Corrupción… La gran mascarada informativa

Por Joan Martí

Entre la justicia que no es ciega, sino tuerta, y la mafia mediática al servicio de la «verdad» del sistema que le paga…
¡Señor, señor, que la corrupción nos alcance a todos!

Apañados vamos. El caso KOLDO/ABALOS/SANCHEZ/PSOE, como es sabido son delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos que requieran la existencia de autores, cooperadores necesarios o cómplices y/o encubridores…

En el informe de la UCO sobre el caso de Koldo García, Ábalos y Santos Cerdán. Aparecen como «principales» empresas, y no únicas las siguientes:

Acciona – Constructora señalada repetidamente como receptora de adjudicaciones amañadas. La UCO estima en al menos 620 000 € en mordidas gestionadas por Cerdán.
OPR (Obras Públicas y Regadíos) – Aparece junto a su representante Antonio F.M., que habría gestionado contratos públicos a través de la red de Koldo García y Cerdán.
LIC (Levantina Ingeniería y Construcción) – Otra constructora mencionada como beneficiaria de los contratos investigados.
Servinabar – Aparece vinculada a los beneficiarios de adjudicaciones y comisionistas de los pagos irregulares. Áridos Anfersa – En la provincia de Granada, se señala que esta empresa contrató a la expareja de Koldo García y formó parte de adjudicaciones públicas bajo investigación.
UTE Motril Sur – Formada por OPR y Áridos Anfersa, supuestamente utilizada para canalizar contratos y encubrir pagos.
En Navarra, entidades mencionadas incluyen Nor an Coop (o «Nooran Coop») y Servinabar junto a Acciona ⁠—destinadas a obras públicas en esa comunidad autónoma. Etc.

Del mismo modo, la perpetración de esos cohechos requiere necesariamente la participación de políticos de primer o segundo nivel y funcionarios que «deciden» las adjudicaciones… (directores generales, comisiones de contratos, jefes de servicio, etc., etc).

Siendo ello así, unas y otros son autores, cooperadores necesarios o cómplices y/o encubridores de esos tipos penales. A saber; COHECHO (arts. 419 a 427 CP), MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (art. 432 a 435 CP) y PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA (art. 404 CP)
Algo habría que hacer con ellas y con ellos, ¿no?

Sin embargo, obsérvese el clamoroso SILENCIO de nuestra mafia mediática nacional sobre el papel y la criminalidad de estos actores sin los cuales los presuntos delitos no hubieran sido posible. Se criminaliza a Ábalos, Koldo y Cerdán y no se dice ni mu sobre las empresas y los políticos y funcionarios de menos nivel que presuntamente han intervenido en el aquelarre del reparto de billetes…

¿Dónde está la explicación sobre esa curiosa «omertá»?. Pues ni la hay ni la habrá. Tal vez porque en esas empresas está el poder económico real que gobierna el estado y paga el sueldo a los periodistas, comunicadores y tertulianos (ACCIONA por ejemplo, Familia Entrecanales: controla aproximadamente el 55,7 % del capital, a través de dos sociedades: Wit Europese Investering B.V. (28,04 %), Tussen de Grachten B.V. (27,69 %), Capital Group Companies (a través de Capital Research and Management) posee 4,07 %, Instituciones y fondos de inversión como el famoso BlackRock, Inc.: alrededor del 3,33 % (registró incrementos durante 2024, alcanzando un 3,689 %) o Vanguard Developed Markets Index Fund: 0,36 % (~23,7 M acciones) Fidelity Concord Street Trust – Fidelity International: 0,15 % (~11,8 M acciones) y otros dos grandes fondos (uno de ellos «Tussen de Grachten B.V.«) suman un 56 % del capital.
Visto el asunto, sólo cabe abrir un curioso debate nacional ¿Qué hacer legalmente con esas empresas? y ¿Qué hacer legalmente con esos funcionarios? o resignarnos y concluir con una esperanzada plegaria: ¡Señor, señor, que la corrupción nos alcance a todos!

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