Barrabasadas

Hace algunos días el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, atendiendo las peticiones de ocho Asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica, ha cursado una providencia solicitando toda la información sobre los fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Para elaborar este censo, Garzón, se ha dirigido principalmente a los archivos de los ministerios de Defensa, Cultura e Interior, así como a los ayuntamientos de Madrid, Córdoba, Sevilla y Granada. Inexplicablemente, quedan fuera de la investigación  el resto de ayuntamientos más pequeños (tanto peninsulares como insulares) pero no por ello con menos indicios de alojar en sus archivos espeluznantes cifras de ejecuciones y enterramientos en fosas comunes.

Para dar un pequeño ejemplo (y esto los historiadores honestos lo saben muy bien) podríamos acompañar a la columna del Coronel Yagüe, que, al mando de tropas legionarias, afianzó la sublevación fascista en Sevilla y se dirigió, vía Extremadura, (cuyas dos provincias quedaron convertidas en gigantescos cementerios) hacia  Madrid. Entrevistado por el periodista estadounidense, John T. Whitaker, sobre la masacre que iba dejando a su paso tuvo una respuesta harto expresiva sobre los prisioneros: “Claro que los fusilamos. ¿Qué esperaba? ¿Suponía que iba a llevar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna avanzaba contrareloj? ¿Suponía que iba a dejarles sueltos a mi espalda y dejar que volvieran a edificar una Badajoz roja?”. Esta era la ética militar de este personaje laureado por el golpista Franco.

También, la providencia del juez Garzón pide la “colaboración” de la Conferencia Episcopal Española solicitando el acceso a los libros de difuntos en las casi 23.000 parroquias españolas y, en primer lugar, la apertura del registro de muertos republicanos  en el Valle de los Caídos donde, según su abad, están registrados 34.000 muertos.

Otro olvido de Garzón para elaborar este doloroso censo ha sido, en mi opinión, no hurgar en los archivos tanto de la Dirección General de la Policía como de la Guardia Civil. Es seguro que de las diferentes comandancias o comisarías centrales de estos cuerpos pudieran salir muchísimos datos o “indicios” de lo que se hizo con los “adeptos a la rebelión” (así denominados quienes defendieron la legalidad republicana) y del paradero de los miles y miles de luchadores por el restablecimiento de las libertades democráticas, masacrados durante 40 años de dictadura. Luchadores tildados de “desafectos al régimen” y, por lo tanto, víctimas de la brutal represión franquista. Y es que España suda sangre. Sigue sudando sangre y asesinatos impunes…

Ante esta decisión de Baltasar Garzón se han levantado muchas voces críticas. Y nos dicen los “críticos” que esta medida no ayuda a “cerrar las heridas” de la Guerra Civil y la dictadura asesina. Como si esos “críticos”, herederos políticos del genocida, no supieran que las heridas no se cierran con una capa de olvido. Para cerrar heridas primero hay que desinfectarlas y sajar hasta donde sea necesario; sacar a la luz pública la pus de la historia de este país que se encuentra enterrada de la manera más abyecta y vil.

Una vez se haya sajado hasta la profundidad necesaria, una vez se hayan destapado todas las fosas comunes, una vez salgan los muertos con la dignidad y el reconocimiento merecido, una vez se hayan señalado responsabilidades y responsables del genocidio… podremos hablar de “cerrar heridas”.

Es tremendamente obsceno e indecente que se quieran “cerrar heridas” taponándolas con la desmemoria, con toneladas de tierra que cubren tantas miradas de espanto, tantos gritos de dolor y tantos gestos de impotencia apagados, sofocados por el impacto seco de unos fusiles asesinos.

Quienes piden “cerrar heridas” están pidiendo cerrar la historia, su propia historia cómplice en la masacre de la Guerra Civil y el horror de la dictadura. Y lo peor de todo es que están amparados por una Iglesia con tanta vigencia y poder como aquella que bendecía los fusilamientos en las tapias de los cementerios. Eso les da fortaleza para justificar sus crímenes pero les niega la paz de sus propias conciencias, si es que alguna vez la tuvieron.

En estos días de atrás, una de esas voces “críticas” con la medida del juez Garzón ha sido la del superviviente “tiranosaurio” de nuestra historia más negra y reciente. La voz de un mequetrefe camaleón que ha visto como su colaboración con un régimen tiránico era lavada por la pusilanimidad política del postfranquismo.

Hablamos de Fraga. El “ilustre” mayordomo del fascismo español, el que compartió Consejo de Ministros con Carrero Blanco (felizmente elevado al cielo como mártir de su propia cruzada), con Muñoz Grandes (otro militar africanista), con Camilo Alonso Vega, etc. Este “Rasputín”, experto en confeccionar “dossiers de la muerte” como el de Julián Grimau (miembro del PCE ejecutado gracias al “historial” que le preparó Fraga) o los de los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado, también asesinados.

Este Fraga, “demócrata de toda la vida” y Ministro de la Gobernación en el último gobierno de Arias Navarro, el “carnicerito de Málaga”, y, por tanto, responsable de las tragedias que sufrió el pueblo español, y muy especialmente el País Vasco, en el año 1976. Este “demócrata falangista” por devoción que ordenó disparar fuego real contra los trabajadores en Vitoria, el 3 de marzo de 1976, con el resultado de cuatro obreros y un estudiante asesinados; con otro obrero muerto más, unos días después en Basauri y otros dos muertos más, que no cesan, en los sucesos de Montejurra (Navarra) en ese fatídico año de 1976. Este tétrico personaje que se rodeó para su custodia personal de un equipo de matones, comandados por un prófugo argentino, Roberto Almirón, uno de los jefes de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), acusado de asesinato en su país.

Este personaje siniestro, Fraga, critica al juez Garzón por su decisión de elaborar un censo de los fusilados y desaparecidos. Aduce que “del otro lado hubo muchas más barrabasadas, como es obvio…”. Y nos está llamando imbéciles, está insultando la memoria colectiva de un pueblo que aún clama por sus desaparecidos. Y habla con la chulería propia del falangista que se sabe protegido por la tela de araña que su mentor, Franco, tejió para que los crímenes quedaran en la más absoluta impunidad.
¿De que va este trilero de la política cuando nos habla de “barrabasadas”? La primera y única barrabasada que se cometió en este país fue el propio golpe de estado contra un gobierno legítimo y democrático, la II República. Una barrabasada que costó un millón de muertos en una Guerra Civil que durante tres años desangró al pueblo español y al que siguió una largo noche de 40 años de dictadura en la que este falangista tuvo un destacado papel. Un papel que se tradujo en muertes, represión, torturas, cárcel y exilio.

La providencia del juez Baltasar Garzón está perfecta para devolver a las víctimas su dignidad y reconocimiento y a sus familiares la tranquilidad y sosiego de reencontrarse con ellos aunque sólo sea a través de una lápida, de una tumba familiar.

Garzón ya ha intervenido en casos de genocidio similares al español (Argentina, Chile, Guatemala, etc.) con la diferencia de que en estos casos la exigencia judicial también ha buscado responsables (con nombre y apellido) de los asesinos. ¿Por qué esta “ley de punto final” en España?

Ni olvido ni perdón. Justicia.

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