Tomás F. Ruiz: la impunidad judicial de que gozan sus agresores

Redacción. LQSomos. Noviembre 2014

Tras absolver una jueza penal al sicario que lo atacó hace seis años. Periodista denuncia la impunidad judicial de que gozan sus agresores.

“En vez de proteger a un profesional de la información -ha declarado el periodista agredido- en mi caso los jueces han amparado a los sicarios y organizaciones criminales que pretenden acallarme”.

“Se trata de una sentencia bochornosa, producto de una justicia corrupta”. “Desde el principio hasta el final, todo ha sido una farsa de juicio”

En el año 2008 el periodista Tomás F. Ruiz fue atacado por un individuo mientras investigaba la corrupción generalizada que se detectaba en el sector turístico de Castilla-La Mancha. Durante los casi seis años que tardó en convocarse el juicio por estos hechos, todos los magistrados y agentes judiciales implicados en este procedimiento se ocuparon de amañar con pruebas falsas el caso para garantizar la impunidad del agresor. En su sentencia, hecha pública el pasado mes de septiembre (239/2014), la magistrada María Sonsoles Jimeno Gutiérrez absuelve a Juan Ramón Fernández Serrano (alias Juanra), de los cargos de pertenencia a banda criminal que opera con métodos violentos y ataque premeditado a un profesional de la información con el objetivo de coaccionarlo en su trabajo. Es la tercera ocasión en que los jueces absuelven a los agresores del periodista Tomás F. Ruiz.

Una farsa de juicio

“Este juicio ha sido una farsa desde el principio hasta el final -ha declarado Tomás F. Ruiz, el periodista agredido, tras hacerse pública la sentencia-, una farsa montada con la única pretensión de amparar al sicario que me atacó y evitar que recaigan sobre él las responsabilidades criminales que le corresponden. La sentencia está a tono con el resto de la patraña que ha sido este procedimiento: se absuelve al sicario que me agredió y se sienta precedente judicial para que, a partir de ahora, cualquier organización criminal de este país goce de impunidad absoluta para atacar a un periodista molesto”.
“Además de proteger desde un principio a mi agresor para que saliera impune de su atentado -continúa Tomás F. Ruiz-, la jueza María Sonsoles Jimeno Gutiérrez se ha negado a investigar la trama de corrupción institucional que hay tras este atentado. Una trama en la que se encuentran implicados, entre otros, políticos como el ex senador Pedro Bustos Amores, el ex presidente de las Cortes castellano-manchegas José Manuel Martínez Cenzano (también ex defensor del Pueblo y ex alcalde de Cuenca), el ex delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca, Ángel Valiente Poyatos y el ex secretario provincial de Turismo, Carlos Villar Díaz”.
Los tres presidentes que ha tenido Castilla-La Mancha desde entonces, José Bono, José María Barreda y Dolores Cospedal fueron también informados por el periodista de la corrupción detectada en su comunidad y no han movido un dedo para atajarla.

Atentado contra la prensa

“El juzgado de lo Penal 2 de Cuenca -afirma Tomas F. Ruiz-, ha servido como protector de una organización criminal que actúa con métodos violentos y que planeó mi atentado para intimidarme e impedir que siguiera investigando la red de corrupción en que se mueven las instituciones turísticas de Castilla-La Mancha. La administración de Justicia de Cuenca, y por extensión todas las instituciones judiciales españolas que hasta ahora han actuado como cómplices (entre otras el Defensor del Pueblo Español, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo), han cumplido también fielmente con su papel: retrasar seis años el juicio, impedir que el delincuente que me atacó fuera condenado y amparar institucionalmente su comportamiento”.
Según Tomas F. Ruiz “esta sentencia es un atentado contra el libre ejercicio de la profesión periodística y con ella la jueza María Sonsoles Jimeno Gutiérrez está advirtiendo a todos los periodistas que investigamos en corrupción institucional que la ley no solamente no va a protegernos, sino que, por el contrario, amparará a los sicarios y organizaciones criminales que atenten contra nosotros. La sentencia que absuelve a mi agresor es una clara advertencia a toda la prensa para que guarde silencio; es una sentencia vergonzosa e indigna de cualquier tribunal, producto de una justicia que ha llegado a un nivel de corrupción bochornoso”.

