Mentiras a palos

Lilith Rojo*. LQS. Marzo 2019

Veníamos de mordazas, titiriteros, manadas, de Altsasus, de raperos, de tuiteros…. y vamos a la total criminalización del ejercicio de la radical democracia, que avalan los derechos humanos. Y ahí pillamos todas y todos, tarde o temprano, lo digo para las y los que piensan que esto no va con ellas y ellos

La pasada semana hemos asistido a una clase de interpretación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado digna de un vodevil malo. Se han retratado a si mismos como damisela de folletín del XIX asustada ante un villano de libro, solo que en esta ocasión el malvado era una abuela o una niña con mirada de odio. Se ve que la gente que el 1 de Octubre fue a realizar un acto democrático con total normalidad en medio de la excepcionalidad marcada por el gobierno Rajoy estaba poseída por el maligno. Uno tras otro han ido sumando declaraciones que el tribunal no ha dejado contrastar con los vídeos que podrían haber demostrado la farsa, porque no le ha salido de la toga a Marchena. De haberse proyectado los vídeos se hubiera visto entonces que si alguien odió empleando una violencia desproporcionada, de forma prepotente y abusiva fueron los plañideros.

Durante todo este juicio se ha podido comprobar que para seguirlo al minuto hay que tener un estómago a prueba de bombas, unos nervios de acero, la flema de un británico clásico y una brújula para no perderte mientras maldices delante del televisor llevándote las manos a la cabeza. La mentira impune, el esperpento de los pobres servidores de la ley aterrorizados ante murallas humanas viles e iracundas, las y los letrados de la administración de justicia llorando ante el miedo a ser devorados por unas masas cantoras con claveles y carteles en la mano, ha sido un espectáculo deleznable. El cenit llegó con la comparación de un número que explicó que lo que vivieron esos días en Catalunya, señoras y señores uniformados como castillos, fue como las experiencias que cuentan los veteranos de los inicios del conflicto vasco. Como twitter es muy afilado, el personal empezó a hacer cuentas y quedaron horrorizadas las personas que luchan por las pensiones ante el drama de esos pobres beneméritos obligados a jubilarse más allá de los 70 años. Pero ante las defensas admitieron que los únicos que iban armados eran ellos, que no se lesionó a ningún policía ni guardia civil, pero que su orgullo quedó dañado, ya se sabe que una mala palabra ofende más que un golpe y el estrés postraumático que sufren por culpa de insultos y visiones de esteladas necesitará años de sesiones de psiquiatra.

Para estrés el que sufrió el pueblo de Catalunya que fue a votar, las personas que recibieron de los uniformados la caricia de sus gritos, de sus insultos, de sus porras, sus botas y sus escudos, las que vivieron en tensión toda la jornada defendiendo sus colegios democrática y pacíficamente mientras veían imágenes indigeribles. Personas que convirtieron ese día en historia democrática con un acto de desobediencia civil multitudinario, solidario, emotivo, valiente propio de un pueblo insumiso ante el despotismo y la intolerancia de los comportamientos totalitarios de un estado, que solo sabe usar la fuerza como argumento. La gran diferencia es que unos llevan ciertas situaciones en su empleo y sueldo y la ciudadanía no, lo único que espera ésta es un comportamiento digno del funcionariado a quien paga su salario.

La pregunta siguiente es si esas personas que salieron a saludar a los balcones de sus hoteles pistola en mano, que corrieron por las calles de pueblos golpeando a diestro y siniestro, que gritaban con cara descompuesta dejadnos actuar o el a por ellos, esas pobres víctimas de desalmados votantes, cómo podrán cumplir su deber cuando lo que tengan delante sean peligrosos y sanguinarios delincuentes armados si la tercera edad con caras de odio nunca vistas les aterroriza.

Lo más triste y grave es la descontextualización de todo lo que se ha llevado a juicio en relación a las personas que fueron a apoyar sus instituciones, a mostrar su descontento con los registros e incautaciones de material, el registro sin orden judicial de la sede de la CUP, la defensa de su derecho a votar sí o no a la independencia de Catalunya en un referéndum, acto ya despenalizado. Como si la situación que se vivió a partir de septiembre de 2017 hubiera surgido de la nada, como si no fuera una concatenación de negativas e intervencionismo del estado en una sociedad acostumbrada a protestar y a defender sus derechos. No se levantó la gente una mañana hasta la coronilla de aguantar tanta humillación sin argumentos que avalaran su hartazgo, armada con flores para la policía. Y francamente como ya he dicho en más ocasiones no era una cuestión de independencia, gente nada sospechosa de independentista se echó a la calle el día 20 a defender la autonomía y sus instituciones. Era una cuestión de no dependencia de un régimen coronado con un déficit democrático alarmante, que fija sus objetivos en la disidencia de todo gremio a golpe de mazo de sala de injusticia. Veníamos de mordazas, titiriteros, manadas, de Altsasus, de raperos, de tuiteros…. y vamos a la total criminalización del ejercicio de la radical democracia, que avalan los derechos humanos. Y ahí pillamos todas y todos, tarde o temprano, lo digo para las y los que piensan que esto no va con ellas y ellos.

Lo nunca visto, policía en los centros de primaria con sus uniformes enseñando a los niños que la libertad es algo que se pisa por la fuerza

