Colombia. El paquete de reformas en el Congreso

Por Pedro Santana Rodríguez*. LQSomos.

Como estaba anunciado desde la campaña electoral del entonces candidato y hoy presidente de la República Gustavo Petro, su proyecto político estaba cargado de una serie de reformas que él enmarcó en el concepto de Transición Democrática para connotar que quería retornar al impulso reformista de la Constitución de 1991. Muchas de ellas quedaron plasmadas en el programa que el candidato presentó y radicó en la Registraduría al momento de inscribir su candidatura, su apuesta programática

El concepto clave aquí es el de Transición Democrática que implica pasar de un orden autoritario, oligárquico y excluyente a un orden democrático que desarrolle y reforme si ello es necesario la propia Constitución Política para transitar a una democracia social y a un nuevo modelo de desarrollo productivo, un tránsito del modelo neoliberal que tiene como eje nodal el extractivismo y la explotación de los recursos naturales, al modelo productivo prometido, transitar a una República Democrática con hondo sentido social. Obvio que ese tránsito no solo se refiere a la agenda reformista, que es parte del mismo, pero que debe reflejarse en acciones administrativas y de políticas públicas también dentro del marco legal y de la correlación de fuerzas políticas existentes. De eso se trata el gobierno y de eso se trata la conformación de su equipo de gobierno que en lo esencial ya ha sido conformado con el nombramiento de la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sandra Milena Urrutia Pérez, con lo cual completó su equipo de 18 ministros/as la mitad de las cuáles son mujeres dando cumplimiento así a una de sus promesas de campaña.

El concepto de transición también se refleja en la conformación política de su equipo de gobierno el cual también en lo esencial se encuentra ya conformado con el nombramiento de los directores y directoras de las instituciones descentralizadas del orden nacional donde se destaca el nombramiento de representantes de los pueblos indígenas y afrocolombianos. De modo que se trata de un equipo plural que proviene tanto de su proyecto político del llamado Pacto Histórico, pero también de la Coalición que ha conformado con los partidos tradicionales Liberal, Conservador y de la Unidad Nacional que le permite contar con una mayoría holgada en el Senado de la República donde cuenta con 75 senadores de 108 y en la Cámara de Representantes donde cuenta con 140. Estas mayorías se pondrán a prueba justamente en el debate y la aprobación del paquete de reformas que se han venido presentando durante las cinco semanas de gobierno.

No pretendo en este texto un examen de fondo de cada una de las reformas, algunas de ellas ya examinadas en esta Revista, sino de un paneo general de las mismas que nos permita acercarnos a los contenidos de esa agenda de transición y señalar los retos que enfrenta su coalición en el Congreso, pues la solidez de esa coalición se pondrá a prueba justamente en el debate y la aprobación de este primer paquete de reformas que en lo fundamental ya han sido presentadas. Su trámite legislativo apenas comienza y su resultado es aún incierto.

El contenido social de las propuestas

Comencemos el paneo con el recién aprobado proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia del año 2023, aprobado en las Comisiones Terceras de Senado y Cámara, que como dato curioso fue aprobado por unanimidad. Finalmente se aforaron $405,5 billones de pesos. El gobierno de Petro incrementó en $14,1 billones el proyecto que había radicado el anterior gobierno. Y el dato que es importante de resaltar es que en esa suma los sectores con mayores recursos fueron el de agricultura al que se le adicionaron 2 billones pesos para financiar la compra de tierras y demás programas ligados al sector agropecuario, para dar cumplimiento a los acuerdos de paz se aforaron nuevos recursos por 1,8 billones, a la salud para prevención e infraestructura 1,3 billones, para educación 1,1 billones. En estas cifras adicionales se ve claramente el esfuerzo del presidente y su equipo de gobierno para dar cumplimiento a sus promesas de campaña electoral. La inversión social es prioritaria como lo había prometido Petro en su campaña presidencial. Es en el presupuesto donde se ve realmente para quien se gobierna y en este sentido el gobierno de Petro muestra su compromiso con la inversión social.

