Uruguayas víctimas de tortura sexual en dictadura exigen justicia
Agencia Mp3. LQS. Marzo 2021
En octubre de 2011, un grupo de 28 ex presas políticas denunció ante la Justicia uruguaya haber sufrido torturas y violencia sexual durante el terrorismo de Estado. Esa violencia fue ejercida a través de agentes del Estado bajo la forma de desnudez forzada, humillación con connotación sexual, violación, amenaza de abuso sexual, abuso sexual, explotación sexual, acoso sexual y embarazos y abortos forzados, entre otras prácticas que, según las denunciantes, se ejercieron de manera sistemática y coordinada. El caso fue novedoso porque incluía por primera vez la perspectiva de género en una denuncia, contra más de 100 agresores, la mayoría militares, por crímenes cometidos en la dictadura de Uruguay…
Ese mismo año Uruguay dejó sin efecto la ley de Amnistía para los crímenes de la dictadura llamada Ley de Caducidad.
Pero diez años después, las 28 mujeres consideran que el avance en el proceso es casi nulo.
El grupo de expresas políticas uruguayas víctimas de torturas sexuales durante la dictadura de su país (1973-1985) han presentado este jueves 18 de marzo la denuncia de su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Tiene que ver con la aceptación y la tolerancia por parte de la Justicia de maniobras dilatorias, por parte de la defensa de los indagados que abusan de instancias procesales por el mero efecto de dilatar los procesos”, dice a RFI la directora para el programa Cono Sur y Bolivia de la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), María Noel Leoni, quien estuvo presente en la audiencia ante la CIDH. “Y tiene que ver también con la falta por parte del Estado del reconocimiento de algunas consideraciones a las que el Estado ya está obligado a implementar en el marco de la sentencia del caso Gelman y de otras observaciones internacionales que consideran, por ejemplo, a los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los Derechos Humanos como algo imprescriptible”.
En la audiencia ante la CIDH, las mujeres pidieron que la organización oriente al Estado uruguayo en avanzar con estándares internacionales en estos casos de violación y abusos sexuales, pedido que la CIDH trasladó a los representantes estatales, cuya respuesta se espera en los próximos días.
“La violencia sexual se utilizó como un arma de guerra para humillar, discriminar y violentar a las mujeres detenidas como presas políticas”, dice Leoni. “Es una forma de tortura y una forma de violencia que tiene una dimensión de género muy marcada”.
Por su parte Marina Sande, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, destacó el valor de la audiencia “para la consecución de justicia” y enfatizó que “el Estado uruguayo reconoce, condena y repudia los atroces y aberrantes crímenes y abusos cometidos durante el período dictatorial”.
“Nuestro país quiere dejar sentado su comprensión y solidaridad hacia las víctimas reconociendo el enorme dolor y sufrimiento que se les ha provocado”. De acuerdo a Sande, “Uruguay ha realizado y continua realizando todos los esfuerzos por lograr justicia y condenar a los perpetradores de tan terribles crímenes”.
No obstante, la jerarca reconoció la lentitud del proceso. “Somos conscientes de las falencias de la que adolece nuestro sistema judicial”. Pero señaló que “el respeto por las normas y los procedimientos es lo que ocasiona las demoras (…) que muchas veces son utilizadas de modo dilatorio por la defensa de los acusados”.
Hasta el momento, ninguno de los más de 100 indagados ha sido condenado por esta causa.
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