Y para que no me acusen de abominar unos cuerpos policiales concretos solo por llevar la bandera española en sus uniformes, voy a dedicar unas líneas a los Mossos d’Esquadra. Acusados de delincuentes independentistas, cuestión ya desacreditada por Trapero, que hasta tenía un plan elaborado de motu propio para detener al Govern elegido democráticamente antes de que se lo solicitara ningún juzgado. Una policía de Catalunya que es más bien “en” que “de” que recibe órdenes del estado español y que se afana en cumplirlas con gran celo, como se ha demostrado este viernes entrando en más de dos mil colegios en horario lectivo en busca del lazo amarillo perdido, rebuscando en los cajones y armarios de los profesores, quitando hasta lazos morados del 8 de marzo y comentando en algunos colegios que había mucho color amarillo porque habían colgadas en un pasillo unas bombillas de cartulina. Lo nunca visto, policía en los centros de primaria con sus uniformes enseñando a los niños que la libertad es algo que se pisa por la fuerza. Pero teniendo en cuenta que en los stands de educación está el ejército todo cobra más sinsentido. Una policía catalana que protege con celo los chiringuitos de los fascistas, que pueden tirar mandos del cuerpo por el suelo mientras los de la ultraderecha quitan pancartas de las fachadas de los edificios públicos a insulto pelado entre burlas sin que acaben detenidos. Eso me lleva a la conclusión de que los Mossos son más fuertes que otros cuerpos policiales, que no pueden digerir sentirse despreciados, lo deduzco después de todo lo que han soportado de la extrema derecha, escupitajos incluidos, sin soltar ni una lágrima. Después de lo bien que los uniformados han tratado a la chusma de la una, grande y libre, deberían tener el corazón partido por su desdén. La explicación a tanta entereza debe ser la terapia del palo, el desquite golpeando a antifascistas, un clásico desde Bolonia y el 15-M, manejando sus defensas como láser de jedi, contusionando sin discriminación a diestro y siniestro, eso cura cualquier dolencia del alma. Ya dijo un actual comisario al ser preguntado por la violencia ejercida en el desalojo de la plaza Catalunya que se le hubiera pegado al mismo Gandhi si se hubiera puesto por delante. Y aquí no dimite nadie, ni se toman medidas de ningún tipo, es como si el poder político tuviera miedo del poder policial cada vez más crecido al amparo de una justicia, que hunde sus raíces en la oscuridad de la dictadura. Así ni el conseller Buch, ni el propio President, más allá de algún comentario que no va a ningún lado, pone remedio a una situación muy peligrosa en democracia, si se puede llamar así, y es la impunidad del abuso policial. Los mossos viven como sheriff en Lejano Oeste vacilando al personal, amenazando, golpeando, pero solo a los que plantan cara al fascismo de manera pacífica y con las manos en alto. Y para muestra una extensa colección de botones en la hemeroteca y las redes sociales. Dimisión Buch.

Porque la República se seguirá fraguando de abajo a arriba o no será

Y una piedra fundamental del despropósito que vivimos estos días está siendo una Junta Electoral Central (JEC) que actúa antes de que empiece la campaña electoral con medidas intencionadas. Si van a por la simbología, aquí en Catalunya quizá había que prohibir las banderas de todo tipo en los edificios oficiales, todas, y retirar los símbolos fascistas de edificios de la administración. Y este año que no se les olvide prohibir las portadas de la jornada de reflexión de los grandes diarios entrevistando a líderes de su cuerda, como lleva pasando años y años sin que nada ocurra. La pregunta que algunas personas se hacen es si la JEC prohibirá también la retransmisión del juicio a las presas y presos políticos, algunos candidatos, o en este caso hará una excepción para que VOX siga luciendo túnica, con el halo de credibilidad y decencia que da ir cargado de puñetas. Esperemos que no se suspenda, aunque siga siendo un aparador para el fascismo en forma de acusación particular.

Y mientras tanto la agenda viene marcada por partidos en una carrera demencial al abismo fascista con la inestimable colaboración de los medios que han tenido a bien poner en el candelero al franquismo más purulento. Gracias a la cobardía de quienes se han dejado arrastrar a ese lodazal por un puñado de votos, los que abrazan la constitución monárquica y una bandera que jamás podrá representar a quien defiende la república y sus valores, aunque se piensen de izquierdas. Cobardía a las dos orillas del Ebro, también de quien defiende la república catalana pero no está dispuesto a desobedecer mientras personas llevan más de un año en prisión preventiva por sus ideas, mientras la gente pide unidad de acción y no estrategias partidistas. Porque la República se seguirá fraguando de abajo a arriba o no será.

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El juicio-farsa y las «generales de la ley»

Joan Martí*. LQS. Marzo 2019

Casi todo el mundo sabe que la «prueba» incriminatoria fundamental en este proceso al PROCÉS está consistiendo en el testimonio de los agentes de la guardia civil y de la policía nacional

De testigos y atestados objetivos, veraces e imparciales…

Las «generales de la ley» son las preguntas que tanto en el proceso civil (art. 367 de la LEC) como en el penal (art. 436 de la LECRIM) el tribunal debe hacer al testigo para acreditar su imparcialidad y veracidad.
En concreto, en el proceso penal, dice el 436 «El testigo manifestará primeramente su nombre, apellidos paterno y materno, edad, estado y profesión, si conoce o no al procesado y a las demás partes, y si tiene con ellos parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase…»

En el proceso civil, según el 367, «1. El tribunal preguntará inicialmente a cada testigo, en todo caso: …2. Si ha sido o es cónyuge, pariente por consanguinidad o afinidad, y en qué grado, de alguno de los litigantes, sus abogados o procuradores o se halla ligado a éstos por vínculos de adopción, tutela o análogos. 3. Si es o ha sido dependiente o está o ha estado al servicio de la parte que lo haya propuesto o de su procurador o abogado o ha tenido o tiene con ellos alguna relación susceptible de provocar intereses comunes o contrapuestos. 4. Si tiene interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.

Casi todo el mundo sabe que la «prueba» incriminatoria fundamental en este proceso al PROCÉS está consistiendo en el testimonio de los agentes de la guardia civil y de la policía nacional. Pero lo que no se dice y ya no es tan sabido ni comprendido, es que estos agentes dependen funcionalmente de la fiscalía, que es quien dirigió sus operaciones en las diligencias en los sucesos del 20-S y el 1-O, mucho antes incluso de que tomara el control de las diligencias el juzgado o el juez Llarena; en definitiva, que dependían de una de las partes, LA FISCALIA, por lo que necesariamente tienen relación de dependencia y obviamente tienen interés en el resultado del proceso, que significará el «éxito» de su operativo, y no puede pretenderse que sea imparcial su testimonio en los términos regulados en los artículos precitados. Sólo así pueden entenderse sus sorprendentes e «imparciales» declaraciones cuando las contrastamos con lo que se ve en los centenares de videos que hay por ahí sobre los hechos.

