Cuando la sociedad mira hacia un lado

Juan Gabalaui*. LQS. Agosto 2020

La justicia por arte de birlibirloque puede convertir al agresor en víctima y a la víctima en agresor. Se pueden construir leyes que conviertan lo ilegal en legal

Eran las cinco de la mañana. Decenas de personas se lanzaron al agua en medio de la noche. Muchos sin saber nadar bien. Solo querían alcanzar la otra orilla. Mientras estaban en el agua, a oscuras, empezaron a lanzarles pelotas de goma y botes lacrimógenos. El agua y el gas les ahogaron y aparecieron los primeros cadáveres flotando en el mar. 15 personas fallecieron en la madrugada del seis de febrero de 2014. Lo llaman la tragedia de El Tarajal, que es el nombre de la playa a la que querían acceder, y hace unos días la Audiencia Provincial de Cádiz sobreseyó la causa judicial por los delitos de homicidio imprudente, lesiones y denegación de auxilio por los que estaban siendo investigados los agentes de la Guardia Civil. No es la primera vez. En 2015 el juzgado de instrucción nº 6 de Ceuta dictó el sobreseimiento provisional del caso, en 2018 la Audiencia de Ceuta volvió a archivarlo y en 2019 hizo lo mismo el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta.

No sé cómo se puede denominar la sentencia jurídicamente. Seguramente será impecable. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos es una vergüenza. De hecho es una nueva constatación de que el discurso europeo sobre los derechos humanos es simple humo, dirigido a lavar conciencias en público, cuando en privado la maquinaria trabaja para que no se respeten derechos fundamentales, como la vida, y que las fuerzas y cuerpos de seguridad de los estados actúen con total impunidad. El Estado Español es uno de los que más violaciones de derechos cometen contra las personas inmigrantes. Las cárceles de inmigrantes, las devoluciones en caliente y las condiciones inhumanas de los temporeros y jornaleros son las más visibles, aunque el racismo estructural alcanza hasta los más pequeños gestos en la relación con las personas inmigrantes. Esta realidad es además apenas contestada socialmente, incapaz de movilizar a la mayoría que acepta cínicamente el desprecio por la vida de aquellas personas a las que se ha etiquetado como ilegales. De alguna manera, muchas personas, piensan que se lo han buscado.

Así lo afirma la sentencia, según ha aparecido en algunos medios: …la tragedia “estaba implícita en el procedimiento elegido por ellos [por los migrantes] para llevar a efecto el asalto, siendo aquella preexistente a la intervención de los guardias civiles, que en principio se limitaron, en cumplimiento de su deber, a intentar impedir que traspasaran la línea fronteriza con los medios que en esos momentos tenían a su alcance”. Se lo buscaron. Esta inversión moral es demoledora para la psicología de un país. Las víctimas se convierten en responsables. Aquellos que lanzaron pelotas de goma y gas lacrimógeno a personas que estaban de noche, en el mar, en condiciones muy riesgosas para sus vidas, solo cumplieron con su deber. Así defienden las instituciones del estado el derecho a ejercer violencia contra personas definidas como ilegales o que están cometiendo una ilegalidad. La ley por encima de la vida. Lo siniestro es que aquellos que dicen cumplir con su deber, son incapaces de criticar o cuestionar órdenes que agreden, violentan o matan. Esto es lo que crean los estados, soldados ciegos y amorales.

La inversión moral también se señala en otro apartado de la sentencia: “…salvo un episodio aislado de cierta incorrección en la actuación policial sin mayor trascendencia, fueron tratados en general con consideración, lo que contrasta con las pedradas que posteriormente, una vez en Marruecos, lanzaron algunos de ellos contra la Guardia Civil quizás debido a una comprensible frustración por no haber conseguido su objetivo, pero que no justificaba semejante agresión a los agentes de la autoridad”. El lanzamiento de piedras es una agresión [con los cadáveres de sus compañeros a sus pies] y la actuación policial es un trato considerado. Es un razonamiento loco. Se lanzaron 145 balas de goma y murieron 15 personas. Es evidente que la justicia española no vincula ambos hechos. Lo que viene a decir es que no se hubieran lanzado al agua, que se ponen en riesgo y que encima son agresivos. Es más en la sentencia afirman que no hay indicios de que se encaminara a menoscabar la integridad física de los nadadores. 15 muertos.

A estas alturas hay que explicar que aún en el caso de que hayan disparado al agua [hay testimonios de que lo hicieron a bocajarro], la Guardia Civil crea un contexto de confusión, estrés y miedo en unas personas que están en el mar, de noche y en un riesgo cierto de peligro para su vida. Los representantes del estado renuncian deliberadamente a proteger la vida de estas personas y deciden evitar a toda costa que lleguen a suelo patrio. Son responsables directos de las muertes de estas personas. Otra cosa es que la ley les proteja. Para eso está hecha. La justicia por arte de birlibirloque puede convertir al agresor en víctima y a la víctima en agresor. Se pueden construir leyes que conviertan lo ilegal en legal. La ley mordaza, por ejemplo, da cobertura legal a las devoluciones en caliente a pesar de contradecir la normativa europea e internacional. Este entramado legal y la connivencia de los poderes del estado permiten legitimar las violaciones contra los derechos humanos. La justificación de estas acciones es la que llega a la opinión pública, que percibe como normal lo que es a todas luces una anormalidad intolerable.

Cuando la sociedad mira hacia un lado ante estos hechos, nos da una idea de la deshumanización que nos rodea. Somos cada vez más incapaces de reconocer el sufrimiento y las tragedias de la vida en el otro. El cinismo del sistema contamina nuestra mirada y convertimos en culpables a las víctimas, les conferimos cualidades e intenciones peligrosas y les tachamos de invasores. Pero su causa es la nuestra. Sus muertes son nuestras muertes. Si no conseguimos entender esto, permitiremos que las agresiones continúen y que los agresores sigan actuando con impunidad. Disparar a personas que buscan un mejor futuro, que huyen de realidades miserables o violentas, es un crimen y no un acto de protección y de deber hacia la sociedad. Retorcer la realidad para convertir un crimen en una acción digna y dirigida por el deber es una inmoralidad, y una declaración de intenciones del tipo de sistema en el que vivimos. La inversión moral nos convierte en monstruos.

– Foto de @gabalaui

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