“El modelo territorial nos pone en peligro”
El catedrático de Geografía Humana de la Universitat de València, Josep Vincent Boira, analiza la tragedia ocurrida ayer en la Comunitat Valenciana como consecuencia de la DANA. “Conmocionado todavía por las pérdidas humanas, afirmo que es nuestro deber volver a lo esencial, a lo básico, a un mapa racional, moderado y ordenado del país. Debemos volver a un entorno de seguridad territorial y personal y no de riesgo, como el que vivimos ahora sin saberlo”…
Por Josep Vicent Boira Maiques*
Avancemos en mi opinión que, en lugar de contribuir a paliar las consecuencias asociadas al cambio climático y a los rasgos extremos de una meteorología cambiante, el modelo territorial actual pone en riesgo, no ya los bienes de la población, sino sus propias vidas. Como se vio en el episodio de la noche del 29 al 30 de octubre de 2024, la DANA asoló las comarcas de l’Horta Sud, de la Ribera, de la Hoya de Buñol o de Requena-Utiel, dejando, centenares de muertos.
A partir de los años ochenta del siglo XX, el territorio de la Comunitat Valenciana experimentó importantes cambios espaciales y económicos, entre los que destacan los fuertes contrastes en materia de distribución de población y empleo. Se crearon nuevas infraestructuras, se aceleró el transporte privado, se cerraron líneas de transporte público y comenzó el declive de los espacios rurales.
El país que emergió de aquel proceso cambió absolutamente su faz respecto al que existía en los años sesenta y setenta. Hoy nos enfrentamos a un cambio semejante y, sobre todo, a sus consecuencias. En los últimos tiempos, en concreto desde finales de la década pasada del siglo XXI, hemos asistido a una nueva transformación del modelo territorial valenciano. Y sus implicaciones sobre la movilidad, la red de infraestructuras y el modelo de seguridad y protección civil son evidentes.
Podemos sintetizar estos cambios recientes en el modelo territorial valenciano en los siguientes. En primer lugar, una manifiesta basculación del crecimiento demográfico y económico hacia el sureste, lo que explicaría las dramáticas consecuencias materiales y humanas de afecciones climáticas como la otra DANA que, en 2019, arrasó la comarca de la Vega Baja del Segura. En segundo lugar, la aceleración de la urbanización de los espacios costeros del país, con un notabilísimo proceso de concentración de la población en el litoral y de artificialización de la costa. Y, en tercer lugar, la elevada densidad resultante de los espacios habitados. Acompañando a estas tendencias, aparecen otras como un crecimiento, aunque moderado, de la gran región metropolitana de València y una evolución, mucho más positiva, del área urbana de la Plana, entre Vila-real y Castelló de la Plana. Este modelo territorial ha tenido enormes consecuencias sobre la movilidad, el transporte y las políticas de protección ciudadana que, para mí, no han sido suficientemente abordadas.
¿Hemos estudiado cómo los cambios en la distribución de mercado de trabajo y de la población, por ejemplo, ha afectado, a la red de transporte? De la misma manera, ¿somos conscientes de la intensificación notable de los procesos de suburbanización y metropolización de nuestro país? ¿Conocemos las nuevas dinámicas rurales-urbanas que ha ocasionado un intenso crecimiento del suelo urbanizado en la Comunitat Valenciana?
Deberíamos escuchar más atentamente a geógrafas y geógrafos como Joan Romero, Eugenio Burriel, Julia Salom, Juan Miguel Albertos o María Dolores Pitarch, que nos han advertido de un modelo de país conformado sobre enormes desarrollos urbanos morfológicos de baja densidad; con gran peso de las tendencias descentralizadoras de población y actividad, una mutación de los espacios rurales (que acentúan su incorporación física y funcional a los urbanos) y una ampliación física de las ciudades mediante la formación de continuos urbanos más extensos y laxos. Este proceso de sprawl urbano y metropolitano, hasta ahora, se había demostrado lesivo, por ejemplo, para las arcas públicas debido a los crecientes costes para la administración local de la movilidad o de la seguridad ciudadana. Sin embargo, hoy, nadie puede negar que también es lesivo en términos de vidas humanas.
¿Hasta cuándo vamos a permitir el desarrollo, sin freno, de un modelo territorial insostenible que acentúa la urbanización y extensión de las superficies artificiales (sobre las que resbala y se acelera el agua acumulada)? Un desarrollo que se estructura sobre una movilidad obligada que tiene presa cada día a la población de ámbito metropolitano y regional en un movimiento sin fin. Y que concentra la vida y los servicios en nodos determinados al rompérsela, hasta hace poco, equilibrada estructura del sistema urbano valenciano. Al paroxismo del crecimiento urbano y metropolitano le responde un aumento de los riesgos humanos sencillamente por vivir en un determinado lugar.
La responsabilidad ciudadana y de las administraciones obliga a replantear no solo el modelo de protección civil vigente (que debe ser reforzado y nunca desmantelado), sino el propio modelo territorial que estamos construyendo y, al tiempo, el de movilidad. Es necesario ordenar el territorio, limitar crecimientos, reducir la hipermovilidad, oxigenar espacios y achicar la presión sobre el litoral, ya extremadamente presionado.
La Generalitat Valenciana, competente en las dos materias que tratamos aquí (ordenación del territorio y protección civil) debe corregir radicalmente los procesos que nos han llevado hasta aquí, con dramáticas consecuencias humanas, impulsando planes de ordenación territorial y metropolitanos, de movilidad sostenibles, incluyendo la protección ante riesgos climáticos.
Pero también otras instancias, como ayuntamientos y diputaciones, deben poner de su parte. No es en absoluto un tema menor que esta última DANA haya tenido un comportamiento fuertemente “metropolitano”, sin que hoy en día exista, dramáticamente, autoridad administrativa alguna que rija el desarrollo espacial del área metropolitana valenciana, ni tampoco plan metropolitano digno de ese nombre que estructure su realidad cotidiana.
No es un tema ideológico. Es una cuestión de sentido común, al menos entre visiones razonables de la vida. La desmaterialización en la que pensamos que vivimos (todo parece ser redes 5G, inteligencia artificial y compras a distancia sin importar la distancia) se ve noqueada por impactos súbitos del mundo real; el de la interacción entre la geografía humana y las condiciones atmosféricas cambiantes, como la que hemos sufrido estos días.
Desconcertados y asustados, volvemos nuestra mirada al mapa, a lo esencial, a la orografía, a los conocimientos que salvan vidas, que ordenan nuestra existencia en el espacio, que la hacen más humana, protegida y amable. Es preciso ordenar y proteger el territorio y, con él, nuestras vidas. Debemos ligar ambos procesos con una nueva mirada territorial por encima de ideologías, al menos extremas. Conmocionado todavía por las pérdidas humanas, afirmo que es nuestro deber volver a lo esencial, a lo básico, a un mapa racional, moderado y ordenado del país. Debemos volver a un entorno de seguridad territorial y personal y no de riesgo, como en el que vivimos ahora sin saberlo.
* Doctor en Geografía por la Universidad de València y Catedrático del Departamento de Geografía. Premio Extraordinario de Licenciatura en 1986 y de Doctorado en 1992. Nota original en Agenda Pública.
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