Otra de las «pruebas» son los atestados, lo cuales fueron confeccionados por dichos testigos y suscritos todos por el jefe de ellos, un hombre que publicaba furiosos tuits unionistas y españoles eo, eo, bajo seudónimo contra los catalanes y la propuesta soberanista. Se trata también, como puede suponerse, de atestados imparciales y objetivos, y de otro testigo imparcial.
Con esos mimbres de prueba, no hay que ser muy listo para adivinar cual es la cesta-sentencia que saldrá…

Lo sorprendente es que estas consideraciones y reflexiones tan obvias, hasta ahora no las han hecho los abogados de la defensa ni tampoco algunos brillantes juristas.

Terror en Via Laietana, horror en el Tribunal Supremo
– Foto-montaje de Alejandro Pacheco, de la serie Catalonia Wars

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La democracia atropellada

Pedro Casas*. LQS. Marzo 2019

El juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo no afecta sólo a las personas encausadas, sino al conjunto de la sociedad, pues los recortes empiezan por unos para terminar aplicándose a todos

Comenzó el juicio a los dirigentes políticos y sociales que cumplieron el mandato popular de organizar un referéndum en el que la ciudadanía catalana pudiera decidir cómo relacionarse con el resto del estado.

En Madrid somos muchas las personas y colectivos que queremos decidir sobre los aspectos importantes que afectan a nuestra vida y organización social, como así se demostró en las recientes consultas sobre la forma del estado. Y por ello apoyamos también que los pueblos puedan ejercer ese derecho a decidir, ya que se trata de uno de los derechos democráticos básicos. En Madrid este apoyo se hizo patente en el acto organizado en defensa del referéndum catalán, y que, pese a la prohibición judicial, pudo celebrarse con una participación multitudinaria. Y también ocurrió en la manifestación para reclamar la libertad de los presos políticos catalanes, que congregó a miles de personas frente al Ministerio de Justicia el 7 de abril de 2018.

El juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo no afecta sólo a las personas encausadas, sino al conjunto de la sociedad, pues los recortes empiezan por unos para terminar aplicándose a todos. Y eso lo sabemos también por aquí: Basta moverte un poco, o decir algo que no le gusta al sistema, para sentir el peso de la porra y la toga (que se lo digan a Alfon, los raperos, los del 15M, activistas antidesahucios, y un largo etcétera). Todo está relacionado, y eso lo sabe mucha gente, pese a que nos tengan secuestrada la información veraz, a la que todos tenemos derecho, y ello dificulte la comunicación y movilización.

El desprestigio de la justicia en este país es claro y manifiesto. Empezando por la acusación de rebelión que requiere ejercicio de violencia, que sólo se dio por parte del Estado. El Tribunal Supremo que juzga los hechos no tuvo reparo en enmendar una sentencia de una de sus salas, para no perjudicar los intereses de los bancos. La fiscalía duda de la imparcialidad de los tribunales catalanes, por la posible influencia del ambiente, obviando de manera burda la presión mediática madrileña que clama por un castigo ejemplar.

Estamos frente a un conflicto político, que sólo tendrá solución de carácter político en un marco democrático. Lo demás es represión, e instrumentalización de la justicia al servicio del poder. Sólo los del “¡a por ellos!”, que por cierto no son tantos (como pudimos ver en la plaza de Colón), rechazan cualquier salida política, incluida un referéndum, que sin embargo sería apoyado por la mitad, al menos, del conjunto del estado, según sondeos que raramente se publican.

Los diferentes pueblos y clases populares que conformamos el actual estado español tenemos que unir nuestras fuerzas para abrir el candado de este régimen cada vez más autoritario, que considera las urnas el elemento más subversivo y peligroso, y quizás no le falte razón. Recompongamos puentes destruidos, y caminemos de la mano hacia la o las repúblicas que permitan avanzar en el desarrollo de los derechos políticos y sociales que hoy nos niegan.

* Activista vecinal y miembro de la Asamblea de Redacción de LoQueSomos. Esta nota fue publicada en el diario Berria: Zapaldutako demokrazia
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Kafka en España

Arturo del Villar*. LQS. Febrero 2019

La adaptación a la realidad española del ambiente putrefacto en que se desarrolla el Proceso contra José K., ha movilizado a periodistas de toda Europa a trasladarse a Madrid para contemplar por sí mismos la kafkiana sucesión de secuencias inauditas

La crítica literaria mejor informada considera la novela de Franz Kafka El proceso, editada en 1925 tras su muerte, como una representación de la angustia ante la sinrazón de la sociedad actual. El protagonista, José K., es procesado sin saber por qué, sin una acusación concreta, sin ninguna garantía legal, pero es perseguido por la policía judicial, detenido e interrogado, todo ello en un ambiente alucinante. Al parecer es culpable de algo que nadie le explica, y por ello debe ser procesado. Esta anómala citación le crea una lógica angustia vital, porque ignora qué delito puede haber cometido, y en consecuencia no sabe si es inocente o no, pero le resulta imposible evitar que el Proceso continúe, al mismo tiempo que su desesperación.

He recordado la historia extravagante de José K. al leer la crónica del Proceso iniciado en el Tribunal Supremo de España contra doce parlamentarios catalanes, acusados de cometer un delito inconcreto, porque unos acusadores lo califican de rebelión, y otros de sedición, sin que exista una base probatoria capaz de definirlo. Es un delito tan incierto que lo desconocen todos los legisladores europeos a los que envió el juez Llarena unas euroórdenes de extradición contra sus acusados, al parecer sin pruebas.
Tribunales de Justicia belgas, suizos, alemanes y escoceses rechazaron todas las euroórdenes en marzo, abril y mayo de 2018. O el juez español es un ignorante del Derecho o lo son todos los magistrados que examinaron sus escritos. La lógica indica que jueces de cuatro países europeos deben de estar mejor informados que un juez español. Hasta él mismo lo reconoció, y anuló sus propios escritos, quedándose tan campante ante el ridículo.

