1975-2025: Sobre la ilegitimidad e impunidad de la corona de España

Por Juan Miguel Nogués García*

“En la actualidad el Gobierno promueve una serie de actos denominados España 50 años en Libertad, para los que están programados más de cien durante 2025. Pues bien, en esos actos para nada se menciona ni cita a la II República Española…”

El día 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I, ante las Cortes Españolas dio su discurso como sucesor a la Jefatura del Estado a la muerte del dictador Francisco Franco, manifestando lo siguiente:

“Como Rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las Leyes Fundamentales del Reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la Corona que brota de lo más profundo de mi corazón.

Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco, será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la Patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como Soldado y Estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio.”

“La Patria es una empresa colectiva que a todos compete. Su fortaleza y su grandeza deben de apoyarse por ello en la voluntad manifiesta de cuantos la integramos. Pero las naciones más grandes y prósperas, donde el orden, la libertad y la justicia han resplandecido mejor, son aquellas que más profundamente han sabido respetar su propia Historia. La Justicia es el supuesto para la libertad con dignidad, con prosperidad y con grandeza. Insistamos en la construcción de un orden justo, un orden donde tanto la actividad pública como la privada se hallen bajo la salvaguardia jurisdiccional.”

“El Rey, que es y se siente profundamente católico, expresa su más respetuosa consideración para la Iglesia. La doctrina católica, singularmente enraizada en nuestro pueblo, conforta a los católicos con la luz de su magisterio. El respeto a la dignidad de la persona que supone el principio de libertad religiosa es un elemento esencial para la armoniosa convivencia de nuestra sociedad.”

Con ese discurso, Juan Carlos I se manifestaba como el sucesor y guardián del legado dejado por el dictador Francisco Franco, y lo hacía exaltando hasta límites cuasi divinos la labor ejercida durante toda su existencia. A ello, unía otro factor más que le identificaba con el dictador, que es su vinculación con otro poder que ejerció una gran influencia en el aparato represor del Estado como fue la Iglesia católica.

Esta figura carece de legitimidad democrática desde sus orígenes, pues alude a que su título de rey se le confiere por tradición histórica, por las Leyes Fundamentales del Reino y por el mandato legítimo de los españoles; sin embargo, no menciona que su dinastía, los Borbones, se instalan en España después de una guerra de sucesión. Que en el siglo XIX su dinastía provocó tres guerras, independientemente de las malversaciones que sus distintos antecesores llevaron a cabo de los caudales públicos. Alude a las Leyes Fundamentales del Reino, que no son otras que las Leyes Fundamentales del Movimiento, utilizando una nueva denominación para no vincularse con la definición que merecen estas últimas leyes. Pero lo que lleva al más rotundo rechazo es la mención a la expresión por mandato legítimo de los españoles.

Qué mandato legítimo es al que alude, cuando en España las últimas elecciones democráticas se producen en febrero de 1936. ¿Quién le ha dado esa legitimidad a la que alude? Sólo se lo han dado aquel que “España nunca podrá olvidar a quien como Soldado y Estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio”, es decir, el dictador Francisco Franco y sus acólitos de la Iglesia Católica.

En el desarrollo de su reinado se han producido muchas actuaciones deplorables, tanto en lo personal como en lo público en el ejercicio de sus funciones, pero hay un hecho en particular que sus cortesanos destacan, y en la actualidad es objeto de estudio, análisis y tiene más sombras que luces, pues aún no se tiene acceso a la documentación judicial que supuso los procedimientos contra los golpistas del 23 de febrero de 1981.

Entre los condenados figuran generales de la mayor cercanía a Juan Carlos I, como eran los generales Armada y Miláns del Bosch, máxime cuando al citado en primer lugar diez días antes del golpe es nombrado segundo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y tampoco se tiene acceso a la trama civil, la cual fue muy vagamente investigada.

La leyenda que surge de Juan Carlos I como “salvador de la democracia española” es debida al discurso que da en televisión a las 1,14 horas del día 22 de febrero. Dicho discurso se lleva a cabo después de que Antonio Tejero entrara en el Congreso de los Diputados a las 6,22 de la tarde del 21 de febrero, pero Juan Carlos I no salió en la Televisión hasta 1,14 del día 22, cuando ya estaba seguro de que el golpe fracasaría. Esa actuación de no hacer nada contra el golpe define su carácter: cobarde, retorcido y traicionero. En definitiva, digno descendiente de los Borbones. No hay que omitir que en esos momentos se debatía la Ley del Divorcio, y en relación con el citado golpe de Estado el jesuita José María Martín Patino, en una entrevista en “El País” el 19 de febrero de 2001 señaló que en la noche del 23-F “no encontró ningún obispo dispuesto a condenar el golpe de Estado”. Una muestra más del vínculo de la Iglesia con la Monarquía y, cómo no, con el Ejército.

