Derecho del Sahara Occidental a la independencia

Carlos Ruiz Miguel*. LQS. Mayo 2021

El “reconocimiento” de una “soberanía” que la Corte Internacional de Justicia declaró que nunca existió sólo significa apoyar una política expansionista y de violación del derecho internacional y del derecho de autodeterminación reconocido al Sahara Occidental…

En su agónico final como presidente, Trump decidió “reconocer” la “soberanía” de Marruecos sobre “todo” el Sahara Occidental, actualmente dividido en una zona ocupada por Marruecos, otra controlada por la República Saharaui (20 por ciento del total) y otra pequeña, pero estratégica, controlada por Mauritania. Esta decisión contraria al derecho internacional daña la paz en el norte de África. Para enjuiciarla evitando presentaciones manipuladas procede recordar la historia y el derecho internacional aplicable de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

España firmó en 1884 un acuerdo de “protectorado” con las tribus independientes del Sahara Occidental, casi 30 años antes de que, junto con Francia, en 1912 sometieran a protectorado a Marruecos. Al independizarse este último, en 1956, su política exterior agresiva para construir el “Gran Marruecos” buscó anexionarse el Sahara Occidental, Mauritania, el noroeste de Mali, el oeste de Argelia y los territorios españoles del norte de África.

Marruecos protestó cuando, en 1960, Mauritania ingresó en la ONU, aduciendo que este país era parte de su “integridad territorial” (S/4568). Fracasado este intento, encaminó su expansionismo contra Argelia, intentando arrebatarle sus territorios occidentales en 1963 (Guerra de las Arenas). Tras fracasar, concentró todas sus energías en apoderarse del Sahara Occidental alegando, también, que era parte de su “integridad territorial” y que la descolonización del territorio entonces administrado por España no debía hacerse mediante un referéndum de autodeterminación, sino “devolviéndolo” a Marruecos para que lo “recuperara”.

Para disipar dudas, la ONU solicitó a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva, que fue emitida el 16 de octubre de 1975 y en la que se afirmó que Marruecos nunca tuvo soberanía sobre el Sahara Occidental, y que a lo sumo el sultán marroquí sólo tuvo vínculos personales con ciertas tribus minoritarias del norte del territorio (los tekna), mientras las tribus saharauis mayoritarias (como erguibat) siempre fueron independientes y no tuvieron ni siquiera vínculos personales con el sultán. La Corte concluyó que la descolonización del Sahara Occidental debía hacerse “mediante la aplicación del principio de autodeterminación gracias a la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio” (párrafos 102 y 162).

Para llevar a cabo el referéndum, España elaboró en 1974 un censo de la población originaria. Pero la enfermedad terminal del general Franco (entonces en el poder), justo después del pronunciamiento de la Corte, fue aprovechada por el rey marroquí y sus aliados internacionales (Kissinger, fundamentalmente) que organizaron una invasión del Sahara Occidental mediante la llamada “marcha verde” (deplorada por el Consejo de Seguridad de la ONU en su Resolución S/RES/380 del 6 de noviembre de 1975). Luego se presionó a España y a Mauritania para firmar el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid del 14 de noviembre de 1975, a fin de, supuestamente, “descolonizar” el territorio sin un referéndum de autodeterminación.

La Asamblea General no reconoció la validez del acuerdo y exigió el referéndum de autodeterminación (resolución A/RES/3458, del 10 de diciembre de 1975). Invocando el ilegal Acuerdo de Madrid, Marruecos y Mauritania invadieron el Sahara Occidental, a los que se opuso el Frente Polisario. Tras el abandono de España el 26 de febrero de 1976, esta organización proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por un gran número de estados.

Mauritania renunció a anexionarse territorio, pero no Marruecos, que continuó hasta 1991 la guerra contra el Frente Polisario (representante del pueblo saharaui, según la resolución de la Asamblea General A/RES/34/37, de 1979). Las dos partes del conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, firmaron en 1988 unas Propuestas de arreglo que, complementadas con el Plan de Aplicación del secretario general de la ONU conforman el Plan de Arreglo (S/21360), aprobado por el Consejo de Seguridad en 1990 (S/RES/658). Acordaron celebrar un referéndum de autodeterminación dirigido por la ONU, con la cooperación de la Organización para la Unidad Africana, en el que votarían los incluidos en el censo español de 1974 (párrafos 23 y 24 del Plan de Arreglo) para que los saharauis eligieran entre la integración a Marruecos o la independencia (párrafo 31 del Plan de Arreglo). Posteriormente, el secretario general decidió que deberían añadirse al censo quienes se acreditaran como saharauis mediante una serie de criterios (documento de la ONU S/23299, de 1991). Tras múltiples obstáculos, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (Minurso), concluyó en diciembre de 1999 la confección del censo (S/2000/131).

El padrón estaba hecho. ¿Por qué no se ha celebrado el referéndum? Porque en 2004 Marruecos (anexo del documento de la ONU S/2004/325) deshonró su compromiso contenido en el Plan de Arreglo. El 13 de noviembre de 2020, también incumplió sus compromisos relativos al cese el fuego, provocando el retorno a la guerra tras casi 30 años de tensión.

El “reconocimiento” de una “soberanía” que la Corte Internacional de Justicia declaró que nunca existió sólo significa apoyar una política expansionista y de violación del derecho internacional y del derecho de autodeterminación reconocido al Sahara Occidental por el Tribunal Internacional de Justicia, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sólo el respeto al derecho ajeno traerá la paz al territorio saharahui.

* Director del Centro de Estudios sobre el Sahara Occidental de la Universidad de Compostela, Galicia. Nota original de “La Jornada”

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