Kafka se quedó corto

Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo de España son más listos que todos los europeos juntos, y el 12 de febrero de 2019 han iniciado la vista oral del Proceso, se ignora por qué delito concreto, contra nueve presos trasladados a Madrid por la Guardia Civil desde sus mazmorras, y tres más que disfrutaban de la libertad provisional.
La adaptación a la realidad española del ambiente putrefacto en que se desarrolla el Proceso contra José K., ha movilizado a periodistas de toda Europa a trasladarse a Madrid para contemplar por sí mismos la kafkiana sucesión de secuencias inauditas. Se han acreditado más de 600 profesionales, pertenecientes a 170 medios de comunicación de masas, en los que dejarán constancia de su asombro por lo que oigan. Para que el ambiente sea estrictamente kafkiano, los mantienen encerrados en salas especiales, y en el pasillo se ha instalado un gran biombo, de manera que les resulte imposible no ya hablar, sino ni siquiera ver a los sometidos al Proceso. La verdad es que la imaginación de Kafka se quedó corta al describir los procedimientos absurdos del Proceso. Ha sido superada con creces por la burda realidad española al escenificar este Proceso.
Los magistrados, los periodistas y los lectores europeos no pueden comprender que en el reino de España se represente la espantable pesadilla de José K. con personajes verdaderos. Hemos de explicarles que la actual monarquía española fue instaurada por el dictadorísimo genocida vencedor de la guerra organizada por él mismo con su rebelión en 1936. Con la intención de perpetuar su régimen sanguinario designó a un sucesor a título de rey, que juró lealtad a su persona y fidelidad a sus leyes ilegales, y ha cumplido el juramento. Así se instauró la monarquía fascista en España, sin que los vasallos forzosos hayamos podido nunca expresar nuestra opinión.

El sucesor a título de espermatozoide del sucesor a título de rey se mantiene fiel al juramento de su padre. El 3 de octubre de 2017 hizo televisar y radiar un mensaje al reino, en el que nos advertía a sus obligados vasallos que debíamos obedecer sus órdenes sin rechistar y callarnos: para eso es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de los policías, de los fiscales, de los jueces, y de los carceleros.
Ahora mismo la página web de la Casa de Su Majestad el Rey mantiene colgado el discurso del 3 de octubre, leído hace 17 meses, como advertencia de su actualidad permanente. Así que a callar, que sabemos cómo acabó José K.

* Presidente del Colectivo Republicano Tercer Milenio.
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L’estaca en Madrid. No hay Justicia

Iñaki Alrui*. LQS. Diciembre 2018

¿No ves la estaca
a la que estamos todos atados?
Si no conseguimos
liberarnos de ella
nunca podremos andar.

Que no veus l’estaca
on estem tots lligats?
Si no podem desfer-nos-en
mai no podrem caminar!

Es sábado y Madrid amanece frío y embelesado por una navidad que todavía no es, aunque ya hace tiempo que empezaron a vendérnosla.

¡No hay Justicia! puede ser un grito, una consigna, exclamación, afirmación. Justicia no hay, por lo menos para algún@s, una gran mayoría de la sociedad, la INjusticia nos toca a tod@s, incluso a l@s que no lo saben.
En esta ocasión No hay Justicia es todo lo anterior sumado en una concentración frente a las puertas del Tribunal Supremo, una iniciativa que partió de la organización Clam per la llibertat (Grito por la libertad) y que se ha extendido a todo el Estado español. En No hay Justicia entramos tod@s.

En la plaza entre l@s vecin@s de Madrid se aprecia la fuerte presencia de catalan@s que se han desplazado para participar en este concentración, también de Andalucía y pequeños grupos de País Valenciá, Euskadi…

Cristina Fallarás, periodista y comprometida con la verdad, será la conductora del acto en el que dará la palabra a Manuel Colomer, del colectivo Valencia sin Mordazas; a Óscar Reina, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores; a Alicia López, de la Asamblea Feminista de Madrid; a Paca Blanco, de Ecologistas en Acción; a Lucía Nistal, de la UAM, en nombre de las consultas populares sobre monarquía o república que están recorriendo universidades, pueblos y barrios de Madrid; y por ultimo Pol Leiva; de la Asociación Catalana de Derechos Civiles.

Tod@s nos hablan de Libertad, de la necesidad de seguir este camino que se abre aquí con No hay Justicia, de la salvaje regresión del Estado español, y constantemente hay un recuerdo para l@s pres@s politic@s. La actualidad catalana tuvo gran peso en el transcurso del acto.

Desde la plaza constantemente se oyeron voces que coreaban «No hay justicia», «1 de octubre, ni olvido ni perdón», “Libertad presas políticas”, “En este tribunal todo huele mal”, o gritos contra la injusticia o a favor de la República.

En el manifiesto de la iniciativa No hay Justicia se denuncian cientos de casos de injusticias, así como las malas prácticas clientelares en el ascenso a la carrera judicial. Casos sangrantes como el de los jóvenes de Alsasua, el No caso 14:N de Logroño, la represión en Cataluña, la Manada… o de temas que lleva años arrastrando esta llamada “democracia” como los bebés robados o la falta de Verdad, Justicia y Reparación hacia tod@s los luchadores contra la dictadura franquista.

Juanjo Anaya y los Incrédulos cerraban el acto con el canto a la democracia que es L’estaca, ahí en el centro de Madrid, en el corazón de la INjusticia que vivimos todos los días.

La iniciativa No hay Justicia acaba de arrancar como aglutinadora de luchas, es momento de confluir para defender la libertad y nuestro derecho a ejercerla.

Si yo tiro fuerte por aquí,
y tú tiras fuerte por allí,
seguro que cae, cae, cae,
y podremos liberarnos.

Si jo l’estiro fort per aquí
i tu l’estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba,
i ens podrem alliberar.

Notas:
Gran trabajo aglutinador en la Web de No hay Justicia de casos muy ilustrativos
100 organizaciones convocan a una concentración bajo el lema “No hay justicia!”
No hay Justicia

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* Miembro de la Asamblea de Redacción de LoQueSomos
En Twitter: @IkaiAlo

100 organizaciones convocan a una concentración bajo el lema “No hay justicia!”