Son determinados medios de comunicación, así como determinadas actuaciones de políticos que ya renunciaron en la “pacífica transición” a la restauración del régimen legítimo republicano las que se aferran a una Monarquía indecente desde el principio, indecencia que culmina con la abdicación de Juan Carlos I como consecuencia de los escándalos tanto personales como financieros que aún arrastra.

Recientemente un importante núcleo de juristas ha interpuesto una querella contra Juan Carlos I en 25 de noviembre de 2024 como consecuencia derivada de las Diligencias de Investigación que había realizado la Fiscalía General del Estado por la existencia de cinco delitos contra la Hacienda Pública. El 28 de enero de 2025 se certifica por la Secretaría de Causas Especiales del Tribunal Supremo que se dé traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia del Tribunal y todo lo que estime conveniente. Se procede a llevar a cabo una acción más contra la impunidad y la inviolabilidad de la institución monárquica. La firma de la querella la promueven José Antonio Martín Pallín, ex fiscal y magistrado del Tribunal Supremo; Santiago Alba Rico, Clemente Auger Liñán, Pilar del Río Sánchez, Carlos Jiménez Villarejo, José María Mena Alvarez, Miguel Mora Díaz, Javier Pérez Royo, Josep Ramoneda Molins, Eduardo Ranz Alonso, Blanca Rodríguez Ruiz y Joaquín Uría Martínez, todos ellos juristas, académicos e intelectuales de reconocido prestigio.

El día 19 de junio, tras la abdicación de Juan Carlos I, es proclamado Felipe VI como Rey de España, y en su discurso manifiesta:

“Ante sus Señorías y ante todos los españoles -también con una gran emoción- quiero rendir un homenaje de gratitud y respeto hacia mi padre, el Rey Juan Carlos I. Un reinado excepcional pasa hoy a formar parte de nuestra historia con un legado político extraordinario. Hace casi 40 años, desde esta tribuna, mi padre manifestó que quería ser Rey de todos los españoles. Y lo ha sido. Apeló a los valores defendidos por mi abuelo el Conde Barcelona y nos convocó a un gran proyecto de concordia nacional que ha dado lugar a los mejores años de nuestra historia contemporánea.”

Con este discurso se intenta un cambio de imagen de la institución monárquica notable. Es un intento de hacer tabla rasa, es decir, empezar de nuevo. Al parecer, se le olvida al nuevo rey que al resaltar el discurso que su padre había dado 40 años atrás se expresaba con gran admiración que “el nombre de Francisco Franco, será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea”, así como que “España nunca podrá olvidar a quien como Soldado y Estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio.” En este discurso el novel rey sufre amnesia, pues Franco no ha existido y al parecer la II República tampoco. Lo que ha existido es una nueva figura, el cual en la historia no figura ni como figurante, que es el Conde Barcelona.

Habla de un proyecto de concordia. Pues bien, en 2007 entra en vigor la primera Ley de Memoria Histórica, Ley 52/2007, tras el comienzo en el año 2000 de un amplio movimiento memorialista en relación con los crímenes llevados a cabo en el régimen franquista, y en concreto contra aquellos que se encontraban en desaparecidos en fosas.

Es ese movimiento, con grandes dificultades de todo tipo, el que asume y protagoniza una movilización y sensibilización imprescindible para conocer realmente la historia padecida durante la dictadura franquista. ¿Es a la historia de ese legado político extraordinario al que se refiere el nuevo monarca? Porque ¿qué concordia nacional ha habido con las víctimas del franquismo?

Dada la existencia de una impunidad insultante por la comisión de delitos de lesa humanidad en el régimen franquista, hay que acudir a los tribunales de Argentina en aplicación del principio de justicia universal para que se lleve a cabo la justicia que no se obtiene en España, pues este valor, justicia, está vedado en España para las víctimas de los crímenes franquistas. ¿Es ésta la justicia a la que alude Juan Carlos I en su discurso de 22 de noviembre de 1975? ¿Es ésta la grandeza de la justicia a la que alude este Borbón? ¿Es ésta la justicia del legado político extraordinario que hereda el Borbón actual?

A qué justicia se refieren cuando están blindados por la inviolabilidad de esa institución antagónica y retrógrada que es la Monarquía, máxime cuando han sido cómplices en los crímenes cometidos por el régimen franquistas, que NUNCA HAN CONDENADO de forma expresa. Al contrario, sufren una amnesia absoluta, pues Franco no ha existido, es un ser para ellos mitológico y personaje de leyenda o de cuento, nunca real.

