Terrorismo mediático contra Pablo Iglesias Turrión
Nunca he ocultado mis reservas hacia Podemos como proyecto político, pero después de leer que la frívola, cínica e insensible María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, ha instado a la Fiscalía a investigar a Pablo Iglesias Turrión por su presunta relación con ETA, he experimentado la necesidad de romper una lanza a favor del joven eurodiputado. Cospedal considera que es necesario actuar contra los que “agitan la bandera del miedo, el hostigamiento y la rebeldía”, exigiendo una segunda transición y una reforma radical del sistema político ideado por la Constitución de 1978. El PP no puede presumir de rebeldía, pero sí de hostigar a la sociedad, recortando libertades y derechos. La última hazaña de Cospedal consistió en suprimir las ayudas públicas a 2.500 discapacitados. Imagino que no le tembló el pulso, pues con un sueldo anual que supera los 200.000 euros se puede dormir tranquilo, particularmente cuando no se tiene ética ni conciencia. El gobierno de Rajoy pasará a la historia como un nuevo bienio negro, con unos intolerables niveles de corrupción y un hostigamiento sistemático contra los activistas sociales, los medios de comunicación alternativos y las iniciativas ciudadanas.
No es extraño que el infame artículo publicado por El Mundo (30-VI-14), criminalizando a Pablo Iglesias Turrión por mantener contacto con Herrira, la plataforma de apoyo a los presos vascos recientemente ilegalizada por la Audiencia Nacional, se base en un informe de la Guardia Civil. De nuevo, la Benemérita se presta a colaborar con los intereses electorales del PP, revelando que no obra de forma independiente, sino bajo consignas políticas. En los años de la transición, muchos hubiéramos agradecido la disolución de un cuerpo con un largo historial represivo, que inspiró a García Lorca un célebre y sobrecogedor romance. No hablo de un pasado remoto, sino de la dolorosa actualidad. La sombra de la tortura continuaba salpicando a la Guardia Civil en 2011, cuando detuvo a diez personas vinculadas con ETA y todas denunciaron torturas durante el período de incomunicación. Beatriz Etxebarria relató que en los calabozos de la Dirección General de la Guardia Civil había sufrido una violación anal y vaginal con un palo untado en vaselina. Otros afirmaron que habían perdido el conocimiento reiteradas veces, tras ser sometidos a un cuadro de asfixia con una bolsa de plástico. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura estimó en 2013 que las denuncias eran “creíbles y consistentes”. Al igual que en la esperpéntica “Operación Araña” o en el informe sobre los profesores navarros que supuestamente justificaban el terrorismo, se ha procedido con malicia, deformando los hechos o presentando pruebas ridículas. Ser familiar de un preso de ETA o pertenecer a LAB no puede interpretarse como una evidencia incriminatoria. Pedir en las redes sociales el fin de la dispersión penitenciaria tampoco puede calificarse como delictivo. En el caso de Pablo Iglesias Turrión, no puede atribuirse ningún carácter ilícito a mantener una reunión con Herrira o intercambiar un teléfono y una dirección de correo electrónico. Herrira no defendía tan solo los derechos de los presos de ETA, sino también los de otras personas vinculadas con la izquierda abertzale que cumplen condenas de prisión sin haber militado en la organización armada o haber cometido un acto violento. Aunque algunos no quieran oírlo, en el Estado español hay presos políticos y no me refiero a los militantes de ETA, sino a sindicalistas, activistas sociales o simples manifestantes. Durante su viaje a Madrid, Herrira se reunió con militantes del PSOE (por ejemplo, Odón Elorza), Izquierda Plural, CiU y ERC. Además, promovió dos mesas redondas con víctimas de ETA, con el propósito de estimular la reconciliación. Una se celebró en Álava y otra en la madrileña Parroquia de San Carlos Borromeo de Entrevías, con la participación de Rosa Rodero, viuda de un sargento mayor de la Ertzaintza asesinado por ETA en 1993, un ex preso de ETA que había cumplido 22 años de condena, y Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, asesinado por el GAL verde, integrado por agentes de la Guardia Civil. En Madrid, asistió al encuentro una nieta de Carrero Blanco, que afirmó: “Tenemos muchos prejuicios… Me parece estupendo que existan iniciativas por la paz como esta, aunque hay cosas que no puedo compartir ni comprender y que siempre duelen”.