Informe fraudulento de la forense de Cuenca

Por otra parte, la médico forense de Cuenca, doctora María Barquero Chacón, se ha ocupado de elaborar un informe médico donde se denigra la faceta profesional del periodista Tomas F. Ruiz, afirmando que tanto su trabajo de investigación, como las agresiones y el acoso que viene sufriendo desde más de seis años atrás (de todo lo cual existe abundante documentación probatoria), son sólo un producto de su “delirio persecutorio”. Bajo la consideración de que padece una patología de delirio persecutorio, la doctora María Barquero Chacón ha rebajado de tres años a cero días la inhabilitación sufrida por Tomás F. Ruiz tras el ataque. De esta forma, la indemnización que por daños y perjuicios debería haber satisfecho el agresor queda reducida a cero euros.
“A este fraudulento parte médico de la forense de Cuenca – afirma Tomás F. Ruiz- se contraponen hasta otros cuatro informes oficiales que recogen la atención médica que recibí durante los tres años posteriores al ataque; dos de estos informes médicos (firmados por el médico psiquiatra doctor Marcos Astasio Arbiza, del Servicio de Salud Mental de la comunidad de Madrid-centro), diagnostican Stress Postraumático y aportan la patología típica de este cuadro clínico: insomnio crónico, stress, ansiedad, parasomnias… Todo como consecuencia del acoso al que tuve que enfrentarme mientras realizaba mi trabajo como periodista y a la indefensión que promovieron los jueces de Cuenca”.
Estos informes médicos del doctor Marcos Astasio desautorizan el primer diagnostico que pretendieron aplicar a Tomás F. Ruiz en Cuenca, pretendiendo presentar todas sus informaciones sobre corrupción institucional como producto de un “delirio persecutorio”. La magistrada María Sonsoles Jimeno ha insistido en hacer valer en el juicio el fraudulento parte médico elaborado por la forense de Cuenca, despreciando los informes médicos elaborados por un psiquiatra de rango médico superior y por otros dos doctores que atendieron a Tomas F. Ruiz durante su convalecencia y que confirmaron el diagnóstico de Stress Postraumático.
Por otra parte, las denuncias por prevaricación presentadas por el periodista contra la médico forense María Barquero Chacón -en los juzgados de Albacete y ante el colegio profesional de Forenses de Castilla la Mancha-, han sido sistemáticamente desoídas y archivadas. “Ha sido una vergüenza comprobar como todas las instancias judiciales a las que he recurrido para anular el fraudulento parte médico de la forense de Cuenca han hecho oídos sordos”, afirma Tomas F. Ruiz.

La complicidad del C.G.P.J.

Informada de todas estas irregularidades, Ana María Pérez Blanco, letrada en funciones de la Unidad de Atención Ciudadana del Consejo General del Poder Judicial, se negó en comunicación de 5 de mayo del 2014 a intervenir en este fraudulento procedimiento, a pesar de que por ley el CGPJ tiene la obligación de seguir “la tutela judicial efectiva de todos los juzgados, así como el control del buen funcionamiento de la Administración de Justicia”.
Informado del comportamiento de su letrada de Atención Ciudadana, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Ilmo. Carlos Lesmes ni siquiera se dignó a contestar sobre el caso de prevaricación cometida por su subordinada Ana María Pérez Blanco. “Ha quedado en evidencia -asegura Tomás F. Ruiz-, que ambos han actuado como presuntos cómplices de la trama de corrupción protegida desde Cuenca y, por extensión, también cómplices de la organización criminal que hay detrás de mis atentados”.

