permanentemente. O sea algo muy parecido al “ir a por todo” del anterior Gobierno, que tantas críticas por parte de los integrantes de éste recibió.

A esto se suma la concreción o no de enormes negocios, como la fusión de Cablevisión y Telecom, a favor del aliado principal e indispensable del Gobierno, el grupo Clarín, conducido por el insaciable Héctor Magnetto. Eso requiere el acondicionamiento de una legislación que hasta ahora está pegada con saliva, al haberse modificado la ley de medios mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que puede ser echado abajo en cualquier momento.

Estas tremendas ambiciones, de las que ni sueña el hombre común, tiene por delante la necesidad de un triunfo electoral resonante por parte de Cambiemos. Para ello el Gobierno creó una momentánea burbuja de bienestar, mediante la narrativa del INDEC, que suprimió los datos estadísticos anteriores a los de la asunción de la actual administración a fines del 2015, igual que hizo la anterior administración a partir del 2003. Y con ello poder mostrar la existencia de supuestos brotes verdes, donde solo hay caída o estancamiento y disminución de la pobreza, que no es otra que la que había aumentado como resultado de su fracasada macro devaluación.

Y ello apelando además a inundar de créditos a la población, dirigido incluso hacia los sectores más humildes de ella, donde reside el voto opositor. Quienes recibieron estas semanas una cantidad de billetes que nunca antes habían visto juntos, y que serán “pan para hoy y hambre para mañana” al tratarse del anticipo de cuotas alimentarias, que tendrán que devolver con el 24 % de interés anual, empleando para ello los fondos de los bancos oficiales y la ANSES, y también los del Banco Provincia, que lanzó descuentos del 50% para los usuarios de sus tarjetas de crédito.

Al mismo tiempo desarrolló una feroz una campaña basada en el ataque y destrucción del adversario, mediante una conjunción mediática judicial, contando para ello con los mismos jueces que brillaron por su inacción durante el anterior gobierno. La que con un final a toda orquesta, se despachó con el pedido de desafuero y detención del ministro Julio De Vido y procesamiento de otros ministros, múltiples procedimientos y embargos contra la actual candidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, etc., incluido nada menos que el cargo de traición a la patria por el pacto con Irán.

Junto el dictamen paralelo, emitido curiosamente por parte de la misma Gendarmería -que contiene fallas garrafales hasta el punto de haberse planteado su nulidad- diciendo que el fiscal Nisman fue asesinado, pese las notables evidencias que existen en relación a su suicidio. Homicidio que inmediatamente los voceros del Gobierno, comenzando por la inefable Elisa Carrio, lo atribuyeron a la actual candidata a senadora y ex presidenta Fernández de Kirchner, contrincante del primo de la ministra de Seguridad, Esteban Bulrrich.

A este estrecho parentesco entre la ministra de Seguridad y el primer candidato de Cambiemos, se suma el hecho notable de que la ministra Bullrich fue la principal impulsora de la denuncia de Nisman por el Memorándum de Irán, y de la presentación de éste ante el Congreso, que no se concretó por su suicidio. Siendo así una de las responsables del mismo.

Una falsedad acaba de ser acreditada judicialmente con la declaración de Ramón “Allán” Bogado, asegurando que no era un agente secreto de la anterior presidenta, que era la única sustancia que tenía la denuncia de Nisman, sino un subordinado de la SIDE de Jaime Stiusso, con quien a la vez trató de congraciarse, presentando en el juzgado unos más que dudosos papeles de supuesto tráfico de tecnología nuclear con Irán, proporcionados por el mismo Stiusso, que fue quien anteriormente los había hecho públicos. A los efectos de tratar de sostener una causa que se cae por sí sola, y solo se mantiene abierta por la increíble corrupción existente en la justicia federal.

Y todo esto tiene como hecho aún más notable, que la alianza Cambiemos se concretó pocos días después de la muerte de Nisman, como si este súbito deceso fuera su piedra fundacional. Y a partir de allí este trágico deceso, convertido supuestamente en un magnicidio perpetrado por el anterior Gobierno -del que el entonces candidato Macri dijo que iba a ser “una bisagra en la historia argentina”- se convirtió en el obsceno y salvaje caballito de batalla de Cambiemos, que lo llevó a imponerse por muy pocos votos en la segunda vuelta electoral del 2015.