Redacción. LQS. Diciembre 2018

Este martes 11 de diciembre se ha celebrado una rueda de prensa en la en la que más de 100 organizaciones sociales de todo el Estado han convocado a una concentración -el próximo sábado 15 de diciembre a las 13 horas frente al Tribunal Supremo en Madrid- para denunciar la falta de independencia del poder judicial y la vulneración de los derechos civiles y políticos

En la rueda de prensa, Jaime Pastor, politólogo, resaltó la convocatoria unitaria, abierta, estatal y plural del próximo sábado 15 de diciembre. “No queremos quedarnos en una acción-concentración de un día. Nuestra vocación es continuar esta coordinación y experiencia más allá del 15D”.

Las organizaciones convocantes de la concentración han elaborado un Manifiesto  en el que han firmado distintas personalidades del mundo académico, profesional, cargos públicos, actores, actrices, periodistas, filósofos y activistas sociales.

Entre las firmas figuran las de Joaquín Urías, ex letrado del Tribunal Constitucional, Cristina Fallarás, Lluís Llach, David Fernández, los filósofos Javier Sádaba y José María Ripalda, los actores Carlos Olalla y Alberto San Juan, la escritora Cristina Maristany, la activista ecofeminista Yayo Herrero, el economista Fernando Luengo, las diputadas Sonia Farré, Isabel Serra, Carmen San José, los abogados Begoña Lalana y Carlos Vila, los periodistas Patricia López, Beatriz Talegón y Pepe Mejía, la concejala del ayuntamiento de Madrid Romy Arce, el sindicalista, Ramón Gorriz, y diputados como Raúl Camargo, David Llorente, Carles Riera, Miriam Nogueras, Joan Tardà y Ion Iñarritu.

Entre las organizaciones convocantes figura la Asamblea Feminista, Ecologistas en Acción, La Comuna, la Asociación Libre de Abogados (ALA), No Somos Delito, Madrileñ@s por el Derecho a Decidir (MDD), Redes Cristianas, Clam per la Llibertat, Marchas de la Dignidad, Andalucía en Marcha, Asamblea Nacional Andaluza, Mujeres de Negro contra la guerra de Sevilla, Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), CUT Aragón, Associació catalana pels drets civils, Associació D’ Advocats pels drets civils Atenes, Justicia i Pau, IAC-Catac, Intersindical-CSC, Òmnium Cultural, Sos Racisme, Ustec, Adicae, ELA, ESK, Goldatu Elkartea, Lab, Red ciudadana Sare, Ciga, Cut Galiza, Ecoar Global, Frente Sindical Obrero de Canarias, Intersindical canaria, Madres contra la represión, Madrid Laica, Madrid por la diversidad, Espai Alternatiu, Intersindical valenciana, Valencia sense mordassa, entre otras.

“Muchas sentencias, aunque las ganamos, no se ejecutan, con lo cual perjudican a las organizaciones sin ánimo de lucro que ponemos demandas”, ha explicado Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Por su parte, Alicia López, de la Asamblea Feminista, destacó que muchas de las sentencias responden a un régimen patriarcal y que las mujeres son víctimas del sistema judicial que no respeta sus derechos. Pablo Mayoral, de La Comuna, destacó cómo torturadores del franquismo como Billy el Niño no son juzgados y son más bien protegido por un sistema judicial heredado del franquismo. Desde Redes Cristianas, Evaristo Villar dijo que “la justicia no es igual para todos” y el sistema jurídico beneficia a las élites.

Alejandro Gámez, del colectivo ALA, dijo que el entramado legal hace que muchas causas perjudiquen a los más débiles, a los y a las más desprotegidas. “Tenemos el claro ejemplo de las hipotecas. Unos pocos se benefician y otros muchos se perjudican”.

Adrián Lino, del colectivo Pro referéndum sobre monarquía de la Universidad Autónoma de Madrid, mostró su apoyo a esta iniciativa y subrayó la necesidad de denunciar las injusticias de un régimen que nos impone una monarquía hereditaria.

Finalmente Nuria Camps, de Clam per la Llibertad, destacó la pluralidad no sólo de ideas sino de organizaciones y de territorios que confluyen en esta convocatoria, así como su voluntad de desarrollar un trabajo coordinado y compartido a partir de esta iniciativa, recordando que “hablamos de injusticias como el caso de Altsasua, pero también de otros como los que se dan con activistas del 15M o que haya presos políticos”.

#NoHayJusticia #YoSiVoy15D

*.- No hay Justicia

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No hay Justicia

Redacción*. LQS. Noviembre 2018

Se ha lanzado una convocatoria de carácter estatal bajo el lema de “No hay Justicia”, de la cual reproducimos su manifiesto que hacemos nuestro también. Las altas magistraturas ya nos han demostrado que no están para defender los derechos, solo para defender al estado, aunque eso signifique todo lo contrario de lo que entendemos por JUSTICIA

El sábado 15 de diciembre, a las 13 horas, nosotras también estaremos frente al Tribunal Supremo ¡No hay Justicia!

Manifiesto: NO HAY JUSTICIA (Ámbito de movilización: Estatal)

Con frecuencia, en el Estado español, se están dictando distintas resoluciones del Tribunal Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional que no solo suponen, una interpretación abusiva de la ley, sino que son una clara vulneración de los derechos civiles y políticos. Esta dinámica genera indefensión a los ciudadanos, a la vez que alarma social producto de la creciente falta de confianza en la tarea del Poder Judicial, y en aquellos que lo gobiernan.

Todos tenemos en la memoria casos tan escandalosos como el de la Manada, Castor, Palma Arena, Nóos, jóvenes de Altsasu; sentencias que vulneran claramente la libertad de expresión (Valtònyc, Pablo Hassel,..) y recientemente respecto a los niños robados. En casos similares, se ha tenido que recurrir al Tribunal de Justicia de Estrasburgo que, muchos años más tarde, finalmente ha dictado sentencia a favor de los afectados, como en el caso de la Mesa del Parlamento Vasco, el caso del diario Egunkaria, el caso de los jóvenes de Girona por la quema de fotos del rey, etc.