La policía se negó a detener al agresor

Los agentes de la policía nacional que se desplazaron hasta el lugar donde se produjo la agresión (el parador nacional de Cuenca) y que apenas llegaron vieron el lamentable estado físico en que se encontraba el periodista Tomás F. Ruiz (con sus ropas destrozadas y la mano derecha aplastada y sangrante), se negaron a detener a su agresor cuando fueron requeridos a hacerlo.
“Tras identificarme como periodista y enseñarles mi carné profesional de la FAPE -explica Tomas F. Ruiz-, requerí a los dos agentes de policía para que detuvieran a mi agresor, ya que cuando ellos llegaron aún me tenía cogido del cuello e inmovilizado contra un muro. Los agentes no solamente se negaron a detenerlo, sino que también se negaron a mostrarme su placa con el número identificativo cuando les requerí a hacerlo. Los dos policías se limitaron a informarme de que si quería presentar una denuncia, lo hiciera personalmente en la comisaría… Me quedé de una pieza cuando comprobé que los dos agentes no solamente no protegían mi labor como informador, sino que estaban amparando a mi agresor”.

El fiscal de cuenca se niega a abrir ninguna investigación

El fiscal jefe de Cuenca, José Ernesto Fernández Pinós, fue informado personalmente por el periodista de las irregularidades que se estaban detectando en este procedimiento. Tomas F. Ruiz se ocupó de mostrarle todas las pruebas que implicaban a cargos políticos corruptos en el atentado que sufrió. La evidente intención del ataque que había sufrido era intimidarle para que mantuviera la boca cerrada.
“Mostré al fiscal jefe de Cuenca las cuatro denuncias que tengo por amenazas de muerte -continúa Tomas F. Ruiz-, donde se recogen mensajes en los que mis agresores me aseguran que pueden actuar con absoluta impunidad porque los protege el juez… Del mismo modo, presenté al fiscal jefe pruebas de cómo el juez Gonzalo Criado del Rey Tremps (otro de los magistrados de Cuenca implicados en la trama de corrupción judicial), absolvió a un funcionario que me amenazaba de muerte desde un teléfono de la Subdelegación del Gobierno… La respuesta del fiscal de Cuenca, tras mostrarle todos los documentos probatorios de que existía una implicación directa de funcionarios y cargos políticos en mi atentado, fue decirme: “Puede ud. coger y llevarse esos papelillos”… No movió un dedo para investigar la trama de corrupción judicial que le había sido denunciada; todo lo contrario, se ocupó de advertirme que mis pruebas, por muy irrefutables que fueran, no serían tenidas en cuenta. En la complicidad que demostró el mismo fiscal jefe de Cuenca, comprendí hasta que punto la red de corrupción y la organización criminal que me habían atacado gozaban de impunidad para llevar a cabo sus atentados”.
Las quejas por este aberrante y prevaricador funcionamiento de la Justicia que Tomas F. Ruiz presentó ante el Juzgado Decano de Cuenca (magistrado juez decano Juan Alberto Prieto Jimenez) y ante el mismo Defensor del Pueblo (Enrique Mugica Herzog) tuvieron el mismo efecto y fueron sistemáticamente archivadas.

Deslealtad de los abogados

La primera abogada que Tomás F. Ruiz tomó para su defensa, la letrada Cristina Fuentes Paños, no hizo nada para impedir que el procedimiento se estancara durante cuatro años en la Administración de justicia de Cuenca. Cuando en el año 2011 el periodista agredido descubrió que Cristina Fuentes le estaba ocultando importantes documentos judiciales en su contra y que estaba a punto de cumplirse el plazo para recurrirlos, rápidamente renunció a ella y tomó a un abogado de Madrid a su cargo: Jesús González Alegre.
En el año 2011 Tomas F. Ruiz tuvo que abandonar España debido al acoso que sufría (acoso que llego incluso al paradero anónimo donde se ocultaba en Madrid). Dejó todo el asunto de su procedimiento en manos de este abogado madrileño. Aprovechando su ausencia de España, Jesús González Alegre redactó unas conclusiones finales en las que los daños y perjuicios sufridos por Tomas F. Ruiz se limitaban a tan solo un mes de baja y no a los tres años constatados en todos los partes médicos emitidos al respecto.
Tomas F. Ruiz renunció a Jesús González como abogado en cuanto descubrió la sucia maniobra que había llevado a cabo y lo denunció ante los juzgados de Cuenca por deslealtad profesional. Exigió igualmente que se investigara si había existido algún tipo de compensación económica a Jesús González Alegre por la parte contraria, como pago a su indigna conducta. Su denuncia fue archivada y los jueces de Cuenca nunca abrieron la investigación solicitada.

