Abolición de subvenciones

Abolición de subvenciones
La campaña largamente orquestada contra los sindicatos mayoritarios desde hace varios años desde los distintos frentes del Capital, sus políticos, la patronal, prensa, contertulios, incluso ciertos pseudo-sindicatos llamados independientes, también subvencionados, demuestra el miedo de tener enfrente a unos sindicatos fuertes que planten cara a las medidas contra los asalariados, haciendo buena la frase de Epicteto “la verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”.
Todos estos ataques están centrados en las subvenciones que reciben por los liberados y las horas sindicales, dado el costo que representa a las empresas y al Estado. Pasando por alto las subvenciones que recibe la CEOE, organizaciones patronales, fundaciones de partidos políticos, la iglesia católica y empresas privadas -se puede comprobar en los Boletines de las CCAA y en el BOE-, subvenciones que no disfrutan autónomos y asalariados, a ellos reformas salariales, pago de impuestos de facturas sin cobrar, restricciones en subsidios de desempleo o atención médica, etcétera. Esos pocos que disfrutan holgadamente las subvenciones, merman las arcas del Estado en detrimento de la población, verdadera sustentadora con sus impuestos de todos ellos, por eso es necesaria la supresión de subvenciones, a excepción de las necesarias por catástrofes, a pobres, maltratadas, mayores abandonados, orfandad…
Si los sindicatos tuviesen presencia en el Parlamento como partidos de los trabajadores, recibiría el mismo tratamiento que el resto de partidos políticos, y serían partícipes de las decisiones y gobernanza de la nación, se fijarían condiciones para establecer un periodo máximo de representación en el parlamento para todos, evitando el elitismo parlamentario, la abolición de los privilegios de la clase política respecto al resto de la ciudadanía; en definitiva la creación de un Estado participativo, donde la gobernanza de la nación esté realizada por todos los estamentos sociales. Se regularían los salarios mínimos, las condiciones laborales o las premisas necesarias para el bienestar social: maternidad, jubilación, vacaciones, festividades, educación, prestaciones sociales, sanidad…
Se regularían también las condiciones de los miles de autónomos, verdaderos emprendedores, siempre olvidados, esa clase asalariada sin salario fijo, sin horario, sin fiestas, sin vacaciones por depender del trabajo propio, a merced de las grandes y medianas empresas, financiándolas con parte de los materiales, evitando los abusos contra ellos por las empresas en general, al encontrarse en un limbo representativo, sin representación en las organizaciones empresariales y sin considerarse asalariados, en el Parlamento se establecerían las condiciones necesarias en el cobro tanto en plazo máximo, como en tiempo por los trabajos realizados, regulando los precios mínimos en mano de obra, ya sea por horas, días, meses de los distintos tipos emprendedores, lo que ahora se considera Convenios Colectivos, también se establecería los préstamos y la regulación de las inversiones para el desarrollo profesional de los autónomos, o la compra de la primera vivienda no suntuaria para todos, con un interés razonable, sin usura, y la dación en pago de la vivienda en caso de no poder hacer frente a dicho préstamo.
Los Sindicatos defenderían a sus afiliados, no como proclaman los partidos políticos, al decir actúan en el bien general de la ciudadanía, cuando en realidad sólo defienden intereses particulares dictando leyes marcadas por la patronal en detrimento de los asalariados. Los Sindicatos deben de contraponer su fuerza para minimizar esa acción política empresarial en el Parlamento. El sindicalismo parlamentario y sus representantes en cada empresa, podrán mejorar las condiciones económicas de sus afiliados en ellas según la capacidad y tipo de cada una, en lo laboral, horario, cuidado de hijos, reducción de jornada, reparto de parte de los beneficios obtenidos entre sus trabajadores (antigua paga de beneficios), al ser los asalariados responsables principales de esos logros, no solo repartir beneficios entre los accionistas, beneficios para todos inversores y asalariados, al ser los accionistas meros inversores en ella y sin contacto con la realidad diaria, interesados solo en la rentabilidad de su inversión, para ellos lo único importante.
Cada sindicato como cada partido, tiene una concepción distinta del bienestar social, o de las condiciones laborales en las empresas, defenderían a sus afiliados, negociando las propuestas particulares en cada una de ellas, y los no afiliados las suyas si lo desean, ahí radicará la importancia en la afiliación a un sindicato, una postura sindical frente a la patronal, incluso en caso de huelga, si la hubiere, su sindicato aportaría todo o de parte del sueldo perdido por sus reivindicaciones.
Todo sería ventajas, regulación de los representantes sindicales en cada empresa según sus afiliados, y en el caso de trabajar alguno para su sindicato, sólo el mantenimiento del puesto de trabajo en las mismas condiciones que cuando se fue y por un periodo máximo, con  representantes directos con la seguridad de tenerlo junto a él, creándose un sindicalismo fuerte, de una concreción específica para cada caso o situación empresarial. Con ello la credibilidad sindical será auténtica, al ser independiente por mantenerse de las cuotas de sus afiliados, junto a la aportación del Estado por los votos conseguidos en las elecciones generales, igual que los partidos políticos.
La representación sindical en el Parlamento, será la voz de asalariados y autónomos, sería el verdadero acelerador del despegue económico de la nación como fuerza aglutinadora de la población activa, con la seguridad en la defensa de sus intereses y una infraestructura que los asesore y proteja en determinados momentos o conflictos laborales con su empresa. En Europa la sindicación representa cerca del 17% de los asalariados, en España apenas llega al 1%  y, al  igual que los partidos políticos tienen afiliados que los mantienen,  los sindicatos deben de lograr la sindicación de la gran mayoría de asalariados y autónomos, con el fin de que la verdad de esa mayoría triunfe por sí misma.
 
 

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