Colombia: corrupción, Fiscalía y Gobierno del cambio
Por Pedro Santana Rodríguez*
El 11 de julio, la Fiscalía General de Colombia imputó cargos a tres exfuncionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) por corrupción. Este escándalo, que implica también a varios parlamentarios, golpea fuertemente la credibilidad del gobierno de Gustavo Petro en su lucha contra la corrupción.
El escándalo de corrupción en la UNGRD involucra a exfuncionarios y parlamentarios, poniendo a prueba la credibilidad del gobierno de Petro y la diligencia de la Fiscalía en Colombia.
El jueves 11 de julio finalmente la Fiscalía imputó cargos por el robo a los recursos públicos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, los tres imputados son el exdirector de dicha Unidad Olmedo López, el subdirector Sneyder Pinilla y el empresario contratista Luis Eduardo López Rosero, conocido como El Pastuso. Los tres imputados han decidido colaborar con la investigación penal a cargo de la fiscalía General de la Nación en busca de un principio de oportunidad que como era de esperarse buscaba la exoneración de todos los delitos a cambio de develar la red de corrupción y los implicados en la misma. La fiscalía General negocia este principio de oportunidad, pero no acepto, como era también de esperarse, la exoneración total de estos tres implicados, dado que la Fiscalía ha desarrollado su propia investigación.
Los delitos por los cuales se ordena la detención de los tres implicados son concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Aún la Fiscalía no ha cerrado la negociación del principio de oportunidad pues dependerá de los elementos materiales de prueba que los imputados entreguen a la Fiscalía.
Al mismo tiempo la Fiscalía compulso copias para que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investigue a nueve parlamentarios presuntamente implicados en el saqueo a los recursos públicos en el contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a la provisión de agua a las comunidades de la Guajira por un valor de 47 mil millones de pesos. Los parlamentarios que deberán ser investigados por la Corte Suprema de Justicia son: Wadith Alberto Manzur Imbett, Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo Maya, Andrés David Calle Aguas ( Partido Liberal, presidente de la Cámara de Representantes), Juan Diego Muñoz Cabrera, Iván Leonidas Name Vásquez (Alianza Verde, presidente del Senado de la República), Julio Elías Chagúi Flórez (Partido de la U) y Karen Astrith Manrique Olarte (de la circunscripción Especial de Paz de la Cámara de Representantes).
Un duro golpe al gobierno y a su credibilidad en la lucha contra la corrupción
Olmedo López militante del Polo Democrático de la coalición del Pacto Histórico y nombrado por el presidente Gustavo Petro como director de la UNGRD es el funcionario que por su procedencia más golpea al gobierno en su promesa de luchar sin desmayo contra la corrupción como lo había prometido el presidente en su discurso de posesión. Sin embargo, el golpe a la credibilidad del gobierno que es fuerte y no puede desconocerse, puede amainarse un poco por la colaboración que se ha venido prestando a la investigación de la Fiscalía. El abandonar la práctica consuetudinaria del tapen tapen que ha caracterizado a todos los gobiernos contrasta abiertamente con la actitud del gobierno que precedió al despido de los implicados y por la ya mencionada colaboración con la Fiscalía.
Sería muy importante que la Fiscalía no solo investigue el desfalco por la compra de los carrotanques, sino que investigará todos o los principales contratos de esta entidad por lo menos desde el año 2018 pues hay serias sospechas de irregularidades y saqueo de los recursos públicos que maneja esta entidad. La investigación debe llegar al fondo de los hechos y debe encontrar a los responsables del entramado de corrupción que se había apoderado de esta institución y de los billonarios recursos públicos que maneja. Valga la pena señalar que por tratarse de la entidad que es la encargada de manejar los desastres le rige unas normas especiales de contratación que deberían revisarse toda vez que facilitan el saqueo de los recursos públicos.
El gobierno debería además desde la Mesa de Trabajo que se ha constituido para la colaboración con esta investigación trazar un plan de acción de la lucha contra la corrupción que se ha apoderado de las instituciones públicas en el país y que se lleva según los datos de la Contraloría General de la República cincuenta billones de pesos al año. Es la mitad del total de gastos en educación para hacernos a una idea del tamaño de este flagelo que crece en todos los niveles de la administración pública. También desde la sociedad civil se debería hacer seguimiento a estas investigaciones y una exigencia a los organismos de control para que actúen con diligencia frente a la corrupción en la contratación pública. Es muy importante exigir a la Contraloría, por ejemplo, la publicación con prontitud del informe sobre el saqueo de los recursos públicos de la salud durante el año 2020 de la pandemia que se ha estimado en unos cinco billones de pesos al tiempo que se exija también la publicación del informe sobre las Reservas Técnicas en las Entidades Promotoras de Salud, EPS. Esto para poner un solo ejemplo donde la Contraloría no ha dado muestras de celeridad en estas y otras investigaciones en el sector de la Salud. Así si podríamos decir que el mea culpa del gobierno sobre este caso de la UNGRD ha servido para algo.
Y a la Fiscalía de la recién posesionada Luz Adriana Camargo este caso de la UNGRD debería ser una muestra no solo de la diligencia sino de la calidad de esta investigación para condenar a todos los responsables, responsabilidad y diligencia también de la Corte Suprema de Justicia en la investigación de los nueve parlamentarios presuntamente implicados en el saqueo de esta entidad.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos
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