Injurias por la parte contraria

En fecha 28 de mayo, Tomas F. Ruiz denunció por injurias y calumnias al abogado de la parte contraria, Gonzalo Jiménez Ferrandis, letrado de Cuenca, bajo los hechos de que tanto en uno de los textos enviados al juzgado, como en diversos comentarios fuera de lugar que realizó en la antesala del juicio, Gonzalo Jiménez Ferrándiz había llamado paranoico a Tomas F. Ruiz, con la clara y premeditada intencionalidad de desprestigiar su trabajo periodístico y denigrar públicamente su honor.
El periodista acusó a este abogado de comportamiento indigno en su papel de letrado y de animadversión personal manifiesta e injustificada, solicitando su inmediata retirada del procedimiento como defensor del sicario que lo agredió.
La jueza del Penal 2 no tuvo en cuenta esta denuncia, que sigue pendiente de trámite por parte de los juzgados de Cuenca, permitiendo que Gonzalo Jiménez Ferrandis continuara como representación de la parte contraria.

La Asociación de la Prensa también hace oídos sordos

Uno de los datos más sorprendentes de esta situación fue que el agresor del periodista, Juan Ramón Fernández Serrano, se encontrara inscrito como miembro de la Asociación de la Prensa de Cuenca, a pesar de no estar licenciado como tal en ninguna facultad de C.C. de la Información.
“Apenas descubrí que era miembro de la Asociación de la Prensa de Cuenca -explica Tomas F. Ruiz-, me puse en contacto con su presidente, Diego Albadalejo Álvarez, para informarle de lo que me había ocurrido y solicitarle la convocatoria de una inmediata asamblea de la asociación en la que se planteara el tema de la expulsión de Juan Ramón Fernández Serrano por la agresión que había cometido contra un compañero. Me quedé de piedra cuando el presidente se negó a convocar dicha asamblea. Unos meses más tarde, éste presidente y la secretaria presentaron documentos en el juzgado con los que avalaban la conducta criminal de Juan Ramón Fernández Serrano, el sicario que me había atacado, acreditando de esta forma que la Asociación de la Prensa de Cuenca se sentía orgullosa de tenerlo en sus filas”.
La presidenta actual de la Asociación de la Prensa de Cuenca, Elisa Bayo, ha reconocido que el individuo que atacó a Tomas F. Ruiz en el año 2008 (Juan Ramón Fernández Serrano) ya no pertenece a la asociación conquense, aunque se ha negado a hacer ninguna valoración al respecto de la protección corporativa que el antiguo presidente, Diego Albadalejo Alvarez, proporcionó a este sicario. Elisa Bayo se ha limitado a informar a Tomas F. Ruiz de que traspase su caso a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE.
“En su momento informé a la revista Periodistas (órgano de expresión de la FAPE) -comunica Tomas F. Ruiz- del atentado que había sufrido, sin que su directora se dignara ni tan siquiera citar en sus páginas la agresión de que había sido objeto. Informé a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE, solicitando que tomara medidas ante la revista y su respuesta fue el silencio más absoluto. Recientemente he informado hasta en tres ocasiones a la última presidenta de la FAPE, Elsa González, de mi situación de indefensión profesional y judicial. Su respuesta ha sido la misma: mirar para otro lado y mantener el mismo cómplice silencio que mantuvo en su momento la Comisión de Arbitraje”.

