Agua, ¿para qué desarrollo?
Lidia lo ha logrado. La espera fue larga, tediosa e incluso inquietante. Las resoluciones judiciales tienen poco de amigables, pero los capítulos iniciales dejan el sabor de la victoria. El pasado 19 de abril, Lidia ganó una sentencia en la que se reconocía el derecho humano al agua en México, aplicando el nuevo artículo 4º de la Constitución, que lo eleva a rango constitucional desde febrero.
A miles de kilómetros, otras muchas lidias y personas anónimas caminaron durante quince días desde la Amazonía ecuatoriana hasta Quito bajo el lema “Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos”. Su lucha, aunque lejana, tiene mucho en común con la de Lidia: la oposición a la mercantilización del agua y la defensa del acceso universal en cantidad y calidad sufi ciente para la vida.
Las y los ecuatorianos avanzaron para defender, concretamente, las fuentes primarias de agua y mostrar su disconformidad con la contaminación, la explotación y los intentos de convertirla en un insumo económico, en este caso a manos de la minería a cielo abierto. De momento, han forzado al gobierno y a la Asamblea a repensar los conceptos del agua y la tierra. Habrá que ver cómo de larga y tediosa es su espera.
El agua está en la encrucijada, y no sólo en México o en Ecuador. “Las presiones privatizadoras en materia de gestión de aguas, e incluso en lo referente al agua en sí misma como recurso, derivan de la visión global que induce el neoliberalismo como expresión de la lógica capitalista”, sostiene Pedro Arrojo, profesor emérito de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y también batallador contra del trasvase del río Ebro.
Lentos avances
Por ahora son parciales las victorias de quienes defi enden la gestión pública y sostenible del agua, dando prioridad a la vida humana y a la naturaleza. Quizás la más importante se produjo en agosto de 2010 con la aprobación, por parte de la Asamblea de Naciones Unidas, del derecho humano al agua y al saneamiento. Pero su traducción práctica es lenta. E incluso inquietante, con avances y retrocesos a partes iguales, porque la presión de la tendencia contraria aumenta, colocando al agua en una situación de encrucijada.
Los intentos de privatización del suministro en lugares como Madrid, Italia o Grecia representan una tendencia global en la que el agua se ha convertido en un producto económico del que sacar rentabilidad. “Esta presión acaba transformando a los ciudadanos en simples clientes”, resume Arrojo.
“Nadie en el mundo se ha hecho más consciente del valor del agua que el sector privado, que ve los benefi – cios que se pueden obtener del hecho de que el agua sea un bien escaso. El resultado es un fenómeno completamente nuevo: el negocio del agua”, escriben Maude Barlow y Tony Clarke en el libro Oro azul. Las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo, que desde 2004 se ha convertido en la biblia de todos los que se interesan por el asunto.
El agua embotellada es, por ejemplo, la segunda o tercera mercancía que más dinero mueve en el mundo, después del petróleo y el café. El banco de inversión Goldman Sachs pronostica un crecimiento a largo plazo de hasta el seis por ciento en el sector mundial del agua, un mercado valorado en 425.000 millones de dólares (casi 300.000 millones de euros). En los mercados llamados en desarrollo, como China y la India, la construcción de nuevas infraestructuras debería traducirse en crecimientos de dos dígitos durante la próxima década, opina la misma fuente. Todo ello en un contexto en el que mil millones de personas en el mundo carecen de un acceso adecuado al agua, 2.600 millones no disponen de servicios básicos de saneamiento y 6.000 niños y niñas menores de cinco años mueren diariamente a consecuencia del agua contaminada.
“Esta realidad crítica es entendida desde la lógica neoliberal imperante como una oportunidad de negocio. En la medida en que el agua de calidad es útil, imprescindible y cada día más escasa, crece la presión para considerarla como un simple bien económico que debe regirse desde la lógica de mercado”, añade Arrojo, quien considera que el control del agua es “una fuente de poder sumamente importante”. Supone el control de la vida. Y del desarrollo de los pueblos.
“Todo hace pensar que el problema fundamental con el que se puede encontrar la sociedad no depende tanto de la cantidad de agua disponible en el medio natural como de la gestión y del uso que hagamos de este recurso vital”, apunta un informe de Bakeaz [1], poniendo así el énfasis en la importancia de las decisiones políticas.
El doble juego
Volvemos a Lidia. Y a las otras tres mujeres (Carlota, Gloria y Martha) que junto a ella iniciaron una batalla legal contra el Estado mexicano, cansadas de que su única alternativa de vida fueran paseos diarios hasta el río contaminado o recoger agua de los charcos. Con el asesoramiento de un grupo de abogados han conseguido, tres años de litigios mediante, que el municipio de Alpuyeca quede obligado a dotar a la comunidad Ampliación Tres de Mayo, en la que vive un centenar de familias, de una red de distribución.
¿Demuestra esto que el Estado mexicano ha optado por el derecho humano como principio que rija la gestión del agua en su territorio? Nada más lejos de la realidad. “El problema es que si bien hoy ya tienen agua en la red, ésta llega tandeada sólo una vez a la semana durante tres horas”, explica el abogado Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y uno de los letrados que trabaja en este caso pionero. La lucha, de continuarla, buscaría la disponibilidad diaria.
A escasos 500 metros de las casas de bloques de cemento y placas de uralita de Lidia, Carlota, Gloria y Martha se levanta una urbanización de lujo galardonada con verdes y frescos campos de golf. La postal no puede ser más clarifi cadora de la realidad global respecto al acceso y usos del agua y la encrucijada que vive.