Las malas prácticas clientelares en el ascenso a la carrera judicial han llevado a que todavía perdure una reducida cúpula de magistrados que son ascendidos por designación política a los máximos cargos de la administración judicial, sin que esta promoción responda a méritos profesionales sino a su adscripción ideológica. Este mecanismo de designación atenta contra el principio de la división de poderes, siendo un auténtico fraude en el núcleo mismo del sistema democrático. Con estos nombramientos, podemos afirmar que el Poder Judicial es uno de los poderes que todavía no ha llevado a cabo un paso efectivo de democratización que suponga una ruptura con la época franquista.
Esta anomalía en el funcionamiento de la Justicia española, se ha puesto de manifiesto en el informe GRECO1 del Consejo de Europa que, en cuatro informes consecutivos, incluyen advertencias y denuncias por malas prácticas realizadas de forma continuada en el tiempo. Los informes GRECO concluyen la absoluta parcialidad de los altos estamentos de la Justicia española como consecuencia de su designación por un órgano politizado como es el CGPJ2.

A la vez, la aprobación y la aplicación irregular y abusiva de instrumentos jurídicos como la ley mordaza, la ley de partidos, etc., que, junto a los traslados de expedientes al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional comportan situaciones de indefensión de la ciudadanía y son una coartada que favorece la aplicación de medidas de excepción incomprensibles en ausencia de violencia (prisión incondicional sin fianza, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, elevadas multas disuasorias, embargos de patrimonio, confinamiento territorial, etc.). Tampoco es admisible que las políticas penitenciarias conlleven medidas de represión o alejamiento que comportan daños a las familias. Esta dura actuación va acompañada de la permisividad por parte de la judicatura con las actitudes violentas de grupos racistas y fascistas (València, Blanquerna, …), que hacen pensar en una alarmante deriva.

La Magistratura está mostrando su disposición favorable a que se personen, en múltiples causas, grupos de ultraderecha, que se presentan en base a la figura de acusación popular, inexistente en otras muchas legislaciones.

Y todavía más, la judicialización de la política ha permitido durante años que el Gobierno Español actúe a través de la Fiscalía para combatir modelos sociales y económicos alternativos, la disidencia política, prohibiendo mecanismos de consulta y participación popular, actuaciones que son un grave atentado contra los derechos civiles y políticos y que debilitan, cada día más, la calidad democrática.

Hay que recordar que sólo en Catalunya hay más de 1.200 personas imputadas e investigadas, más de 700 son autoridades locales y otros cargos electos, los cuales han visto gravemente afectados sus derechos individuales y colectivos por actuaciones pacíficas y no violentas en el ejercicio de su cargo. Aunque aún no se han celebrado los juicios y por lo tanto todo el mundo debería tener el derecho de presunción de inocencia, la acción de la Justicia Española está comportando prisión incondicional sin fianza, inhabilitaciones preventivas e injerencias graves en el funcionamiento de las instituciones (Parlament y ayuntamientos), vulnerando el resultado de las elecciones.

Todas estas prácticas contrastan con las respuestas que han dado los tribunales de los países europeos (Alemania, Bélgica y la Gran Bretaña) a la petición de extradición que ha emitido la Justicia Española, a los cargos políticos exiliados, acusados injustamente por rebelión y sedición.

En los últimos tiempos, se están abriendo insólitos procesos penales en muchos territorios, Andalucía, Madrid, … imponiendo incluso penas de prisión a personas que participaban en protestas pacíficas sin respetar el derecho a la protesta y la libertad de expresión y manifestación. Otra de las manifestaciones alarmantes es la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, con reminiscencias franquistas, contra los sindicalistas que participan en huelgas y manifestaciones, que ha comportado más de 300 personas encausadas. Todas estas circunstancias serían inimaginables, teniendo en cuenta la total ausencia de violencia, en los hechos que se juzgan y contrastan con el trato dispensado a personajes como Urdangarin, Rato o Bárcenas que han gozado de libertad durante sus procesos judiciales.

Y es de destacar el modelo de impunidad mantenido por el poder judicial en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Desde el ámbito judicial se sostiene la política de impunidad desde dos planos: Por un lado obstaculizando gravemente la tramitación de la causa penal que se instruye en el Juzgado de Buenos Aires (la denominada Querella Argentina), denegando las órdenes de detención y los pedidos de extradición de los imputados, negándose a tomar declaración indagatoria a los propios imputados, etc… y, por otro, inadmitiendo a trámite las querellas criminales que se presentan en los Tribunales del Estado español. En este sentido se enmarca la no admisión de las querellas contra Antonio González Pacheco (Billy el niño).

Sentencias como la de la Manada ponen en evidencia que el Poder Judicial tiene todavía que asumir que la violencia hacia las mujeres no es una cuestión individual, ni privada, sino que es una cuestión de dimensión social y política. La violencia ejercida contra las mujeres es la más alta negación de los derechos humanos y la evidencia del dominio patriarcal que se ejerce provocando que las mujeres no puedan lograr su pleno desarrollo como seres humanos y ciudadanas de pleno derecho. La violencia machista es una de las peores lacras de las sociedades y el Poder Judicial tiene que formarse para incrementar su sensibilidad social y contribuir a su
erradicación.

En el caso reciente de las hipotecas, la desigual capacidad de reacción del Poder Judicial para frenar una sentencia que era desfavorable a los bancos, son un claro indicador que pone en cuestión la neutralidad de la justicia española.

Por todo esto, NO HAY JUSTICIA quiere ser un espacio social de denuncia contra todas estas vulneraciones de derechos y, por esto, os proponemos llevar a cabo una movilización conjunta, impulsada desde muchos ámbitos, para denunciar las irregularidades manifiestas del Poder Judicial Español.

En este sentido, convocamos para el próximo 15 de diciembre en Madrid, delante de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, a manifestarnos para visibilizar, todavía más, los fuertes déficits democráticos que se arrastran desde el franquismo.