Acusación de agresión sexual

La primera reacción del sicario tras su asalto al periodista fue argumentar que la brutal agresión que acababa de cometer estaba justificada. En su denuncia en comisaría, Juan Ramón Fernández Serrano (alias Juanra), alegó que Tomás F. Ruiz estaba acosando sexualmente a su cónyuge, la guía no cualificada que dirigía un grupo de turistas japoneses y a la que el periodista estaba grabando a una considerable distancia, como prueba documental de la estafa que se estaba cometiendo.
“Resulta evidente que en esta maniobra mi agresor estuvo convenientemente asesorado por la organización criminal que tiene detrás y en la que no cabe duda que también operan abogados profesionales -explica Tomás F. Ruiz-. En esta denuncia, me acusaban de haber dicho a esta mujer que se levantara las faldas para grabarla. No obstante, el montaje de esta burda coartada fue tan torpe que la declaración en la comisaría ni siquiera la prestaba la supuesta agredida sexualmente; en su nombre lo hacía el mismo sicario que me había atacado, que afirmaba ser su marido. Pedí que inmediatamente dicha guía fuera localizada e interrogada sobre el supuesto acoso sexual que había sufrido. Solicité igualmente que fuera llamada a declarar la guía japonesa que acompañaba al grupo, para que confirmara si en algún momento me había visto acercándome a esta mujer o hablando con ella… También pedí ante el juzgado de instrucción en el que se encontraba el caso que solicitaran inmediatamente el certificado de matrimonio del marido de la supuesta acosada.”
Nunca se solicitó el certificado de matrimonio, ni se llamó a declarar a la mujer supuestamente acosada (que decía responder al nombre de Myriam Rousseau, de nacionalidad canadiense). El juez de instrucción ni siquiera se ocupó de pedir la comparecencia de la posible testigo del acoso, la guía acompañante del grupo de turistas japoneses, ni tampoco requirió la declaración de la empresaria María de los Ángeles Revuelta Taranilla, solicitada por Tomás F. Ruiz al ser la principal sospechosa de haber promovido la agresión, ya que su empresa CUSETUR cometía sistemáticamente estafas con grupos de turistas japoneses.
La supuesta acosada sexualmente desapareció de Cuenca y la empresaria María de los Ángeles Revuelta cambió su domicilio a Ibiza, donde le ofrecieron un puesto como gestora para el G.C.P.H.E. (Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España). Informada del turbulento pasado de María de los Ángeles Revuelta, la alcaldesa de Ibiza Lourdes Costa Torres -en aquel entonces también presidenta del G.C.P.H.E-, respondió afirmando que “Mª. Ángeles Revuelta ha cumplido, rigurosa y satisfactoriamente, todos los objetivos y servicios requeridos a plena satisfacción del grupo”.

Impunidad para futuros sicarios

En este procedimiento judicial, todos los jueces, fiscales y magistrados españoles implicados han actuado coordinadamente para negar su derecho a la justicia a un ciudadano que viene sufriendo desde ocho años atrás amenazas de muerte, acoso y agresiones sistemáticas.
Tomas F. Ruiz ha recurrido ante la Audiencia Provincial de cuenca la sentencia que ampara a su agresor. Hasta el mes de febrero del 2015 no se deliberará sobre este recurso. “Desde el momento en que han archivado todas mis quejas contra el comportamiento anticonstitucional de la jueza Jimeno Gutiérrez, el fallo de los magistrados de la Audiencia Provincial de Cuenca está también cantado… En esta farsa de juicio -denuncia Tomas F. Ruiz-, se han cumplido todos los objetivos que perseguía el juzgado de lo Penal 2 de Cuenca: el sicario que me atacó ha salido impune de las responsabilidades penales que le corresponden; los funcionarios implicados en la trama que en su momento denuncié en mis informaciones, ni siquiera han sido procesados y la organización criminal que tienen detrás sigue actuando libre e impunemente… Todos, funcionarios corruptos, sicarios a sueldo, fiscales prevaricadores y jueces cómplices, lo estarán ahora celebrando. Todos han conseguido llevar a buen puerto sus propósitos”.
“He pasado tres años en tratamiento médico y seis esperando que juzgarán a mi agresor -concluye Tomas F. Ruiz-. Esta vergonzosa sentencia confirma la farsa montada para absolverlo y para garantizar la impunidad a todos los funcionarios corruptos que operan en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ahora, que ya tienen la certeza de que están bien protegidos por los jueces, no me cabe duda de que su red de corrupción va a consolidarse y que esta afectará irremisiblemente a la calidad del Turismo castellano-manchego.”