La Constitución de México recoge que el agua es un derecho humano, pero la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua denuncia una situación “inaceptable” por ejemplo en Morelos, que se ufana de ser uno de los lugares con más agua del país. Mientras mucha población sufre por la escasez y por los altos precios que deben pagar para acceder al agua mediante pipas privadas y garrafones, a su alrededor crecen rápidamente urbanizaciones de lujo con albercas y campos de golf.
Agua para el turismo, para el crecimiento económico, agua como mercancía, como herramienta fi nanciera, por un lado; y agua para la vida, para los pueblos, para la naturaleza en su más amplia dimensión, y agua como derecho humano, en la posición opuesta. Todo en la misma postal. El agua, por tanto, es el eje que articula cualquier política de desarrollo, sea del signo que sea o lleve uno u otro apellido.
La excusa del desarrollo económico ha certificado la muerte de no pocas reservas y fuentes de agua. Por ejemplo, el crecimiento económico sin control ambiental de China ha disparado su consumo y contaminación, lo que ha provocado la desaparición de más de mil lagos en 50 años. Los proyectos de desarrollo en las zonas áridas del África subsahariana jugaron un papel clave en las hambrunas del Sahel de los años 70 y 80. Según la activista india Vandana Shiva [2], la construcción de pozos se consideró la fórmula ideal para el desarrollo de las regiones con una economía basada en el pastoreo, lo que socavó la tradición de mover los rebaños de unas zonas a otras y provocó la presión ganadera, agudizando la desertización.
No son lecciones aprendidas. El desarrollismo hídrico está a la orden del día. La construcción de grandes represas para generar electricidad y el neoextractivismo practicado en muchos países de América Latina apuestan por una manifi esta mercantilización del agua, obviando los problemas medioambientales y sociales que estas industrias conllevan.
Volvemos a la marcha ecuatoriana, en la que miles de personas recorrieron más de 700 kilómetros para protestar contra las minerías a cielo abierto proyectadas en el país, que contaminarán las corrientes de agua y los acuíferos. “No vamos a comer el oro, vamos a tomar el agua”, se oía en la manifestación. Una proclama que recoge la disyuntiva a ritmo de eslogan: oro y crecimiento económico frente a conservación y respeto a la pachamama. Y es que la justifi cación de los grandes ingresos adicionales es la que utiliza el presidente Rafael Correa (y otros muchos mandatarios), pese a que la Constitución de Ecuador es una de las más avanzadas del mundo respecto a la protección medioambiental.
“La Constitución de Montecristi no se circunscribió exclusivamente a impedir la futura privatización del agua, sino que fue explícita al ordenar su ‘desprivatización’, incluyendo la redistribución de la tierra. Sin embargo, a pesar de que la mayoría del pueblo ecuatoriano aprobó la Constitución, el gobierno, en este campo, no la ejecuta”, explica Alberto Acosta, economista ecuatoriano, otrora presidente de la Asamblea Constituyente y ministro de Energía y Minas.
Y añade: “El agua en América Latina está amenazada por procesos violentos de expropiación y privatización, en función de las demandas del capital transnacional, con la complicidad tanto de gobiernos neoliberales como progresistas. Son estas demandas del capital las que provocan endiablados ritmos de explotación económica y las que explican la creciente contaminación. En consecuencia, a la par que las empresas transnacionales, sobre todo chinas, recorren América del Sur hambrientas de minerales, aumentan también las protestas populares para enfrentar el galopante extractivismo que pone en riesgo el agua y la vida misma”, añade Acosta.
Un contexto de crisis
Son los acontecimientos actuales los que perfilan la importancia del “oro azul” y su peso en el panorama político, económico, social o medioambiental. El agua es uno de los grandes retos del siglo XXI. Es pieza clave en el cambio climático; está relacionada con el hambre, con la seguridad y soberanía alimentaria; puede acentuar la desigualdad y en muchos casos es una cuestión de género. Sin acceso al agua y al saneamiento no habrá desarrollo humano, mientras que los derechos humanos se ponen en entredicho. Los ecosistemas y la salud dependen también del agua, pero el comercio quiere convertirla en producto, ganar dinero, lo mismo que los especuladores. Los Estados intentan protegerla, hasta con sus ejércitos, y la ciudadanía la defiende con vehemencia.
“Tanto desde el modelo capitalista, como desde desde el llamado socialismo real hemos degradado, contaminado y destruido nuestros ecosistemas acuáticos en nombre de un malentendido progreso”, explica Arrojo.
Los datos y estimaciones sólo marcan una dirección: el 50 por ciento de los ríos y lagos del mundo está peligrosamente contaminado, 2.800 millones de personas residen en cuencas de extrema escasez de agua, el 85 por ciento de la población mundial reside en la mitad más árida del planeta y para 2025 se estima que sufrirán escasez de agua 3.000 millones de personas.
Si hablamos de saneamiento el panorama es más crudo: Naciones Unidas reconoce que sí se pueden alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de acceso al agua, meta imposible cuando se habla de saneamiento. Además, el último informe reconoce que “en el futuro deberá tenerse en cuenta la calidad cuando se establezcan metas sobre acceso a agua potable”. Es decir, que la mexicana Lidia y las cien familias de Ampliación Tres de Mayo han logrado que se reconozca su derecho al acceso, a tener un grifo, pero queda por delante que funcione las horas necesarias y que de él brote agua de calidad. Para la vida.
* Publicado en la revista “Pueblos”.
Mª Ángeles Fernández es periodista freelance especializada en globalización y desarrollo. www.desplazados.org