Queremos poner en evidencia que el poder judicial protege las élites y que la judicialización de la vida política es un mecanismo que se aplica sistemáticamente contra toda forma de discrepancia política que quiere ser transformadora y que pretende actuar para superar el régimen de 1978. Por todo esto, denunciamos que, ahora hace 40 años, se instauró una transición que pretendía blindar la monarquía, perpetuar los privilegios de las oligarquías y restringir los derechos civiles y políticos, tanto de la ciudadanía como de las diversas Naciones del Estado español.
#NoHayJusticia

Notas:
1.- Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)
2.- Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
*.- No hay Justicia

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Los diositos

Silvia Delgado*. LQS. Noviembre 2018

Ellos, tan dignos tan decentes. Con sus camisas limpias y sus cuellos almidonados. Con sus vestidos de marca y sus tacones al alza, son los justos, los que reparten sentencias, los que dicen qué es delito, qué tiene impunidad y cuántos años de cárcel cuesta ser un criminal.
Ellos, los ecuánimes, los más empollones, nos ven como parias.
Viven de espaldas. Comen a dos carrillos y ponen precio a su oficio.
A algunos de ellos no les salpica la sangre de las torturas, otros se ríen de las mujeres que son maltratadas, otras reciben bofetadas de Europa por ordenar cierres de periódicos, por encarcelar a políticos, por negar la libertad de expresión, por convertir la justicia en un cortijo franquista.
Pero ellos tan dignos, tan decentes, tan estudiados, con sus finas manos y sus bigotes recortados, con sus voces triunfales se erigen en dioses de pacotilla y nos mandan callar por cojones.
Y les importa una mierda que ya no creamos en ellos.
A los dioses no les importan los fieles, sólo les importan los castigos desmesurados que pueden imponerles.

– Ilustración de «El Roto»
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Hipotecas: otra vez la banca gana

Redacción. LQS. Noviembre 2018

La celebración de este Pleno fue polémica desde su origen, puesto que las tres sentencias dictadas por seis magistrados de la Sección Segunda de esta Sala de lo Contencioso, que es la especialista en tributos, eran firmes

La banca vuelve a ganar, siempre es así, la parcialidad de la Justicia española es algo completamente inaguantable, la democracia, la poca que teníamos, cada día pierde más espacio gracias a decisiones como la de este martes del Tribunal Supremo… el pueblo llano sigue asumiendo todos los impuestos de una forma desproporcionada frente a las grandes empresas y los bancos rescatados (60.000 millones que regalamos a la banca) y subencionados con nuestro dinero ¡Nadie nos preguntó!

El Pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, totalmente fracturado (15 votos frente a 13) , ha fallado finalmente este martes que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados –impuesto sobre hipotecas-.

De este modo el alto tribunal corrige a la Sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias. La sentencia, junto con los votos particulares se conocerá en los próximos días.

Pese a las dieciséis horas de deliberaciones sobre este asunto, distribuidas en dos sesiones entre el lunes y martes, los 28 magistrados que integraban este tribunal no han conseguido unificar un criterio unitario y han evidenciado la fuerte división que ha generado este asunto, ya que 15 de los jueces han votado a favor de que sea el prestatario el que abone el tributo frente a 13 que se han posicionado en contra.

Así, se han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.

Las tres sentencias que se conocieron a mediados de este mes también por recursos del Ayuntamiento de Rivas y que supusieron un giro en la doctrina son firmes, por lo que se dará la curiosa circunstancia que en una misma localidad los vecinos que se hipotecaron en unas promociones inmobiliarias pagaran el impuesto y otros podrán reclamar su devolución.

La celebración de este Pleno fue polémica desde su origen, puesto que las tres sentencias dictadas por seis magistrados de la Sección Segunda de esta Sala de lo Contencioso, que es la especialista en tributos, eran firmes.

Por ello alguno magistrados del propio Supremo y también desde diversos ámbitos judiciales se cuestionó la decisión del presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, de avocar a un cónclave de 28 magistrados otros tres recursos idénticos sobre este asunto interpuestos por el mismo recurrente.

El alboroto mediático y social que causó la decisión de Díez-Picazo obligó incluso al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, a comparecer ante los medios de comunicación par pedir perdón por la gestión del asunto dada la importancia y repercusiones sociales y económicas de la decisión. También negó que hubiera recibido llamadas de entidades bancarias para forzar dicha revisión.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo notificó el pasado 18 de octubre la primera de las tres sentencias que supusieron un giro jurisprudencial al favorecer a los ciudadanos.

En esta resolución, a la que siguieron dos en el mismo sentido, se destacó la necesidad de «corregir» la doctrina vigente pese a la «solidez de buena parte» de sus argumentos y se estableció que fuesen los bancos los que pagaran el impuesto al ser los interesados de la inscripción de la hipoteca (el elemento que determina el pago del impuesto).

«Solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca», explicaron los magistrados en la resolución que se dio a conocer hace tres semanas.

A esta conclusión llegaron tras interpretar el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y su reglamento. Ahora, el Supremo se desdice a sí mismo y vuelve al criterio según el cual el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario.

#GanaLaBanca Pierde la democracia

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Ochenta años después CNT sigue exigiendo la recuperación de su Patrimonio Histórico

Redacción*. LQS. Mayo 2018

El Poder Legislativo tardó bastantes años en legislar, de forma chapucera, una cierta reparación, el Poder Ejecutivo demoró e interpretó restrictivamente la norma para devolver a la CNT una ínfima parte de su patrimonio, y finalmente, el Poder Judicial ha tardado otros diez años en resolver este asunto. Sin embargo, con la otra organización histórica, la UGT, sí hubo celeridad y generosidad

Nota de prensa sobre la recuperación del Patrimonio Histórico de la Confederación Nacional del Trabajo – C.N.T.

El pasado día 6/4/2018 fueron notificadas cuatro Sentencias del Tribunal Supremo, recaídas en los Recursos contencioso-administrativos que interpuso la CNT contra los Acuerdos del Consejo de Ministros donde se resolvían las solicitudes de reintegración y compensación de bienes y derechos de la CNT, al amparo de lo establecido en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1986, que regula la devolución del llamado “Patrimonio Histórico” incautado durante la Guerra Civil a las organizaciones sindicales.