La Justicia, hundida hasta lo más bajo

“A quienes en realidad han castigado los jueces, fiscales y magistrados que han participado en este caso -opina Tomás F. Ruiz-, es a todos los periodistas que intentamos sacar a la luz la vergonzosa corrupción en que están anegadas las instituciones españolas. El atentado que he sufrido no ha sido para castigarme solamente a mí. Esto ha sido un caso de amordazamiento claro y directo a la prensa para que no meta las narices en donde no debe. La corrupción judicial generalizada que sufre España ha generado un sentimiento popular de descreimiento absoluto en la Justicia… Mientras que los que disponen de dinero y recursos compran a los jueces para que les permitan violar las leyes a su antojo, los que no tienen nada se ven obligados a soportar todo tipo de vejaciones… Una situación de estas características es insostenible. No se puede vivir en un Estado en el que un sistema judicial corrupto protege a las bandas de gansters… Estamos al borde de un precipicio en el que jueces y fiscales corruptos han hundido el concepto de justicia hasta lo más bajo”.

Sienta precedente judicial

Una sentencia judicial de estas características sienta inevitablemente precedente judicial. “En España nunca habíamos tenido una sentencia judicial tan degradante para la prensa y tan aplastante para el principio de ejercer libremente nuestro cometido como periodistas -considera Tomás F. Ruiz-. Cualquier sicario u organización criminal que a partir de ahora desee atentar contra la vida de un periodista tiene un salvoconducto en esta sentencia de la jueza María Sonsoles Jimeno Gutiérrez. La jueza ha garantizado, no solamente la impunidad de mis agresores, sino la de todos los que en el futuro quieran quitarse de en medio a periodistas molestos. Una sentencia así deja en la más absoluta indefensión a todos los profesionales de la información que ejercemos en España. Del mismo modo, les aumenta el riesgo de sufrir un atentado hasta unos límites tan inadmisibles como los que se dan en Colombia, México o Guatemala… Esta sentencia nos rebaja al nivel de un país tercermundista”.

Implicación de la Administración de CLM

Cuando se produjo la agresión, tanto la Dirección General de Turismo en Toledo, como la misma consejera de Turismo de la Junta de Comunidades en aquel entonces, Mª Ángeles García Moreno, habían ya recibido varias de estas grabaciones y pruebas documentales de cómo María de los Ángeles Revuelta Taranilla infringía la ley de Turismo con absoluta permisividad de los funcionarios de la Junta. A pesar de ser requerida por el periodista, la consejera castellano-manchega tampoco investigó las posibles retribuciones económicas que, presuntamente, todos los funcionarios implicados en la trama debían estar recibiendo bajo cuerda como pago a sus servicios.