Un segundo proyecto es el de la reforma tributaria que busca recursos adicionales en el primer año por 25 billones recargando la tasa de tributación en los que más tienen y por eso se incrementa y vuelve permanente el impuesto al patrimonio que deberán pagar aquellos que tienen un patrimonio por encima de los tres mil millones de pesos, el impuesto a los dividendos que busca gravarlos para incentivar a que se mantengan esos recursos en los activos de capital en las empresas y se gravan los dividendos que se quieran retirar y por supuesto se incrementan los impuestos a los salarios y las pensiones por encima de los 10 millones de pesos mensuales. Son estos los principales rubros que se impactan en la reforma, así como el impuesto a las bebidas azucaradas que debería cambiarse tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud a una tasa de entre el 24 y el 27% a los productores y que sea medido en mililitros y no como esta en el proyecto que lo hace en gramos y con una tasa del 10% que ha mostrado su ineficacia si lo que se quiere es un cambio en los patrones de consumo hacía jugos y otras bebidas naturales. Como está es simplemente un impuesto que no contribuirá al cambio cultural en los consumos como una medida de salud pública.

Otro de los proyectos presentados es el relacionado con el marco jurídico para la paz. Busca la reforma facultades para negociar con las insurgencias de naturaleza política que son El Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Disidencias de las FARC-EP tanto de la segunda Marquetalia que se rearmaron como por las Disidencias que no ingresaron a los Acuerdos. Y también en el mismo proyecto de reforma a la ley 418 de 1997 busca el gobierno facultades para negociar con los grupos sucesores del paramilitarismo y bandas armadas ligadas al narcotráfico. El proyecto ha sido radicado con mensaje de urgencia y deberá ser tramitado a través de las Comisiones Primeras de Cámara y Senado.

Un cuarto proyecto presentado es el de el Plan de Lucha contra el Hambre que busca principalmente incrementar los recursos de los programas de asistencia social del Estado. Es lo que debe hacerse de manera urgente para combatir el hambre. Irrigar recursos monetarios a través de las redes de asistencia social existentes como Familias en Acción, Ingreso Solidario, Adulto Mayor y Jóvenes en acción. Los expertos están de acuerdo en que es lo que hay que hacer de manera inmediata si se quiere reducir el hambre, pero, el proyecto de manera acertada enfoca también el problema a mediano plazo generando incentivos para la siembra de cultivos que proveen la dieta básica en el país. Esta es la medida más estratégica. En esa misma dirección esta el subsidio a los fertilizantes para abaratar los costos de producción y los mecanismos de compra de cosechas.

Finalmente esta semana se radicó un quinto proyecto que propone la reforma política donde se contempla entre otros aspectos el financiamiento total de las campañas políticas con un anticipo a los partidos por un monto del 50%, las listas cerradas y paritarias y la democratización interna de los partidos así mismo estípula que la suspensión de los funcionarios de elección popular solo la podrá realizar un juez penal que es lo que reiteradamente ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así mismo reduce la edad para ser senador de la República que se reduce de treinta años a 25 y para representante a la Cámara ser mayor de edad, es decir, tener 18 años. Un faltante fundamental de esta reforma sobre la que volveremos más adelante es que no se transforma de fondo a las autoridades electorales. Nosotros siempre hemos planteado que además de las medidas anteriores que nos parecen acertadas debe crearse una Corte Electoral adscrita al poder judicial y elegida de forma independiente de los partidos políticos, así como reformar la forma de elección del Consejo Nacional Electoral, CNE, que no debería ser elegido por el Congreso sino también de forma independiente. Una reforma como la propuesta es incompleta y deja por fuera el gravísimo problema de los clanes y las mafias en la política.

Estas son las reformas presentadas y esta es la agenda legislativa. Como hemos dicho en su trámite se pondrá a prueba la cohesión de la Coalición mayoritaria que ha conformado el gobierno. La sociedad civil debería ser proactiva y acompañar el debate congresional. Ya veremos si el gobierno logra sacarla adelante lo cual sería un paso muy importante para llevar a cabo su programa de Transición Democrática para Colombia. Amanecerá y veremos.

* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur

Colombia – LoQueSomos

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