Esa amnesia y silencios son a los que ha sido sometida la sociedad española para intentar legitimar a un régimen inaceptable y viciado desde su origen. No se puede olvidar a la II República, el primer régimen democrático de verdad en la historia de España, no se puede olvidar el golpe de Estado que llevo a la guerra de España, no se puede olvidar la tragedia de Guernica, la desbandá de Málaga, los bombardeos sobre Madrid, Barcelona, Alicante, Jaén, la marcha de los 10.000 en Extremadura, no se puede olvidar el exilio, los campos de concentración franceses, el papel de los republicanos en la resistencia francesa, la deportación a los campos nazis, no se puede olvidar la pérdida de la nacionalidad por los régimen fascista/nazista que tuvieron que sufrir, los campos de concentración y las cárceles franquistas. Para todos aquellos que lucharon, sufrieron y dieron su vida por un régimen de libertades y que de verdad la palabra justicia significaba los valores de dignidad y libertad que representaban, no ha sido precisamente la justicia la que los ha reconciliado, pues ha sido la impunidad de los crímenes la que se ha impuesto, impunidad que también se hace aplicable a las actuaciones delictivas de los Borbones.

En 19 de octubre de 2022 se publicó la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, y si bien ha avanzado en algunos aspectos puramente administrativos, para nada resuelve el fondo de la cuestión relacionado con la justicia, el cual olvida deliberadamente, pues no hay una sola mención a los victimarios, ni a la Iglesia y en cuanto a reparación sobre bienes incautados a los expolios llevados a cabo a las víctimas del franquismo, silencio absoluto. Tampoco existe una oficina para que las familias y descendientes de las víctimas puedan pedir información sobre sus desaparecidos, como ocurre con las víctimas de ETA. Es llamativo que estando en vigor esta ley se están dando numerosas manifestaciones de organizaciones de extrema derecha a las cuales ni siquiera se les abre expediente sancionador, léase por ejemplo las manifestaciones y vigilia ante la sede del PSOE. Se ha incoado un solo expediente sancionador a Falange Española por importe de 10.000 euros, sanción que aún no es firme.

En la actualidad el Gobierno promueve una serie de actos denominados España 50 años en Libertad, para los que están programados más de cien durante 2025. Pues bien, en esos actos para nada se menciona ni cita a la II República Española. La democracia en España nace en 1978, con el régimen de Monarquía parlamentaria y todos esos actos tienen una única y exclusiva intencionalidad: Asentar de manera definitiva e indiscutible a la Monarquía española, dando paso en la actualidad en los grandes valores que tiene la hija de Felipe VI como heredera de la corona. Esa omisión a la II República y a ocultar al régimen franquista es una tarea que se está llevando a cabo de marea minuciosa, pues en los ciclos formativos actuales educativos, esos temas se tratan gracias al voluntarismo de un escaso número de profesores, pues aunque se contemplen en los currículums, nunca se llega a esos temas.

En definitiva, la impunidad que se ha impuesto en España es un acto de voluntad política, se trata casi como política de Estado, pues la impunidad está jugando un papel muy protagonista en la vida de todos los españoles: Ahí tenemos a las 7.291 víctimas del Covid en las residencias de la Comunidad de Madrid o las 224 víctimas de la Dana de Valencia, cuyos responsables también son objeto de impunidad. En el caso de las residencias de la Comunidad de Madrid todas las querellas interpuestas han sido archivadas, y en el caso de la Dana de Valencia veremos qué recorrido tienen las denuncias presentadas.

Cuando en un Estado llamado de Derecho la máxima instancia la Jefatura del Estado goza de impunidad absoluta de sus actos, ésta se extiende como una mancha de aceite sobre otras instituciones. Al parecer, la palabra Justicia es demasiado exigente. Sin justicia es evidente que no puede haber una democracia real y efectiva. Y sin democracia es muy fácil perder la libertad y que opciones políticas extremistas ya conocidas se instalen como salvadores de las diversas Patrias.

Sin duda alguna los Borbones son dignos y máximos representantes de su legado histórico que está basado única y exclusivamente en la impunidad. Y por más que les ponderen los poderes fácticos y les presten servidumbre determinados representantes de partidos políticos, que no les quepa duda alguna que no tienen legitimidad para representar al pueblo español.

* Miembro de la ARMH. Publicado en el Bulletin d’Information de l’Amicale des Anciens Guérilleros Espagnols en France.
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