El sicario, de matón a director de cine

Juan Ramón Fernández Serrano ha gozado de una especial protección desde que cometió el atentado contra el periodista Tomás F. Ruiz (en noviembre del año 2008). Si ya resultaba sospechoso que la Asociación de la Prensa de Cuenca lo tuviera inscrito como periodista sin haber cursado estudios de C.C. de la Información, más sospechoso aún fue que en estos años se haya convertido en director de cine. Su perfil en Wikipedia le supone también trabajar como guionista de la productora José Frade, aunque en ella no lo reconocen. Se le atribuye la realización de varias películas y se asegura que ha sido ganador de varios premios en diferentes festivales de ámbito nacional en 2008, sin especificar ninguno de ellos.
Cuando perpetró el ataque contra Tomás F. Ruiz, Juan Ramón Fernández Serrano aseguró en la comisaría de policía y en su declaración ante el juez que la falsa guía que estaba estafando a un grupo de turistas japoneses era su esposa. Por mucha insistencia que puso el periodista agredido en que confirmaran este punto del supuesto matrimonio, ni policía ni jueces se aplicaron en hacerlo. Todo lo contrario, echaron tierra sobre el asunto mientras permitían a la estafadora desaparecer de Cuenca sin dejar rastro.
El Ayuntamiento de Cuenca, a través de su alcalde Juan Ávila, ha recompensado la agresión contra un periodista molesto que cometió Juan Ramón Fernández Serrano nombrándolo pregonero de sus fiestas de San Julián 2014.
“Esta confusa y falsa biografía que se ha creado en torno a Juan Ramón Fernández Serrano -asegura Tomas F. Ruiz- así como la protección de que es objeto este sicario, tanto por jueces corruptos como por la no menos corrupta clase política local de Cuenca, demuestra que la organización criminal que tiene detrás no ha escatimado en invertir dinero para limpiar su imagen y ocultar la auténtica naturaleza de este individuo… Desde la policía hasta la misma Justicia, pasando inevitablemente por la Asociación de la Prensa de Cuenca (miembro de FAPE), todos se han esforzado en maquillar el rostro del matón que me agredió con todo tipo de montajes. No cabe duda de que detrás de este personaje hay una sólida infraestructura, con evidente poder económico y político, que dispone de tentáculos muy largos y efectivos.”

Un juicio a puerta cerrada

María Sonsoles Jimeno Gutiérrez, magistrada del juzgado de lo Penal 2 de Cuenca, decidió realizar a puerta cerrada la vista oral en la que se juzgaba al sicario que agredió al periodista Tomas F. Ruiz (procedimiento abreviado 300/2012 del juzgado Penal de Cuenca) .
Sin que este procedimiento hubiera sido previamente declarado bajo secreto de sumario, la jueza impidió el pasado 14 de mayo el paso de público a la sala donde se juzgaba a Juan Ramón Fernández Serrano (alias Juanra), acusado de agredir al periodista Tomas F. Ruiz en el año 2008, mientras realizaba un trabajo de investigación sobre corrupción institucional en Castilla-la Mancha.
“Impidiendo que el juicio se haga público -asegura el periodista agredido-, la ilustrísima jueza María Sonsoles Jimeno Gutiérrez ha intentado evitar que trasciendan todas las ilícitas maniobras judiciales que concurren en este caso. La magistrada del juzgado Penal 2 de Cuenca ha infringido uno de los principios básicos de todo procedimiento penal: el de la publicidad. Y eso significa que este juicio no es válido porque en él se ha violado el artículo 24 de la Constitución española y que, tarde o temprano, tendrá que ser realizado de nuevo”.
Por otra parte, Tomás F. Ruiz ha probado que uno de los testigos que se han utilizado contra él en este procedimiento -Guillermo De León Virtudes, de la empresa turística conquense TURALIA- atacó también al periodista y fue parte contraria al informador en un anterior procedimiento judicial. “Otro defecto muy grave que la magistrada Sonsoles Jimeno Gutiérrez se negó a subsanar cuando fue informada” -ha manifestado el periodista.
Preguntada por las razones que la llevaron a impedir la entrada de público a la vista oral que se celebró el pasado mes de mayo en Cuenca, la magistrada María Sonsoles Jimeno Gutiérrez no ha dado respuesta alguna, escudándose en el silencio administrativo.