Ahora de repente y en vísperas de esta decisiva elección, todo ese enorme, ilusorio, e incluso macabro escenario electoral, armado trabajosa y costosamente, quedó plasmado con la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en un Pu Lof perdido en la Patagonia profunda, setenta y siete días después de su desaparición forzada en manos de la Gendarmería. Casualmente la misma fuerza encargada de dictaminar respecto el falso asesinato de Nisman, lo que explica la notable cobertura que trató a toda costa de brindarle la ministra Bulrrich.

La aparición de esta nueva trágica muerte, cuyo efecto en las elecciones está por verse el domingo próximo, encarna así una justicia poética, como una Némesis destinada a castigar las exageraciones del Gobierno y la alianza Cambiemos, que sin escrúpulos y sin límite alguno, con una moral de empresarios aviesos de donde provienen, -dispuestos a alcanzar sus objetivos de cualquier manera- emplearon cualquier medio por obsceno y falso que sea, para tratar de ganar las elecciones, explotando hasta las muertes trágicas para ello.

Y lo han hecho presentándose como caballeros ingleses, invocando la República, la división de los poderes, y la independencia de la justicia, cuando pocas veces antes fue usada en forma tan ostensible y degradada como escenario electoral. En este marco de ambiciones desmedidas y sin ningún tipo de escrúpulos, en el camino de ganar una elección de cualquier manera, es entendible que el Gobierno haya sido quién ordenó -en definitiva- el encubrimiento de la muerte de Santiago Maldonado, y el secuestro y ocultamiento de su cadáver.

Además y carente de sabiduría política, parece creer que se puede gobernar polarizando y sembrando el odio hacia el otro hasta niveles demenciales de su descalificación absoluta, por los medios que fuere, conforme las recomendaciones de su gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba y que se puede usar y explotar al otro sin generar reacción alguna, como la que de repente le disparó en la nuca la Gendarmería Nacional.

Jorge Asís: “Fue un delivery represivo encargado por Macri a Bullrich que terminó en mala praxis”

El analista y periodista también dijo que “la Gendarmería vacunó al Gobierno, el cuerpo tenía que aparecer después del 22”, entre tantas otras cosas.

“Si yo tengo que sintetizar el caso Maldonado a los efectos de un análisis político y presentártelo, aquí confluye una desacertada decisión presidencial que tiene que ver con el operativo limpieza de este problema que verdaderamente lo preocupaba. Yo te puedo decir que fue un delivery represivo, es el que se encarga (para que tengamos inversiones) y tenemos que resolver este problema”, expresó Asís en el programa Animales Sueltos.

“Cuando yo te dije que la ministro Bullrich está blindada, está blindada porque ella obedeció instrucciones directamente del presidente Macri. El problema fue que se hizo con “mala praxis” y con un abuso de la posición dominante, de saber que ningún medio de comunicación (por ahora) les va a recriminar o reprochar nada”, sentenció.

* Publicado en el diario “Conclusión»

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Redacción/Agencias. LQSomos. Octubre 2017

La Fiscalía aseguró que el cadáver fue encontrado a “300 metros río arriba desde el epicentro del conflicto que se desarrolló el día 1° de agosto de 2017”

El cuerpo encontrado este martes por la tarde en el Río Chubut por los buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina y canes de División Cinotecnia pertenece a Santiago Maldonado.

Según confirmó la Fiscalía en un comunicado, el cadáver fue localizado “aproximadamente a 300 metros río arriba desde el epicentro del conflicto que se desarrolló el día 1° de agosto de 2017”.

El mismo se hallaba sumergido y enganchado a ramas de sauces dentro del Pu Lof de la comunidad mapuche en Cushamen.

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Redacción. LQSomos. Octubre 2017

El equipo de buzos de la Prefectura Naval halló un cuerpo en el Río Chubut 300 metros río arriba de la zona del Pu Lof de Cushamen, donde la Gendarmería reprimió a la comunidad mapuche el 1 de agosto, día en el que desapareció Santiago Maldonado. Ante el hallazgo, Lleral convocó a la Unidad de Criminalística de la Policía Federal, al Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de parte de la familia. El cuerpo encontrado fue movido del agua tras la llegada de los especialistas.