La criminalización de Pablo Iglesias Turrión y Podemos se inscribe en una involución institucional que ha convertido a España en un régimen autoritario, con una prensa canalla, una policía brutal, una justicia teledirigida y unos políticos enredados en complejas tramas de corrupción. No sé si la Fiscalía obedecerá a Cospedal e investigará al líder de Podemos, pero convendría señalar que algunos ciudadanos cumplen penas de prisión por cargos semejantes, lo cual revela la podredumbre moral de nuestras instituciones. No sé si finalmente convergerán Podemos y una Izquierda Unida encabezada por Alberto Garzón, pero no estaría de más que definieran claramente su programa. Podemos se ha caracterizado hasta ahora por su ambigüedad y falta de coraje. ¿Por qué hablar de “casta” y no de oligarquía? ¿Por qué no denunciar claramente que seguimos atrapados en la “lucha de clases”? ¿Por qué reemplazar el concepto de clase obrera por el difuso “los de abajo”? Tanto Pablo Iglesias Turrión como Juan Carlos Monedero han alabado la Revolución Cubana y la Venezuela de Hugo Chávez. No hay nada deleznable en esa posición, que no excluye importantes matices críticos, pues Cuba ha pecado de autoritarismo y la Revolución Bolivariana no ha logrado erradicar la corrupción ni la violencia callejera. ¿Cuál es la postura de Podemos respecto al euro o la OTAN? ¿Se suspenderá el pago de la deuda o simplemente se reestructurará? Podemos nació de acuerdo con un modelo asambleario, pero las decisiones de peso son adoptadas por un equipo dirigente y no por los Círculos. Los votantes potenciales de Podemos agradecerían más claridad. Al margen de esas objeciones, resulta indignante escuchar a González Pons, eurodiputado y alto cargo del PP, afirmando: “Un verdadero demócrata nunca encuentra razón política detrás de un asesinato”. Es vergonzoso que el dirigente de un partido que se ha negado a condenar el genocidio franquista se atreva a elucubrar sobre lo que debe o no hacer “un verdadero demócrata”. El PP es el heredero ideológico del franquismo y no puede presumir de nada, salvo de ser la criatura de Manuel Fraga, uno de los ministros más inicuos del general Franco. Fraga nos ha dejado varias perlas, pero me limito a rescatar una: “”Es evidente que el glorioso alzamiento popular del 18 de julio de 1936 fue uno de los más simpáticos movimientos político-sociales de que el mundo tiene memoria. Los observadores imparciales y el historiador objetivo han de reconocer que la mayor y la mejor parte del país fue la que se alzó, el 18 de julio, contra un Gobierno ilegal y corrompido, que preparaba la más siniestra de las revoluciones rojas desde el poder”. Ese “simpático movimiento” fusiló a más de 200.000 personas. 113.000 hombres y mujeres aún continúan enterrados en fosas clandestinas y el PP no se cansa de obstaculizar la exhumación de los restos, humillando e incrementado el sufrimiento de sus familiares. ¿Acaso eso no es terrorismo? ¿Acaso el franquismo no mató “por razones políticas” y sus vástagos del PP no continúan justificando sus crímenes? Si la Guardia Civil quiere realmente investigar a un presunto terrorista, no debe perder el tiempo con Pablo Iglesias Turrión, sino recabar pruebas contra José María Aznar, que nos involucró en la guerra de Irak, donde han muerto más de un millón de personas, pero ya se sabe que la Benemérita no pierde el tiempo con bagatelas. Es mejor empapelar a los “perro-flautas” y a los “rojo-separatistas” que contaminan las mentes y ponen en peligro el futuro de España, pidiendo la guillotina para los políticos venales y los banqueros desalmados.