Pese a que en la época de la incautación la CNT era el mayor sindicato del Estado español, no sólo en número de afiliados sino en patrimonio, desde la promulgación de la Ley en 1986 hubo un trato de favor para el otro gran sindicato que sufrió expolio, la UGT. Ya en 1986 se compensó a UGT con 4.144 millones de pesetas y en 1999 se le restituyeron 39 inmuebles en propiedad, mientras que la CNT recibió una ínfima parte.

Pero en 2001 UGT es condenada como responsable civil a más de trece mil millones de pesetas por el escándalo de la cooperativa de viviendas PSV. Esta deuda fue cubierta, ya desde 1996, por un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que como garantía para su devolución, en algo inédito en la historia de la banca, la fió a una futura reforma legal de la Ley de Patrimonio Histórico.

Dicho y hecho. Con el regreso del PSOE al Gobierno en 2004 de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1986 fue modificada por el Real Decreto-Ley 13/2005, donde se establece que también debería reintegrarse o compensarse a los sindicatos históricos no sólo por lo incautado a ellos mismos, sino también a lo incautado a persona jurídica de naturaleza mercantil, cooperativa o fundacional, que hubiera estado afiliada, asociada o vinculada a esos sindicatos. Otra novedad fue que los bienes muebles situados dentro de los inmuebles incautados se valorarían en un tres por ciento del valor de compensación de estos últimos. Y por último, todas las cantidades a compensar deberían ser actualizadas al momento de la devolución (y no a 1986).

El objetivo real de esta reforma, que fue hecha por el Gobierno a través del instrumento del Decreto-Ley que en principio está reservado a razones de urgencia-, era compensar a la UGT por la Fundación Cesáreo del Cerro, organización no sindical pero al parecer vinculada a esa central. Esta Fundación fue valorada, junto con unos pocos inmuebles más, por 151 millones de euros, cantidad que “casualmente” coincidía con la deuda de UGT con el ICO. El dinero no llegó ni siquiera a pasar por las arcas de UGT: fue directamente compensado por la deuda con el ICO.

Solventado el propósito de quitarle la losa de la deuda impagable a UGT, al Gobierno se le presentaba el problema de cómo sortear las 4.525 solicitudes de devolución patrimonial interpuestas por la CNT. Lo hizo de la manera más burda, descarada y chapucera: las compensaciones a CNT realizadas a través de tres Acuerdos del Consejo de Ministros apenas llegaron al 8% de lo que compensaron a UGT, y ello que, insistimos una vez más, es indudable que en la época de la incautación nuestra organización tenía mucho más patrimonio y afiliados que aquella otra central ahora afín al partido que gobernaba el Estado.

Como no podía ser de otra forma, la CNT recurrió el contenido de los Acuerdos del Consejo de Ministros ante el Tribunal Supremo. En estos recursos se pedía:

Compensar bienes que habían sido desestimados por la Administración pero que estaba perfectamente acreditada su incautación y su pertenencia a la CNT.

Valorar de forma adecuada tanto los inmuebles, cuentas bancarias y bienes muebles.

Anular compensaciones a la UGT de bienes que pertenecían a la CNT pero que habían sido compensados a la UGT.

En total la reclamación de la CNT versaba sobre 86 inmuebles, 275 cuentas bancarias y 102 muebles. Asimismo, se reclamaba una mejor valoración de los bienes compensados en 2006, 2007 y 2008.

Estos procedimientos han estado paralizados en el Tribunal Supremo desde 2007 y 2008 hasta 2018. Asimismo, el Tribunal Constitucional, después de 10 años de espera, resolvió que la reforma legal introducida en esta materia en 2005 a través de un Decreto Ley era inconstitucional, por no reunir los requisitos de la urgencia. Por tanto, ahora el Tribunal Supremo ha aplicado la vieja ley de 1986 y las valoraciones de los bienes se han realizado a la fecha de enero de 1986, con la consiguiente merma de las mismas pues ya no se puede compensar por personas jurídicas “vinculadas”, como sí se hizo a UGT con la Fundación Cesáreo del Cerro, ni se actualizan los valores de los inmuebles desde 1986 a 2008, ni se compensa por el valor de los bienes muebles que estuvieran en los edificios incautados.

El Tribunal Supremo condena a la Administración del Estado a pagar a la CNT 2.5 millones de euros, la restitución de dos inmuebles y la valoración y compensación de 16 bienes muebles más.

A su vez, este Tribunal desestima la reclamación de CNT respecto a otro conjunto de bienes y la pretensión de que las valoraciones de las cuentas bancarias se hagan partiendo de su valor en el momento de la incautación y no de enero de 1940, que es la fecha tomada como referencia por la Administración.

Los servicios jurídicos de la CNT están estudiando el contenido de las cuatro sentencias y sopesando las posibilidades de recurso para continuar la reivindicación del Patrimonio Histórico que resta por compensar o reintegrar.

En 2018, a más de 80 de aquel golpe de Estado y a casi cuarenta años de la promulgación de la Constitución española, todavía seguimos exigiendo la reparación y la recuperación de nuestro patrimonio. El Poder Legislativo tardó bastantes años en legislar, de forma chapucera, una cierta reparación, el Poder Ejecutivo demoró e interpretó restrictivamente la norma para devolver a la CNT una ínfima parte de su patrimonio, y finalmente, el Poder Judicial ha tardado otros diez años en resolver este asunto. Sin embargo, con la otra organización histórica, la UGT, sí hubo celeridad y generosidad.

La CNT no renunciará jamás a reclamar su Patrimonio Histórico. Se dará la batalla en el ámbito judicial y por cualquier otro medio que tengamos a nuestro alcance. No nos resignaremos a la ínfima parte que nos han compensado y cerrar de esa manera tan miserable la reclamación de lo que fue un patrimonio amasado con el esfuerzo de cientos de miles de trabajadores que nos fue arrebatado por la dictadura de Franco.

* Confederación Nacional del Trabajo – C.N.T.