El rastrillaje ordenado por el juez Gustavo Lleral es el tercero que se realiza sobre el curso del río, las dos búsquedas anteriores habían dado negativo a pesar del amplio despliegue de fuerzas ordenado por el juez apartado de la causa Guido Otranto. Según trascendió, el cuerpo habría sido encontrado enganchado con ramas de los árboles cercanos y habría sido encontrado por los buzos de la Prefectura con la asistencia de perros de la División Cinotecnia, entrenados para buscar en cursos de agua, utilizados por primera vez en este tercer rastrillaje.

Tras divulgarse la noticia, funcionarios del Ministerio de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, decidieron viajar a Esquel. Junto a ellos viajan peritos del equipo de Mario Coriolano —defensor de Casación bonaerense—, quien colabora en la investigación a pedido de la abogada Verónica Heredia, por ser quienes trabajaron junto a ella en la causa por la desaparición forzada de Iván Eladio Torres. A pedido de la familia también viajó el antropólogo Alejandro Incháurregui. Mientras que el juez había convocado también a los miembros del EAAF.

Coriolano participó a fines de agosto de una reunión con Heredia y el ministro de Justicia, Germán Garavano, en la que se acordó la asistencia de un grupo de expertos independientes de la ONU. La Casa Rosada deshizo ese acuerdo a mediados de septiembre, al considerar que la causa estaba «avanzando bien», días después fue apartado el juez Guido Otranto.

Tras el primer rastrillaje, realizado días después de la desaparición de Santiago, los especialistas de la Prefectura Naval habían descartado que el joven hubiese muerto ahogado en el río, debido a que por la poca profundidad del curso de agua y por las ramas debería haber quedado flotando o atrapado, como trascendió hoy sobre el cuerpo encontrado, 75 días después de la desaparición forzada.

Ese informe dado por los especialistas de Prefectura Naval había descartado la hipótesis de que Santiago se hubiese ahogado, y coincidía con los testimonios de la comunidad mapuche, que aseguraron que Santiago no llegó a cruzar el río. Sin embargo, el juez Otranto le dijo al diario La Nación a mediados de septiembre que su hipótesis —a un mes y medio de su desaparición— seguía siendo que el joven se ahogó.

En la madrugada del 18 de septiembre, Otranto ordenó un megaoperativo para avanzar en su hipótesis: 300 efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), del Grupo Albatros de la Prefectura Naval y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con helicópteros, perros y drones. Después de dos días de rastrillaje, el resultado fue nulo. Ese día, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, denunció que no se lo dejó ingresar a la zona del rastrillaje y denunció: «Si piensa que mi hermano se ahogó, ¿por qué no lo buscaron antes? ¿Qué hicieron todo este tiempo? Dan versiones distintas todo el tiempo.»

Cuatro días después de aquel megaoperativo, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia apartó a Otranto de la causa y designó a Lleral. Los camaristas separaron al juez por «temor de parcialidad», debido a la publicación de su versión del ahogamiento.

Aparición con vida de Santiago Maldonado ¡YA!

Redacción. LQSomos. Agosto 2017

Familiares de Santiago Maldonado anunciaron este pasado lunes que fue creada una página web con el fin de transmitir información oficial sobre el joven desaparecido desde el 1 de agosto en la provincia de Chubut, Argentina.

La familia difunde sus comunicados en la recientemente creada Web, de la que piden difusión. La Web ha sido creada con la finalidad de evitar que se difunda información falsa.

Desde el primero de Agosto de que Santiago Maldonado no aparece. El impactante hecho adquirió gran repercusión, que incluso medios internacionales levantaron la noticia. Por estos días, diferentes organizaciones y personalidades exigen la aparición con vida del joven y piden respuesta por parte de las autoridades, principalmente a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

A través de la página web www.santiagomaldonado.com la familia del joven aportará datos relacionados con la investigación y en caso de que existan testigos estos podrán dar información.
La familia indicó que la web es una «respuesta a tanta información falsa que circuló en los medios de comunicación y el ninguneo por parte de los funcionarios del Ministerio de Seguridad, familiares y amigos decidimos crear una página oficial para divulgar información confiable», señalaron en la página.

www.santiagomaldonado.com

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Las Madres marchamos por Santiago Maldonado
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Argentina. Las Madres marchamos por Santiago Maldonado

Redacción. LQSomos. Agosto 2017

La Asociación Madres de Plaza de Mayo invita a participar, este jueves 10 de agosto, de su habitual marcha de los jueves a las 15:30 alrededor de la Pirámide de Mayo, que en esta ocasión estará dedicada a reclamar poder volver a abrazar a Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto, luego de un brutal desalojo de la Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en el departamento de Cushamen, Chubut.

