Triadas, relatores y alta traición

Juan Gabalaui*. LQS. Febrero 2019

El constitucionalismo es un eufemismo utilizado para ocultar, de forma deficiente, el nacionalismo intolerante y fundamentalista que representa el nacionalismo español, de historia trágica y sangrienta por todos conocida

En el Estado Español, o España que diría Alfonso Guerra, vivimos en una democracia plena. Es tan exuberante que la petición de un referéndum para decidir la relación con el estado de un territorio determinado se resolvió con una media sonrisa y unas cuantas burlas y su realización con prisión preventiva. Lo paradójico es que si pensamos en una democracia plena, los ciudadanos tendrían la obligación de decidir sobre cualquier asunto de interés público y serían la delegación de esa responsabilidad y la negación de este derecho acciones plenamente antidemocráticas. Pero en el Estado Español las cosas funcionan de otra manera. La democracia liberal española se asienta en dogmas. Estos se construyeron durante la transición y se apuntalaron en los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP. Uno de ellos tiene que ver con la separación de poderes y, en concreto, con la independencia judicial.

Hace unos días leí que la fiscalía de la Audiencia Nacional cuestionaba la imparcialidad de los jueces catalanes a la hora de juzgar a Josep Lluís Trapero. Es decir, defiende que Trapero sea juzgado de manera imparcial por la Audiencia Nacional mientras que duda de la neutralidad de los jueces catalanes por la presión independentista. La Audiencia Nacional es la responsable de, por ejemplo, haber cerrado y embargado los bienes de Egunkaria y detenido a periodistas y directivos. Alguno de los detenidos sufrieron torturas que no fueron investigadas lo cual supuso que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara al Estado Español en el año 2012. De la misma forma podríamos mencionar el cierre de Egin en 1998 cuyas consecuencias las sufre, después de 21 años, el Diario Gara.

Egunkaria fue cerrado por el juez Del Olmo en el año 2003 por ser un periódico escrito íntegramente en euskera lo cual para los poderes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, partidos políticos y periodistas españolistas era un indicio de pertenencia a banda armada. Esta locura fue derivada de la teoría del entorno que impulsó el magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Siete años después la propia Audiencia Nacional absolvió de todos los cargos a los acusados y criticó al juez Del Olmo por su estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA. La parcialidad del juez Del Olmo era notoria en aquel entonces, para cualquiera que estuviera avisado de los prejuicios que estaban en la base de la lucha contra ETA, de la misma manera que hoy es evidente la parcialidad del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que en su auto equiparaba la celebración del referéndum catalán con el golpe de estado del 23F y que ha dado argumentos a la derecha y a la extrema derecha para tachar de golpismo a los presos políticos catalanes.

Multitudinaria manifestación en defensa de Eginkaria

La supuesta presión de los independentistas a los jueces catalanes quedaría en agua de borrajas si la comparáramos con la presión real del nacionalismo español liderado por el Partido Popular, Ciudadanos y VOX pero, también, por un amplio sector de dirigentes, actuales y antiguos, del PSOE. La agresividad que muestran es directamente proporcional al miedo que les provoca que una parte de los ciudadanos de un territorio pudieran decidir algo que fuera en contra de la sagrada unidad de España. Este miedo es el que les lleva a pedir la cárcel para todo aquel que se mueva en la foto de lo que llaman constitucionalismo. El constitucionalismo es un eufemismo utilizado para ocultar, de forma deficiente, el nacionalismo intolerante y fundamentalista que representa el nacionalismo español, de historia trágica y sangrienta por todos conocida. Este prejuicio españolista invade y asalta cada rincón de las instituciones del estado. Cualquiera que tenga que juzgar de forma imparcial y justa a los presos políticos catalanes o cualquier otra personalidad, implicada en el procés, difícilmente se podrá sustraer del ambiente tenso, agresivo y fanático que nos rodea en relación a este tema.

Desde esta perspectiva la idea de personalidades imparciales que puedan ayudar a resolver el conflicto existente es necesaria. Felipe González criticó la figura de un relator o un mediador en el proceso de diálogo en Catalunya aunque la historia nos diga que en el diálogo con ETA siempre hubo personas que actuaron como puente para las negociaciones. Las figuras independientes son fundamentales en las situaciones de conflicto entre partes enfrentadas. Permitir que se impongan las tesis extremistas de la derecha recalcitrante es una manera más de mantener el conflicto. La derecha reaccionaria defiende que en una democracia plena, como la española, no se necesita a relator ni mediador alguno ya que existen espacios como el Parlamento donde se pueden dirimir las diferencias y llegar a acuerdos. Defender lo contrario es considerado alta traición y un atentado contra España.

Aceptar que lo que vivimos en el Estado Español es una democracia plena es un error de base porque si lo fuera, los ciudadanos catalanes habrían podido decidir cómo quieren que sea su relación con el Estado. Las democracias liberales están condicionadas por las élites, políticas y económicas, las cuales deciden qué referéndums se celebran y cuáles no, qué reformas se hacen de las constituciones o acuerdos entre ciudadanos y cuáles no, qué modelo de estado tenemos o, simplemente, qué es la democracia y qué no es. No, en el Estado Español no hay una democracia plena y por eso la imparcialidad del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional es una ficción y la existencia de personalidades que puedan mediar en determinados conflictos una necesidad. No podemos olvidar que, como en el caso de Egunkaria, nadie podrá borrar el daño que jueces de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo han provocado en base a los intereses de sectores extremistas del nacionalismo español, dentro y fuera del estado, y a sus propios prejuicios. No es que se les tache de parciales en los juicios o sus posibles sentencias sino que ya lo son en los procedimientos y procesos judiciales previos.

Las declaraciones hiperbólicas y las mentiras defendidas por los dirigentes políticos de la triada derechista, Abascal, Rivera y Casado, y por los medios de comunicación forman parte del problema. Alimentan el conflicto, lo multiplican, lo sobredimensionan. Insuflan el miedo, que acompaña a la agresividad, y así colocan a una parte de la sociedad en posición de ataque. Les dicen que hay que defender una unidad que, a pesar de todo, no está amenazada. El ejercicio de la democracia, lejos de ser una amenaza, es una garantía para el diálogo, la reflexión y la justicia. Pero la triada empuja a actuar con las entrañas, busca el enfrentamiento y el enquistamiento del conflicto. Dicen defender la democracia mientras niegan la posibilidad de ejercerla y en esta paradoja envuelven a miles de personas que, ante la confusión, apuestan por la vía más simple. No hay nada más complejo que el diálogo en un contexto de conflicto. Lo sencillo es el golpe encima de la mesa, la amenaza de prisión y el grito desaforado de ¡alta traición!

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* El Kaleidoskopio

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