Ángel Mariscal, subdelegado del gobierno, se lava las manos

El subdelegado del Gobierno en Cuenca, Ángel Mariscal Estrada, ciudad donde se produjeron las amenazas de muerte y los atentados a Tomas F. Ruiz, fue informado del acoso y agresiones de que está siendo objeto el periodista.
A través de las correspondientes pruebas judiciales, quedó probado que uno de sus funcionarios, Francisco Javier de León Cuesta, había realizado llamadas intimidatorias a Tomas F. Ruiz desde un teléfono de su Subdelegación del Gobierno de Cuenca. Tomas F. Ruiz demostró con facturas probatorias la existencia de estas llamadas, requiriendo al subdelegado del gobierno a que tomase las medidas disciplinarias que corresponden con este funcionario. También informó al subdelegado Ángel Mariscal del cómplice comportamiento de los policías que acudieron cuando fue atacado por el sicario; estos se negaron incluso a mostrarle sus números de placa.
Del mismo modo, y dado que por ley una de las funciones de las subdelegaciones del Gobierno es la de proteger “el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana”, Tomas F. Ruiz solicitó a Ángel Mariscal que protegiera su seguridad personal en Cuenca, así como el derecho a ejercer libremente su profesión de periodista.
Ángel Mariscal ni siquiera se dignó a responder personalmente a Tomás F. Ruiz sobre todas las cuestiones que le fueron planteadas. El secretario de la Subdelegación, Antonio Muñoz Senis, fue quien contestó a Tomas F. Ruiz en fecha 2 de Julio de 2014, informándole que lo que solicitaba no era competencia de su Subdelegación. “Una prueba más -corrobora el periodista- de que la red de complicidad en que se mueve la organización criminal que me acosa alcanza hasta a funcionarios del ministerio del Interior.”

Deterioro del Turismo en Cuenca

Esta trama de corrupción turística viene operando en Castilla-La Mancha desde hace más de diez años. Sus más preocupantes consecuencias han sido que la calidad del turismo ha ido cayendo en picado hasta afectar irrecuperablemente algunos de sus servicios básicos, especialmente el de las visitas guiadas.
Acalladas las denuncias y escarmentado el periodista que denunció la trama de corrupción que las beneficia, las dos empresas turísticas que hoy operan en Cuenca con la expresa protección de la Junta de Comunidades (TURALIA y GUIAS de CUENCA) continúan estafando impunemente a todos los grupos de turistas que solicitan sus servicios y sus titulares siguen gozando de impunidad absoluta para subcontratar a personas sin la cualificación profesional, ni tan siquiera la formación necesaria, para ejercer como guías en Cuenca.
A la trama corrupta se suma sin ningún reparo la iglesia católica de Cuenca, que prohíbe entrar a su prestigiosa catedral (gótica y con orígenes en el siglo XII) a cualquier grupo turístico acompañado de guía que no pertenezca a ninguna de las dos empresas protegidas. El obispado de Cuenca tampoco parece hacer ascos al poderoso caballero que es Don Dinero.
Tanto el G.C.P.H.E. (Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España) como ICOMOS-España (organismo internacional vinculado a la UNESCO y encargado de vigilar la calidad del producto turístico), fueron informados en el año 2010 de todo este sucio asunto que estaba afectando irremediablemente al turismo en Castilla-La Mancha. El primero, a través de su presidenta Lourdes Costa, ex alcaldesa de Ibiza, protegió a una de las empresarias implicadas en la trama (M. Ángeles Revuelta Taranilla); el segundo a través de su también presidenta María Rosa Suárez-Inclán Ducassi contestó asegurando que el deterioro de la calidad en el turismo a que se le hacía referencia, no era competencia suya.

* Cualquier documento oficial, sentencia judicial o prueba documental de este caso (proc. abrev. 300/2012), puede ser solicitada directamente al juzgado Penal 2 de Cuenca (ya que no ha sido nunca declarado secreto de sumario) o al e mail: fruiztom(arroba)gmail.com  Tomas F. Ruiz es periodista profesional inscrito en la FAPE con el nº 11.397

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