Las Madres convocamos a marchar bajo las siguientes consignas: “Queremos volver a abrazar a Santiago” y “Que todos los funcionarios responsables de la desaparición vayan a la cárcel”.

La desaparición de Santiago nos retrotrae a épocas oscuras que no podemos permitir que regresen. Las Madres hemos calificado, desde el minuto cero, a este gobierno como “enemigo del pueblo” y hemos sostenido que sus prácticas eran similares a los de una dictadura, que esta desaparición confirma cabalmente.

Ante eso, tenemos que poner nuestro cuerpo para luchar todos los días en la calle. Por eso, ponemos a disposición de la familia de Santiago nuestra marcha de cada jueves y gritamos bien fuerte: “Queremos volver a abrazar a Santiago y que todos los funcionarios responsables de su desaparición vayan a la cárcel”
¡Te esperamos!

Hebe de Bonafini. Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo

Contundente grito por la aparición con vida de Santiago Maldonado
Chubut: Aparición con vida ¡YA! de Santiago Maldonado


#AparicionConVidaYA de #SantiagoMaldonado
Argentina -LoQueSomos
@LQSomos

Chubut: Aparición con vida ¡YA! de Santiago Maldonado

Redacción. LQSomos. Agosto 2017

Desde el martes 1 de agosto se encuentra desaparecido Santiago Maldonado, luego de la brutal represión de gendarmería al interior del Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) por parte de más de cien efectivos de esa fuerza nacional de la que es responsable la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

Santiago fue visto por última vez el martes pasado durante la represión de Gendarmería en la lof de Cushamen, en Esquel. Cada vez más testigos confirman que el joven fue cercado por agentes de Gendarmería, golpeado y trasladado en una camioneta.
Santiago Maldonado fue desaparecido durante la brutal represión de las fuerzas federales que ingresaron ilegalmente el la lof de Cushamen en Chubut, predio recuperado por la comunidad mapuche, disparando balas de goma y destruyendo todo a su paso. Cuando intentaba escapar de la represión, fue alcanzado por un grupo de gendarmes que primero lo redujo en el suelo y después lo subió a una camioneta blanca.

La desaparición de Santiago se da en el marco de una tremenda represión en la provincia de Chubut contra la comunidad mapuche que reclama su derecho a ocupar sus tierras ancestrales. Desde comienzos de este año el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional han desplegado una cacería de brujas sobre el pueblo mapuche en defensa de los usurpadores de sus tierras como el empresario Benetton. Desde el Gobierno Nacional, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, justificó la brutal represión y acusó de terroristas a los miembros de la comunidad y a quienes los apoyan.

Tanto el Gobierno Nacional, como sus aliados provinciales, con sus brazos ejecutores (las policías provinciales, Gendarmería, etc) vienen desarrollando una nueva “Campaña del desierto”, tal como lo anunciara hace unos meses Esteban Bullrich, donde no solo se reedita la persecución a los Pueblos Originarios si no que también se persigue y reprime a todos los sectores sociales que se oponen a las políticas macristas, sobre todo dentro de la juventud. Ayer fue por las tierras que confinaron a la muerte y al destierro a miles de nativos; hoy, los nietos de aquellos “conquistadores” continúan excluyendo y marginando a millares de pibas y pibes, dejándonos sin tierra, sin techo, sin trabajo, privándonos de salud, educación y alimento, condenándonos a la miseria, la tortura, o la desaparición.

Nos sumamos y convocamos a la concentración que se realizará el lunes 7 de agosto a las 17:00 horas en Plaza Congreso para exigir su aparición con vida.

Aparición con vida ¡YA! de Santiago Maldonado.
Basta de persecución a los pueblos originarios.

Argentina -LoQueSomos
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